I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). II. DESTITUCIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. LA INTERPRETACIÓN CONFORME DE LA NORMATIVA QUE LA REGULA PERMITE CONSIDERAR QUE EL VOCABLO "INFRACTOR" NO INCLUYE A LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). III. DESTITUCIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. EL TRIBUNAL RESPECTIVO DEL ESTADO DE MORELOS CARECE DE ATRIBUCIONES PARA ORDENARLA, TODA VEZ QUE ELLO ES FACULTAD DEL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL ACUERDO POR EL QUE SE DESTITUYE DE SU CARGO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMACUZAC DE ESA ENTIDAD).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 9/2018. MUNICIPIO DE AMACUZAC, ESTADO DE MORELOS. 30 DE MAYO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: ADRIANA CARMONA CARMONA
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta de mayo de dos mil dieciocho.
Vistos, para resolver el expediente de la controversia constitucional identificada al rubro; y
RESULTANDO:
PRIMERO.—Demanda. Por escrito recibido el diecinueve de enero de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cynthia Anabell Martínez Román, en su carácter de síndica del Ayuntamiento de Amacuzac, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en representación de dicho Municipio, en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades del Estado de Morelos que a continuación se señalan:
Autoridades demandadas:
1. Congreso del Estado
2. Gobernador Constitucional
3. Secretario de Gobierno
4. Secretario del Trabajo y Productividad
5. Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad"
6. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje
Actos cuya invalidez se demanda:
1. Artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial de la entidad de seis de septiembre de dos mil.
2. La asunción de competencia por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para el efecto de ordenar la revocación de mandato o destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Amacuzac.
3. La sesión de Pleno de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, en la que, por unanimidad de votos, el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos declaró procedente la imposición de la medida de apremio consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, en aplicación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, derivado del juicio laboral 01/553/09.
SEGUNDO.—Antecedentes. Los antecedentes del caso narrados en la demanda son los siguientes:
1. El uno de enero de dos mil dieciséis, se integró el Ayuntamiento de Amacuzac, Estado de Morelos, para el periodo 2016-2018.
2. El ocho de diciembre de dos mil diecisiete, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por conducto del actuario adscrito, notificó al Ayuntamiento actor la sesión de Pleno de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, por medio de la cual se impone al presidente municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, la destitución de su cargo como sanción por contumacia o incumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral 01/553/09, es decir, la revocación de su mandato constitucional.
TERCERO.—Preceptos constitucionales señalados como violados y concepto de invalidez. El Municipio actor señaló como transgredidos en su perjuicio los artículos 1o., 14, 16, 17, 115 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y planteó, en síntesis, el siguiente concepto de invalidez.
El artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establece que las infracciones a ese ordenamiento que no tengan prevista otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios, sanción que será impuesta en su caso, por el mencionado tribunal.
Aduce que la disposición referida lo es únicamente para sancionar a servidores públicos de libre designación, es decir, aquellos que ostentan el carácter de funcionarios, que por su naturaleza son designados mediante el nombramiento correspondiente de un superior jerárquico y para operar una administración pública, mas no para aquellos que son electos por el mandato del pueblo a través del voto o sufragio, como lo es el presidente de Amacuzac, Morelos.
Señala que existe un procedimiento especial para sancionar y separar del cargo a los integrantes de un Cabildo, por lo que resulta que dicha norma transgrede el artículo 115 de la Constitución Federal, aunado a que sólo establece el concepto de "infractor", sin distinguir entre los cargos de elección popular, como ocurre con los miembros de los Ayuntamientos, y los que derivan de un nombramiento expedido por un superior jerárquico.
Al respecto, la disposición constitucional referida otorga de manera única y exclusiva a las Legislaturas Locales la facultad y competencia de suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan, es decir la Constitución Federal prevé un procedimiento especial que se debe llevar a cabo por las Legislaturas Locales para poder destituir, suspender o revocar el mandato de un presidente municipal.
