I. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULARLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 5, NUMERALES 3 Y 4, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS). II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. SU RESTRICCIÓN SE ACTUALIZA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SUJETAS A PROCESO PENAL (ARTÍCULO 9, NUMERAL 2, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "LAS PERSONAS QUE ESTÉN SUJETAS A UN PROCESO PENAL POR DELITOS QUE MEREZCAN PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, A CONTAR DESDE LA FECHA DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN", DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS, AL TENOR DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME PROPUESTA). III. DERECHO AL VOTO ACTIVO. LA SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS TIENE EFECTOS ÚNICAMENTE DURANTE EL PROCESO PENAL, ESTO ES, DESDE LA FECHA DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O VINCULACIÓN A PROCESO Y HASTA QUE SE PRONUNCIE LA SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL RESPECTIVO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 9, NUMERAL 2, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "O DESDE QUE SE DECLARE QUE HA LUGAR A FORMACIÓN DE CAUSA", DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS). IV. DERECHO AL VOTO ACTIVO. LA RESTRICCIÓN QUE SE ACTUALIZA PARA LAS PERSONAS QUE SE HAYA NEGADO A DESEMPEÑAR UNA CANDIDATURA, REGIDURÍA, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIPUTACIÓN O GUBERNATURA, POR EL TIEMPO QUE DEBERÍA DURAR EL CARGO QUE SE NIEGA A DESEMPEÑAR, ES MAYOR AL LÍMITE CONSTITUCIONAL DE UN AÑO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 9, NUMERAL 2, FRACCIÓN V, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "ESTA SUSPENSIÓN DURARÁ EL TIEMPO QUE DEBERÍA DURAR EL CARGO QUE SE NIEGA A DESEMPEÑAR", DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS). V. CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. REQUISITO DE NO DESEMPEÑARSE COMO MAGISTRADO ELECTORAL, CONSEJERO ELECTORAL U OCUPAR UN CARGO DE DIRECCIÓN O EN EL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LOS ÓRGANOS ELECTORALES, EN EL ÁMBITO FEDERAL O ESTATAL, SALVO QUE SE SEPARE DE SU CARGO TRES AÑOS ANTES DE LA FECHA DEL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL DE QUE SE TRATE (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 10, NUMERAL 1, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS). VI. INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. REQUISITO DE NO HABER SIDO SUJETO DE JURISDICCIÓN PENAL Y SENTENCIA CONDENATORIA CON CINCO AÑOS DE ANTELACIÓN A LA ELECCIÓN, ASÍ COMO NO ESTAR SUJETO A CAUSA PENAL POR DELITO INTENCIONAL [DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 10, NUMERAL 4, INCISO G), EN LA PORCIÓN NORMATIVA "NO HABER SIDO SUJETO DE JURISDICCIÓN PENAL Y SENTENCIA CONDENATORIA CON CINCO AÑOS DE ANTELACIÓN A LA ELECCIÓN Y", DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS]. VII. INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. REQUISITO DE NO ESTAR SUJETO A CAUSA PENAL ALGUNA POR DELITO INTENCIONAL SÓLO OPERA CUANDO EL PROCESADO ESTÉ EFECTIVAMENTE PRIVADO DE SU LIBERTAD [ARTÍCULO 10, NUMERAL 4, INCISO G), EN LA PORCIÓN NORMATIVA "NO ESTAR SUJETO A CAUSA PENAL ALGUNA POR DELITO INTENCIONAL", DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS, AL TENOR DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME PROPUESTA]. VIII. GEOGRAFÍA ELECTORAL. EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL TIENE ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS PARA DELIMITAR LOS DISTRITOS ELECTORALES Y LAS SECCIONES ELECTORALES EN LAS QUE SE SUBDIVIDIRÁN, ASÍ COMO LAS CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES, MAS NO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL NÚMERO DE DISTRITOS ELECTORALES Y DE CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES EN LOS QUE SE DIVIDIRÁ EL TERRITORIO ESTATAL, PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR LOS PRINCIPIOS DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 18, NUMERAL 3, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS). IX. GEOGRAFÍA ELECTORAL. AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL LE CORRESPONDE ESTABLECER LA DELIMITACIÓN TERRITORIAL DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 18, NUMERAL 3, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS). X. GEOGRAFÍA ELECTORAL. LEGISLACIÓN LOCAL QUE ESTABLECE LOS DISTRITOS ELECTORALES QUE INTEGRAN CADA UNA DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES EN LAS QUE SE DIVIDE EL ESTADO DE CHIAPAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 18, NUMERAL 3, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS). XI. GEOGRAFÍA ELECTORAL. LA OMISIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DE DEFINIR LAS CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES EN EL ESTADO ES INSUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE LA LEGISLATURA LOCAL TIENE COMPETENCIA PARA ELLO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 18, NUMERAL 3, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS). XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ SURTIRÁ EFECTOS UNA VEZ QUE CULMINE EL PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO, EN TANTO QUE CONSTITUIRÍA UNA MODIFICACIÓN FUNDAMENTAL DENTRO DEL PLAZO DE VEDA DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, PÁRRAFO CUARTO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 18, NUMERAL 3, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 78/2017 Y SU ACUMULADA 79/2017. PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL Y MORENA. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIOS: NATALIA REYES HEROLES SCHARRER, ALEJANDRO GONZÁLEZ PIÑA, EDUARDO ARANDA MARTÍNEZ Y DANIEL ÁLVAREZ TOLEDO.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete.
