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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (LA ORDEN VERBAL O ESCRITA EMITIDA POR EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA PARA RETENER EL PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE SAN JORGE NUCHITA, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE MANDATO, DESAPARICIÓN DE PODERES O REVOCACIÓN DE MANDATO DE LOS CONCEJALES EN FUNCIONES Y LA QUE ESTABLECE LA CALIFICACIÓN DE UNA ASAMBLEA DE ELECCIÓN EXTRAORDINARIA A CONCEJALES AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO ACTOR). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (LA ORDEN VERBAL O ESCRITA EMITIDA POR EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE OAXACA QUE APRUEBA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE MANDATO, DESAPARICIÓN DE PODERES O REVOCACIÓN DE MANDATO DE LOS CONCEJALES EN FUNCIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE NUCHITA, ASÍ COMO EL INMINENTE NOMBRAMIENTO DE UN ADMINISTRADOR MUNICIPAL, CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O EL RECONOCIMIENTO DE UNA PLANILLA DE CONCEJALES DISTINTA A LA QUE CONFORMA EL CABILDO EN FUNCIONES). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE ENTREGA DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO ES IMPUGNABLE MIENTRAS SUBSISTA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE SAN JORGE NUCHITA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SÍNDICO TIENE EL CARÁCTER DE MANDATARIO DEL AYUNTAMIENTO, POR LO QUE CUENTA CON LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA PROMOVERLA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE SAN JORGE NUCHITA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA, AL NO ENCONTRARSE DENTRO DE LOS SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE ESE JUICIO PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LA ORDEN VERBAL O ESCRITA PARA RETENER EL PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE SAN JORGE NUCHITA, ESTADO DE OAXACA). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE SER DESESTIMADA. VIII. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IX. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE SAN JORGE NUCHITA, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA). X. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA SI EL PODER EJECUTIVO LOCAL NO LA REALIZÓ AL AYUNTAMIENTO DENTRO DE LA FECHA LÍMITE DE PAGO PREVISTA EN EL CALENDARIO RESPECTIVO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE SAN JORGE NUCHITA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA). XI. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. CONSECUENCIAS DE LA OMISIÓN EN SU PAGO O ENTERO EXTEMPORÁNEO SOBRE LA HACIENDA MUNICIPAL (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE SAN JORGE NUCHITA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA). XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DEL ENTERO EXTEMPORÁNEO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ENTREGUE LOS INTERESES QUE SE HAYAN GENERADO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE SAN JORGE NUCHITA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 43/2018. · Registro digital (IUS): 28971
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-08-23
Promovente: MUNICIPIO DE SAN JORGE NUCHITA, ESTADO DE OAXACA.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, Pág. 1930.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 43/2018. SAN JORGE NUCHITA, ESTADO DE OAXACA. 5 DE DICIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: ROBERTO NIEMBRO ORTEGA.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cinco de diciembre de dos mil dieciocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el doce de febrero de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) Braulio Guadalupe Camacho Teodoro ostentándose como síndico del Municipio de San Jorge Nuchita, Oaxaca, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo, a través de las Secretarías de Finanzas y Gobierno, Legislativo y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, todos del Estado de Oaxaca, en la que demandó la invalidez de lo siguiente:

I. Del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca:

a) La orden verbal o escrita, dictamen, resolución, acuerdo o autorización verbal o escrita por medio de la cual la secretaria general de Gobierno del Estado de Oaxaca solicitó a la Secretaría de Finanzas del Estado retener todos los recursos de carácter federal que se ministran por conducto de la Secretaría de Finanzas y específicamente los correspondientes a los Ramos Generales 28 y 33 Fondos III y IV.

b) La retención de los enteros quincenales por concepto de participaciones y los enteros mensuales de las aportaciones federales que le corresponden al Municipio actor de los referidos fondos, así como de todos los recursos federales que se ministran por conducto de la Secretaría de Finanzas.

II. Del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca:

a) La orden verbal o escrita, dictamen, resolución, acuerdo, orden o autorización por medio del cual solicitó al secretario de Finanzas retener y/o suspender la entrega de participaciones y aportaciones federales correspondientes al Municipio actor de los referidos ramos generales, así como de todos los recursos federales que se ministran por conducto de la Secretaría de Finanzas.

b) El dictamen, resolución, acuerdo u orden por medio de la cual se aprobó la terminación anticipada de mandato y/o desaparición de poderes y/o revocación de mandato de los concejales en funciones del Municipio actor.

c) El dictamen, resolución, acuerdo u orden por medio de la cual se estableció la calificación de una asamblea de elección extraordinaria de concejales del Ayuntamiento del Municipio actor.

