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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (RETENCIÓN DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES AL MUNICIPIO DE CHOCAMÁN POR PARTE DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE ENTREGA DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO ES IMPUGNABLE MIENTRAS SUBSISTA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE CHOCAMÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE CHOCAMÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). V. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VI. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE CHOCAMÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO SI LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NO ACREDITA EN AUTOS QUE REALIZÓ LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES ADEUDADAS POR AQUEL CONCEPTO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE CHOCAMÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VIII. OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE CHOCAMÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ENTREGUE LAS CANTIDADES ADEUDADAS Y LOS INTERESES QUE SE HAYAN GENERADO Y, EN CASO DE LOS ENTERADOS EXTEMPORÁNEAMENTE, QUEDE INCÓLUME LA CONDENA DEL PAGO DE INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE CHOCAMÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 250/2016. · Registro digital (IUS): 28890
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-08-02
Promovente: MUNICIPIO DE CHOCAMÁN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, Pág. 2203.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 250/2016. MUNICIPIO DE CHOCAMÁN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 6 DE JUNIO DE 2018. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. AUSENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIA: LAURA PATRICIA ROMÁN SILVA.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día seis de junio de dos mil dieciocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación de la controversia constitucional. Por escrito presentado el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octavio Hernández Alejo, en su carácter de síndico del Ayuntamiento de Chocamán, Veracruz de Ignacio de la Llave, promovió controversia constitucional, en la cual señaló expresamente como actos impugnados y como autoridades demandadas, los siguientes:

Autoridades demandadas:

• Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

• Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Actos impugnados

Del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave impugnó los siguientes actos:

• La retención del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (ahora Ciudad de México) por los meses de agosto, septiembre y octubre, ambos de dos mil dieciséis.

• El pago de intereses por el retraso en la entrega de las aportaciones federales.

• La entrega de las aportaciones federales por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (ahora Ciudad de México) por los subsecuentes meses que transfiera la Tesorería de la Federación directamente al Municipio.

Del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se impugnan los siguientes actos:

• Los acuerdos o decretos que autoricen, bajo cualquier forma legal, la retención de las participaciones federales, aportaciones federales y fondos federales, transferidos por el Gobierno Federal, a través de la Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

2. SEGUNDO.—Antecedentes. Los antecedentes del caso, narrados en la demanda, son los siguientes:

a) El Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave emitió el "Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) entre los Municipios del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis", publicado en la Gaceta Oficial del Estado el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, en el que se estableció que al Municipio actor le correspondía recibir la cantidad de $18'769,110.00 (dieciocho millones setecientos sesenta y nueve mil ciento once (sic) pesos, cero centavos, moneda nacional).

b) En el mencionado acuerdo se dieron a conocer las fechas de pago por el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) entre los Municipios del Estado de Veracruz.

c) Las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) fueron depositadas por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz a la cuenta bancaria número 8027626364 de la institución denominada Banamex.

d) Mediante oficios SSE/1370/2016, SSE/1542/2016 y SSE/1748/2016, de fechas treinta y uno de agosto, treinta de septiembre y treinta y uno de octubre, todos de dos mil dieciséis, el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, informó al presidente municipal del Ayuntamiento de Chocamán, Veracruz de Ignacio de la Llave, que se habían depositado las aportaciones correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre, correspondientes al año de dos mil dieciséis, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) por la cantidad de $1'876,911.00 (un millón ochocientos setenta y seis mil novecientos once pesos, cero centavos, moneda nacional), cada una, sin que a la fecha así haya acontecido, por lo que el monto de las aportaciones no pagadas y no depositadas al Municipio actor asciende a la cantidad de $5'630,733.00 (cinco millones seiscientos treinta mil setecientos treinta y tres pesos, cero centavos, moneda nacional).

e) Por medio de oficios números 25/11/2016/214 y 28/11/2016/214, de fechas veinticinco y veintiocho de noviembre del presente año, solicitó a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y a la presidenta del Congreso del Estado, se regularizara el pago de las aportaciones federales adeudadas, sin que se recibiera respuesta alguna.