VISTOS, los autos, para resolver la acción de inconstitucionalidad 78/2017 y su acumulada 79/2017.
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de las demandas. Por escrito presentado el doce de julio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Eric Flores Cervantes, en su carácter de presidente del Comité Directivo Nacional del partido político Encuentro Social, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto 181, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, el catorce de junio de dos mil diecisiete, por el que se emite el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.
2. Posteriormente, mediante escrito presentado el catorce de julio de dos mil diecisiete, Andrés Manuel López Obrador, quien se ostentó como presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Movimiento Regeneración Nacional (en adelante Morena), promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los Decretos 181 y 220, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, respectivamente, los días catorce y treinta de junio de dos mil diecisiete.
3. SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. En los escritos de demanda, los promoventes hicieron valer los siguientes conceptos de invalidez:
Encuentro Social
Único concepto de invalidez. Los artículos 47 y 60, numeral 20, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas son inconstitucionales, pues violan los artículos 73, fracción XXXIX-U y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; segundo transitorio del decreto de reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce; y numeral 4, de la Ley General de Partidos Políticos.
• Lo anterior, porque conforme a dichos artículos, el Congreso de la Unión es el único facultado para legislar en materia de coaliciones, por lo que las entidades federativas no están habilitadas para regular cuestiones que ya están establecidas en la Ley General de Partidos Políticos. Lo que adquiere más relevancia si se toma en cuenta que el tema que se pretende regular en los artículos impugnados, ya se encuentra previsto en el artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos. Incluso, los artículos impugnados no sólo regulan una materia para la que no están facultados, sino que además, contrarían lo previsto en la Ley General de Partidos Políticos.
• Lo antes expuesto, dice el partido político, se basa en lo resuelto por este Tribunal Pleno en las acciones de inconstitucionalidad 103/2015, 22/2014 y sus acumuladas.
Morena
1) En su primer concepto de invalidez, Morena impugna la constitucionalidad de los párrafos tercero y cuarto del artículo 5 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas que, por un lado, regulan limitantes de contenido y temporalidad de la difusión de la propaganda gubernamental en los medios de comunicación social y por el otro, prevén la continuidad en la realización de obras y programas como casos que no impactan en la difusión de la propaganda.
• A decir del accionante, las previsiones son contrarias a los artículos 16, primer párrafo; 41, segundo párrafo, apartado C, párrafo segundo; 116, fracción IV, inciso b); 124 y 133, todos del Texto Constitucional, en relación con el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional en materia político–electoral, de diez de febrero de dos mil catorce.
• Sostiene que la regulación, en cuestión, es competencia del Congreso de la Unión en términos del artículo tercero transitorio de referencia, además de que las porciones normativas impugnadas prevén cuestiones ya reguladas en los artículos 41, segundo párrafo, apartado C, párrafo segundo y 134, octavo párrafo, de la Constitución, por lo que se vulneran los principios de supremacía constitucional, certeza, legalidad y competencia.