Así, el artículo 41 de la Constitución del Estado de Morelos, en congruencia con la Ley Fundamental, establece el procedimiento que debe llevar a cabo la Legislatura de la entidad para suspender o revocar a alguno de los miembros de los Ayuntamientos, no así otro órgano, entidad u organismo; concretamente, señala que el Congreso del Estado, por acuerdo de al menos dos terceras partes de sus integrantes, podrá declarar, a petición del gobernador o de cuando menos el cincuenta por ciento más uno de los diputados, la desaparición de un Ayuntamiento, la revocación del mandato de alguno de sus miembros, la suspensión de la totalidad de sus integrantes o la suspensión de alguno de ellos, para lo que se concede previamente a los afectados oportunidad suficiente para rendir pruebas y alegar lo que a su derecho convenga.
Por su parte, los artículos 183 y 184 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos establecen el procedimiento que debe seguirse para declarar que un Ayuntamiento ha desaparecido o para suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros, en ese sentido, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje carece de competencia para determinar la destitución de algún integrante de un Ayuntamiento.
Lo anterior, ya que el vínculo entre ellos no se refiere a una relación de supra a subordinación del tipo o género que conoce el tribunal referido, sino que se trata de una relación entre diferentes autoridades o poderes, por lo que el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad, y su aplicación en el caso, transgreden la Norma Suprema pues supone una invasión a las atribuciones que constitucionalmente corresponden al Congreso de la entidad y, por tanto, se transgreden en perjuicio del Municipio actor los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal.
CUARTO.—Admisión a trámite de la controversia constitucional. Por acuerdo de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la controversia constitucional bajo el expediente 9/2018, asimismo, ordenó su turno al Ministro José Fernando Franco González Salas, por conexidad.
En proveído de veintitrés de enero siguiente, el Ministro instructor, por una parte, desechó la demanda en relación con la impugnación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, en relación con el 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que resultó extemporánea, al no haberse impugnado con motivo del primer acto de aplicación, sino uno ulterior.
Por otra parte, admitió a trámite la controversia constitucional respecto del acuerdo dictado el diecisiete de abril de dos mil diecisiete por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación, dentro del juicio laboral 01/553/09, por lo que se tuvo como demandado en la controversia constitucional; asimismo, se ordenó dar vista a la Procuraduría General de la República.
QUINTO.—Contestación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. El presidente del tribunal contestó la demanda en los siguientes términos:
I. Causas de improcedencia.
1. La determinación de destitución del presidente municipal de Amacuzac, Estado de Morelos, que se combate, constituye una resolución de carácter jurisdiccional en términos de los artículos 41, 42 y 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la entidad, por lo que en su contra es improcedente la controversia constitucional de conformidad con la tesis número 2a. CVII/2009, intitulada: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES JURISDICIONALES CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA RELATIVA."
2. La aplicación de la sanción que prevé el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, se hizo válida a partir de la entrada en vigor de la reforma realizada a la Ley Orgánica Municipal, en específico la fracción XXXIX de su artículo 41, publicada en el Periódico Oficial de la entidad de veintitrés de enero de dos mil catorce, que establece la obligación del presidente municipal de cumplir y hacer cumplir los laudos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, razón suficiente para considerar que se actualiza el supuesto explicado en la tesis jurisprudencial (sic) «P. XV/2009», que lleva por rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA PROMOVERLA CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES A PARTIR DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO EN UNA DIVERSA DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA ÚLTIMA."
II. Contestación a los conceptos de invalidez.
No tiene razón el Municipio actor, ya que el artículo 41, fracción XXXIX, de la ley orgánica municipal de la entidad establece la obligación a cargo de los presidentes municipales de dar cumplimiento a los laudos emitidos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
En ese sentido, señala que si en términos del numeral 123 de la Ley del Servicio Civil, las resoluciones dictadas por dicho tribunal son inapelables y se cumplirán por la autoridad correspondiente, entonces procede aplicar la sanción prevista en la fracción II del diverso numeral 124 de la citada ley, al funcionario que no cumpla lo ordenado en un laudo, como ocurrió en el caso, ya que el presidente municipal de Amacuzac, Morelos, desatendió el laudo dictado en el expediente 01/553/09.