III. Del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca:

a) El dictamen, resolución, acuerdo, orden o decreto, por medio de la cual se aprobó la terminación anticipada de mandato y/o desaparición de poderes y/o revocación de mandato de los concejales en funciones del Municipio actor.

b) El inminente nombramiento de un administrador municipal y/o Consejo de Administración o el reconocimiento de una planilla de concejales distinta a los que conforma el Cabildo en funciones al momento de la presentación de la demanda.

SEGUNDO.—Trámite de la demanda. Por auto de doce de febrero de dos mil dieciocho el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 43/2018, así como turnarlo al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como instructor del procedimiento según el turno correspondiente.(2)

En consecuencia, por acuerdo de uno de marzo de dos mil dieciocho(3) el Ministro instructor tuvo por presentado al promovente con la personalidad que ostenta, designado delegados y señalando los estrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como domicilio para oír y recibir notificaciones y lo apercibió para que en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de dicho proveído precise los meses en que se han hecho las retenciones de participaciones y aportaciones federales; así como de los recursos de carácter federal que le corresponden, apercibido de que de no desahogar el requerimiento se proveerá lo conducente con los elementos que obran en autos.

TERCERO.—Desahogo del requerimiento y admisión. Por escrito recibido el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia, el Municipio actor desahogó el requerimiento formulado en el proveído de uno de marzo de dos mil dieciocho señalando que desde la segunda quincena de enero de dos mil dieciocho y hasta la fecha de presentación de su escrito (dieciséis de marzo de dos mil dieciocho) la Secretaría de Finanzas del Estado ha retenido los recursos de los Ramos Generales 28 y 33 Fondos III y IV.

Mediante auto de veinte de marzo de dos mil dieciocho el Ministro instructor tuvo por desahogado el requerimiento, admitió la demanda y tuvo al Municipio actor ofreciendo pruebas; asimismo, se tuvo por demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, todos del Estado de Oaxaca. Sin embargo, no se tuvo por demandados a los secretarios de Finanzas y de Gobierno de la referida entidad ya que se trata de dependencias subordinadas al Poder Ejecutivo. Del mismo modo, se emplazó a las autoridades demandadas con copia simple de la demanda y sus anexos para que por conducto de la persona que los representara manifestaran lo que a su interés legal conviniera. Asimismo, requirió a la Procuraduría General de la República para que hasta antes de la celebración de la audiencia de ley manifestara lo que a su representación conviniera.

CUARTO.—Manifestaciones del Municipio actor. Por escrito recibido el cinco de abril de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia, el Municipio actor realizó manifestaciones y presentó como pruebas supervinientes las copias simple y certificada de diversas documentales relativas a la retención de las participaciones y aportaciones federales que le corresponden. En consecuencia, mediante acuerdo de cinco de abril del mismo año se tuvo al Municipio actor realizando manifestaciones y ofreciendo pruebas supervinientes que deberán ser relacionadas en la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.

QUINTO.—Conceptos de invalidez. En su primer concepto de invalidez referente a los actos impugnados al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca señalados en los incisos a) y b), así como el acto impugnado del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana indicados en el inciso a) respectivo, el Municipio actor señala que dichas autoridades no cuentan con facultades para retener las participaciones y aportaciones que corresponden a su hacienda pública. En ese sentido, señala que la intervención de las autoridades estatales respecto a las participaciones es de simple mediación administrativa y de las aportaciones es de control y supervisión de su manejo, más no cuentan con la facultad de retención o suspensión.

Del mismo modo, también considera que se dejó al Municipio en estado de indefensión ya que se violó en su perjuicio la garantía de audiencia porque no se le concedió al Municipio actor la garantía de defensa antes de que se llevara a cabo el acto privativo. En este sentido, considera que el estándar de revisión de la garantía de audiencia requiere la constatación de los siguientes elementos: 1) que se comunicó al Municipio la existencia de un procedimiento que puede afectar sus intereses o los de sus integrantes; 2) que se hicieron de conocimiento del Municipio las cuestiones que serían materia de dicho procedimiento; 3) que se dio oportunidad al Municipio de expresar su opinión y presentar pruebas y 4) que se emitió una resolución en las que se atendieron las cuestiones planteadas por el Municipio. Por tanto, dado que en el caso concreto no se notificó al Municipio la existencia de algún procedimiento que podría concluir con la retención de las participaciones y aportaciones que reclama, las autoridades estatales demandadas violaron su garantía de audiencia.