• Refiere que si bien el Congreso de la Unión no ha cumplido con el mandato que le impone el régimen transitorio de la reforma político-electoral de dos mil catorce, en el sentido de expedir la ley reglamentaria, del párrafo octavo del artículo 134 constitucional, lo cierto es que esta omisión no se traduce en la autorización para que las Legislaturas Locales desarrollen esta materia.
• Argumenta que lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 5 impugnado también resulta inconstitucional, porque el legislador local añade, a las excepciones únicas a la prohibición de difusión de propaganda gubernamental previstas en el artículo 41, segundo párrafo, base III, apartado C, segundo párrafo, constitucional, la relativa a entender que la realización de obras y ejecución de programas "continuarán realizándose"; y de estimarse, sin conceder, que la definición fuese operante, ésta se traduciría en una infracción al principio de equidad en la contienda electoral, pues la realización de programas, en época electoral, son publicidad.
2) En su segundo concepto de invalidez, Morena, impugna el artículo 9 numeral 2, fracciones I y V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas al considerar que: (i) niega el derecho a votar a quienes estén sujetos a un proceso penal por delitos que merezcan pena privativa de libertad, esto, desde la fecha del auto de formal prisión o desde que se declare que ha lugar a la formación de la causa y (ii) suspende los derechos políticos a quienes se hayan negado a desempeñar una sindicatura, regiduría, presidencia municipal, diputación o gubernatura, por el tiempo que debería durar su encargo respectivo.
• El partido aduce que, de conformidad con lo reconocido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, las disposiciones impugnadas son contrarias a la imposibilidad de suspender los derechos políticos a aquellos que no estén privados de su libertad, así como al principio de presunción de inocencia. Además, refiere que resulta excesiva la suspensión de derechos políticos por un tiempo mayor al previsto en la fracción I del artículo 38 constitucional, más aún, si no se considera que pudiera existir una causa justificada para no desempeñar el cargo público.
• Sostiene que, las fracciones del precepto impugnado son contrarias a los artículos 1, 14 segundo párrafo, 16, primer párrafo, 35, fracción II, 116, fracción IV, inciso b) y 133 constitucionales, en relación con los artículos 8.2 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los numerales 14.2 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
• En relación con la fracción I impugnada, argumenta que en términos de lo resuelto en la contradicción de tesis 6/2008-PL de este Alto Tribunal, en la jurisprudencia «P./J. 33/2011» de rubro: "DERECHO AL VOTO. SE SUSPENDE POR EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O DE VINCULACIÓN A PROCESO, SÓLO CUANDO EL PROCESADO ESTÉ EFECTIVAMENTE PRIVADO DE SU LIBERTAD.", se ha atemperado la restricción prevista en la fracción II del artículo 38 constitucional, pues se ha aclarado que el derecho al voto de los ciudadanos sólo se suspende, cuando el procesado esté efectivamente privado de su libertad. Interpretación que resulta acorde con los artículos 8.2 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• En relación con la diversa fracción V, del numeral 2, del artículo 9 impugnado aduce que rebasa la fracción I del artículo 38 constitucional, pues no señala que el incumplimiento a la obligación de desempeñar un cargo público resulte injustificado como premisa para que se actualice la sanción, además de que prevé que la misma durará el tiempo que dure el cargo que se niegue a desempeñar, lo que excede el plazo de un año previsto en el Texto Constitucional.
3) En su tercer concepto de invalidez, Morena cuestiona la regularidad constitucional del artículo 10, numeral 1, fracción II del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, al exigir una excesiva antelación en la separación del cargo a Magistrados Electorales, así como a consejeros, directores y miembros del servicio profesional de carrera para ocupar un puesto de elección popular.
• Aunado a lo anterior, sostiene que el numeral 4, inciso g), del artículo 10, es contrario al principio de presunción de inocencia, así como al artículo 38 constitucional, pues al condicionar el acceso a un cargo, en el Ayuntamiento, al requisito de no haber sido sujeto de jurisdicción penal y sentencia condenatoria con cinco años de antelación a la elección, así como no estar sujeto a causa penal por delito intencional, suspende los derechos políticos del ciudadano, en supuestos no previstos por el Texto Constitucional.