3. TERCERO.—Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hace valer el Municipio actor son, en síntesis, los siguientes:

a) Que el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave vulnera los principios de legalidad, seguridad jurídica y de integridad de los recursos económicos municipales, contenidos en los artículos 14, 16 y 115, fracción IV, de la Constitución Federal, al retener de manera (sic) las aportaciones federales.

b) Que de acuerdo con los artículos 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal y 8o. de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la entidad federativa entregará las participaciones federales dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba, y el retraso dará lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que establezca el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones.

c) Que en caso de incumplimiento de entrega de las participaciones federales por parte de la entidad federativa a los Municipios, la Federación hará la entrega directa a los Municipios, descontando la participación del monto que corresponda al Estado, previa opinión de la Comisión Permanente de comisarios fiscales.

d) Que si bien las disposiciones fiscales se refieren a participaciones federales, el mismo procedimiento ocurre tratándose de las aportaciones federales, como se desprende de lo señalado en la Ley de Coordinación Fiscal, en el capítulo V, denominado "De los Fondos de Aportaciones Federales", en su artículo 25, en el que se establecen las aportaciones federales como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y, en su caso, a los Municipios.

e) Que en el "Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) entre los Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se estableció que al Municipio de Chocamán, le correspondería recibir la cantidad de $18'769,110.00 (dieciocho millones setecientos sesenta y nueve mil ciento diez pesos, cero centavos, moneda nacional), conforme al calendario ahí establecido; sin embargo, a la fecha, la autoridad demandada continúa reteniendo de manera ilegal las aportaciones federales, con lo que vulnera la autonomía financiera municipal, garantizada por el artículo 115 de la Constitución Federal.

f) Que el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, consagra el principio de integridad de los recursos económicos municipales, que garantiza a los Municipios que los recursos transferidos por la Federación, como es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) con la mediación de las entidades federativas, deben recibirse de manera puntual y efectiva, porque la facultad constitucional exclusiva de programar y aprobar el presupuesto municipal de egresos de que gozan, presupone que deben tener la plena certeza acerca de los recursos de que disponen, lo que significa que una vez transferidos, no se puede incumplir o retardar tal compromiso, pues se privaría a los Municipios de la base material y económica necesaria para ejercer sus obligaciones constitucionales.

g) Que el Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con la aprobación de los acuerdos o decretos que autoricen la retención de las participaciones federales, aportaciones federales y fondos federales, vulnera el principio de integridad de los recursos económicos municipales, contenido en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política Federal, dado que pretende continuar reteniendo de manera ilegal las aportaciones federales que corresponden al Municipio.

4. CUARTO.—Artículos constitucionales que se estiman violados. El actor considera que se violan los artículos 14, 16, 115, fracciones I y IV, y 133 de la Constitución Política Federal.

5. QUINTO.—Trámite de la controversia. Por acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 250/2016; admitió a trámite la demanda, tuvo como demandados al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, ambos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ordenó su emplazamiento para que contestaran la demanda y se diera vista al procurador general de la República, por otra parte, indicó que no era procedente tener como tercero interesado al Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, al no advertirse el perjuicio o afectación que podría producirle la resolución que en su momento dictara este Alto Tribunal.

6. SEXTO.—Designación de Ministra instructora. En acuerdo de dos de enero de dos mil dieciséis, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación designó a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández como instructora en la presente controversia.

7. SÉPTIMO.—Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. La citada autoridad, al dar contestación a la demanda, señaló, esencialmente, lo siguiente:

• Que se surte la causa de improcedencia contemplada en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria, en razón de que la demanda de controversia constitucional se presentó fuera del plazo de treinta días que señala el artículo 21 del mismo ordenamiento, computados a partir de que el actor tuvo conocimiento del acto.

• Que el actor manifiesta conocer la fecha calendarizada de pagos, así como el plazo con que contaba el Estado para transmitir los recursos de origen federal, una vez que éste los recibe, incluso, agrega haber solicitado la entrega de las cantidades que corresponden y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó los recursos que pretende al Gobierno del Estado de Veracruz.

• De la lectura a la demanda en su integridad se desprende que el actor señala como acto "la invalidez de las retenciones de las aportaciones federales", por lo tanto, reclama una retención, por lo tanto, tenía conocimiento de los plazos en los que debió recibir los recursos y del momento en que incurrió la retención motivo de controversia, por lo que el plazo establecido en la ley reglamentaria para la interposición de la demanda transcurrió en exceso.

