I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES OPORTUNA LA IMPUGNACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE DESTITUYE AL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC, ESTADO DE MORELOS, AL CONSTITUIR EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE ESA ENTIDAD. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACUERDO POR EL QUE SE DESTITUYE DE SU CARGO AL PRESIDENTE DE UN AYUNTAMIENTO ES UN ACTO QUE AFECTA LA INTEGRACIÓN DE ESE ÓRGANO, LO QUE JUSTIFICA SU INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. V. DESTITUCIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. LA INTERPRETACIÓN CONFORME DE LA NORMATIVA QUE LA REGULA PERMITE CONSIDERAR QUE EL VOCABLO "INFRACTOR" NO INCLUYE A LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). VI. DESTITUCIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. EL TRIBUNAL RESPECTIVO DEL ESTADO DE MORELOS CARECE DE ATRIBUCIONES PARA ORDENARLA, TODA VEZ QUE ELLO ES FACULTAD DEL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL ACUERDO POR EL QUE SE DESTITUYE DE SU CARGO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMACUZAC DE ESA ENTIDAD). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE ÚNICAMENTE TIENE EFECTOS RESPECTO DEL MUNICIPIO ACTOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS Y DEL ACUERDO EMITIDO POR EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS POR EL QUE SE ORDENÓ LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMACUZAC DE ESA ENTIDAD).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 204/2017. MUNICIPIO DE AMACUZAC, ESTADO DE MORELOS. 31 DE ENERO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: ADRIANA CARMONA CARMONA.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta y uno de enero de dos mil dieciocho.
Vistos, para resolver el expediente de la controversia constitucional identificada al rubro; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Demanda. Por escrito recibido el veintiuno de junio de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cynthia Anabell Martínez Román, en su carácter de síndica del Ayuntamiento de Amacuzac, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en representación de dicho Municipio, en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades del Estado de Morelos que a continuación se señalan:
Autoridades demandadas:
1. Congreso del Estado
2. Gobernador Constitucional
3. Secretario de Gobierno
4. Secretario del Trabajo y Productividad
5. Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad"
6. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje
Actos cuya invalidez se demanda:
1. Artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial de la entidad de seis de septiembre de dos mil.
2. La asunción de competencia por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para el efecto de ordenar la revocación de mandato o destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, derivado del juicio laboral 01/785/09.
3. La sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el ocho de marzo de dos mil diecisiete, en la que por unanimidad de votos, se declaró procedente la imposición de la medida de apremio, consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos.
SEGUNDO.—Antecedentes. Los antecedentes del caso narrados en la demanda son los siguientes:
1. El uno de enero de dos mil dieciséis, se integró el Ayuntamiento de Amacuzac, Estado de Morelos, para el periodo 2016-2018.
2. El quince de mayo de dos mil diecisiete, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por conducto del actuario adscrito, notificó al Ayuntamiento actor la sesión plenaria de ocho de marzo del propio año, por medio de la cual se impone al presidente municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, como sanción por contumacia o incumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral 01/785/09, la destitución de su cargo.(1)
TERCERO.—Preceptos constitucionales señalados como violados y concepto de invalidez. El Municipio actor señaló como transgredidos en su perjuicio los artículos 1o., 14, 16, 17, 115 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y planteó, en síntesis, el siguiente concepto de invalidez.
El artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establece que las infracciones a ese ordenamiento que no tengan prevista otra sanción, y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios, sanción que será impuesta en su caso, por el mencionado tribunal.
Aduce que la disposición referida, lo es únicamente para sancionar a servidores públicos de libre designación, es decir, aquellos que ostentan el carácter de funcionarios, que por su naturaleza son designados mediante el nombramiento correspondiente de un superior jerárquico y para operar una administración pública, mas no para aquellos que son electos por el mandato del pueblo a través del voto o sufragio, como lo es el presidente de Amacuzac, Morelos.
Señala que existe un procedimiento especial para sancionar y separar del cargo a los integrantes de un cabildo, por lo que resulta que dicha norma transgrede el artículo 115 de la Constitución Federal, aunado a que sólo establece el concepto de "infractor", sin distinguir entre los cargos de elección popular, como ocurre con los miembros de los Ayuntamientos, y los que derivan de un nombramiento expedido por un superior jerárquico.
Al respecto, la disposición constitucional referida otorga de manera única y exclusiva a las Legislaturas Locales la facultad y competencia de suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan, es decir, la Constitución Federal prevé un procedimiento especial que se debe llevar a cabo por las Legislaturas Locales para poder destituir, suspender o revocar el mandato de un presidente municipal.
