INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 762, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. EL TRABAJADOR NO TIENE OBLIGACIÓN DE AGOTARLO, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PARA QUE SE ANALICE LA VIOLACIÓN PROCESAL ADUCIDA, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 171 DE LA LEY DE LA MATERIA (INAPLICABILIDAD PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 8/99).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 124/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO DEL DECIMOSÉPTIMO CIRCUITO Y EL DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 19 DE JUNIO DE 2019. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, EDUARDO MEDINA MORA I., JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: ARTURO NAZAR ORTEGA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en lo establecido en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que se suscita entre el Pleno y un Tribunal Colegiado de diferentes Circuitos, además de que se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno para dirimir el punto jurídico en contienda.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, en relación con el diverso 226, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, pues la denuncia fue realizada por los Magistrados integrantes del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito contendiente, como lo permiten los numerales en comento.
TERCERO.—Tema y criterios contendientes. El Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el amparo directo **********, determinó en lo que interesa lo siguiente:
"...
"15.20 Por cuestiones de método se analizan a continuación los argumentos de la quejosa en los que sostiene que existe falta de legitimación procesal (personalidad) de quien se ostenta como representante legal de la ********** en el juicio natural.
"15.21 Que en el particular, la personalidad (personería) no está correctamente otorgada, porque no existe certeza respecto de las facultades del ‘otorgante’ del poder, ya que los ‘apoderados o representantes legales’ de la comisión demandada acreditan sus ‘facultades’ en términos del instrumento notarial **********, otorgado ante la fe del notario público ********** del otrora **********. Este poder, en sí mismo, no cuenta con los requisitos mínimos de validez ya que se adjunta como anexo o apéndice la transcripción de una porción de la ley de la referida comisión. En la página 3 de este apéndice, integrado en el título III de la transcripción, específicamente en el artículo 15, se refiere: ‘el presidente de la comisión nacional tendría las siguientes facultades y obligaciones: ... IV. Distribuir y delegar funciones en los términos del reglamento interno ...’.
"15.22 En el caso, dice, en el reglamento interno de la ********** no hay ningún dispositivo que norme, regule o autorice el otorgamiento de facultades o poderes al presidente de dicha comisión, por lo que hay que concluir que quienes comparecieron en juicio a deducir los intereses de la tercera interesada no contaban con legitimación ni personería; de ahí que deba tenerse por contestada la demanda en sentido afirmativo, por perdido el derecho de ofrecer pruebas y de objetar las de la contraria, con todos los efectos legales procedentes.
"15.23 Resultan inoperantes los argumentos antes vertidos.
"15.24 Ello, porque esas manifestaciones están encaminadas a objetar la personalidad del compareciente al juicio laboral a nombre de la **********, aspecto que en el caso no puede válidamente ser analizado en la vía de amparo directo que aquí se intenta, en virtud que en acuerdo del siete de enero de dos mil dieciséis (foja 67), la responsable, con fundamento en el artículo 134 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, tuvo por acreditada y reconocida la personalidad de********** , como apoderado de la citada comisión, en términos del testimonio notarial ********** pasado ante la fe del notario público ********** del **********, acuerdo que fue notificado a las partes mediante estrados el 25 de enero de 2016 (folio 67 vuelta); y el once de febrero de dos mil dieciséis se celebró la audiencia de ley, en la que compareció la actora por sí y asistida por su apoderado (foja 70 del expediente laboral) en la que la reclamante ratificó y reprodujo el escrito inicial de demanda presentado ante la autoridad laboral el 29 de junio de 2015; a la que no compareció el titular demandado.
"15.25 Sin que la actora haya hecho valer ante la responsable, en el momento procesal oportuno dentro del procedimiento laboral que instauró, el incidente de previo y especial pronunciamiento previsto en la Ley Federal del Trabajo (artículos 762 y 763), de aplicación supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, objetando la personalidad del compareciente a nombre de la demandada, bajo los argumentos que ahora esgrime; ya que pese a estar notificada del acuerdo en el que la Sala reconoció la personalidad del representante del patrón y comparecer a la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, por sí y a través de su apoderado –lo que le permitió imponerse en forma oportuna sobre la forma y términos en que la comisión demandada pretendió acreditar la personalidad del compareciente a juicio, estando en aptitud de defender sus intereses dentro del propio procedimiento laboral–, no expresó inconformidad alguna en relación con las formalidades que debían presentar los documentos exhibidos por el representante de la comisión.
