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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA CON DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE COATEPEC POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE COATEPEC POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE ENTREGA DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO ES IMPUGNABLE MIENTRAS SUBSISTA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE COATEPEC POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE COATEPEC POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). V. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VI. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE COATEPEC POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VII. OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES FEDERALES. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF) AL MUNICIPIO DE COATEPEC POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. VIII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. CONSECUENCIAS DE LA OMISIÓN EN SU PAGO O ENTERO EXTEMPORÁNEO SOBRE LA HACIENDA MUNICIPAL (OMISIÓN O ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE COATEPEC POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IX. OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES FEDERALES. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) AL MUNICIPIO DE COATEPEC POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. X. OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES FEDERALES. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL RAMO 28, AL MUNICIPIO DE COATEPEC POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XI. OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES FEDERALES. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG), AL MUNICIPIO DE COATEPEC POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE DECLARA LA OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE COATEPEC POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN DE ENTERO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ENTREGUE LAS CANTIDADES ADEUDADAS Y LOS INTERESES QUE SE HAYAN GENERADO Y, EN CASO DE LOS ENTERADOS EXTEMPORÁNEAMENTE, QUEDE INCÓLUME LA CONDENA DEL PAGO DE INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE COATEPEC POR PARTE DEL

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 208/2016. · Registro digital (IUS): 28729
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-06-14
Promovente: MUNICIPIO DE COATEPEC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo II, Pág. 1227.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 208/2016. MUNICIPIO DE COATEPEC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 3 DE OCTUBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al tres de octubre de dos mil dieciocho, emite la siguiente:

SENTENCIA:

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 208/2016, promovida por el síndico Municipal de Coatepec, Veracruz de Ignacio de La Llave, en contra del Poder Ejecutivo y del secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno de esa entidad federativa.

I. Antecedentes y trámite del asunto.

1. Interposición de la demanda. El treinta de noviembre de dos mil dieciséis, Ricardo Pedro Palacios Torres y Julio Hernández Ramírez, en su carácter de presidente municipal y síndico del Municipio de Coatepec, respectivamente, por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, promovieron una demanda de controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo y del secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno de esa entidad.

2. En la demanda, en esencia, se argumenta que la autoridad demandada violó los principios, derechos y facultades constitucionales de la hacienda municipal, previstos en la fracción IV del artículo 115 constitucional, pues omitió el pago de diversos recursos públicos financieros,(1) así como el pago de los intereses derivados de la entrega extemporánea de tales recursos.

3. Trámite de la demanda. El primero de diciembre de dos mil dieciséis, el Ministro presidente de la Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente como 208/2016 y, por razón de turno, designó como instructor del procedimiento al Ministro José Ramón Cossío Díaz.

4. En consecuencia, el Ministro instructor, por acuerdo de cinco de diciembre siguiente, admitió la demanda, tuvo por presentado solamente al síndico municipal, por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, la designación de delegados, y admitió las pruebas aportadas por el Municipio actor.

5. Asimismo, consideró como demandado al Poder Ejecutivo de Veracruz de Ignacio de La Llave; sin embargo, no tuvo ese carácter el secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno de esa entidad, en virtud de que se trata de una dependencia subordinada a dicho Poder, por lo que debía comparecer por conducto de su representante legal.

6. Consecuentemente, emplazó al Poder Ejecutivo Local con copia simple de la demanda y sus anexos para que, por conducto de la persona que lo representara, manifestara lo que a su interés legal conviniera; asimismo, requirió a la Procuraduría General de la República para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestara lo que a su representación conviniera.

7. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez hechos valer en la demanda son, en síntesis, los siguientes:

a) Las conductas omisivas de la autoridad demandada transgreden el orden constitucional en agravio del Municipio, a la luz de lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece los principios constitucionales de libre administración de la hacienda pública municipal e integridad de sus recursos, y que garantiza la independencia y autonomía de los Municipios, pues el Municipio ha dejado de percibir en forma puntual y efectiva el importe económico de los recursos que le corresponden, lo que le impide disponer oportunamente de tales recursos, vulnerando con ello su autonomía financiera.(2)

b) La Constitución no solamente ha atribuido en exclusividad una serie de competencias a los Municipios, sino que ha garantizado también que los mismos gozarán de los recursos económicos necesarios para cumplir dichas responsabilidades constitucionales.

c) Las participaciones federales están comprendidas en el régimen de libre administración hacendaria, por lo que no puede imponerse restricción alguna sobre ella.(3)

d) Una vez que la Federación y los Estados, de acuerdo con sus respectivas competencias, ya han determinado las cantidades que los Municipios percibirán cada mes y las fechas exactas en las que los recursos ingresarán a sus arcas; es decir, una vez determinados los recursos que habrán de pasar a integrar la hacienda municipal, su efectiva percepción queda constitucionalmente garantizada por el principio de integridad de los recursos económicos municipales, lo cual significa que, no hay un verdadero cumplimiento de la obligación de transferir ciertos recursos a los Municipios hasta que estos últimos reciben las cantidades que les correspondían en su valor real, es decir, junto con los intereses correspondientes, cuando se ha producido algún retraso en las entregas relativas.

e) La entrega extemporánea de estos recursos está sancionada en términos del artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Veracruz, con la obligación de pagar intereses.(4)

f) En relación con el apoyo del programa FORTASEG, manifestó que la cláusula quinta del Convenio Administrativo para el Otorgamiento del Subsidio a los Municipios, establece que el recurso se dividirá en dos ministraciones. Al Municipio de Coatepec se le entregó la primera ministración y refiere haber cumplido con las cláusulas establecidas en el multicitado convenio a efecto de que la segunda ministración sea transferida al Municipio. Sin embargo, manifiesta que se ha incumplido con lo establecido en la cláusula cuarta del convenio que determina que el Estado está obligado a entregar a los Municipios el monto total del FORTASEG, incluyendo sus rendimientos financieros, a más tardar dentro de los cinco días hábiles posteriores a que los reciba de la Federación.

8. Contestación de la demanda. Seguido el trámite de la controversia y una vez notificada a la autoridad demandada, Miguel Ángel Yunes Linares, representante del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, de Ignacio de La Llave, contestó la demanda, exponiendo, en síntesis de los razonamientos que siguen:

a) Por lo que hace a los requerimientos que el actor sostiene formuló a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, no los afirma ni los niega por no resultar propios de la administración pública estatal que tuvo inicio a partir del uno de diciembre de dos mil dieciséis.

b) Aduce que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el numeral 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia, porque la demanda se presentó fuera de los plazos establecidos, lo que se prueba con la manifestación expresa del acto. Ello se robustece por el hecho de que las omisiones impugnadas provengan de un acto positivo (retención de los recursos).(5)

c) A mayor abundamiento, el Poder Ejecutivo del Estado publicó en la Gaceta Oficial(6) los acuerdos por los cuales se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada Municipio del Estado de Veracruz del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, para los ejercicios fiscales dos mil catorce, dos mil quince y dos mil dieciséis. Siendo así, el Municipio actor conocía de antemano las fechas en que debió recibir los recursos federales que ahora impugna. Por tanto, al no haberlos recibido en el tiempo establecido para ello, el cómputo del término para impugnar inició y concluyó sin que se haya hecho valer la impugnación.

d) El acto impugnado es inexistente respecto a las órdenes, instrucciones y autorizaciones para la indebida retención de las participaciones federales que le corresponden al Municipio. En ese sentido, la parte actora no ha acreditado la existencia de dichas órdenes, por ello se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el artículo 20, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia.

e) Aunado a lo anterior, respecto a la impugnación del pago de intereses, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción VI del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, porque el Municipio actor no ha agotado la vía legalmente prevista para solucionar el conflicto, ya que el pago de intereses no se encuentra consagrado en la Constitución Federal sino en la Ley de Coordinación Fiscal y en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz. En consecuencia, resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 5o. de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz, en cuanto a que los Municipios podrán dirigir sus inconformidades a la Legislatura del Estado respecto de la aplicación de dicha ley.

f) Al no existir una vulneración a las competencias del Municipio actor por la falta de pago de intereses, no se vulnera de forma inmediata la Constitución Federal, por lo que tenía que agotarse la vía previa del conflicto al tenor de la jurisprudencia P./J. 136/2001.(7)

9. Opinión de la Procuraduría General de la República. El procurador general de la República se abstuvo de rendir opinión, a pesar de estar debidamente notificado.

