I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES OPORTUNA LA IMPUGNACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE DESTITUYE AL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, ESTADO DE MORELOS, AL CONSTITUIR EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE ESA ENTIDAD. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACUERDO POR EL QUE SE DESTITUYE DE SU CARGO AL PRESIDENTE DE UN AYUNTAMIENTO ES UN ACTO QUE AFECTA LA INTEGRACIÓN DE ESE ÓRGANO, LO QUE JUSTIFICA SU INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE AFECTA LA INTEGRACIÓN DE UN AYUNTAMIENTO (ACUERDO POR EL QUE EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ORDENA DESTITUIR AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUTLA DE ESA ENTIDAD). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE ÚNICAMENTE TIENE EFECTOS RESPECTO DEL MUNICIPIO ACTOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS Y DEL ACUERDO EMITIDO POR EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS POR EL QUE SE ORDENÓ LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUTLA DE ESA ENTIDAD).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 148/2017. MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS. 10 DE ENERO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIO ALFREDO VILLEDA AYALA.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diez de enero de dos mil dieciocho.
VISTOS, para resolver el expediente de la controversia constitucional identificada al rubro; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Demanda. Por escrito recibido el veintiséis de abril de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Paola Cruz Torres, en su carácter de síndica municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, promovió controversia constitucional en representación de dicho Municipio, en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades del Estado de Morelos que a continuación se señalan:
Autoridades demandadas:
1. Poder Legislativo del Estado.
2. Poder Ejecutivo del Estado.
3. Secretario de Gobierno.
4. Secretario del Trabajo.
5. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
Actos cuya invalidez se demanda:
1. Artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial de la entidad de seis de septiembre de dos mil.
1.1. La falta de iniciativa de ley.
1.2. La falta de trámite ante el Pleno del Congreso del Estado.
1.3. La falta de refrendo y publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad.
2. La aplicación de la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, consistente en la invasión de esferas competenciales de la Legislatura Estatal y declara la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos.
3. El acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente laboral 01/257/06, en el cual se declara procedente la aplicación de la sanción señalada en el acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil quince, decretando la destitución a cargo del presidente municipal del Ayuntamiento de Cuautla.
4. La orden al presidente municipal del Ayuntamiento de Cuautla Morelos, de abstenerse de realizar todo tipo de actos jurídicos y administrativos que en razón de sus funciones correspondan al cargo de presidente municipal, apercibida que en caso de no acatar la destitución ordenada por este tribunal podría encuadrarse su conducta en lo estipulado por el artículo 295 del Código Penal para el Estado de Morelos.
SEGUNDO.—Antecedentes. Los antecedentes del caso narrados en la demanda son los siguientes:
1. El uno de enero de dos mil dieciséis, se integró el Ayuntamiento de Cuautla, Estado de Morelos, de conformidad con el artículo 18, fracción V, de la Ley Orgánica Municipal.
2. El catorce de abril de dos mil diecisiete, la síndica municipal, a través del presidente municipal, se enteró de que por conducto del presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y por la secretaria general del mismo tribunal se tuvo conocimiento de la determinación dictada el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, en la cual se aplica el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad.
TERCERO.—Preceptos constitucionales señalados como violados y concepto de invalidez. El Municipio actor señaló como transgredidos en su perjuicio los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y planteó, en síntesis, el siguiente concepto de invalidez:
El artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, es inconstitucional, al no cumplir con los requisitos constitucionales de creación de las normas, como son los siguientes: a) Iniciativa de ley; b) Dictamen que rinde la comisión con facultad de dictamen legislativo; c) Proceso parlamentario de discusión del contenido del dictamen de la norma de la ley o decreto; d) Procedimiento para la aprobación que sigue la asamblea al votar la proposición formulada; e) La observancia de la fórmula de expedición; la sanción que es el acto formal mediante el cual se otorga la obligación de cumplimiento jurídico a la norma; f) El refrendo de la ley o decreto, la promulgación por parte del Poder Ejecutivo; y, g) La publicación de la ley para que sea del conocimiento de todos los gobernados la falta de y la fecha de inicio de vigencia para que la ley pueda ser observada.
El artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos es inconstitucional, al violar el artículo 115 constitucional porque, de acuerdo a sus facultades de creación de la norma, ésta debe estar claramente vinculada a la observancia constitucional, esto es, al momento de legislar la separación de funcionarios electos democráticamente debe contarse con un procedimiento acorde a la Norma Constitucional; sin embargo, la norma secundaria combatida no hace diferencia entre funcionarios públicos por lo que al no establecer el mecanismo para que los integrantes de los Ayuntamientos puedan ser separados o destituidos de su encargo, siendo que corresponde a las Legislaturas Locales por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros por alguna de las causas graves que la ley prevenga siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.
Es inconstitucional el acuerdo en el cual se decreta la destitución del presidente municipal de Cuautla, Estado de Morelos, efectuada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de la misma entidad, esto, en razón de que es contrario a los artículos 14, 16 y 115 constitucionales, en virtud de que el tribunal burocrático estatal debió respetar el procedimiento establecido en el artículo 41 de la Constitución Estatal, en el sentido de que será el Congreso del Estado por acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, el que podrá declarar la desaparición de un Ayuntamiento, la revocación del mandato de alguno de sus miembros, la suspensión de la totalidad de sus integrantes o la suspensión de alguno de ellos concediéndoles previamente a los afectados la oportunidad suficiente para rendir pruebas y alegar lo que a su derecho convenga.
CUARTO.—Admisión a trámite de la controversia constitucional. Por acuerdo de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la controversia constitucional respectiva, y por razón de turno, le correspondió ser instructora por conexidad a la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, en virtud de que se le turnó la controversia constitucional 232/2016, promovida por este mismo Municipio.
Mediante diverso de dos de mayo de dos mil diecisiete, la Ministra instructora tuvo a la síndica municipal con la personalidad que ostenta; admitió la demanda, y ordenó emplazar como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, Tribunal de Conciliación y Arbitraje, así como los secretarios de Gobierno y de trabajo todos del Estado de Morelos; así como dar vista al procurador general de la República (fojas 39 a 41).
QUINTO.—Contestación del secretario de trabajo del Gobierno del Estado de Morelos. El doce de junio de dos mil diecisiete, el secretario del trabajo del Gobierno del Estado de Morelos dio contestación a la demanda de cuenta (fojas 51 a 55), la cual se tuvo por recibida mediante acuerdo de trece de junio de dos mil diecisiete.
SEXTO.—Contestación de la demanda del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. El dieciséis de junio de dos mil diecisiete, el presidente y tercer árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda de cuenta (fojas 66 a 78), la cual se tuvo por recibida mediante acuerdo del día diecinueve de junio de dos mil diecisiete.
SÉPTIMO.—Contestaciones del secretario de Gobierno y del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. El doce de junio de dos mil diecisiete, el secretario de Gobierno del Estado de Morelos (fojas 88 a 113) y el consejero jurídico del Poder Ejecutivo (fojas 123 a 155) dieron contestaciones a la demanda de cuenta, las cuales se tuvieron por recibidas mediante acuerdo de veintiuno de junio de dos mil diecisiete.
OCTAVO.—Contestación del Poder Legislativo de Morelos. El nueve de febrero de dos mil diecisiete, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos dio contestación a la demanda de cuenta (fojas 284 a 336), la cual se tuvo por recibida mediante acuerdo del día veintinueve de junio de dos mil diecisiete.
NOVENO.—Opinión del procurador general de la República: Este funcionario no emitió opinión en el presente asunto.
DÉCIMO.—Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del artículo 34 de la propia ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, ofrecidas y aportadas durante la instrucción del juicio, sin que ninguna de las partes formularan alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
Mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que esta Sala se avocaba al conocimiento del presente asunto, ordenando devolver los autos a la Ministra ponente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno,(3) publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y uno de sus Municipios, el de Cuautla, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno debido a que el estudio de fondo versa únicamente sobre actos y no sobre normas de carácter general.
SEGUNDO.—Oportunidad. Procede examinar si la demanda de controversia constitucional se presentó dentro del plazo legal, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente.
El Municipio actor reclama: 1) Una disposición general, en concreto, el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos;(4) y, 2) Un acto, consistente en el acuerdo dictado el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, dentro del juicio laboral 01/257/06,(5) con fundamento en el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la procedencia de la controversia constitucional entre un Estado y uno de sus Municipios sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.
Por lo que hace a la impugnación de la citada disposición general, la presente controversia constitucional es improcedente, toda vez que no constituye el primer acto de aplicación, sino uno ulterior.