• Argumenta que las disposiciones impugnadas vulneran los artículos 1, 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 35, fracción II, 116, fracción IV, inciso b) y 133 de la Constitución, en relación con los diversos artículos 8.2 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los numerales 14.2 y 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
• En relación con el requisito de elegibilidad para Magistrados Electorales, consejeros, directores y miembros del servicio profesional de carrera, refiere que el plazo de 3 años resulta contrario al artículo 116, fracción IV, inciso c), que prevé que las autoridades electorales deberán de separarse dos años, posteriores, al término de su encargo para contender por un cargo de elección popular; así como al artículo 107 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que establece que los Magistrados Electorales Locales no podrán asumir un cargo de elección popular por un plazo equivalente a la cuarta parte del tiempo en que hayan ejercido su función.
• En relación con el requisito para acceder a algún cargo en el Ayuntamiento refiere que, en el mismo sentido que lo argumentado, en su segundo concepto de invalidez, la previsión resulta contraria al principio de presunción de inocencia pues, aún en el supuesto de existir una sentencia condenatoria, no se contempla el caso de que haya sido revocada, cumplida totalmente o extinguida por prescripción. Refiere que en términos del artículo 38, fracción VI, la suspensión de los derechos políticos se actualiza ante una sentencia ejecutoriada que imponga como pena esta suspensión, lo que significa que existiendo condena firme, en la que se imponga como pena la suspensión de derechos, deberá estarse a lo ordenado por el Juez y no por el legislador.
4) En su cuarto concepto de invalidez, Morena impugna el artículo 18, numeral 3, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas que establece cuatro circunscripciones plurinominales específicas para efectos de la elección de diputados por el principio de representación proporcional, mismas que se comprenden de los 24 distritos de mayoría relativa en que se divide el Estado.
• Argumenta que la disposición trastoca el artículo 41 constitucional, base V, apartado B, inciso a), punto 2, en términos del cual se faculta, exclusivamente, al INE a establecer la geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y la división del territorio en secciones electorales.
• Sostiene que el precepto impugnado también es contrario a los artículos 1; 2o. apartado A, fracciones III y VII; 14 segundo párrafo; 16, primer párrafo; 116, fracción IV, inciso c); 124 y 133 constitucionales en relación con los artículos 6 y 12 del Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, así como a disposiciones correlativas de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
• Refiere que las cuatro circunscripciones que se crean a través del precepto impugnado no tendrán residencia efectiva, pues se dividen de manera caprichosa los 24 distritos como si cada uno de ellos tuviera el mismo número de habitantes o electores para elegir, en cada uno, a igual número de legisladores de representación proporcional. Sostiene que el Congreso Local sólo tiene competencia para fijar el número de distritos uninominales y de circunscripciones, pero no la conformación de éstas con determinados distritos electorales, dando el criterio poblacional para su integración.
• Aduce que en términos de la tesis P./J. 25/2013 de este Tribunal Pleno, corresponde al INE la elaboración de la geografía electoral entendida como la delimitación del ámbito territorial para el registro y distribución de los ciudadanos que habrán de participar en las elecciones; de ahí que el artículo 18 impugnado, al disponer el ámbito de las citadas demarcaciones territoriales está fuera de la competencia del Congreso Local.
• Refiere, además, que la norma omite garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la consulta sobre territorios que comporta una de las cuatro circunscripciones y sus distritos, pueblos o grupos étnicos, de manera que se vulneran los artículos 6, 7 y 12 del Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes que prevé que, el gobierno tiene la obligación de consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, cuando se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, razón por la cual la norma impugnada es contraria al artículo 2o. constitucional.
5) En el quinto concepto de invalidez, Morena impugna el artículo 19, numeral 2, inciso g), del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que obliga a los partidos políticos a registrar por el principio de representación proporcional una lista de cuatro fórmulas de candidatos propietarios y suplentes para cada una de las cuatro circunscripciones en que se divide electoralmente el Estado, lista que se integra con mujeres en los lugares nones y por hombre en los lugares pares.
• A decir del accionante, dicha regulación viola los artículos 1o., 4, 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 35, fracción II, 116, fracción IV, inciso b) y 133 de la Constitución General, en conexión con el derecho humano reconocido en los artículos 1, 2, 23.1, inciso b), 24 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; ya que rompe con el principio de proporcionalidad e igualdad en materia electoral, así como la garantía de alternancia de género en el acceso al cargo de legislador o legisladora, pues, ante la necesidad de que un partido político sólo alcance una diputación de representación proporcional, por circunscripción, caso en el cual todas las legisladoras elegibles por esa vía serían del mismo género, quedará el otro género subrepresentado o, en caso extremo, sin representación alguna.