Así, el artículo 41 de la Constitución del Estado de Morelos, en congruencia con la Ley Fundamental, establece el procedimiento que debe llevar a cabo la Legislatura de la entidad para suspender o revocar a alguno de los miembros de los Ayuntamientos, no así otro órgano, entidad u organismo; concretamente, señala que el Congreso del Estado, por acuerdo de al menos dos terceras partes de sus integrantes, podrá declarar, a petición del gobernador o de cuando menos el cincuenta por ciento más uno de los diputados, la desaparición de un Ayuntamiento, la revocación del mandato de alguno de sus miembros, la suspensión de la totalidad de sus integrantes o la suspensión de alguno de ellos, para lo que se concede previamente a los afectados oportunidad suficiente para rendir pruebas y alegar lo que a su derecho convenga.
Por su parte, los artículos 183 y 184 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos establecen el procedimiento que debe seguirse para declarar que un Ayuntamiento ha desaparecido o para suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros, en ese sentido, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje carece de competencia para determinar la destitución de algún integrante de un Ayuntamiento.
Lo anterior, ya que el vínculo entre ellos no se refiere a una relación de supra a subordinación del tipo o género que conoce el tribunal referido, sino que se trata de una relación entre diferentes autoridades o Poderes, por lo que el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad, y su aplicación en el caso, transgreden la Norma Suprema, pues supone una invasión a las atribuciones que constitucionalmente corresponden al Congreso de la entidad y, por tanto, se transgreden en perjuicio del Municipio actor los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal.
CUARTO.—Admisión a trámite de la controversia constitucional. Por acuerdo de veintidós de junio de dos mil diecisiete, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la controversia constitucional bajo el expediente 204/2017, asimismo, ordenó su turno al Ministro José Fernando Franco González Salas por conexidad.
En proveído de veintitrés de junio siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la controversia constitucional, tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Morelos, así como al Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación; no así al secretario de Gobierno, director del Periódico Oficial y secretario del Trabajo de esa entidad, por ser órganos subordinados al Poder Ejecutivo, y ordenó dar vista a la Procuraduría General de la República.
QUINTO.—Contestación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. El presidente del tribunal contestó la demanda en los siguientes términos:
I. Causas de improcedencia
1. La determinación de destitución del presidente municipal de Amacuzac, Estado de Morelos, que se combate, constituye una resolución de carácter jurisdiccional, en términos de los artículos 41, 42 y 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la entidad, por lo que en su contra es improcedente la controversia constitucional de conformidad con la tesis número 2a. CVII/2009, intitulada: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA RELATIVA."
2. La aplicación de la sanción que prevé el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, se hizo válida a partir de la entrada en vigor de la reforma realizada a la Ley Orgánica Municipal, en específico, la fracción XXXIX de su artículo 41, publicada en el Periódico Oficial de la entidad de veintitrés de enero de dos mil catorce, que establece la obligación del presidente municipal de cumplir y hacer cumplir los laudos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, razón suficiente para considerar que se actualiza el supuesto explicado en la tesis jurisprudencial P. XV/2009, que lleva por rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA PROMOVERLA CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES A PARTIR DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO EN UNA DIVERSA DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA ÚLTIMA."
3. La controversia constitucional resulta improcedente, en términos del artículo 19, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, debido a que el Municipio actor promovió las diversas controversias constitucionales 253/2016, 100/2017, 111/2017, 149/2017, 171/2017 y 172/2017, las cuales se encuentran pendientes de resolver. Destaca que en dichos asuntos también se impugnó el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así como la asunción de competencia por parte del tribunal demandado, para ordenar la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, en los que se esgrimen los mismos conceptos de invalidez.
II. Contestación a los conceptos de invalidez
No tiene razón el Municipio actor en cuanto pretende se declare la invalidez del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y su acto de aplicación, ya que el artículo 41, fracción XXXIX, de la Ley Orgánica Municipal de la entidad establece la obligación a cargo de los presidentes municipales de dar cumplimiento a los laudos emitidos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
En ese sentido, señala que si en términos del numeral 123 de la Ley del Servicio Civil, las resoluciones dictadas por dicho tribunal son inapelables, y se cumplirán por la autoridad correspondiente, entonces procede aplicar la sanción prevista en la fracción II del diverso numeral 124 de la citada ley, al funcionario que no cumpla lo ordenado en un laudo, como ocurrió en el caso, ya que el presidente municipal de Amacuzac, Morelos, desatendió el laudo dictado en el expediente 01/785/09.