Se afirma que la controversia constitucional es improcedente en esos casos, con fundamento en la jurisprudencia P./J. 121/2006, de rubro y texto siguientes:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA.—Del artículo 21, fracción II,(6) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que para impugnar normas generales en vía de controversia constitucional es menester que la demanda se interponga dentro del plazo de 30 días contados a partir del día siguiente al de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación en perjuicio del actor. En consecuencia, es improcedente dicha impugnación si se trata de un segundo o ulterior acto de aplicación, una vez transcurrido el plazo de 30 días contados a partir del día siguiente al de la publicación de la norma general, pues ello se traduce en una manifestación de voluntad del actor que entraña su consentimiento tácito."(7)
Esta Segunda Sala está facultada para invocar como hecho notorio las constancias y pruebas que obren en el expediente de otra controversia constitucional, apoyándose para ello en el artículo 88(8) del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria según lo previsto en el numeral 1o.(9) de la ley reglamentaria de la materia, así como en la jurisprudencia P./J. 43/2009,(10) del Tribunal Pleno, misma que señala:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDEN INVOCAR COMO HECHOS NOTORIOS LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DICTADAS POR ELLOS EN EL TRIBUNAL EN PLENO EN ESE PROCEDIMIENTO.—Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según su artículo 1o., resulta válida la invocación por el tribunal de hechos notorios, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. En ese sentido, es indudable que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su calidad de integrantes del Tribunal en Pleno, al resolver las acciones de inconstitucionalidad que les han sido planteadas pueden válidamente invocar oficiosamente, como hechos notorios, los expedientes y las ejecutorias dictadas en aquéllas, como medios de prueba aptos para fundar una sentencia, sin que sea necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al expediente, bastando con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad emanada de la ley que puede ejercerse para resolver la contienda judicial."
Así, en el caso, se invoca como hecho notorio la existencia del expediente de la diversa controversia constitucional 232/2016,(11) promovida por el propio Municipio de Cuautla, Morelos, en la que consta que también se impugnó el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad, pero con motivo de su aplicación por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consistente en la sesión plenaria que realizó el cuatro de octubre de dos mil dieciséis, en la que determinó hacer efectivo el apercibimiento hecho en el acuerdo de dieciséis de marzo del mismo año y, por tanto, imponer la sanción de destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, por no acatar el laudo dictado en el expediente de otro juicio laboral, el identificado con el número 01/144/12, donde se ordena dicha destitución dentro del mencionado juicio laboral.
En efecto, del expediente de la citada controversia constitucional se advierte: i) Que en sesión celebrada el cuatro de octubre de dos mil dieciséis, el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos determinó, por unanimidad de votos, destituir al presidente municipal de Cuautla, Estado de Morelos, conforme a la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil de ese Estado; ii) que ello motivó la promoción de la controversia constitucional 232/2016, el doce de diciembre de dos mil dieciséis –esto es, cuatro meses y cinco días antes de la instauración de la presente controversia–; y, iii) que en dicha controversia se impugnó el referido precepto.
Consecuentemente, si en la presente controversia no se reclama el primer acto de aplicación, sino uno ulterior, lo que procede es decretar el sobreseimiento por lo que hace a la impugnación de la disposición general reclamada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19, fracción VII, 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(12)
Ergo, resulta innecesario el análisis de los argumentos respecto de la impugnación de la norma general formulados respecto de la extemporaneidad de la controversia por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos.
En cambio, la presente controversia constitucional es oportuna por lo que hace a la impugnación del acuerdo dictado por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete dentro del juicio laboral 01/257/06, toda vez que su reclamo fue formulado dentro del plazo de treinta días previsto en el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(13)
En el caso, el Municipio actor fue notificado del acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, a través del cual, el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje ordenó la destitución del presidente municipal, en términos de lo dispuesto por el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el miércoles doce de abril del año en cita.(14)
Dicha notificación surtió efectos el lunes diecisiete de abril de dos mil diecisiete, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 747, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo,(15) de aplicación supletoria según lo previsto en el numeral 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos,(16) por lo que el plazo para presentar la demanda transcurrió del martes dieciocho de abril al treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, descontándose del cómputo respectivo los días siguientes, por ser inhábiles:
Por acuerdo del Tribunal Pleno:(17) doce, trece y catorce de abril de dos mil diecisiete.
Sábados: veintidós, veintinueve de abril; así como seis, trece, veinte y veintisiete de mayo.
Domingos: veintitrés y treinta de abril; y siete, catorce, veintiuno y veintiocho de mayo.
Por Acuerdo General Número 18/2013: primero y cinco de mayo.