• Que en la tesis P./J. 113/2010(1) del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA PROMOVERLA CONTRA UNA OMISIÓN DERIVADA DE UN ACTO POSITIVO QUE NO SE CONTROVIRTIÓ OPORTUNAMENTE ES EL QUE RIGE LA IMPUGNACIÓN DE ÉSTE.", se estableció que no es válido sujetar el plazo de presentación de la demanda de controversia constitucional a la regla general que rige la impugnación de omisiones, cuando las omisiones derivan de un acto positivo que se hizo del conocimiento del actor y no se controvirtió oportunamente.

• Que la omisión referida por la actora resulta ser en realidad consecuencia directa de una supuesta retención conocida por el Municipio actor de manera automática, al fenecer el plazo que tenía la entidad federativa para remitir los recursos de manera íntegra, por lo que debió ceñirse al plazo de treinta días establecido para ello.

• Que aun cuando la administración del Gobierno del Estado de Veracruz inició el día uno de diciembre de dos mil dieciséis, niega los actos reclamados por el Municipio actor, por no ser propios, pero no es obstáculo para que se considere que al actor le corresponde probarlos.

• Que se estima actualizada la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el acto materia de la controversia es inexistente, pues la administración del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave desconoce la existencia de documento alguno con dichas características, correspondiéndole al Municipio la carga de probar su afirmación y, de no ser así, debe tenerse por inexistente.

• Que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria, en razón de que el pago de intereses a que se refiere el Municipio actor se encuentra previsto en la Ley de Coordinación Fiscal y en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz, no en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 5o. de la mencionada Ley de Coordinación Fiscal Estatal y no la Constitución Política Federal.

• Que no existe afectación a la esfera de competencias del Municipio actor y, en caso de existir violación al derecho de recibir el pago de intereses, en modo alguno implicaría violación directa e inmediata a la Constitución Federal, por lo que no se actualiza la excepción prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria.

8. OCTAVO.—Contestación del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. La presidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sostuvo lo siguiente:

• Que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues los actos impugnados no fueron emitidos por esa entidad legislativa, ni mucho menos tuvo intervención alguna.

• Que el Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave reconoce la autonomía de los Ayuntamientos, respeta su personalidad jurídica y la forma en que manejan su patrimonio, de conformidad con las facultades que concede la Constitución Federal en el artículo 115, fracciones II y IV, pues la Legislatura Local sólo puede aprobar la forma en que se designarán las participaciones federales, pero nunca retenerlas, pues no es un órgano que reciba recursos y que se encargue de la distribución de los mismos.

• Que el Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siempre ha respetado las facultades que corresponden a cada órgano del Estado, actuando siempre bajo las facultades que le conceden los artículos 33 de la Constitución Política Local y 18 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pues no tiene facultades para intervenir, retener o distribuir las participaciones federales que lleguen al Estado, es por ello que los conceptos de invalidez no son competencia de la Legislatura y, por ello, no se han ejecutado actos tendientes a retener, malversar o distribuir recursos.

9. NOVENO.—Opinión de la Procuraduría General de la República. A pesar de que se le dio vista del auto de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, que admitió a trámite la demanda, la Procuraduría General de la República no emitió opinión alguna en este asunto.

10. DÉCIMO.—Audiencia para la presentación de pruebas y alegatos. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, con fecha dieciocho de mayo de dos mil diecisiete se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos de los artículos 32 y 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas y se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

11. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia entre el Municipio de Chocamán, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y los Poderes Ejecutivo y Legislativo de esa misma entidad federativa, sobre la constitucionalidad de sus actos.

12. SEGUNDO.—Precisión de los actos reclamados y su certeza. Con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) esta Primera Sala procede a fijar los actos objeto de la controversia y la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados.

13. Del estudio integral a la demanda, en relación con sus anexos, se desprenden como actos impugnados, en abstracción de los calificativos que sobre su constitucionalidad realiza la demandante, los siguientes:

• La omisión de entrega de las aportaciones federales Ramo 33, correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, por el concepto Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (ahora Ciudad de México).

• El pago de intereses derivado de la omisión de pago.

14. Respecto a la falta de entrega de los fondos, el Poder Ejecutivo afirmó que los actos reclamados eran inexistentes, en tanto que el Municipio actor no ha probado que la actual administración del Ejecutivo Local no se encuentre regularizada en la entrega de las participaciones.