10. Cierre de la instrucción. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el veintidós de junio de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria de la materia, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por interpuestos los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

11. Radicación. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, se acordó remitir el expediente a la Primera Sala de esta Suprema Corte, para su radicación y resolución, misma que se abocó a su estudio por auto de dos de marzo de ese año.

II. Competencia

12. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Federal; 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero, del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de Coatepec y el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave, en el que es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

III. Precisión de la litis

13. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(8) se procede a la fijación de los actos impugnados objeto de la controversia y a la apreciación de pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados.

14. En su escrito inicial de demanda, el Municipio actor señaló, como actos impugnados, los siguientes:

a) La inconstitucional omisión de la entidad pública y del Órgano de Gobierno Estatales demandados, de cumplir con su obligación legal y constitucional de entregar el importe económico de las participaciones federales, correspondientes al mes de agosto del presente año (2016) al Municipio actor, sin motivo, razón o fundamento legal alguno.

b) La inconstitucional omisión de la entidad pública y del Órgano de Gobierno Estatales demandados, de cumplir con su obligación legal y constitucional de entregar el importe económico de las Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), correspondientes a los meses de agosto y octubre del presente año [2016] al Municipio actor, sin motivo, razón o fundamento legal alguno.

c) La inconstitucional omisión de la Entidad Pública y del Órgano de Gobierno Estatales demandados, de cumplir con su obligación legal y constitucional de entregar el apoyo económico del programa FORTASEG, al Municipio actor sin motivo, razón o fundamento legal alguno.

15. Lo anterior, por las cantidades que se detallan a continuación:

Ver cantidades

16. Asimismo, en las páginas 5, 7, 8, 9 y 16 del escrito de demanda, el Municipio actor adicionó lo siguiente:

a) No se ha entregado el importe correspondiente al mes de octubre del Fondo General de Participaciones, adeudando la cantidad de $3'775,801.57 (tres millones setecientos setenta y cinco mil ochocientos un pesos 57/100 moneda nacional).(10)

b) Se están reteniendo las participaciones federales, ya que se deducen las cuotas de seguridad social a favor del Instituto de Pensiones del Estado sin la anuencia del Municipio y sin que medie convenio.

c) Respecto del Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (FORTAMUNDF) no se ha depositado el mes de septiembre de dos mil dieciséis.

d) "ISR POR SUELDOS Y SALARIOS PERTICIPABLE (SIC) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016", por $3'631,701.63, de los meses de enero a septiembre de dos mil dieciséis.

e) "FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES", por la cantidad de $25'658,771.77 (veinticinco millones seiscientos cincuenta y ocho mil setecientos setenta y uno pesos 77/100 moneda nacional).

17. Ahora bien, del análisis integral de la demanda como de las constancias que obran en el expediente, esta Primera Sala considera que lo efectivamente impugnado es lo siguiente:

a) Del Fondo General de Participaciones Federales los meses de agosto y octubre de dos mil dieciséis por los pretendidos montos de $4'619,109.36 (cuatro millones seiscientos diecinueve mil ciento nueve pesos 36/100 moneda nacional), por el mes de agosto y $3'775,801.57 (tres millones setecientos setenta y cinco mil ochocientos un pesos 57/100 moneda nacional), por el mes de octubre.

b) Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, por la pretendida cantidad de $10'635,510.00 (diez millones seiscientos treinta y cinco mil quinientos diez pesos 00/100 moneda nacional).

c) Del apoyo económico del programa FORTASEG, la pretendida cantidad de $4’950,000.00 (cuatro millones novecientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional).

d) Del Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (FORTAMUNDF), el mes de septiembre de dos mil dieciséis.

e) El pago de los intereses derivados de la entrega extemporánea de tales recursos.