De igual manera, considera que la legalidad de las inminentes retenciones reclamadas debe encontrarse fundada en alguna norma que faculte a las autoridades responsables para retener y/o suspender los recursos correspondientes al Municipio actor sin ningún procedimiento previo.

En su segundo concepto de invalidez referente a los actos impugnados del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca señalado en los incisos b) y c), así como el impugnado del Poder Legislativo Estatal contenido en los incisos a) y b), el Municipio actor señala que la determinación de las autoridades demandadas de resolver sobre la terminación anticipada de mandato y/o desaparición de poderes y/o revocación de mandatos de los concejales en funciones del Cabildo de San Jorge Nuchita sin que medien los procedimientos legales respectivos contraviene las garantías de audiencia y legalidad previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General. De la misma forma, considera que se violan los artículos 115, fracciones II, primer párrafo y IV, inciso b) y c), último párrafo de la Constitución General y 113, tercer párrafo, fracción II, incisos b) y c), último párrafo, y 165 Bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, pues dichas normas reconocen la autonomía de los Municipios para tomar sus propias determinaciones y administrar libremente su hacienda.

Por un lado, respecto de los actos impugnados al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y al Poder Legislativo Estatal, señala que se viola la garantía de audiencia, pues los actos impugnados se realizaron fuera de todo procedimiento legal. En primer lugar, señala que debe estudiarse si existe una norma general que atribuya a las autoridades responsables la facultad de emitir los actos impugnados sin algún procedimiento previo. En segundo lugar, considera que toda vez que la autonomía del Municipio actor se ve afectada por la determinación de otro poder público, para que se considere que se cumplió con la garantía de audiencia del Municipio se debieron de actualizar los siguientes supuestos: 1) que se haya comunicado al Municipio la existencia de un procedimiento cuya culminación puede afectar sus intereses; 2) que se hicieron del conocimiento del Municipio las cuestiones que serían materia de dicho procedimiento; 3) que se le dio la oportunidad de expresar su opinión al respecto y de presentar pruebas, y 4) que se emitió una resolución final en la que se atendieron las cuestiones planteadas por el Municipio.

Por otro lado, también considera que todos los actos impugnados son contrarios al artículo 115, fracciones II, primer párrafo y IV, incisos b) y c), último párrafo de la Constitución General, así como el derecho de todo Ayuntamiento de estar debidamente integrado por ser un nivel de gobierno electo por la soberanía popular. Asimismo, considera que ni el Instituto Estatal Electoral ni los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado cuentan con facultades para intervenir en la autonomía municipal sin seguir los procedimientos del orden jurídico nacional ni para declarar la terminación anticipada del mandato, revocación del mandato, o desaparición de poderes del Cabildo Municipal de San Jorge Nuchita, Oaxaca, pues no existe norma que autorice a las autoridades demandadas para actuar arbitrariamente e invadir la esfera municipal sin procedimiento previo.

SEXTO.—Contestación del Poder Legislativo del Estado. El Poder Legislativo de Oaxaca a través de la presidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado presentó el escrito de mérito depositado el cuatro de mayo de dos mil dieciocho en la Oficina de Correos de la localidad, el cual fue recibido el dieciocho de mayo del mismo año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia.

Señaló que a la fecha de la presentación de su escrito de contestación no existe algún procedimiento vigente que pueda tener por efecto que se apruebe la terminación anticipada de mandato y/o desaparición de poderes y/o revocación de mandato de los concejales en funciones del Municipio de San Jorge Nuchita, Oaxaca. Del mismo modo, señala que no es cierto el inminente nombramiento de un administrador municipal y/o Consejo de Administración o el reconocimiento de una planilla de concejales distinta a la que conforma el Cabildo en funciones del Municipio actor. De igual manera, señala que no es cierto que el Poder Legislativo haya ordenado la retención de los recursos que corresponden al Municipio actor. Por último, ni afirma ni niega el resto de los hechos narrados por el Municipio actor por no ser propios y solicita que se ordene el sobreseimiento de la controversia constitucional en relación con el Poder Legislativo, pues no pronunció el acto combatido.