15. Esta Sala considera que el análisis de la existencia de los actos omisivos reclamados debe estudiarse en el fondo; pues para determinar si los recursos fueron debidamente entregados, debe atenderse al marco legal aplicable, además de que, de ser cierta la falta de pago, ello por sí solo constituiría una violación a los principios de integridad, ejercicio directo y, en última instancia, la autonomía municipal, lo que denota que la cuestión es propiamente de fondo.

16. Lo anterior se determina no obstante que el Municipio actor sostenga en diversas partes de su demanda que impugna la retención de aportaciones federales, porque el examen integral de la demanda, en función de las pruebas anexas, revelan que lo impugnado es la omisión del Poder Ejecutivo de la mencionada entidad federativa, de hacerle entrega de los recursos y a esa omisión la actora la considera una retención.

17. El Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave negó la existencia de los actos que se le imputaron, consistentes en los acuerdos o decretos que autoricen bajo cualquier forma legal la retención de las participaciones federales, aportaciones federales y fondos federales, transferidos por el Gobierno Federal, a través de la Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

18. Ante la negativa del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Municipio actor no aportó prueba de la que se desprendiera la existencia de los actos impugnados a la mencionada autoridad, consistentes en "... la aprobación de los acuerdos o decretos que autoricen bajo cualquier forma legal, la retención de las participaciones federales, aportaciones federales y fondos federales".

19. Además, el marco constitucional y legal no establecen intervención alguna en la entrega de los recursos federales por parte del citado Congreso Local.

20. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 20, fracción III, de la ley reglamentaria aplicable, procede sobreseer en el juicio respecto del acto impugnado al Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, consistente en "... la aprobación de los acuerdos o decretos que autoricen bajo cualquier forma legal, la retención de las participaciones federales, aportaciones federales y fondos federales".

21. TERCERO.—Oportunidad. Procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, para lo cual, es determinante definir si los actos impugnados son actos positivos u omisiones, ya que conforme a la tesis P./J. 43/2003,(3) tratándose de omisiones, la oportunidad se actualiza día con día. A continuación, se hace un breve relato de los precedentes en que esta Suprema Corte ha distinguido entre actos positivos y omisiones

22. En la controversia constitucional 5/2004,(4) en la cual, el Municipio de Purépero, Estado de Michoacán, impugnó los descuentos de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) notificadas en oficios 1975/2003 y 2125/2003,(5) la Suprema Corte consideró que se trataba de actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.

23. En la controversia constitucional 20/2005,(6) el Municipio de Acapulco de Juárez demandó la invalidez del oficio SFA/0442/04 de veintisiete de enero de dos mil cinco, suscrito por el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, mediante el cual, le negaron una solicitud de regularización de entrega de participaciones federales, así como la omisión de pago de los intereses que se generaron con motivo del retraso de la entrega de las mismas.(7) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.

24. En la controversia constitucional 98/2011,(8) se analizó la oportunidad de una demanda en la cual se impugnaron los descuentos del Fondo de Fomento Municipal que corresponden al Municipio de Santiago de Maravatío, Guanajuato, reflejados en los informes mensuales de entrega de participaciones. El cómputo se realizó a partir de las fechas en que se aplicaron dichos descuentos.(9) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.

25. En la controversia constitucional 37/2012,(10) el Municipio de Santiago Amoltepec, Estado de Oaxaca, reclamó la falta de entrega de las participaciones y aportaciones federales que le corresponden. La sentencia considera que este acto fue impugnado como un acto de retención, pues adujo que, al acudir a recibirlos, le fueron negados. Dicho acto se impugna no como una omisión, sino más bien como un acto de retención, derivado de la negativa a entregar los recursos por conducto de determinadas personas.(11) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.