18. Lo anterior, porque de la lectura integral de la demanda y conforme al artículo 39 de la ley reglamentaria de la materia, la impugnación toral corresponde a la omisión de pago de los citados recursos de esos fondos.

19. Si bien el Municipio actor en su demanda expresamente señaló los conceptos y montos adeudados en una tabla en la que incluye "ISR por sueldos y salarios participable" correspondiente a los meses de enero a septiembre de dos mil dieciséis, y el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres, así como las retenciones de las participaciones federales por la deducción de las cuotas de seguridad social a favor del Instituto de Pensiones del Estado sin la anuencia del Municipio, y sin que medie convenio, esta Primera Sala considera que no deben tenerse como actos impugnados, ya que al margen de que no se impugnaron de manera destacada, lo cierto es que la impugnación se hace de manera aislada y sin acreditar el derecho que en su caso tiene el Municipio para recibir esos recursos públicos, aunado a que no se advierte concepto de invalidez específico respecto a estas omisiones, ni de las constancias que integran el expediente se advierte que el Municipio acredite la obligación por parte de la autoridad demandada de pagar estos conceptos.

20. Por lo demás, esta Sala considera que el análisis de la existencia del resto de los actos omisivos que se tienen por impugnados debe estudiarse en el fondo, pues para determinar si los recursos fueron debidamente entregados, debe atenderse al marco legal aplicable, además de que, de ser cierta la falta de pago, ello por sí solo constituiría una violación a los principios de integridad, ejercicio directo y, en última instancia, la autonomía municipal, lo que denota que la cuestión es propiamente de fondo.

IV. Oportunidad

21. Procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, para lo cual es determinante definir si los actos impugnados son actos positivos u omisiones, ya que, conforme a la tesis P./J. 43/2003,(11) tratándose de omisiones la oportunidad se actualiza día con día. A continuación, se hace un breve relato de los precedentes en que esta Suprema Corte ha distinguido entre actos positivos y omisiones.

22. En la controversia constitucional 5/2004,(12) en la cual el Municipio de Purépero, Estado de Michoacán, impugnó los descuentos de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, notificadas en oficios 1975/2003 y 2125/2003,(13) la Suprema Corte consideró que se trataba de actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria.

23. En la controversia constitucional 20/2005,(14) el Municipio de Acapulco de Juárez demandó la invalidez del oficio SFA/0442/04, de veintisiete de enero de dos mil cinco, suscrito por el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, mediante el cual le negaron una solicitud de regularización de entrega de participaciones federales, así como la omisión de pago de los intereses que se generaron con motivo del retraso de la entrega de las mismas.(15) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.

24. En la controversia constitucional 98/2011,(16) se analizó la oportunidad de una demanda en la cual se impugnaron los descuentos del Fondo de Fomento Municipal que corresponden al Municipio de Santiago de Maravatío, Guanajuato, reflejados en los informes mensuales de entrega de participaciones. El cómputo se realizó a partir de las fechas en que se aplicaron dichos descuentos.(17) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.

25. En la controversia constitucional 37/2012,(18) el Municipio de Santiago Amoltepec, Estado de Oaxaca, reclamó la falta de entrega de las participaciones y aportaciones federales que le corresponden. La sentencia considera que este acto fue impugnado como un acto de retención, pues adujo que al acudir a recibirlos le fueron negados. Dicho acto se impugna no como una omisión, sino más bien como un acto de retención, derivado de la negativa a entregar los recursos por conducto de determinadas personas.(19) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.

26. En la controversia constitucional 67/2014,(20) el Municipio de San Jacinto Amilpas, Estado de Oaxaca, combatió la no entrega de los recursos financieros que legalmente le corresponde recibir al Municipio actor, por conducto del tesorero municipal Manuel César Sánchez Zabaleta desde la primera quincena de enero de dos mil catorce. Se estimó que ley reglamentaria de la materia no señala plazo para la promoción de demanda de controversia contra omisiones, que implican un no hacer por parte de la autoridad, creando una situación permanente que se reitera día a día, permitiendo en cada una de esas actualizaciones la impugnación de dicho no actuar. Así, esta Suprema Corte concluyó que debe considerarse oportuna la presentación de la demanda el doce de junio de dos mil catorce, ya que el Municipio actor reclama de forma absoluta la falta de pago desde el mes de enero del mismo año.(21)

