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DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 47/2018. · Registro digital (IUS): 28432
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL, ES
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo I, Pág. 34.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 47/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. 8 DE OCTUBRE DE 2018. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: NORMA PAOLA CERÓN FERNÁNDEZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del ocho de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS;

Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Mediante oficio presentado el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de este Alto Tribunal denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver el recurso de queja 87/2017 y el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, al fallar el recurso de queja 256/2017.

SEGUNDO.—Por auto de seis de febrero de dos mil dieciocho, el Ministro presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de tesis con el número 47/2018 y la admitió a trámite. Asimismo, estimó que toda vez que el problema jurídico que se planteó en la denuncia de mérito se encontraba relacionado con la materia común, la competencia para su conocimiento correspondía al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por otro lado, requirió a los presidentes de los tribunales contendientes para que remitieran la copia certificada de las ejecutorias dictadas en los asuntos de sus índices e informaran si los criterios sustentados se encuentran vigentes o en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados, señalando las razones que sustenten las consideraciones respectivas. Finalmente, turnó los autos al Ministro José Fernando Franco González Salas, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

TERCERO.—En acuerdo de uno de marzo de dos mil dieciocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo como debidamente integrado el expediente de la contradicción de tesis y ordenó remitir el asunto al Ministro ponente para su resolución; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo.(2)

TERCERO.—Antecedentes. A fin de determinar si existe la contradicción de tesis, es pertinente tener en cuenta los antecedentes y los aspectos más relevantes de las ejecutorias denunciadas como contradictorias, que en síntesis son los siguientes:

1. Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito –recurso de queja 87/2017–.

1. Lorenzo Morua Medina y otros, por conducto de su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, promovieron juicio de amparo indirecto vía electrónica, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito, con residencia en San Luis Potosí.

2. El Juez Segundo de Distrito en el Estado –a quien le correspondió conocer de la demanda– la desechó de plano al actualizarse la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 6o., todos de la Ley de Amparo, porque no contenía la firma autógrafa de los promoventes.

Puntualizó que la demanda fue presentada en línea; sin embargo, no se encontraba firmada ya sea electrónicamente o en su caso, físicamente por los quejosos, por lo que no podía considerarse ejercida la acción constitucional al carecer de dicho requisito formal y, por tanto, no existía la voluntad al respecto, además de que dicha deficiencia no podía mandarse prevenir ni mucho menos tenerse por enmendada mediante su ratificación, pues no era de las irregularidades previstas por el numeral 114 de la ley.

Indicó que no obstaba que se advirtieran las firmas al final de la demanda, porque al tratarse de una impresión y al no estar firmada electrónicamente por los quejosos, no se podía presumir como firma autógrafa la rúbrica que ostentaba el escrito, al ser considerada como una copia simple de fácil alteración; aunado a que si bien el escrito de demanda fue presentado electrónicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes por quien se le designó como autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, no se acompañó documento que acreditara su personalidad como apoderado legal de la parte quejosa, o bien, que fuera la propia parte quejosa quien presentara su escrito, siempre que contara con la aludida firma electrónica.

3. Inconforme con la determinación anterior, los quejosos, por conducto de su autorizado, interpusieron recurso de queja, el cual, por razón de turno fue enviado al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, quien lo registró con el número 87/2017 y por resolución de siete de abril de dos mil diecisiete, lo declaró infundado, bajo las consideraciones sustanciales siguientes:

• El tribunal dividió el estudio correspondiente en cuatro apartados: 1. Derecho a la tutela jurisdiccional; 2. Principio de parte agraviada; 3. Empleo de firma electrónica (FIREL) en la tramitación del juicio de amparo; y, 4. Caso fáctico.

• Comenzó por mencionar lo que la Primera Sala ha sustentado en relación a la tutela jurisdiccional.

• En cuanto al principio de parte agraviada, apuntó que la firma autógrafa imprime la expresión de la voluntad a toda promoción o acto y constituye la base para tener por cierta la manifestación de voluntad del promovente y, en sentido contrario, la falta de firma en un documento implica que carece de la voluntad de la persona, cuyo nombre aparece impreso en el mismo.