Lo anterior, de conformidad con los artículos 2o. y 3o. de la ley reglamentaria de la materia,(18) en relación con el numeral 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(19) y el punto primero, incisos a), b), g) y h), del Acuerdo General Número 18/2013,(20) dictado por el Pleno de esta Suprema Corte el diecinueve de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de noviembre siguiente, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia, así como los de descanso para su personal.
De esta forma, al haberse recibido la demanda de controversia constitucional en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el miércoles veintiséis de abril de dos mil diecisiete, según sello fechador que obra en la misma, debe concluirse que fue promovida oportunamente por lo que hace a la impugnación del acto.
TERCERO.—Legitimación activa. El Municipio de Cuautla, Estado de Morelos, compareció al presente juicio por conducto de María Paola Cruz Torres, en su carácter de síndica del Ayuntamiento, lo que acreditó con la copia certificada de constancia de mayoría expedida por el Consejo Municipal Electoral el diez de junio de dos mil quince,(21) en la que consta su carácter de síndica propietaria.
Ahora bien, el Municipio actor es uno de los órganos enunciados por el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, legitimado para promover controversia constitucional contra el Estado al que pertenece respecto de la constitucionalidad de sus disposiciones generales y actos, como lo son el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y su aplicación.
Asimismo, de conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(22) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
Pues bien, de acuerdo con el artículo 45, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos,(23) corresponde a los síndicos la representación jurídica del Municipio.
En consecuencia, se reconoce legitimación a quien compareció en representación del Municipio de Cuautla, Estado de Morelos, lo que se refuerza con el criterio contenido en la tesis 2a. XXVIII/2012 (10a.),(24) que establece:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS SÍNDICOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA.—El artículo 38, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que faculta a los Ayuntamientos para promover controversias constitucionales, debe interpretarse en concordancia con el diverso 45, fracción II, del propio ordenamiento, que otorga a los síndicos la atribución de procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales y representar jurídicamente a los Ayuntamientos en las controversias administrativas y jurisdiccionales en que éstos sean parte. De esta forma, el Ayuntamiento ejerce su facultad para promover controversias constitucionales por conducto del síndico, a quien la ley confiere la representación jurídica de dicho órgano de Gobierno, así como la procuración y defensa de los derechos e intereses municipales, sin que, para ello, sea necesario emitir un acuerdo de Cabildo en el que se le otorgue tal atribución, al ser la propia ley la que lo faculta para hacerlo."
CUARTO.—Legitimación pasiva. Tienen el carácter de autoridades demandadas en esta controversia constitucional el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, así como los secretarios de Gobierno y de Trabajo, todos del Estado de Morelos, el cual les fue reconocido así en el auto dictado por la Ministra instructora el dos de mayo de dos mil diecisiete.
a) Poder Legislativo. Por el Poder Legislativo del Estado de Morelos comparece Beatriz Vicera Alatriste, en su carácter de diputada presidenta de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente del Congreso de la entidad, titularidad que acredita con la copia certificada del acta de la sesión solemne celebrada el doce de octubre de dos mil dieciséis, correspondiente a la instalación de la Quincuagésima Tercera Legislatura y apertura del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de dicha Legislatura.(25)
Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,(26) compete al presidente de la mesa directiva la representación legal del Congreso en cualquier asunto en que sea parte, por lo que se reconoce su legitimación para comparecer a juicio.
b) Poder Ejecutivo. Por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos compareció José Anuar González Cianci Pérez, en su carácter de consejero jurídico, lo que acreditó con el nombramiento publicado en el Periódico Oficial estatal de diecinueve de abril de dos mil diecisiete.(27)
A dicho funcionario corresponde la representación jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en términos de lo previsto en los artículos 38, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública de dicho Estado,(28) y 15, fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo de la entidad.(29)
c) Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Suscribe la contestación de demanda Juan Manuel Díaz Popoca, ostentándose como presidente y tercer árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos.