Precisa que al Congreso del Estado de Morelos compete sancionar actos u omisiones que pudieran derivar en responsabilidad política o administrativa de los servidores públicos por el ejercicio indebido de sus funciones, mientras que la sanción prevista en la disposición que se impugna es una consecuencia directa por desobedecer una resolución dictada por una autoridad jurisdiccional laboral, cuya finalidad es asegurar su debido cumplimiento.
No obstante, continúa, el incumplimiento a los laudos de la autoridad jurisdiccional laboral también constituye una conducta que da lugar a la responsabilidad administrativa o política de los presidentes municipales, ya que la obligación de acatarlos, está contemplada en la fracción XXXIX del numeral 41 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, por lo que no pueden desconocerse las atribuciones que corresponden al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, para hacer cumplir sus resoluciones, como lo es aplicar la sanción consistente en la destitución del servidor público infractor, ya que tampoco puede afirmarse que los procedimientos administrativos o políticos sean la vía idónea para hacer efectivas las medidas de apremio, como la contenida en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad, de suerte que el citado tribunal, puede imponer las sanciones procedentes para hacer efectivas sus resoluciones sin necesidad de seguir los procedimientos administrativos o políticos referidos.
Además, la medida tomada en el caso, a saber, la destitución del presidente municipal de Amacuzac, Morelos, no ataca ni afecta su integración, ya que el artículo 172 de la Ley Orgánica Municipal establece el procedimiento a seguir para la designación de un nuevo presidente municipal.
SEXTO.—Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. El consejero jurídico y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos señaló lo siguiente:
I. Causas de improcedencia
1. El Municipio actor carece de legitimación pues no es titular del derecho que pretende hacer valer, ya que el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos no ha realizado acto alguno que invada o afecte el ámbito competencial de ese Municipio.
2. El Poder Ejecutivo demandado carece de legitimación pasiva pues no ha realizado ningún acto que afecte o invada la esfera competencial del Municipio actor.
3. Señala que no es el primer acto de aplicación del artículo impugnado, ya que existen diversos juicios de amparo y controversias constitucionales promovidos por el ahora Municipio actor contra el multicitado precepto de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Por ello, considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 21, fracción II, en relación con el diverso 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia.
4. El Municipio actor no hace valer conceptos de invalidez por vicios propios de los actos de promulgación y publicación atribuidos al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, actos éstos que no entrañan afectación o invasión a la esfera de atribuciones de dicho Municipio.
5. El acto cuya invalidez se reclama fue emitido por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por lo que la controversia constitucional instaurada es improcedente al impugnar una resolución jurisdiccional. Al efecto, invoca la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA RELATIVA."
II. Contestación a los conceptos de invalidez
Por lo que toca al acto que compete al Ejecutivo del Estado de Morelos, a saber, la promulgación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad, es inexacto que transgreda los artículos 1o., 14, 16, 17, 115 y 133 de la Constitución Federal, ya que actuó conforme a las facultades constitucionales y legales que le corresponden, al ordenar la promulgación y publicación de esa disposición legal.
La sanción que contempla la disposición impugnada es la destitución de quienes incumplan las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, pero no refiere la desaparición de los Ayuntamientos, en ese sentido, no se encuentra dentro de los procedimientos que refiere el artículo 115 de la Constitución Federal, en relación con el 41 de la Constitución Local, ya que no se trata de un procedimiento de responsabilidad administrativa ni un juicio político pues no se pretende desaparecer Ayuntamientos ni suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros; se está sólo frente a una medida de apremio para hacer efectivas las determinaciones del órgano jurisdiccional laboral.
SÉPTIMO.—Contestación del Poder Legislativo del Estado de Morelos. La presidenta de la mesa directiva dio contestación a la demanda como a continuación se sintetiza.
I. Causa de improcedencia.
El Municipio de Amacuzac, Morelos, no cuenta con interés legítimo para acudir a la controversia constitucional, pues se requiere que resienta una afectación en su esfera de atribuciones; sin embargo, en el caso, el Poder Legislativo demandado cuenta con las facultades constitucionales para expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y Administración Interior del Estado, de conformidad con lo señalado por el artículo 40, fracción II, de la Constitución local. Por tanto, aduce que no se invade la esfera competencial del Municipio actor ni se vulnera su autonomía municipal.
