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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS RELATIVOS AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) POR EL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS AL MUNICIPIO DE TANTOYUCA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE ENTREGA DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO ES IMPUGNABLE MIENTRAS SUBSISTA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TANTOYUCA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, AL SER AJENO A LAS OMISIONES IMPUGNADAS (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TANTOYUCA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). V. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VI. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TANTOYUCA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO SI LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NO ACREDITA EN AUTOS QUE REALIZÓ LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES ADEUDADAS POR AQUEL CONCEPTO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TANTOYUCA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VIII. OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS AL MUNICIPIO DE TANTOYUCA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. IX. OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN B-2016 (FORTAFIN-B-2016) AL MUNICIPIO DE TANTOYUCA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. X. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA SI EL PODER EJECUTIVO LOCAL NO LA REALIZÓ AL AYUNTAMIENTO DENTRO DE LA FECHA LÍMITE DE PAGO PREVISTA EN EL CALENDARIO RESPECTIVO [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN B-2016 (FORTAFIN-B-2016) AL MUNICIPIO DE TANTOYUCA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. XI. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. CONSECUENCIAS DE LA OMISIÓN EN SU PAGO O ENTERO EXTEMPORÁNEO SOBRE LA HACIENDA MUNICIPAL (OMISIÓN O ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TANTOYUCA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE DECLARA LA OMISIÓN DE PAGO O ENTERO EXTEMPORÁNEO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TANTOYUCA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN DE PAGO Y DEL ENTERO EXTEMPORÁNEO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ENTREGUE LAS CANTIDADES ADEUDADAS Y LOS INTERESES QUE SE HAYAN GENERADO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TANTOYUCA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 136/2016. · Registro digital (IUS): 28845
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-07-05
Promovente: MUNICIPIO DE TANTOYUCA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 68, Julio de 2019, Tomo I, Pág. 720.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 136/2016. MUNICIPIO DE TANTOYUCA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: ROBERTO NIEMBRO ORTEGA.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(1) por Francisco Javier Sánchez Meraz, ostentándose como síndico del Municipio de Tantoyuca, Veracruz, se promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave.

En su demanda el Municipio actor argumenta, en esencia, que es contrario a derecho la omisión de las autoridades demandadas de cumplir con sus obligaciones constitucionales de entregar el importe económico de las participaciones federales por el concepto de Ramo General 23, en lo particular al Fondo de Fortalecimiento Financiero para la Inversión, B-2016 (FORTAFIN-B-2016), autorizado para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis y los recursos correspondientes al concepto del Ramo 33, en específico a lo referente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.F., FISMDF correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, sin fundamento legal alguno.

Por lo anterior, el Municipio considera que las conductas omisas en que incurrió el poder demandado transgreden el orden constitucional en su agravio, ante lo dispuesto en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, en la que se establecen los principios constitucionales de libre administración de la hacienda municipal, de ejercicio directo de los recursos que integran la hacienda pública municipal, de integridad de los recursos municipales, de reserva de fuentes de ingresos municipales y el derecho de los Municipios de percibir las contribuciones; en razón que se dejó de percibir en forma puntual y efectiva los importe económicos de las aportaciones derivadas de los fondos citados, lo que le impidió disponer de los recursos y de igual modo, ante la extemporaneidad del pago reclamado, se generaron intereses hasta ese momento.

SEGUNDO.—Trámite y admisión de la demanda. Por auto de siete de noviembre de dos mil dieciséis, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el presente asunto bajo el expediente 136/2016, así como enviarlo al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como instructor del procedimiento, según el turno correspondiente.(2)

En consecuencia, el Ministro instructor, por acuerdo de catorce de noviembre siguiente,(3) admitió la demanda, tuvo por señalado domicilio para oír y recibir notificación y la designación de delegados; y admitió las pruebas aportadas por el Municipio actor.