27. En la controversia constitucional 78/2014,(22) el Municipio de Tlaquiltenango, Estado de Morelos, demandó del Poder Ejecutivo Local: 1) la retención o descuento de una parte de las participaciones federales municipales correspondientes al mes de julio de dos mil catorce; 2) la omisión de resarcir económicamente con motivo de la retención o descuento de las participaciones federales del pago de los intereses a partir del mes de julio; 3) la omisión de entregar las constancias de liquidación de participaciones federales al Municipio actor; 4) la omisión de informar detalladamente la forma y términos de cómo se entregaron las participaciones que corresponden a cada Municipio; y, 5) el descuento mensual del mes de julio y los subsecuentes. Respecto de los actos identificados con los numerales 1) y 2), la sentencia estima que se trata de actos y, particularmente relevante, que la omisión de pago de intereses se impugnó con motivo de la retención o descuento.(23)

28. Por otro lado, en relación con los actos 3) y 4) determina que son omisiones, pues el Municipio actor impugna de forma absoluta la falta de entrega de las constancias de liquidación de las participaciones, así como la omisión de informar cómo se han entregado dichas participaciones.(24) Finalmente, por lo que hace al acto 5), debe tenerse en tiempo toda vez que la autoridad demandada contestó que sí se encuentran programados descuentos de participaciones federales que deben aplicarse al Municipio actor.

29. En la controversia constitucional 73/2015,(25) el Municipio de Zitácuaro, Michoacán, demandó al Poder Ejecutivo lo siguiente: 1) la omisión de pago de las participaciones en ingresos federales y estatales para el ejercicio fiscal dos mil quince, correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de dos mil quince; 2) la omisión de pago del Fondo Estatal de los Servicios Públicos Municipales para el ejercicio fiscal de dos mil quince; y, 3) respecto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de dos mil quince, el adeudo que corresponde a los meses de noviembre y diciembre. La sentencia determinó que se trataba de omisiones en virtud de que se impugna la falta absoluta de pago de distintos conceptos.

30. En la controversia constitucional 118/2014,(26) promovida por el Municipio de San Agustín Amatengo, Oaxaca, se analizó la oportunidad de la demanda en contra de: 1) la autorización y entrega de los recursos económicos municipales por concepto de participaciones y aportaciones federales respecto a los Ramos 28 y 33, fondos III y IV, incluyendo ajustes cuatrimestrales y cálculo de diferencias entre las cantidades pagadas en concepto de anticipos a cuenta y las participaciones determinadas provisionalmente por la Federación a José Ramírez, supuesto tesorero municipal de San Agustín Amatengo, Estado de Oaxaca, del uno de enero al veintisiete de junio de dos mil catorce; 2) la retención de recursos federales participables a partir del dos de diciembre de dos mil catorce. En relación con el acto 1) la sentencia consideró que se trataba de una entrega indebida,(27) por lo que le era aplicable el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria. Por lo que hace a los actos precisados en el numeral 2) la sentencia estimó que se trataba de una omisión, consistente en la falta de entrega de recursos municipales.(28)

31. De acuerdo con los anteriores precedentes es posible advertir que la Suprema Corte ha tenido por actos positivos: a) los descuentos; b) los pagos parciales; c) el reclamo de intereses con motivo de descuentos o pagos parciales; y, d) la negativa expresa del Estado de entregar los recursos a personas determinadas. Por otro lado, se consideran omisiones la falta absoluta de entrega de los recursos. Además, en una misma demanda se pueden reclamar actos positivos u omisiones, por lo que el cómputo debe hacerse de manera independiente según el tipo de vencimiento, sea quincenal, mensual, etcétera. Respecto a los actos positivos, el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia dispone que el plazo para la interposición de la demanda será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.(29) Por su parte, la oportunidad para impugnar omisiones se actualiza de momento a momento mientras subsistan.

32. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, tal como se expuso en el apartado anterior, el Municipio actor impugna la omisión de entrega de los recursos provenientes del Fondo General de Participaciones Federales de los meses de agosto y octubre de dos mil dieciséis, por los pretendidos montos de $4'619,109.36 (cuatro millones seiscientos diecinueve mil ciento nueve pesos 36/100 moneda nacional) y $3’775,801.57 (tres millones setecientos setenta y cinco mil ochocientos un pesos 57/100 moneda nacional), respectivamente; del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) de los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, por la pretendida cantidad de $10’635,510.00 (diez millones seiscientos treinta y cinco mil quinientos diez pesos 00/100 moneda nacional); del apoyo económico del programa FORTASEG, por la pretendida cantidad de $4'950,000.00 (cuatro millones novecientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional); del Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (FORTAMUNDF), del mes de septiembre de dos mil dieciséis, así como el pago de los intereses derivados de la entrega extemporánea de tales recursos.

33. Al valorarse como una omisión de entrega, la oportunidad para impugnar omisiones se actualiza de momento a momento y, por ende, a diferencia de lo expuesto por el Poder Ejecutivo en su informe y expresado como causa de improcedencia por extemporaneidad, la demanda se interpuso en tiempo.

34. Este criterio ya fue respaldado por esta Primera Sala, al resolver las controversias constitucionales 162/2016 y 184/2016, el once de abril de dos mil dieciocho, entre otras.

V. Legitimación activa

35. El actor es el Municipio de Coatepec, de Veracruz de Ignacio de La Llave, y en su representación promovieron la demanda de controversia constitucional Ricardo Pedro Palacios Torres y Julio Hernández Ramírez, en su carácter de presidente municipal y síndico del Municipio de Coatepec. No obstante, conviene recordar que en el auto de admisión de la controversia, el Ministro instructor sólo reconoció la personalidad al síndico municipal por ser quien cuenta con la atribución de representar al Municipio actor. Ahora, el síndico municipal acredita ese carácter con la copia de la constancia de mayoría de síndico municipal.(30)

36. En relación con la representación, el artículo 37, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz(31) dispone que los síndicos tendrán las atribuciones para procurar, defender y promover los intereses del Municipio en los litigios en los que fuere parte, comparecer a las diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas y formular alegatos, formular posiciones y, en su caso, rendir informes, promover el juicio de amparo y el juicio de lesividad, y representar legalmente al Ayuntamiento.

37. De acuerdo con las disposiciones anteriores, el síndico único cuenta con la representación del Municipio, por tanto, tiene legitimación procesal para promover la controversia constitucional, cuestión que ha sido reconocida por este Alto Tribunal en la tesis de jurisprudencia, de rubro:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SÍNDICO ÚNICO DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, TIENE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA COMPARECER EN SU REPRESENTACIÓN, SIN REQUERIR FORMALIDAD O ACUERDO ESPECIAL PREVIO.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, el ‘síndico único’ es el encargado de la procuración, defensa y promoción de los intereses municipales y de la representación jurídica de los Ayuntamientos en los litigios en que éstos fueren parte, sin que exista ninguna disposición que ordene formalidad o acuerdo previo del Ayuntamiento para llevar a cabo estas funciones, ya que la materia propia de las sesiones que éste lleva a cabo se refiere específicamente a los asuntos sustantivos propios de la administración del Municipio. Por tanto, el ‘síndico único’, en uso de las atribuciones que la ley le otorga, puede promover y representar legalmente al Municipio en cualquier litigio, como lo es la controversia constitucional, sin que se establezca condición o requisito formal previo para ello."(32)

38. De lo anterior se desprende, que, conforme a la legislación local, el síndico único del Municipio de Coatepec posee la representación jurídica en todos los procesos judiciales, por lo que, como ya se ha establecido, sí procede reconocerle legitimación para interponer el presente juicio. Asimismo, si dicho Municipio es uno de los órganos enunciados por el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, facultado para intervenir en una controversia constitucional, debe concluirse que cuenta con la legitimación activa necesaria para promoverla.

VI. Legitimación pasiva

39. En el au

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28729-4c10afff/i-controversia-constitucional-cuando-se-trate-de-omisiones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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