• Señaló que si bien dentro de las formalidades esenciales del procedimiento pueden caber los requerimientos previos a desechar o tener por no interpuesta una promoción cuando contenga irregularidades subsanables, ello opera sólo cuando se trata de datos de identificación (fecha y domicilio), las cuales suponen una voluntad previa y legítima de ejercer la acción, la cual no se hace manifiesta ante la ausencia de firma.

• En cuanto al empleo de la firma electrónica en el juicio de amparo, refirió que ello está regulado en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, en el que se establece que los escritos y promociones pueden presentarse de manera electrónica mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, y está regulado en los Acuerdos Generales Conjuntos Números 1/2013 y 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

• Finalmente, llevadas tales precisiones al caso fáctico, indicó que en el escrito de demanda aparecen diversos quejosos, pero su presentación se hizo mediante el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y el empleo de la FIREL asignada al licenciado Francisco Eufracio Hernández, a quien en el cuerpo del escrito inicial se le autorizó en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo.

• Añadió que la interrogante a responder, era determinar si el Juez estaba obligado a requerir al quejoso en una demanda de amparo que fue escaneada y presentada por un tercero vía electrónica mediante el empleo de la FIREL para que compareciera a ratificar la firma que calza el escrito y la respuesta era negativa, pues la presentación de la demanda es un acto personalísimo, salvo las excepciones de ley, y no puede hacerse por conducto de un tercero, en tanto la demanda de amparo es un acto que la ley asigna a la persona física o moral que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o legítimo, individual o colectivo a quien afecte el acto o la norma general.

• Por tanto, la presentación de la demanda corresponde al propio quejoso, salvo que actúe por conducto de su representante legal o por su apoderado, o por cualquier otra persona en los casos previstos en la ley y, consecuentemente, el hecho de que su presentación no se lleve a cabo por escrito, sino por vía electrónica, no significa que se trate de un acto que pueda realizar cualquier persona, sino exclusivamente corresponde al quejoso o a quien se ostente con el carácter ya citado y bajo las condiciones previstas en la ley.

• En ese sentido, determinó que si en el caso la demanda de amparo se presentó por una persona diversa a los quejosos, no amerita su regularización, pues la firma se atribuye a quien no ostenta el carácter de quejoso, su representante o apoderado, ni se acredita algún impedimento de los que prevé la ley que impidiera a los quejosos proceder personalmente.

• Asimismo, argumentó que no era el caso de requerir a los quejosos para ratificar su demanda, pues el hecho de que aparecieran sus nombres y firmas no se podía traducir en una expresión de voluntad, al tratarse de una reproducción mediante escáner que no daba certidumbre a las partes y, que además, la presentación de la demanda vía electrónica, se atribuía al titular de la FIREL empleada y no a los quejosos.

• Finalizó su exposición el tribunal, apuntando que no era óbice que apareciera en el escrito de demanda como autorizado de los quejosos quien la firmó electrónicamente; pues las facultades para actuar inician a partir de que el juzgador reconoce tal carácter y no antes de la presentación de la demanda, por lo que no puede considerarse que ante la designación que obra en el escrito inicial, tenga potestad para promover en representación de los justiciables.

2. Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl –recurso de queja 256/2017–.

1. Josué Florencio Santiago González (patrón), por conducto de quien se ostentó como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, promovió demanda de amparo indirecto vía electrónica contra actos de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, Estado de México, por la falta de emplazamiento al juicio laboral instaurado en su contra.

2. El Juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado de México –a quien correspondió conocer del juicio– desechó de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente, en términos de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción I, constitucional y 6o. de la Ley de Amparo, al considerar que al haber sido presentada vía electrónica, era necesario que la misma contuviera la evidencia criptográfica referida en el numeral 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 y, en el caso, la demanda carecía de firma autógrafa del promovente y/o electrónica del sujeto autorizado para enviarla por ese medio.