Asimismo, consideró como demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Veracruz de Ignacio de la Llave;(4) sin embargo, no tuvieron ese carácter el secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno, el director general de Contabilidad Gubernamental, el director de Cuenta Pública, ni a la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso, todos de la referida entidad federativa, en virtud de que se trataba de dependencias subordinadas a dichos poderes respectivamente, por lo que debían comparecer por conducto de su representante legal y, en su caso, dictara las medidas necesarias para dar cumplimiento a la resolución que se emitiera en el asunto. Siguiendo las mismas consideraciones, se tuvo como tercero interesado al Poder Ejecutivo Federal, no teniendo ese carácter la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en tanto que se trata de una dependencia subordinada a dicho poder.

Consecuentemente, emplazó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo locales con copia simple de la demanda y sus anexos para que, por conducto de la persona que lo representara, manifestara lo que a su interés legal conviniera. Asimismo, requirió a la Procuraduría General de la República para que hasta antes de la celebración de la audiencia de ley manifestara lo que a su representación conviniera.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. En su escrito de demanda, el síndico municipal sostuvo los siguientes razonamientos de invasión de competencia:

a) Las retenciones indebidas de los fondos federales por parte de las autoridades demandadas que corresponden al Municipio por los conceptos de los Ramos Generales 23 y 33. En lo particular, los fondos FORTAFIN-B-2016, autorizado para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis y FISMDF correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis.

b) Las órdenes emitidas para llevar a cabo descuentos y retenciones indebidos de las participaciones y aportaciones federales que corresponden al Municipio por los conceptos de los Ramos Generales 23 y 33. En lo particular, los fondos FORTAFIN-B-2016, autorizado para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis y FISMDF correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis.

c) La omisión de las autoridades demandadas en el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución General y el artículo 6o, segundo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, en tanto que han sido omisas en entregar las participaciones federales por el concepto del Ramo General 23. En lo particular, los fondos FORTAFIN-B-2016, autorizado para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis y FISMDF correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis.

CUARTO.—Manifestaciones del Poder Ejecutivo Federal. El Poder Ejecutivo Federal, a través del consejero jurídico del Ejecutivo Federal, desahogo la vista a su cargo como tercero interesado y manifestó lo siguiente:

a. El demandante sufrió una afectación por la indebida retención y/o falta de entrega de recursos federales por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y sus unidades administrativas en lo que respecta al FISDMF y el FORTAFIN-B-2016. Por tanto, opina que la litis a resolver se refiere únicamente a la determinación de si el Ejecutivo Estatal omitió transferir las participaciones y aportaciones federales al Municipio y que dicho problema de derecho es ajeno a los actos del Ejecutivo Federal en tanto que entregó los recursos de dichos conceptos al Estado de Veracruz, como lo manifestó en su demanda el Municipio.

b. Respecto del FISDMF, el Poder Ejecutivo Federal cumplió con sus obligaciones derivadas de los artículos 25, 33, 35 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal consistentes en realizar los cálculos de las formulas previstas en la Ley de Coordinación Fiscal; distribuir el FISMDF a las entidades federativas y publicar la información en el Diario Oficial de la Federación.

c. En lo referente a los recursos correspondientes al Municipio del FORTAFIN-B-2016, el Poder Ejecutivo declara que no es responsable de transferir directamente los recursos federales a los Municipios y que cumplió con su obligación al realizar la entrega de los fondos al Estado de Veracruz.

QUINTO.—Contestación del Poder Legislativo del Estado. El Poder Legislativo de Veracruz, a través de la presidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, presentó el escrito de mérito, el doce de enero de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local señaló:

a) Los hechos narrados por el Municipio actor no le son propios, por lo que ni los afirma ni los niega.

b) La controversia constitucional resulta improcedente respecto de la Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado de Veracruz, en tanto que, dentro de la estructura orgánica del Congreso local, no existe dicho órgano.

c) La controversia constitucional es improcedente respecto del Congreso del Estado de Veracruz toda vez que, de la lectura integral de la demanda se desprende que no se impugna ningún acto atribuible al Congreso Local.