• El artículo impugnado, al señalar que los números nones de las candidaturas a diputadas en cada circunscripción en que se divide electoralmente el Estado, serán para el género femenino y los pares para los candidatos hombres, altera el principio de igualdad y no discriminación, en contravención al artículo 1o. constitucional, puesto que, dado el orden de prelación con que dichos cargos se asignan, la oportunidad real del acceso al cargo es mayor para uno de los géneros y menor para el género que en cada circunscripción quedará subrepresentado, atendiendo al sistema de asignación previsto en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.
• Morena sostiene que la alternalidad en las listas se ve alterada, porque no se dispuso que dos de esas listas en sus respectivas circunscripciones sean encabezadas por candidatas de un género y las otras, dos por candidatos del otro género, sino que, la norma general impugnada ordenó que en las cuatro listas las candidaturas nones sean mujeres y las pares sean hombres.
• Argumenta que si al asignarse las diputaciones respectivas se acude al orden preferente, siempre iniciarán signando la diputación a una mujer y si el partido político sólo tiene derecho a que le asignen de una a cuatro diputaciones, correspondientes a distintas circunscripciones, muy probablemente serán todas del mismo género, relegando al otro género en dicha asignación. Así, la paridad de género en sus modalidades vertical y horizontal sufre o puede sufrir quebranto por la forma en que está redactada dicha norma, por lo que considera que el legislador incurrió en deficiente regulación.
• Atendiendo al criterio de igual oportunidad y no discriminación, contenidos en los artículos 1o. constitucional y 1 de la Convención Americana, todas y todos los ciudadanos deben gozar, no sólo del derecho de postulación, sino de la oportunidad real para ejercer el derecho, traducida en igualdad en términos del acceso al cargo, con respecto al principio de paridad, en ambas dimensiones.
• Sostiene que no se trata de establecer normas de cualquier alcance que, más que garantizar el principio paritario, pretendan desequilibrar los derechos, discriminando a los candidatos diputados hombres, por una regulación excesiva y mal entendida, pues la forma de garantizar el principio paritario es que en su dimensión horizontal se establezca que dos circunscripciones encabecen las listas de candidaturas de cada partido político encabezadas por personas de un mismo género y, que en las otras dos las encabecen personas de otro género, a fin de garantizar el acceso real –en igualdad– a dicho cargo.
6) En el sexto concepto de invalidez, Morena solicita se declare la invalidez del artículo 51, numeral 3, fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que asimila al financiamiento privado de los partidos políticos, las aportaciones o donaciones provenientes de los comités nacionales u órganos equivalentes de los partidos políticos cuando sean destinados a las campañas electorales locales. En concepto del accionante, dicha disposición trastoca los principios de certeza, legalidad y objetividad electorales, y las garantías de seguridad jurídica, legalidad, fundamentación y motivación, contenidas, respectivamente, en los artículos 14, segundo párrafo; 16, primer párrafo; 41, base II y V, apartado B, inciso a), punto 6; 116, fracción IV, inciso b); 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Al respecto, aduce que el hecho de que el legislador chiapaneco haya definido como financiamiento privado, la relativa a las aportaciones o donaciones provenientes de los comités nacionales u órganos equivalentes, habida cuenta que el mero hecho de provenir de instancias nacionales del mismo partido político y el que sean destinados a las campañas electorales locales, no convierte a esos recursos (generalmente públicos), a la condición de recursos privados.
• El partido accionante sostiene que, la mayoría de los recursos del financiamiento ordinario de los partidos políticos nacionales que otorga el INE, son recursos públicos, aunque federales, y cuando éstos deciden destinar parte de esos recursos a apoyar campañas electorales locales, no por ello cambian de naturaleza para pasar de públicos a privados, pues aun cuando ya estén en el patrimonio de cada partido una vez hecha la distribución respectiva, su origen sigue siendo el mismo: el financiamiento público ordinario anual.
• Aduce que si bien algunos recursos económicos de los partidos políticos son de origen privado, conforme a las leyes generales de la materia, ello tampoco significa que todos los recursos que destine a las campañas electorales estatales y municipales sean privados.