SÉPTIMO.—Contestación del Poder Ejecutivo del Estado. El Poder Ejecutivo de Oaxaca, a través del consejero jurídico del Gobierno del Estado, depositó su contestación el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho en la Oficina de Correos de la localidad y fue recibida el ocho de junio del mismo año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia.(4)

En síntesis, el Poder Ejecutivo del Estado hizo valer siete causas de improcedencias:

I. En primer lugar, argumentó que el C. Braulio Guadalupe Camacho Teodoro no demostró la personalidad con la que se ostenta pues únicamente se adjuntó a la demanda la copia de la constancia de mayoría de elección por el sistema de usos y costumbres y la credencial expedida a su favor por la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, los que estima no acreditan su nombramiento como síndico. En ese orden de ideas, considera que el promovente pretende erróneamente que se le reconozca su personalidad jurídica como representante del Municipio a través de los argumentos que esgrime en su demanda. Sin embargo, el Poder Ejecutivo Estatal estima que no bastan los argumentos del accionante para que se le reconozca la legitimación para promover controversia constitucional en representación del Municipio actor, ya que era necesario que presentara el acta de sesión de Cabildo en la que se le designó la sindicatura municipal. Por tanto, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en los artículos 19, fracción VIII en relación con los diversos 20, fracción II y 11 de la ley reglamentaria de la materia.

II. En segundo lugar, considera que se actualiza la causa de sobreseimiento contenida en el artículo 20, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia respecto del acto impugnado consistente en la orden verbal o escrita del secretario de Gobernación al secretario de Finanzas por el que se retuvieron las participaciones y aportaciones federales correspondientes al Municipio. Lo anterior debido a que de las pruebas anexas a la contestación se desprende que el Ejecutivo Local ha ministrado en forma todos los recursos económicos provenientes del presupuesto de egresos de la Federación correspondientes a los Ramos Generales 28 y 33, fondos III y IV, y el Municipio no acreditó la existencia de la orden, dictamen, resolución o acuerdo por medio de alguna prueba.

III. En tercer lugar, estima que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 20, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia en lo que toca a la suspensión y/o retención de la entrega de los recursos económicos provenientes del presupuesto de egresos de la Federación, pues la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca no ha retenido o suspendido la entrega y/o ministración de recursos económicos a los que se refiere el Municipio actor. Asimismo, señala que la Secretaría de Finanzas del Estado se encuentra imposibilitada para realizar la retención de los recursos a los que se refiere el Municipio actor en términos de los artículos 115, fracción IV, párrafo primero, inciso b), de la Constitución General, 133, fracción III, inciso b), de la Constitución Local y 8 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Oaxaca, por lo que no pudo haber dejado de ministrar los recursos económicos que le corresponden al Municipio actor.

IV. En cuarto lugar, señala que lo que realmente pretende el Municipio actor con su demanda es evitar que se inicie o continúe el procedimiento de desaparición o revocación de mandato de los concejales electos del Ayuntamiento que representa y no reclamar que se hayan dejado de ministrar los recursos reclamados.

V. En quinto lugar, considera que se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en los artículos 19, fracción VIII, 20, fracción II y 22, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia debido a que el Municipio actor omitió formular los conceptos de invalidez respecto del acto impugnado consistente en la retención o suspensión de la entrega de los recursos, pues en su planteamiento no se establece cuál es la lesión o el agravio que le originó la retención.

VI. En sexto lugar argumenta que debe sobreseerse en la controversia constitucional de conformidad con el artículo 19, fracción VIII en relación con el artículo 20, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia debido a que no se ha afectado a la esfera de facultades del Municipio actor en tanto que el secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo ha ministrado los recursos que le corresponden al Municipio actor.

VII. Por último, aduce que debe sobreseerse respecto del acto impugnado en el concepto de violación único consistente en "... las inminentes determinaciones que adoptarán en días próximos las autoridades señaladas, sin que medie los procedimientos legales respectivos ..." de la demanda, ya que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 20, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia, pues se trata de un acto futuro e incierto cuya realización no es inminente.

En lo que se refiere al concepto de invalidez formulado por el actor, el Poder Ejecutivo Local alega que debe declararse infundado en lo que se refiere a la retención y suspensión de los recursos económicos, pues la Secretaría de Finanzas Local ha ministrado los recursos económicos correspondientes al Municipio en las cuentas que señaló para que se realice la transferencia electrónica. Por otro lado, también considera infundados los argumentos referentes a los acuerdos u órdenes para la retención de transferencias federales al Municipio actor, ya que el Poder Ejecutivo Local ha ministrado los recursos económicos que le corresponden al actor, máxime que no acreditó la existencia de dichas órdenes.