Dicho funcionario tiene la representación legal del citado Tribunal Estatal, de conformidad con el artículo 12, fracción XIII, del Reglamento Interior del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos.(30)
d) La Secretaría de Trabajo del Estado de Morelos fue representada por su titular, Francisco Arturo Santillán Arredondo, quien justificó su personalidad con la copia certificada del nombramiento expedido por el Gobernador Constitucional de la mencionada entidad federativa,(31) que aparece publicado en el Periódico Oficial estatal de catorce de octubre de dos mil catorce. Dicha autoridad tiene el carácter de demandada, en razón de que así fue señalado en auto de trece de diciembre de dos mil dieciséis, en el cual le fue reconocido tal carácter.
e) La Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos fue representada por su titular, Matías Quiroz Medina, quien justificó su personalidad con la copia certificada del nombramiento expedido por el Gobernador Constitucional de la mencionada entidad federativa, que aparece publicado en el Periódico Oficial estatal de catorce de octubre de dos mil catorce.(32) Al respecto, los artículos 76, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Morelos(33) y 21, fracción XXII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos (sic),(34) los cuales facultan al indicado funcionario para refrendar y publicar las leyes o decretos que promulgue el Ejecutivo del Estado.
Apoya la anterior consideración, la siguiente tesis emitida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(35) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN ACTIVA Y LEGITIMACIÓN PASIVA."
QUINTO.—Causales de improcedencia. Sostiene el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, que el Municipio actor no hace valer conceptos de invalidez por vicios propios de los actos de promulgación y publicación de la Ley del Servicio Civil de dicho Estado, actos que no entrañan afectación o invasión a la esfera de atribuciones de dicho Municipio. También sostiene que el propio Municipio carece de legitimación, pues no es titular del derecho que pretende hacer valer, ya que el gobernador de la entidad no ha realizado acto alguno que invada o afecte el ámbito competencial municipal y que por la misma razón carece de legitimación pasiva el mencionado gobernador.
De igual manera, el Poder Legislativo demandado sostiene que el Municipio actor no cuenta con interés legítimo, pues el Congreso de la entidad está facultado para expedir, reformar y derogar o abrogar las leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y administración del Estado, por lo que no invade la esfera competencial de dicho Municipio ni vulnera su autonomía.
No tienen razón los Poderes demandados. En una controversia constitucional en que se impugnan normas generales, tienen la calidad de demandados, en términos de lo establecido por el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia,(36) tanto el órgano que la hubiera expedido como el órgano que la hubiera promulgado, por lo que con independencia de que se hagan valer o no conceptos de violación por vicios del acto de promulgación, ello no impide tenerlo como acto impugnado al ser parte del proceso legislativo que dio vida a la disposición combatida y es, precisamente, por eso que se llama a juicio tanto al expedidor como al promulgador, a fin de que defiendan la validez de dicha disposición, tal como se explica en la siguiente tesis P. XV/2007,(37) del Tribunal Pleno:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA ESTUDIAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL POR ESA VÍA, DEBE LLAMARSE A JUICIO COMO DEMANDADOS TANTO AL ÓRGANO QUE LA EXPIDIÓ COMO AL QUE LA PROMULGÓ, AUNQUE NO SE ATRIBUYAN VICIOS PROPIOS A CADA UNO DE ESTOS ACTOS, SALVO CUANDO SE RECLAME UNA OMISIÓN LEGISLATIVA.—De la exposición de motivos del 6 de abril de 1995 y del dictamen de la Cámara de Origen del 10 de abril del mismo año, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con su artículo 10, fracción II, se advierte que tienen la calidad de demandados en la controversia constitucional contra disposiciones generales los órganos que las hubiesen expedido y promulgado, pues intervinieron en diferentes etapas del proceso legislativo con que culminaron, además de que para su validez se requiere tanto de la aprobación como de la promulgación, lo que justifica que sea indispensable que concurran ambos entes al juicio, aunque no se reclamen vicios propios de cada una de las etapas legislativas, ya que el propósito de que se les llame como demandados es que sostengan la validez de la norma general, pero, principalmente, lograr una adecuada tramitación y resolución de las controversias constitucionales. Sin embargo, si lo que se reclama es una omisión legislativa, tampoco será obligatorio llamar a juicio a la autoridad que debió llevar a cabo la promulgación, pues es evidente que a este acto no se le atribuyen vicios propios."
En consecuencia, aun cuando no se hayan planteado en la demanda vicios propios del acto de promulgación de la norma general combatida, es parte de esta controversia constitucional el gobernador del Estado de Morelos, lo que motivó el reconocimiento de su
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28915-4c0bdcea/i-controversia-constitucional-es-improcedente-contra-un-segundo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- JUICIO POLÍTICO EN EL ESTADO DE MORELOS. ES IMPROCEDENTE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL CONGRESO DE LA ENTIDAD COMO JURADO DE DECLARACIÓN. (P./J. 154/2005)
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