Al respecto, acotó que no era obstáculo que la firma electrónica que aparecía en el archivo digital correspondiera a Yohann Iván Torres Pérez, persona a quien se le designó como autorizado, pues esa autorización dependía de que se admitiera la demanda, se previniera o se desechara, pero bajo la hipótesis de que quien la promovió manifestara su voluntad de incoar la acción de amparo, lo que no ocurría en el caso y, por tanto, al no existir voluntad, menos podía dársele el carácter de autorizado, por lo que no podía suscribir la demanda en nombre y representación del promovente al no ubicarse en alguno de los supuestos del artículo 15 de la ley.

3. Inconforme con la determinación anterior, la parte quejosa interpuso recurso de queja, el cual por razón de turno, fue enviado al Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, quien lo registró con el número 256/2017 y por resolución de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, lo declaró fundado, bajo las consideraciones sustanciales siguientes:

• El tribunal estimó fundados los agravios del recurrente. Señaló que del contenido de los artículos 59, 60, 62, 64, 67, 75 y 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, se advierte la posibilidad de presentar demandas, recursos y promociones, consultar expedientes y practicar notificaciones a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial, para lo cual, es necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo registro es personal y en ningún caso puede hacerlo a nombre de otra persona.

• Señaló que la firma electrónica constituye una modalidad de acceso a la acción de amparo y que cuando dicha firma no corresponda al titular de la acción, sino a la de una persona designada por éste como su autorizado, no debe seguirse el criterio rigorista de desecharla aplicando por analogía los criterios respecto de la firma autógrafa.

• Ello, en razón de que quien tiene acceso a los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, son los profesionistas del derecho (representantes o autorizados del quejoso) y no propiamente el titular de la acción de amparo, por esa razón, la firma electrónica es una vía para el acceso al amparo y no sólo la manifestación de voluntad del quejoso.

• En ese sentido apuntó, que cuando la firma electrónica corresponde a una persona designada como autorizado del quejoso, previo al desechamiento, debe prevenírsele para que manifieste si es su voluntad o no promover la demanda de amparo, pues el que la demanda de amparo no esté firmada por el propio quejoso, es una irregularidad subsanable a través de la prevención, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo.

• Afirmó, que la imprecisión en la firma electrónica, es decir, que la demanda aparezca firmada por un autorizado del quejoso, no constituye ausencia de voluntad en el ejercicio de la acción de amparo, sino que se traduce en un problema en el acceso electrónico, por lo que tal irregularidad puede válidamente subsanarse con la prevención al quejoso para que manifieste si es su deseo o no suscribir la demanda.

• Apuntó, que no se soslayaba que quien firmó la demanda vía electrónica esté autorizado en términos amplios o no, en tanto ello no era materia de la litis de análisis, sino el derecho de tutela judicial efectiva del quejoso, por lo que en una interpretación más benéfica para éste, se concluía que cuando la demanda vía electrónica está firmada por la persona que se designó como autorizado, se trata de una irregularidad en el escrito de demanda y el Juez debe prevenir al quejoso y no desechar de plano la demanda.

CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Ahora, procede determinar si existe la contradicción de tesis denunciada entre los criterios sustentados por los tribunales contendientes y para tal propósito, importa destacar que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar en la jurisprudencia P./J. 72/2010 los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo abrogada, estableció que para que se actualice la contradicción de tesis basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.3

La citada jurisprudencia establece lo siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(4)

De la jurisprudencia transcrita, se pone de manifiesto que la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por el Tribunal Colegiado de Circuito, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

En tal virtud, si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas, influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría a una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de tesis –mediante aclaraciones–, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

Precisado lo anterior, de los aspectos relevantes que se desprenden de las ejecutorias que dieron origen a los criterios que se consideran discrepantes, este Tribunal Pleno advierte que sí existe la contradicción de tesis denunciada, debido a que ambos Tribunales Colegiados examinaron una misma cuestión jurídica, consistente en determinar –en esencia– si cuando se presenta una demanda de amparo vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y es firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso designa como su autorizado en el escrito de demanda, se trata de una irregularidad en la misma y si, por ende, debe prevenírsele a efecto de que ratifique su contenido; empero, sustentaron criterios discrepantes en relación con dichas cuestiones.