OCTAVO.—Contestación del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado. El Instituto Estatal Electoral del Estado, a través de su secretario Ejecutivo, depositó su contestación el diez de julio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correos de la localidad y que fue recibida el dieciséis de julio del mismo año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia,(5) por lo que se presentó fuera del plazo de treinta días hábiles dispuesto en el acuerdo de veinte de marzo de dos mil dieciocho.

En su escrito, el secretario Ejecutivo señaló que la Dirección de Sistemas Normativos del Instituto Estatal Electoral no ha sostenido alguna mesa de trabajo con el personal de la Secretaría General de Gobierno para provocar la renuncia de los concejales del Municipio actor. También señaló que es falso que el Instituto Estatal Electoral se haya pronunciado respecto de la terminación anticipada de mandato de la que se duele el Municipio actor ya que tiene el criterio de no intervenir en dichas decisiones comunitarias ni pronunciarse respecto de su validez de conformidad con lo resuelto en la controversia constitucional 62/2015 y la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-OP-14/2015 en las acciones de inconstitucionalidad 59/2015, 61/2015 y 62/2015. Del mismo modo, negó haber emitido alguna orden de retención de los recursos federales o un acuerdo por el cual se aprueba la terminación anticipada de mandato de los concejales en funciones del Municipio actor.

Por otro lado, afirmó que el once de marzo del año en curso el Consejo General del Instituto en cumplimiento de los artículos 32, fracción XIX y 282 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca y las Normas Constitucionales aplicables a los Municipios que se rigen por sus sistemas normativos, resolvió declarar jurídicamente inválida la elección celebrada el siete de enero de dos mil dieciocho y ratificada el cuatro de marzo siguiente que tuvo lugar después de que la propia asamblea determinó la terminación anticipada de mandato de sus autoridades. En este sentido, considera que no violentó el derecho al debido proceso del Municipio debido a que se notificó tanto al presidente como al síndico del Municipio, quienes expresaron lo que a su derecho convino. En consecuencia, considera que al haber emitido la resolución en cumplimiento de las normas aplicables no se afectó al Municipio actor. En ese sentido, también considera que al haberse declarado como inválida la elección extraordinaria no se afectó la continuación y funcionamiento del Ayuntamiento de San Jorge Nuchita.

Por último, considera que respecto de los actos que el Municipio actor le atribuye señalados con los incisos a) y b) se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 20, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia y la prevista en el artículo 19, fracción II, de la misma ley en lo que toca al acto señalado con el inciso c), pues se trata de un acto de naturaleza electoral.

SÉPTIMO (sic).—Opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República no formuló pedimento o alegato alguno según se desprende de las constancias del expediente.

OCTAVO (sic).—Audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos. Luego de haberse presentado los alegatos por escrito, una vez agotado en sus términos el trámite respectivo, el seis de septiembre de dos mil dieciocho(6) se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal y se puso el expediente en estado de resolución.

NOVENO (sic).—Radicación. Mediante escrito de cinco de noviembre de dos mil dieciocho,(7) el Ministro instructor solicitó la radicación de la controversia constitucional en el índice de la Primera Sala, lo cual dictó de conformidad el presidente de este Alto Tribunal en acuerdo de ocho de noviembre de dos mil dieciocho.(8)

Finalmente, en proveído de dieciséis de noviembre siguiente, la presidenta de esta Primera Sala acordó el avocamiento para resolver el asunto en dicha sede.(9)

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i) de la Constitución General;(10) 1 de la ley reglamentaria de la materia,(11) 10, fracción I y 11, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(12) en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece,(13) en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de San Jorge Nuchita y los Poderes del Estado de Oaxaca, en el que es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO.—Precisión de la litis. En términos del artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de las materia(14) se fijan los actos objeto de la controversia y a la apreciación de pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados.