II. Contestación a los conceptos de invalidez.
Señala que la norma impugnada al establecer la sanción de destitución de funcionarios que no cumplan con los laudos dictados por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, no puede dar lugar a una invasión a la esfera de competencias del Municipio actor pues el único afectado por la resolución es el miembro del Ayuntamiento sancionado, por lo que procede que se reconozca su validez.
OCTAVO.—Opinión del Procurador General de la República. Este funcionario no formuló opinión en el presente asunto.
NOVENO.—Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el nueve de octubre de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del artículo 34 de la propia ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, ofrecidas y aportadas durante la instrucción del juicio, por presentados los alegatos de la síndica del Municipio actor y se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno,(4) publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de Morelos y el Municipio Amacuzac, de la propia entidad, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno debido a que el estudio de fondo versa únicamente sobre actos y no sobre normas de carácter general.
SEGUNDO.—Oportunidad. Procede examinar si la demanda de controversia constitucional se presentó dentro del plazo legal, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente.
El Municipio actor reclama: 1) Una disposición general, en concreto, el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; y, 2) Un acto, consistente en la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, el ocho de marzo de dos mil diecisiete, en la que por unanimidad de votos, se declaró procedente la imposición de la medida de apremio, consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, como sanción por contumacia o incumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral 01/785/09.
Por lo que hace a la impugnación de la citada disposición general, la presente controversia constitucional es improcedente, toda vez que no constituye el primer acto de aplicación, sino uno ulterior.
Se afirma que la controversia constitucional es improcedente con fundamento en la jurisprudencia P./J. 121/2006,(5) de rubro y texto siguientes:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA.—Del artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que para impugnar normas generales en vía de controversia constitucional es menester que la demanda se interponga dentro del plazo de 30 días contados a partir del día siguiente al de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación en perjuicio del actor. En consecuencia, es improcedente dicha impugnación si se trata de un segundo o ulterior acto de aplicación, una vez transcurrido el plazo de 30 días contados a partir del día siguiente al de la publicación de la norma general, pues ello se traduce en una manifestación de voluntad del actor que entraña su consentimiento tácito."
En el caso, se invoca la diversa controversia constitucional 43/2015 como hecho notorio,(6) para concluir que el acuerdo impugnado en el presente asunto no constituye el primer acto de aplicación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en perjuicio del Municipio actor.
En efecto, de la citada ejecutoria se advierte: i) Que en sesión celebrada el ocho de mayo de dos mil quince, el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos determinó, por unanimidad de votos, destituir al presidente municipal de Amacuzac, Estado de Morelos, conforme a la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil de ese Estado; ii) que ello motivó la promoción de la controversia constitucional 43/2015, el veintinueve de julio de dos mil quince; iii) que en dicha controversia se impugnó el referido precepto; y, iv) que tal asunto se sobreseyó por la disposición general reclamada y el acto de aplicación con motivo del desistimiento del Municipio actor.
Consecuentemente, si en la presente controversia no se reclama el primer acto de aplicación, sino uno ulterior, procede decretar el sobreseimiento por lo que hace a la impugnación de la disposición general reclamada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19, fracción VII y 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(7)
En ese sentido, resulta innecesario el análisis de los argumentos del Poder Ejecutivo y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, ambos del Estado de Morelos, en los que alegan que el acuerdo que ahora se impugna no es el primer acto de aplicación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
En cambio, la presente controversia constitucional es oportuna por lo que hace a la impugnación de la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, el ocho de marzo de dos mil diecisiete, en la que, por unanimidad de votos, se declaró procedente la imposición de la medida de apremio consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, como sanción por contumacia o incumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral 01/785/09, toda vez que fue presentada dentro del plazo de treinta días previsto en el artículo 21, fracción I, de la ley de la materia.(8)
En el caso, el Municipio actor fue notificado del acuerdo referido el lunes quince de mayo de dos mil diecisiete(9) y surtió efectos el martes dieciséis siguiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 747, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo,(10) de aplicación supletoria según lo previsto en el numeral 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos,(11) por lo que el plazo para presentar la demanda transcurrió del miércoles diecisiete de mayo al martes veintisiete de junio de dos mil diecisiete, de los que deben descontarse los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de mayo, así como tres, cuatro, diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de junio, todos del año en cita, por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 2o. y 3o. de la ley reglamentaria de la materia,(12) en relación con el numeral 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(13)
Por tanto, si la demanda de controversia constitucional se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Tribunal Constitucional el miércoles veintiuno de junio de dos mil diecisiete,(14) se concluye que fue promovida oportunamente por lo que hace a la impugnación del acto.