SEXTO.—Contestación del Poder Ejecutivo del Estado. El Poder Ejecutivo de Veracruz, a través del gobernador del Estado, presentó su contestación el veintisiete de enero de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.(5) El titular del Ejecutivo Local señaló, en síntesis, lo siguiente:

a) Son parcialmente ciertos los hechos consistentes en la emisión y publicación del decreto de presupuesto de egresos mencionado.

b) El resto de los hechos narrados por el Municipio no le son propios a la administración pública estatal que inició a partir del primero de diciembre de dos mil dieciséis, por lo que ni se afirman ni se niegan.

c) La controversia constitucional resultaba improcedente, porque los actos cuya invalidez demandó consistentes en la retención del importe económico de las participaciones federales por el concepto de Ramo General 23, en lo particular al FORTAFIN-B-2016, autorizado para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis y los recursos correspondientes al concepto del Ramo 33, en específico a lo referente al FISMDF correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, fueron impugnados fuera del plazo de treinta días que dispone el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II, del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

d) Tomando en consideración que el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal dispone que la Federación entregará las participaciones a los Municipios por conducto de los Estados y éstos a los Municipios dentro del plazo de cinco días; por ende, una vez que el Estado recibió los recursos, el Municipio debió ejercer las acciones procedentes para exigir su derecho, a partir del día siguiente en que feneció el plazo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal.

e) El síndico municipal expresó en la demanda su pleno conocimiento sobre la calendarización para la entrega de recursos federales, por lo que estaba al tanto de los actos y debió hacer valer los medios de defensa relativos en forma oportuna, pues como se desprende de las publicaciones de la Gaceta Oficial del Estado en las que se dio a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como montos estimados que recibirá cada Municipio del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal para los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016, contenidos en los números extraordinarios 064 de trece de febrero de dos mil catorce, 064 de trece de febrero de dos mil quince y 062 de doce de febrero de dos mil dieciséis.

f) El Municipio actor conocía de antemano las fechas en las que debió recibir los recursos federales que ahora reclama, por lo que el cómputo para inconformarse inició y concluyó sin que el interesado hubiera hecho valer su reclamo.

g) Se solicita el estudio oficioso de las causales de improcedencia que pudieran actualizarse como lo dispone el criterio P./J. 31/96, "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. ORDEN PÚBLICO. TIENEN ESA NATURALEZA LAS DISPOSICIONES QUE PREVEN LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO INSTITUIDO EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL."

h) Los conceptos de invalidez planteados por el Municipio de Tantoyuca son inatendibles, ante la improcedencia de su análisis.

SÉPTIMO.—Opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República no formuló pedimento o alegato alguno, según se desprende de las constancias del expediente.

OCTAVO.—Audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos. Luego de haberse presentado los alegatos por escrito, una vez agotado en sus términos el trámite respectivo, el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete,(6) se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal y se puso el expediente en estado de resolución.

NOVENO.—Radicación. Mediante escrito de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho,(7) el Ministro instructor solicitó la radicación de la controversia constitucional en el índice de la Primera Sala, lo cual dictó de conformidad el presidente de este Alto Tribunal en acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho.(8)

Finalmente, en proveído de veinticuatro de mayo siguiente, la presidenta de esta Primera Sala acordó el avocamiento para resolver el asunto en dicha sede.(9)

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso l), de la Constitución General; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de Tantoyuca y los Poderes Ejecutivo y Legislativo, todos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el que es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO.—Precisión de la litis. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II, del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(10) se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia y a la apreciación de pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados.

En su escrito inicial de demanda el Municipio actor señaló como actos impugnados:

• Las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que se hayan emitido para la realización de la retención de las participaciones y aportaciones federales que le corresponden al Municipio de Tantoyuca, Veracruz, por el concepto de Ramo General 23 y Ramo 33, en lo particular las participaciones y aportaciones correspondientes al FORTAFIN-B-2016, aprobado para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis y FISMDF en lo referente a los pagos de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, por un monto total de $156'724,216.00.

• La orden para llevar a cabo los descuentos y retención de las participaciones y aportaciones correspondientes al Municipio de Tantoyuca, Veracruz, por el concepto de Ramo General 23 y Ramo 33, en lo particular las participaciones y aportaciones correspondientes al FORTAFIN-B-2016, aprobado para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis y FISMDF en lo referente a los pagos de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, por un monto total de $156'724,216.00.