• Para el entendimiento del asunto, el partido político sostiene que es de la mayor relevancia determinar el origen de los recursos de los partidos políticos, al menos por dos razones: la fiscalización que es a cargo de la unidad técnica de fiscalización en términos del artículo 41, base II y V, apartado B, inciso a), punto 6, de la Constitución General; y las normas correlativas de la legislación aplicable; y la que se relaciona con el principio constitucional de que los recursos públicos deben prevalecer, sobre los de origen privado.
• En este sentido, es el órgano fiscalizador el competente para indagar el origen de los recursos de tal forma que se cumpla el postulado constitucional y no el legislador local que indiscriminadamente, en el precepto impugnado, considera lo privado del financiamiento de los partidos políticos bajo sólo dos aspectos: que las aportaciones o donaciones provengan de los comités nacionales u órganos equivalentes y que se destinen a una campaña electoral local, con independencia del origen primigenio de tales recursos económicos.
• De esta forma, sostiene que sólo la unidad técnica de fiscalización y el Consejo General del INE, a través de su comisión de fiscalización, pueden definir cuáles recursos enviados por los comités nacionales o equivalentes a los órganos partidarios estatales para su destino final a las campañas electorales locales tienen la calidad de públicos o privados, lo que es importante, por la necesaria efectividad del principio de prevalencia de los recursos públicos sobre los de origen privado, y la transparencia en su uso, manejo y destino.
• Aduce que en términos de los artículos 41 y 116 constitucionales, el Constituyente permanente no estimó como privado el financiamiento público que los partidos políticos nacionales que conserven el registro reciben después de cada elección, según la fórmula de la base II del artículo 41 citado, y lo previsto en las leyes generales, sino que únicamente habla de recursos privados al disponer en el artículo 116, fracción V, inciso h), que las Constituciones y leyes de los Estados, en materia electoral, deben garantizar que se fijen los criterios para establecer los montos máximos que tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes, lo que en esencia constituye el financiamiento público.
7) En el séptimo concepto de invalidez, Morena formula argumentos que se dividen en dos temas, como a continuación se expondrá:
7.1. Sobre la distribución del financiamiento público.
• Morena impugna el artículo 52, numerales 1, 3, 4, 10 y 11, que entre otras cosas, condiciona el derecho de los partidos políticos al financiamiento público para el ejercicio de sus actividades ordinarias, así como para su participación en las campañas electorales de gobernador, diputados y Ayuntamientos; situación que es opuesta a los principios constitucionales de equidad, legalidad, certeza y objetividad electorales, así como de autenticidad y efectividad del sufragio, previstos, respectivamente, en los artículos 1o.; 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 41, base II y V apartado B; 116, fracción IV, inciso b) y g), y 133 de la Constitución General; en relación con los artículos 1, 2, 24 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• El partido político accionante considera que resulta inconstitucional el mantener en los numerales 1, 4 y 11 del artículo 52 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, la distribución del financiamiento público según la fórmula que incluye un elemento extraño como condicionante para la distribución del financiamiento público ordinario anual entre los partidos políticos, que es la situación contingente de tener o no representación en el órgano legislativo local, cuando en realidad, lo que debe tomarse como parámetro para distribuir dicho financiamiento, es la votación válida emitida, que implica que los partidos políticos cuenten con representatividad entre los ciudadanos aun cuando, de manera sorprendente alguno de ellos pudiera no contar con legisladores.
• El partido accionante plantea una situación hipotética, en el sentido de que pudiera ser que una vez integrada la Legislatura según los resultados de la elección inmediata anterior de diputados, algunos de éstos renuncien, cambien de partido o grupo parlamentario, se declaren independientes, fallezcan, o acepten otro cargo público, sin que ello sea causa para denegar al partido político inicialmente con representación en el Congreso, el derecho a la distribución del financiamiento público.
• En concepto del partido político Morena, sería injusto y contrario a los fines constitucionales legítimos de permanencia y participación democrática en los asuntos públicos, de cada una de las entidades de interés público que hayan obtenido al menos el 3% de votación válida emitida en la última elección de diputados, el hecho de que se distribuyera el financiamiento público por mero decreto o capricho del legislador y no precisamente en función de los sufragios recibidos por cada una de las fuerzas políticas representativas de la sociedad, pues ello, además de inconstitucional, sería contrario al principio de equidad en la competencia política.