Por un lado, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito señaló que si bien dentro de las formalidades esenciales caben los requerimientos previos a desechar una demanda o tenerla por no interpuesta, ello sólo opera cuando se trata de datos de identificación (fecha y domicilio), los cuales suponen una voluntad previa y legítima de la acción de amparo, que no se hace manifiesta ante la ausencia de firma.

Por tanto, cuando en el escrito de demanda aparecen diversos quejosos, pero su representación se hace mediante el sistema electrónico y el uso de la FIREL asignada al autorizado del quejoso en términos del numeral 12 de la ley –salvo las excepciones que marca la ley–, el Juez no está obligado a requerir al quejoso de una demanda que fue escaneada y presentada por un tercero vía electrónica para que ratifique la firma que calza el escrito de demanda, pues su presentación es un acto personalísimo que la ley asigna al titular de un derecho subjetivo o legítimo a quien afecta el acto o norma general, por lo que no puede hacerse por conducto de otra persona.

Con base en lo anterior, concluyó que si la presentación de la demanda corresponde al propio quejoso, o bien, por conducto de alguien más de acuerdo a los supuestos previstos en la ley y, en el caso, el escrito se presentó vía electrónica por una diversa persona del quejoso, no amerita su regularización ni requerirlo para que la ratifique, pues tal circunstancia no puede traducirse en una expresión de voluntad, dado que la presentación de la demanda vía electrónica se atribuye al titular de la FIREL empleada y no a los quejosos.

Máxime dijo, que si bien dicha demanda la signó electrónicamente el autorizado del quejoso, su actuar inicia a partir de que el juzgador le reconoce ese carácter y no antes de la presentación de la demanda, por lo que no puede reconocérsele potestad para promover en representación de los justiciables.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl determinó que de acuerdo a la normatividad que rige la presentación de la demanda vía electrónica, es necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica (FIREL) reconocida por el Poder Judicial, la cual es personal y cuando ésta (la firma) no corresponda a su titular sino a otra persona, como lo es su autorizado, no debe aplicarse un criterio rigorista de desecharla (analógico a los criterios respecto de la firma autógrafa), pues quien tiene acceso a los servicios tecnológicos son los profesionista del derecho y no propiamente el titular de la acción.

En ese sentido, apunto el tribunal, cuando tal firma corresponde a un autorizado del quejoso, previo a su desechamiento, el Juez debe prevenirlo para que manifieste si es su voluntad o no promover la demanda, pues el que ésta no esté firmada por el propio quejoso constituye una irregularidad subsanable en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, en tanto no representa una ausencia de voluntad del ejercicio de la acción de amparo, sino que se traduce en un problema en su presentación vía electrónica.

Ahora bien, como se obtiene de la anterior narrativa y tal como se apuntó con antelación, los criterios emitidos por los Tribunales Colegiados contendientes resultan discordantes, pues mientras el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito resolvió que cuando se presenta una demanda de amparo vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, que está firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso designa como su autorizado en el escrito de demanda, ello no se trata de una irregularidad que dé lugar a prevenir al quejoso para que la ratifique, sino que el Juez debe desecharla, incluso, cuando su supuesta firma aparezca escaneada en el ocurso, ya que ello no puede traducirse en que se haya expresado su voluntad, en tanto se trata de una reproducción digital y, además, porque la presentación de la demanda vía electrónica se atribuye al titular de la FIREL que se haya empleado, lo que no implica desatender el principio de acceso a la justicia.

En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl determinó que cuando se presenta una demanda de amparo vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y es firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso designa como su autorizado en el escrito de demanda, se trata de una irregularidad en la misma, ante lo cual, bajo la interpretación más favorable para el quejoso, debe prevenírsele a efecto de que ratifique su contenido y no desechar de plano la demanda, ya que ello no constituye una ausencia de voluntad, sino que se traduce en un problema en su presentación vía electrónica.

En ese sentido, es posible concluir que en el caso existe la contradicción de tesis y que el punto de divergencia que debe dilucidarse en este asunto consiste en determinar: Si cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que la parte quejosa señala como su autorizado en el escrito de demanda, se trata de una de irregularidad en la misma y, por ende, debe prevenírsele a efecto de que ratifique el escrito de demanda, o bien, el Juez de Distrito del conocimiento está facultado para desecharla de plano, al carecer de la voluntad de la persona que aparece como promovente.