• La omisión de las autoridades demandadas en la entrega de las participaciones federales, por el concepto de Ramo General 23, así como los recursos correspondientes al Ramo 33, en lo particular a los recursos correspondientes al FORTAFIN-B-2016, aprobado para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis y FISMDF en lo referente a los pagos de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, por un monto total de $156'724,216.00.

Lo anterior, como se detalla a continuación:

Ver cuadro

De la lectura integral de la demanda, esta Primera Sala se percata que el Municipio actor pretende el pago de los recursos correspondientes al FORTAFIN-B-2016 aprobado para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis y FISMDF en lo referente a los montos de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis. Del análisis del expediente se desprende que no existe prueba de retención o descuento llevado a cabo por las autoridades demandadas. Por tanto, esta Primera Sala concluye que lo efectivamente impugnado por el Municipio es la omisión total del pago de los recursos relacionados.

Sin embargo, la obligación de enterar los montos correspondientes al mes de octubre del FISMDF era inexistente, porque de acuerdo al calendario de pagos, aquella se materializaba el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y esta fecha coincide con la de la presentación de la demanda; en consecuencia, la obligación no era exigible al momento de la presentación de la demanda. Por tanto, en relación con el mes de octubre debe sobreseerse con fundamento en el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II, del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(11)

Para mayor claridad, se reproduce el calendario de pagos publicado en el acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal, entre los Municipios del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2016:(12)

Ver calendario de pagos

Similares consideraciones se esgrimieron en la controversia constitucional 230/2016 y 166/2016, resueltas por esta Primera Sala el seis y el veinte de junio de dos mil dieciocho respectivamente.

TERCERO.—Oportunidad. Procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, para lo cual es determinante definir si los actos impugnados son actos positivos u omisiones, ya que conforme a la tesis P./J. 43/2003,(13) tratándose de omisiones la oportunidad se actualiza día con día. A continuación se hace un breve relato de los precedentes en que esta Suprema Corte ha distinguido entre actos positivos y omisiones.

En la controversia constitucional 5/2004(14) en la cual el Municipio de Purépero, Estado de Michoacán, impugnó los descuentos de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, notificadas en oficios 1975/2003 y 2125/2003,(15) la Suprema Corte consideró que se trataba de actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.

En la controversia constitucional 20/2005,(16) el Municipio de Acapulco de Juárez demandó la invalidez del Oficio SFA/0442/04, de veintisiete de enero de dos mil cinco, suscrito por el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero mediante el cual le negaron una solicitud de regularización de entrega de participaciones federales, así como la omisión de pago de los intereses que se generaron con motivo del retraso de la entrega de las mismas.(17) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.

En la controversia constitucional 98/2011,(18) se analizó la oportunidad de una demanda en la cual se impugnaron los descuentos del Fondo de Fomento Municipal que corresponden al Municipio de Santiago de Maravatío, Guanajuato, reflejados en los informes mensuales de entrega de participaciones. El cómputo se realizó a partir de las fechas en que se aplicaron dichos descuentos.(19) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.

En la controversia constitucional 37/2012,(20) el Municipio de Santiago Amoltepec, Estado de Oaxaca, reclamó la falta de entrega de las participaciones y aportaciones federales que le corresponden. La sentencia considera que este acto fue impugnado como un acto de retención, pues adujo que al acudir a recibirlos le fueron negados. Dicho acto se impugna no como una omisión, sino más bien como un acto de retención, derivado de la negativa a entregar los recursos por conducto de determinadas personas.(21) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.