Precisa que al Congreso del Estado de Morelos compete sancionar actos u omisiones que pudieran derivar en responsabilidad política o administrativa de los servidores públicos por el ejercicio indebido de sus funciones, mientras que la sanción prevista en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos es una consecuencia directa por desobedecer una resolución dictada por una autoridad jurisdiccional laboral, cuya finalidad es asegurar su debido cumplimiento.
No obstante, continúa, el incumplimiento a los laudos de la autoridad jurisdiccional laboral también constituye una conducta que da lugar a la responsabilidad administrativa o política de los presidentes municipales, ya que la obligación de acatarlos está contemplada en la fracción XXXIX del numeral 41 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, por lo que no pueden desconocerse la atribuciones que corresponden al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para hacer cumplir sus resoluciones, como lo es aplicar la sanción consistente en la destitución del servidor público infractor, ya que tampoco puede afirmarse que los procedimientos administrativos o políticos sean la vía idónea para hacer efectivas las medidas de apremio, como la contenida en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad, de suerte que el citado tribunal puede imponer las sanciones procedentes para hacer efectivas sus resoluciones sin necesidad de seguir los procedimientos administrativos o políticos referidos.
Además, la medida tomada en el caso, a saber, la destitución del presidente municipal de Amacuzac, Morelos, no ataca ni afecta su integración, ya que el artículo 172 de la ley orgánica municipal establece el procedimiento a seguir para la designación de un nuevo presidente municipal.
SEXTO.—Opinión del procurador general de la República. Este funcionario no formuló opinión en el presente asunto.
SÉPTIMO.—Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el diez de abril de dos mil dieciocho se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del artículo 34 de la propia ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, ofrecidas y aportadas durante la instrucción del juicio, y se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente medio de control constitucional, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso i),(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o.,(2 )de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal; 10, fracción I,(3) y 11, fracción V,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 37, párrafo primero,(5) del Reglamento Interior de este Alto Tribunal y los puntos segundo, fracción I, párrafo primero,(6) y tercero,(7) del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos y el Municipio de Amacuzac, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno debido a que el estudio de fondo versa únicamente sobre actos y no sobre normas de carácter general.
SEGUNDO.—Oportunidad. Procede examinar si la demanda de controversia constitucional se presentó dentro del plazo legal, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente.
En el caso, el Municipio actor reclama la resolución del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos dictada el diecisiete de abril de dos mil diecisiete, dentro del expediente 01/553/09, mediante la cual se ordena la destitución del cargo del presidente del Municipio de Amacuzac; por lo que debe aplicarse el plazo previsto en el artículo 21, fracción I,(8) de la ley reglamentaria de la materia, esto es, de treinta días, contados a partir del día siguiente al en que, conforme a la ley del propio acto, surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor.
Dicha resolución fue notificada al Municipio actor el viernes ocho de diciembre de dos mil diecisiete(9) y surtió efectos ese mismo día, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 747, fracción I,(10) de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, según lo previsto en el artículo 11,(11) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
Por lo que el plazo para presentar la demanda transcurrió del lunes once de diciembre de dos mil diecisiete al martes seis de febrero de dos mil dieciocho; descontando los días nueve, diez y del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, así como uno, seis, siete, trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de enero, tres, cuatro y cinco de febrero de dos mil dieciocho, por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 2o.(12) y 3o.(13) de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el 163(14) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el punto primero,(15) incisos a), b), c), d), y e) (sic), del Acuerdo General Plenario Número 18/2013, de diecinueve de noviembre de dos mil trece, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia y de descanso para su personal.
Por tanto, si la demanda se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el viernes diecinueve de enero de dos mil dieciocho,(16) se concluye que fue promovida oportunamente.