• Así, considera que lo correcto es que se determine y distribuya el financiamiento público ordinario permanente, únicamente en función de la votación, pues de otra forma, el supuesto amparo de la normas, pero contrariando su espíritu, podría darse la injusticia de que los diputados de un partido político que haya obtenido votación considerable cambien de partido, fallezcan, renuncien o se declaren independientes sin posibilidad de sustitutos.
• Al establecer el legislador de manera excluyente y exclusiva, en las porciones normativas impugnadas, que el reparto del financiamiento público sea sólo entre los partidos políticos con representación en el Congreso, comporta un rigorismo extremo, porque lo correcto es que se distribuya el financiamiento público ordinario permanente, únicamente, en función de la votación.
• El partido político accionante aduce que es inconstitucional el artículo 52, numeral 3, del código impugnado, al fijar el monto del financiamiento público referido en el mes de enero de cada año, y que la autoridad electoral deberá tomar como base del corte al mes de julio anterior, del número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral local, lo que sin duda afecta a los partidos políticos, pues dicho número crece en función del aumento poblacional, pero si se toma en cuenta una cantidad de ciudadanos menor, ya no refleja la fórmula cercana a la realidad del Estado, pues en realidad deberá tomarse en cuenta el corte más inmediato del número de ciudadanos inscritos en dicho padrón.
• En relación con la periodicidad con que se hace la distribución del financiamiento entre los partidos políticos, Morena aduce que el artículo 41, base II, de la Constitución General, sólo dice que el financiamiento público ordinario de los partidos políticos se fijará anualmente, y no dice que sea con corte al mes de julio del año previo, por lo que bajo el principio pro persona y de legalidad electoral, el corte del número de ciudadanos inscritos en el padrón correspondiente, debe ser el más inmediato.
• Por lo que, solicita la invalidez del numeral 3 del artículo 52 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.
7.2. Sobre la entrega de los recursos del financiamiento.
• En otro aspecto, Morena cuestiona el contenido normativo del numeral 10 del artículo 52 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, pues considera inoportuno el hecho de que dicho financiamiento se entregue sólo una vez cumplidos los plazos para el registro de candidatos y aprobadas las respectivas candidaturas por las autoridades electorales competentes.
• Lo anterior, porque por una parte, dada la complejidad del sistema integral de fiscalización de los recursos que ha establecido el INE, que pretende tomar conocimiento de una agenda previa de las actividades de campaña y ello se complica entre otras cosas, cuando los partidos políticos no tienen a tiempo los recursos atinentes; y por otra, porque cada partido político debe abrir cuentas para cada uno de sus candidatos, calidad que sólo reciben al aprobarse las candidaturas, pero el trámite no es precisamente inmediato. De esta forma, considera que existe un desfase entre la fecha en la que el OPLE entrega los recursos de campaña electoral y el momento en que inician las campañas electorales, o en que se presenta la agenda de actos de campaña.
• Sostiene que al ser también dichas campañas electorales exiguas en cuanto al plazo de su realización, resulta incorrecto y opuesto a los principios de certeza y objetividad electorales el retraso legal en la entrega del financiamiento público destinado a la obtención del sufragio, además de que la norma controvertida no pone un plazo límite para la entrega respectiva, pues aun cuando dispone que: "... aprobadas que sean las candidaturas ...", será entregado el financiamiento de gastos de campaña en una sola ministración, en realidad no fija un plazo.
• Por lo que solicita la invalidez del numeral 9 del artículo 52 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.
8) En el octavo concepto de invalidez, Morena sostiene que el artículo 60 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, regula de manera deficiente la figura de las coaliciones para las elecciones a gobernador, diputados por el principio de mayoría relativa e integrantes de los Ayuntamientos; asimismo, plantea la invalidez de los artículos 182, numeral 2, y noveno transitorio, del decreto mediante el cual se expidió el referido código de elecciones.
• Lo anterior, porque dicha regulación invade la esfera de competencia del Congreso de la Unión, única autoridad legislativa facultada para regular esa forma de participación o asociación electoral, entre los partidos políticos, en términos del artículo segundo transitorio, fracción I,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28592-811d9916/i-propaganda-gubernamental-competencia-exclusiva-del-congreso-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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