En la controversia constitucional 67/2014,(22) el Municipio de San Jacinto Amilpas, Estado de Oaxaca, combatió la no entrega de los recursos financieros que legalmente le corresponde recibir al Municipio actor por conducto del tesorero municipal, Manuel César Sánchez Zabaleta, desde la primera quincena de enero de dos mil catorce. Se estimó que ley reglamentaria de la materia no señala plazo para la promoción de demanda de controversia contra omisiones, que implican un no hacer por parte de la autoridad, creando una situación permanente que se reitera día a día, permitiendo en cada una de esas actualizaciones la impugnación de dicho no actuar. Así, esta Suprema Corte concluyó que debe considerarse oportuna la presentación de la demanda el doce de junio de dos mil catorce, ya que el Municipio actor reclama de forma absoluta la falta de pago desde el mes de enero del mismo año.(23)

En la controversia constitucional 78/2014,(24) el Municipio de Tlaquiltenango, Estado de Morelos, demandó del Poder Ejecutivo Local 1) la retención o descuento de una parte de las participaciones federales municipales correspondientes al mes de julio de dos mil catorce; 2) la omisión de resarcir económicamente con motivo de la retención o descuento de las participaciones federales del pago de los intereses a partir del mes de julio; 3) la omisión de entregar las constancias de liquidación de participaciones federales al Municipio actor; 4) la omisión de informar detalladamente la forma y términos de cómo se entregaron las participaciones que corresponden a cada Municipio; 5) el descuento mensual del mes de julio y los subsecuentes. Respecto de los actos identificados con los numerales 1) y 2), la sentencia estima que se trata de actos y, particularmente relevante, que la omisión de pago de intereses se impugnó con motivo de la retención o descuento.(25)

Por otro lado, en relación con los actos 3) y 4) determina que son omisiones, pues el Municipio actor impugna de forma absoluta la falta de entrega de las constancias de liquidación de las participaciones, así como la omisión de informar cómo se han entregado dichas participaciones.(26) Finalmente por lo que hace al acto 5) debe tenerse en tiempo toda vez que la autoridad demandada contestó que sí se encuentran programados descuentos de participaciones federales que deben aplicarse al Municipio actor.

En la controversia constitucional 73/2015,(27) el Municipio de Zitácuaro, Michoacán, demandó al Poder Ejecutivo lo siguiente: 1) la omisión de pago de las participaciones en ingresos federales y estatales para el ejercicio fiscal dos mil quince, correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de dos mil quince; 2) la omisión de pago del Fondo Estatal de los Servicios Públicos Municipales para el ejercicio fiscal de dos mil quince; y, 3) respecto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de dos mil quince el adeudo que corresponde a los meses de noviembre y diciembre. La sentencia determinó que se trataba de omisiones en virtud de que se impugnó la falta absoluta de pago de distintos conceptos.

En la controversia constitucional 118/2014,(28) promovida por el Municipio de San Agustín Amatengo, Oaxaca, se analizó la oportunidad de la demanda en contra de: 1) la autorización y entrega de los recursos económicos municipales por concepto de participaciones y aportaciones federales respecto a los Ramos 28 y 33, fondos III y IV, incluyendo ajustes cuatrimestrales y cálculo de diferencias entre las cantidades pagadas en concepto de anticipos a cuenta y las participaciones determinadas provisionalmente por la Federación a José Ramírez, supuesto Tesorero Municipal de San Agustín Amatengo, Estado de Oaxaca, del uno de enero al veintisiete de junio de dos mil catorce; 2) la retención de recursos federales participables a partir del dos de diciembre de dos mil catorce. En relación con el acto 1) la sentencia consideró que se trataba de una entrega indebida,(29) por lo que le era aplicable el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria. Por lo que hace a los actos precisados en el numeral 2) la sentencia estimó que se trataba de una omisión, consistente en la falta de entrega de recursos municipales.(30)

De acuerdo con los anteriores precedentes es posible advertir que la Suprema Corte ha tenido por actos positivos: a) los descuentos, b) los pagos parciales, c) el reclamo de intereses con motivo de descuentos o pagos parciales, y d) la negativa expresa del Estado de entregar los recursos a personas determinadas. Por otro lado, se consideran omisiones la falta absoluta de entrega de los recursos. Además, en una misma demanda se pueden reclamar actos positivos u omisiones, por lo que el cómputo debe hacerse de manera independiente según el tipo de vencimiento, sea quincenal, mensual, etcétera.