26. En la controversia constitucional 67/2014,(12) el Municipio de San Jacinto Amilpas, Estado de Oaxaca, combatió la no entrega de los recursos financieros que legalmente le corresponde recibir al Municipio actor por conducto del tesorero municipal Manuel César Sánchez Zabaleta desde la primera quincena de enero de dos mil catorce. Se estimó que la ley reglamentaria de la materia no señala plazo para la promoción de demanda de controversia contra omisiones, que implican un no hacer por parte de la autoridad, creando una situación permanente que se reitera día a día, permitiendo en cada una de esas actualizaciones la impugnación de dicho no actuar. Así, esta Suprema Corte concluyó que debe considerarse oportuna la presentación de la demanda el doce de junio de dos mil catorce, ya que el Municipio actor reclama de forma absoluta la falta de pago desde el mes de enero del mismo año.(13)

27. En la controversia constitucional 78/2014,(14) el Municipio de Tlaquiltenango, Estado de Morelos, demandó del Poder Ejecutivo Local: 1) la retención o descuento de una parte de las participaciones federales municipales correspondientes al mes de julio de dos mil catorce; 2) la omisión de resarcir económicamente con motivo de la retención o descuento de las participaciones federales del pago de los intereses a partir del mes de julio; 3) la omisión de entregar las constancias de liquidación de participaciones federales al Municipio actor; 4) la omisión de informar detalladamente la forma y términos de cómo se entregaron las participaciones que corresponden a cada Municipio; y, 5) el descuento mensual del mes de julio y los subsecuentes. Respecto de los actos identificados con los numerales 1) y 2), la sentencia estima que se trata de actos y, particularmente relevante, que la omisión de pago de intereses se impugnó con motivo de la retención o descuento.(15)

28. Por otro lado, en relación con los actos 3) y 4) determina que son omisiones, pues el Municipio actor impugna de forma absoluta la falta de entrega de las constancias de liquidación de las participaciones, así como la omisión de informar cómo se han entregado dichas participaciones.(16) Finalmente, por lo que hace al acto 5), debe tenerse en tiempo, toda vez que la autoridad demandada contestó que sí se encuentran programados descuentos de participaciones federales que deben aplicarse al Municipio actor.

29. En la controversia constitucional 73/2015,(17) el Municipio de Zitácuaro, Michoacán, demandó al Poder Ejecutivo, lo siguiente: 1) la omisión de pago de las participaciones en ingresos federales y estatales para el ejercicio fiscal dos mil quince, correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de dos mil quince, 2) la omisión de pago del Fondo Estatal de los Servicios Públicos Municipales para el ejercicio fiscal de dos mil quince y 3) respecto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) para el ejercicio fiscal de dos mil quince el adeudo que corresponde a los meses de noviembre y diciembre. La sentencia determinó que se trataba de omisiones, en virtud de que se impugnó la falta absoluta de pago de distintos conceptos.

30. En la controversia constitucional 118/2014,(18) promovida por el Municipio de San Agustín Amatengo, Oaxaca, se analizó la oportunidad de la demanda en contra de: 1) la autorización y entrega de los recursos económicos municipales por concepto de participaciones y aportaciones federales respecto a los Ramos 28 y 33, fondos III y IV, incluyendo ajustes cuatrimestrales y cálculo de diferencias entre las cantidades pagadas en concepto de anticipos a cuenta y las participaciones determinadas provisionalmente por la Federación a José Ramírez, supuesto tesorero municipal de San Agustín Amatengo, Estado de Oaxaca, del uno de enero al veintisiete de junio de dos mil catorce; 2) la retención de recursos federales participables a partir del dos de diciembre de dos mil catorce. En relación con el acto 1) la sentencia consideró que se trataba de una entrega indebida,(19) por lo que le era aplicable el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria. Por lo que hace a los actos precisados en el numeral 2), la sentencia estimó que se trataba de una omisión, consistente en la falta de entrega de recursos municipales.(20)

31. De acuerdo con los anteriores precedentes, es posible advertir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido por actos positivos: a) los descuentos, b) los pagos parciales, c) el reclamo de intereses con motivo de descuentos o pagos parciales y d) la negativa expresa del Estado de entregar los recursos a personas determinadas. Por otro lado, se consideran omisiones la falta absoluta de entrega de los recursos. Además, en una misma demanda se pueden reclamar actos positivos u omisiones, por lo que el cómputo debe hacerse de manera independiente según el tipo de vencimiento, sea quincenal, mensual, etcétera.

32. Respecto a los actos positivos, el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia dispone que el plazo para la promoción de la demanda será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.(21) Por su parte, la oportunidad para impugnar omisiones s

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28890-35850513/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-inexistencia-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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