TERCERO.—Legitimación activa. El Municipio de Amacuzac, Estado de Morelos, compareció al presente juicio por conducto de Cynthia Anabell Martínez Román, en su carácter de síndica del Ayuntamiento, lo que acreditó con la copia certificada de constancia de mayoría expedida por el Consejo Municipal Electoral, el diez de junio de dos mil quince,(15) en la que consta su carácter de síndica suplente, así como copia certificada del acta de cabildo, donde se le tomó protesta como sindica propietaria, con motivo de la destitución de la propietaria Susana Fuentes Rodríguez.
Ahora bien, el Municipio actor es uno de los órganos enunciados por el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, legitimado para promover controversia constitucional contra el Estado al que pertenece, respecto de la constitucionalidad de sus disposiciones generales y actos, como en el caso, el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y su aplicación.
De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(16) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que, quien comparece a juicio, goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
Pues bien, de acuerdo con el artículo 45, fracción II, de la Ley Orgánica municipal del Estado de Morelos,(17) corresponde a los síndicos la representación jurídica del Municipio.
En consecuencia, se reconoce legitimación a quien compareció en representación del Municipio de Amacuzac, Estado de Morelos, lo que se refuerza con el criterio contenido en la tesis 2a. XXVIII/2012 (10a.),(18) que señala:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS SÍNDICOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA.—El artículo 38, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que faculta a los Ayuntamientos para promover controversias constitucionales, debe interpretarse en concordancia con el diverso 45, fracción II, del propio ordenamiento, que otorga a los síndicos la atribución de procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales y representar jurídicamente a los Ayuntamientos en las controversias administrativas y jurisdiccionales en que éstos sean parte. De esta forma, el Ayuntamiento ejerce su facultad para promover controversias constitucionales por conducto del síndico, a quien la ley confiere la representación jurídica de dicho órgano de gobierno, así como la procuración y defensa de los derechos e intereses municipales, sin que, para ello, sea necesario emitir un acuerdo de Cabildo en el que se le otorgue tal atribución, al ser la propia ley la que lo faculta para hacerlo."
CUARTO.—Legitimación pasiva. Tienen el carácter de autoridades demandadas, en esta controversia constitucional, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, todos del Estado de Morelos, como lo precisó el Ministro instructor, en el acuerdo de veintitrés de junio de dos mil diecisiete.
a) Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. La contestación a la demanda la suscribe Juan Manuel Díaz Popoca, presidente del citado tribunal, quien cuenta con capacidad legal para suscribir la contestación, ya que la representación legal del citado órgano jurisdiccional corresponde a su presidente, en términos de lo dispuesto por el artículo 12, fracción XIII, del reglamento interior de dicho tribunal;(19) personalidad que acredita con copia certificada de su nombramiento.(20)
b) Poder Ejecutivo. José Anuar González Cianci Pérez comparece como consejero jurídico y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, lo que acredita con la publicación de su nombramiento en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, el diecinueve de abril de dos mil diecisiete.(21)
A dicho funcionario corresponde la representación jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en términos de lo previsto en los artículos 38, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública de dicho Estado.(22)
c) Poder Legislativo. Por el Poder Legislativo del Estado de Morelos, comparece Beatriz Vicera Alatriste, en su carácter de Diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, titularidad que acredita con la copia certificada del acta de la sesión solemne, celebrada el doce de octubre de dos mil dieciséis, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la LIII Legislatura en la que consta su designación.(23)
Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,(24) compete al presidente de la mesa directiva la representación legal del Congreso en cualquier asunto en que sea parte, por lo que se reconoce su legitimación para comparecer a juicio.
QUINTO.—Causales de improcedencia. Sostiene el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, que el Municipio actor no hace valer conceptos de invalidez por vicios propios de los actos de promulgación y publicación de la Ley del Servicio Civil de dicho Estado, actos que no entrañan afectación o
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28913-d2dc686f/i-controversia-constitucional-es-improcedente-contra-un-segundo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A UN AYUNTAMIENTO EN UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA, SEGUIDO EN CONTRA DE SU PRESIDENTE MUNICIPAL, ES VIOLATORIA D (P./J. 115/2005 )
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A UN AYUNTAMIENTO EN UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA, SEGUIDO EN CONTRA DE SU PRESIDENTE MUNICIPAL, ES VIOLATORIA D (213)
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