Respecto a los actos positivos el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia dispone que el plazo para la promoción de la demanda será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.(31) Por su parte, la oportunidad para impugnar omisiones se actualiza de momento a momento mientras subsistan.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, tal como se expuso en el apartado anterior, el Municipio actor reclama la omisión total de la entrega de los recursos provenientes del FISMDF correspondiente a los meses de agosto y septiembre de dos mil dieciséis y del FORTAFIN-B-2016, aprobado para el ejercicio fiscal del dos mil dieciséis. Al valorarse como una omisión total de entrega, la oportunidad para impugnar omisiones se actualiza de momento a momento y, por ende, a diferencia de lo expuesto por el titular del Poder Ejecutivo en su contestación de demanda, la controversia se promovió en tiempo.

CUARTO.—Legitimación activa. El actor es el Municipio de Tantoyuca, Veracruz Ignacio de la Llave, y en su representación promueve la demanda Francisco Javier Sánchez Meraz quien se ostenta con el carácter de síndico municipal. Dicho carácter se acreditó con la copia de la constancia de mayoría de nueve de julio de dos mil trece,(32) así como con la relación de ediles que integran los Ayuntamientos del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial del Estado, el tres de enero de dos mil catorce,(33) y el acta de sesión ordinaria de Cabildo de tres de enero de dos mil catorce,(34) en virtud de la cual se ratificó al síndico municipal como representante legal del Ayuntamiento del Municipio de Tantoyuca.

En relación con la representación, el artículo 37, fracción I y II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, del Estado de Veracruz(35) dispone que los síndicos tendrán las atribuciones para procurar, defender y promover los intereses del Municipio en los litigios en los que fuere parte, comparecer a las diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas y formular alegatos, formular posiciones y, en su caso, rendir informes, promover el juicio de amparo y el juicio de lesividad, y representar legalmente al Ayuntamiento.

De acuerdo con las disposiciones anteriores, el síndico único cuenta con la representación del Municipio y, por tanto, tiene legitimación procesal para promover la controversia constitucional, cuestión que ha sido reconocida por este Alto Tribunal en el criterio P./J. 52/2000, "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SÍNDICO ÚNICO DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, TIENE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA COMPARECER EN SU REPRESENTACIÓN, SIN REQUERIR FORMALIDAD O ACUERDO ESPECIAL PREVIO."(36)

De lo anterior se desprende que, conforme a la legislación local, el síndico de Tantoyuca, Veracruz, posee la representación jurídica en todos los procesos judiciales; por lo que procede reconocerle representación para promover el presente juicio.

Asimismo, si dicho Municipio es uno de los órganos enunciados por el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, facultado para intervenir en una controversia constitucional, debe concluirse que cuenta con la legitimación activa necesaria para promoverla.

QUINTO.—Legitimación pasiva del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. En el auto de admisión de catorce de noviembre de dos mil dieciséis se tuvo como demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Así, el Poder Ejecutivo del Estado fue representado por Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter de gobernador y representante del Poder Ejecutivo de esa de la entidad, en términos de los artículos 42 y 49, fracción XVIII, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Además, acreditó su personalidad con las copias certificadas de la constancia de mayoría de fecha doce de junio de dos mil dieciséis(37) que le fue expedida por los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz Ignacio de la Llave y el Acta de la sesión solemne de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave de uno de diciembre de dos mil dieciséis, en la que el referido funcionario tomó protesta a su cargo como gobernador del Estado,(38) por lo que cuenta con legitimación para comparecer como autoridad demandada.

SEXTO.—Legitimación pasiva del Poder Legislativo del Estado de Veracruz. De la lectura integral de la demanda se concluye que el Poder Legislativo del Estado de Veracruz no cuenta con legitimación pasiva para comparecer como autoridad demandada, ya que no se le atribuye ningún acto al Congreso del Estado de Veracruz.

No es óbice a lo anterior que el acuerdo de admisión de catorce de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28845-2c6214c3/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-inexistencia-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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