En el escrito inicial de demanda y en el escrito por el cual desahogó el requerimiento formulado en el proveído de uno de marzo de dos mil dieciocho, el Municipio actor señaló como actos impugnados los siguientes:

I. Del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca:

a) La orden verbal o escrita, dictamen, resolución, acuerdo, o autorización verbal o escrita por medio de la cual la secretaria general de Gobierno del Estado de Oaxaca solicitó a la Secretaría de Finanzas del Estado retener todos los recursos de carácter federal que se ministran por conducto de la Secretaría de Finanzas y específicamente los Ramos Generales 28 y 33 Fondos III y IV.

b) La retención de los enteros quincenales por concepto de participaciones y los enteros mensuales de las aportaciones federales que le corresponden al Municipio actor de los Ramos Generales 28 y 33 Fondos III y IV, así como de todos los recursos federales que se ministran por conducto de la Secretaría de Finanzas, del periodo que corre a partir de la segunda quincena del mes de enero al dieciséis de marzo de dos mil dieciocho.

II. Del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca:

a) La orden verbal o escrita, dictamen, resolución, acuerdo, orden o autorización verbal o escrita por medio del cual el referido órgano solicita a la Secretaría de Finanzas retener y/o suspender las cantidades correspondientes a los Ramos Generales 28 y 33, Fondos III y IV, así como de todos los recursos de carácter federal destinados al Municipio actor y que se ministren por conducto de la Secretaría de Finanzas.

b) El dictamen, resolución, acuerdo u orden por medio de la cual se aprueba la terminación anticipada de mandato y/o desaparición de poderes y/o revocación de mandato de los concejales en funciones del Municipio actor.

c) El dictamen, resolución, acuerdo u orden por medio de la cual se establece la calificación de una asamblea de elección extraordinaria a concejales al Ayuntamiento del Municipio actor.

III. Del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca:

a) El dictamen, resolución, acuerdo, orden o decreto, por medio de la cual se aprobó la terminación anticipada de mandato y/o desaparición de poderes y/o revocación de mandato de los concejales en funciones del Municipio actor.

b) El inminente nombramiento de un administrador municipal y/o Consejo de Administración o el reconocimiento de una planilla de concejales distinta a la que conforma el Cabildo en funciones al momento de la presentación de la demanda.

Del análisis integral tanto de la demanda como de las constancias que obran en el expediente, esta Primera Sala concluye que el acto atribuido al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, es la omisión total de ministrar los recursos económicos que le corresponden al Municipio actor por concepto de los Ramos Generales 28 y 33, fondos III y IV del presupuesto de egresos de la Federación, correspondientes al periodo que corre de la segunda quincena de enero al dieciséis de marzo de dos mil dieciocho.(15)

Por otro lado, del análisis del expediente se desprende que no existen pruebas de la orden verbal o escrita por medio de la cual el Instituto Electoral haya solicitado a la Secretaría de Finanzas retener las cantidades reclamadas; ni de la terminación anticipada de mandato, desaparición de poderes o revocación de mandato de los concejales en funciones del Municipio actor. Por último, se precisa que a la fecha de la presentación de la demanda no existía el acuerdo por el cual califica la asamblea de elección extraordinaria a concejales al Ayuntamiento del Municipio actor.(16) Por tanto, se sobresee respecto de estos actos con fundamento en el 20, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia.(17)

Del mismo modo, respecto de los actos reclamados al Poder Legislativo del Estado no se advierte que obre en autos prueba alguna que demuestre la existencia del dictamen, resolución, acuerdo, orden o decreto por medio del cual se aprobó la terminación anticipada de mandato, desaparición de poderes o revocación de mandato los concejales en funciones, ni del inminente nombramiento de un administrador municipal, Consejo de Administración o el reconocimiento de una planilla de concejales distinta a la que conforma el Cabildo en funciones. En consecuencia, se sobresee respecto de estos actos con fundamento en el artículo 20, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia.

TERCERO.—Oportunidad. Procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, para lo cual es determinante definir si los actos impugnados son actos positivos u omisiones, ya que conforme a la tesis P./J. 43/2003(18) tratándose de omisiones la oportunidad se actualiza día con día. A continuación, se hace un breve relato de los precedentes en que esta Suprema Corte ha distinguido entre actos positivos y omisiones.

En la controversia constitucional 5/2004,(19) en la cual el Municipio de Purépero, Estado de Michoacán impugnó los descuentos de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, notificadas en oficios 1975/2003 y 2125/2003,(20) la Suprema Corte consideró que se trataba de actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.

En la controversia constitucional 20/2005(21) el Municipio de Acapulco de Juárez demandó la invalidez del Oficio SFA/0442/04 de veintisiete de enero de dos mil cinco, suscrito por el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero mediante el cual le negaron una solicitud de regularización de entrega de participaciones federales, así como la omisión de pago de los intereses que se generaron con motivo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28971-7245ea61/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-inexistencia-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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