TERCERO.—Legitimación activa. El Municipio de Amacuzac, Estado de Morelos, compareció al presente juicio por conducto de Cynthia Anabell Martínez Román, en su carácter de síndica del Ayuntamiento, lo que acreditó con la copia certificada de constancia de mayoría expedida por el Concejo Municipal Electoral el diez de junio de dos mil quince,(17) en la que consta su carácter de síndica suplente, así como copia certificada del acta de Cabildo donde se le tomó protesta como síndica propietaria con motivo de la destitución de la propietaria Susana Fuentes Rodríguez.
Ahora bien, el Municipio actor es uno de los órganos enunciados por el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, legitimado para promover controversia constitucional contra el Estado al que pertenece respecto de la constitucionalidad de sus disposiciones generales y actos, como en el caso, el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y su aplicación.
De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(18) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
Pues bien, de acuerdo con el artículo 45, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos,(19) corresponde a los síndicos la representación jurídica del Municipio.
En consecuencia, se reconoce legitimación a quien compareció en representación del Municipio de Amacuzac, Estado de Morelos, lo que se refuerza con el criterio contenido en la tesis 2a. XXVIII/2012 (10a.),(20) que señala:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS SÍNDICOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA. El artículo 38, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que faculta a los Ayuntamientos para promover controversias constitucionales, debe interpretarse en concordancia con el diverso 45, fracción II, del propio ordenamiento, que otorga a los síndicos la atribución de procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales y representar jurídicamente a los Ayuntamientos en las controversias administrativas y jurisdiccionales en que éstos sean parte. De esta forma, el Ayuntamiento ejerce su facultad para promover controversias constitucionales por conducto del síndico, a quien la ley confiere la representación jurídica de dicho órgano de gobierno, así como la procuración y defensa de los derechos e intereses municipales, sin que, para ello, sea necesario emitir un acuerdo de Cabildo en el que se le otorgue tal atribución, al ser la propia ley la que lo faculta para hacerlo."
CUARTO.—Legitimación pasiva. Acto seguido se procederá al análisis de la legitimación de la autoridad demandada, atendiendo a que ésta es una condición necesaria para la procedencia de la acción, consistente en que dicha parte sea la obligada por la ley a satisfacer la exigencia que se demanda, en caso de resultar fundada.
El artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia prevé:
"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
"...
"II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia."
Juan Manuel Díaz Popoca suscribe la contestación de la demanda, en representación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos, lo que acredita con la copia certificada del nombramiento expedido a su favor por el gobernador del Estado el uno de septiembre de dos mil quince.(21)
Al respecto, el artículo 12, fracción XIII, del reglamento interior del referido tribunal, establece:
"Artículo 12. El presidente tendrá las facultades y obligaciones siguientes:
"...
"XIII. Tener la representación legal del tribunal ante todo tipo de autoridades y en eventos oficiales así como para su funcionamiento administrativo y financiero."
De lo transcrito, se desprende que el presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos tiene la facultad de representarlo ante todo tipo de autoridades; por lo que, al acreditar el cargo con que se ostenta y estar facultado en términos de las normas que lo rigen, debe tenérsele por legitimado para comparecer a esta controversia, en representación de dicha autoridad demandada. Asimismo, cuenta con legitimación pasiva para comparecer a juicio al atribuírsele la emisión del acto impugnado.