Sin que pase inadvertido para este Tribunal Pleno que la oposición de criterios entre los tribunales contendientes, provino de cuestiones fácticas que no fueron exactamente iguales, pues en el caso del que derivó el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, se advirtió que en la impresión de la demanda de amparo vía escáner, aparecían los nombres y las supuestas firmas (en copia) de los quejosos, pero que obstante ello, el tribunal resolvió no era factible prevenirlos para que ratificaran dichas rúbricas, al ser considerado el escrito como una copia simple de fácil alteración; mientras que del asunto de donde provino el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, no se mencionó si en la impresión digital de la demanda obraba o no la firma del promovente (en copia).

No obstante, dichas diferencias fácticas no incidieron en los criterios jurídicos sustentados por los Tribunales Colegiados, toda vez que, como se puede observar, ninguno de los órganos consideró esa circunstancia como un factor determinante para arribar al criterio denunciado como contradictorio, sino que ambos se enfocaron, básicamente, en el hecho de que la demanda presentada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, fue firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que la parte quejosa señaló como su autorizado en el escrito de demanda, y de ahí partieron para sustentar los criterios que contienden en la presente contradicción.

Consecuentemente, dado que las diferencias apuntadas no inciden en la existencia de la contradicción de tesis denunciada, procede que este Tribunal Pleno sustente una tesis jurisprudencial que decida o supere la discrepancia de las tesis relativas, uniformando el criterio conforme al cual habrán de resolverse asuntos jurídicos iguales o semejantes.

QUINTO.—Estudio. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A fin de dar solución a la presente contradicción, es necesario examinar, brevemente, lo relativo al principio de instancia de parte agraviada, legitimación del quejoso y las facultades de sus autorizados y, por otro lado, lo concerniente a la presentación de la demanda de amparo a través del empleo de la firma electrónica (FIREL).

Para ello, se exige considerar, en principio, que en términos de lo establecido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o. y 6o. de la Ley de Amparo,(5) el juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", el cual significa que éste sólo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica, en virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución General de la República o en los tratados internacionales de los que es parte el Estado Mexicano.

Es decir, de acuerdo al contexto constitucional, el principio de "instancia de parte agraviada" que impera en el juicio de amparo, significa que sólo la parte quejosa (persona física o moral) directamente afectada por algún acto, es la que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla.

Por su parte, la Ley de Amparo en los preceptos referidos, regula la legitimación para acudir a promover amparo, acotándola a que sea directamente la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo (quejoso), siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola los derechos previstos en el artículo 1o. de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

Ahora, si bien el derecho subjetivo de acción, en principio, corresponde directamente a la persona –física o moral– titular de un derecho reconocido en la Constitución o en los tratados internacionales que se consideran vulnerados, derivado de contar con un interés ya sea jurídico o legítimo; la Ley de Amparo en sus artículos 10 y 11(6) autoriza que la persona afectada(7) pueda ser representada, ya sea por su representante o por su apoderado legal, cuya personalidad en el juicio puede justificarse en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, estarse a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Dichas figuras jurídicas entendidas como la calidad procesal para actuar en un juicio a nombre de otro, constituyen la expresión de un acto jurídico regular que exige la satisfacción de ciertos requisitos en los que se hayan cumplido los elementos materiales que lo condicionan, así como los formales que deba contener para su validez.

Todo lo anterior, resulta congruente con el mandato constitucional que instaura el principio de "instancia de parte agraviada", conforme al que, como ya se vio, se veda la posibilidad de que una persona distinta de la que es titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo a quien afecte la norma general o el acto reclamado, o bien, de su representante o apoderado legal, pueda promover amparo (salvo las excepciones previstas en la ley); lo que justifica que sean sólo ellos los que accionen el juicio, en tanto a éstos es a quienes les corresponde exteriorizar la voluntad para someter a control constitucional de los órganos jurisdiccionales de amparo un acto o norma que les cause perjuicio, así como el señal

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28432-d319baf6/demanda-de-amparo-presentada-en-el-portal-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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