QUINTO.—Causales de improcedencia. La autoridad demandada señala que la determinación que en esta vía se combate, fue dictada en ejercicio de la autonomía jurisdiccional del Tribunal Estatal, por lo que se actualiza lo dispuesto en la tesis 2a. CVII/2009, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA RELATIVA".(22)
Es infundado lo anterior, en virtud de que el Tribunal Pleno ha precisado que no se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el criterio anterior en los casos en que aun cuando se impugne una resolución jurisdiccional, la cuestión que se plantea atañe a la presunta invasión de la esfera competencial de un órgano originario del Estado, a fin de preservar su ámbito de facultades; como puede advertirse de la tesis P./J. 16/2008, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO."(23)
Así, si en el caso, el actor esencialmente alega que la destitución del cargo de presidente municipal supone una invasión a las atribuciones que constitucionalmente corresponden al Congreso de la entidad y, por tanto, una infracción también en perjuicio del Municipio actor; aunado a que, en todo caso, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos carece de competencia para decretar la destitución de un miembro del Ayuntamiento, es inconcuso que se actualiza el supuesto de excepción de procedencia de controversia constitucional contra una resolución jurisdiccional, en tanto que la cuestión a examinar no se refiere a la legalidad de las consideraciones de la resolución del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje demandado, sino cuestiones que atañen al ámbito competencial de los Poderes Locales y la posible afectación a la integración del Ayuntamiento.
Por otra parte, el tribunal refiere que la aplicación de la sanción prevista en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, se hizo válida a partir de la entrada en vigor de la reforma realizada a la Ley Orgánica Municipal, en específico, la fracción XXXIX de su artículo 41, publicada en el Periódico Oficial de la entidad de veintitrés de enero de dos mil catorce, que establece la obligación del presidente municipal de cumplir y hacer cumplir, en tiempo y forma, los laudos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; razón suficiente para considerar que se actualiza la tesis P. XV/2009, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA PROMOVERLA CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES A PARTIR DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO EN UNA DIVERSA DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA ÚLTIMA."
Se desestima el anterior argumento, en virtud de que, en el caso, no se está en el supuesto referente a la impugnación de una norma general con motivo de un acto de aplicación consistente en una disposición de observancia general.
Lo anterior es así, porque si bien en la demanda se impugnó el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, lo cierto es que, como se dijo, en proveído de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, el Ministro instructor la desechó en relación con dicha impugnación, al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, en relación con el 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que resultó extemporánea, al no haberse impugnado con motivo del primer acto de aplicación, sino uno ulterior.
Esa determinación no fue recurrida por el Municipio actor, por lo que causó estado y, consecuentemente, la materia de impugnación en esta controversia constitucional únicamente la constituye la resolución del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos, mediante la cual se ordena la destitución del cargo de su presidente.
SEXTO.—Estudio de fondo. El Municipio actor aduce, esencialmente, que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos carece de competencia para determinar la destitución del presidente municipal.
Es fundado tal argumento, suplido en su deficiencia, en términos del artículo 40(24) de la ley reglamentaria de la materia.
A efecto de corroborar lo anterior, conviene tener presente lo dispuesto en el artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal:
"Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
"I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.
"Las Constituciones de los Estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un periodo adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los Ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.
"Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic) alegatos que a su juicio convengan.
"Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley.
"En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las Legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los concejos municipales que concluirán los periodos respectivos; estos concejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores."
En lo que interesa, de la anterior transcripción se destaca lo siguiente:
a) Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, el que se integra por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine.
b) Las Legislaturas de los Estados están facultadas para suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros, siempre y cuando la decisión se tome por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, se actualice alguna de las causas graves establecidas en la ley local y se conceda oportunidad suficiente para rendir pruebas y formular los alegatos a los miembros de los Ayuntamientos.
Esta disposición constitucional ha sido estudiada en diversos precedentes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de los cuales podemos mencionar la controversia constitucional 27/2000, en la que se determinó, en lo que interesa, lo siguiente:
a) El órgano revisor de la Constitución pretendió, a través de la enmienda de mil novecientos ochenta y tres, fortalecer el ámbito competencial del Municipio, recogiendo un viejo anhelo del constitucionalismo mexicano, consignando facultades propias de los Municipios y la elección libre, popular y directa de sus gobernantes, y sólo a través de la existencia de causas graves, que las leyes estatales hayan determinado, cuando así fuere necesario, se podrá revocar o suspender a alguno de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28844-0fc7fc11/i-controversia-constitucional-es-improcedente-contra-un-segundo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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