"15.26 En ese contexto, si la actora ahora quejosa no objetó en el momento procesal oportuno y ante la autoridad responsable la personalidad de quien compareció en nombre y representación de la comisión llamada a juicio, es inconcuso que precluyó su derecho para hacerlo y, por tanto, no es dable su pretensión de cuestionarlo a través de la presente vía.
"15.27 Orienta lo anterior, en su esencia, la tesis jurisprudencial 2a./J. 8/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 194552, que dice:
"‘PERSONALIDAD EN MATERIA LABORAL. ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, DEBEN AGOTARSE LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA OPONIENDO LAS EXCEPCIONES Y DEFENSAS QUE ESTABLECE LA LEY RESPECTIVA.—Los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Federal y 73, fracciones XIII y XIV, de la Ley de Amparo, establecen que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el amparo indirecto será improcedente, o el concepto de violación inoperante, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y, por lo tanto, para acudir a él es necesario agotar, en la vía ordinaria, los recursos que procedan. Ahora bien, los artículos 762, fracción III, 763 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo establecen que en materia de personalidad, dentro del juicio, las partes pueden impugnarla a través de la excepción o incidente que procedan y culmina con la interlocutoria relativa; tal defensa es necesaria para que la Junta se pronuncie sobre el tema, ya que si aquélla no se agota o ésta no decide, el amparo será improcedente. Los medios ordinarios de defensa están instituidos para que los afectados los hagan valer, conforme al principio de definitividad del juicio de amparo, que es un medio extraordinario de defensa, de modo que si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de aquélla.
"‘Contradicción de tesis 49/98. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y los Tribunales Colegiados Primero del Décimo Sexto Circuito y Primero del Décimo Primer Circuito. 15 de enero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Gabriel Clemente Rodríguez.’
"15.28 Igualmente encuentra aplicación la tesis jurisprudencial 779, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Apéndice «al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011» Tomo VI. Laboral Primera Parte - SCJN Primera Sección - Relaciones laborales ordinarias, Subsección 2 Adjetivo, con registro digital: 1009574, que dice:
"‘PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. LAS OBJECIONES QUE AL RESPECTO SE REALICEN DEBERÁN RESOLVERSE DE PLANO, OYENDO A LAS PARTES EN LA AUDIENCIA DE LEY.—Si se toma en consideración que de conformidad con la interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 761 a 763 de la Ley Federal del Trabajo, el incidente de falta de personalidad es un incidente de previo y especial pronunciamiento que necesariamente debe ser tramitado dentro del expediente principal en donde surgió la controversia y que cuando sea promovido dentro de una audiencia o diligencia, se sustanciará y resolverá de plano, resulta inconcuso que la objeción a la personalidad de alguna de las partes en el juicio laboral debe resolverse de plano, oyendo a las partes en la audiencia de ley, a efecto de evitar dilaciones procesales innecesarias y con la única condición de que en la resolución correspondiente, la Junta de Conciliación y Arbitraje exprese las razones jurídicas que haya tomado en cuenta para resolver en los términos en que lo haya hecho. Lo anterior se encuentra robustecido con el texto de la exposición de motivos de la reforma procesal a la Ley Federal del Trabajo que entró en vigor el cuatro de enero de mil novecientos ochenta, del que se desprende que el espíritu del legislador al incorporar tal reforma fue, entre otros, el de agilizar la tramitación de los procedimientos, apoyándose para ello en los principios de inmediatez y concentración procesal, motivo por el cual consideró pertinente que las objeciones que se hagan valer en relación con la personalidad de las partes en la audiencia de ley, deberán ser resueltas de plano en la misma pieza de autos, oyendo a las partes en ese momento, sin que para el caso se requiera de la tramitación de incidente formal alguno.
"‘Contradicción de tesis 19/2001-SS. Entre las sustentadas por el entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito, ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del mismo circuito. 29 de junio de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores.—Tesis de jurisprudencia 31/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del tres de agosto de dos mil uno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, agosto de 2001, página 193, Segunda Sala, tesis 2a./J. 31/2001; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 1297.
"15.29 Similares consideraciones se sustentaron por la anterior integración de este Tribunal Colegiado, en sesión del dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, al resolverse el amparo directo DT. 563/2017, vinculado con el diverso DT. 564/2017, promovido por José Francisco Campos Rivera; asunto asignado a la ponencia ‘A’.
"15.30 No pasa desapercibido para este Tribunal Colegiado el criterio jurisprudencial PC.XVII. J/4 L (10a.) sustentado por el Pleno del Décimo Séptimo Circuito, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital: 2012731, de título, subtítulo y texto:
"‘ El artículo 171, párrafo primero, de la Ley de Amparo, consagra el principio de definitividad que debe observarse, respecto de las violaciones procesales que se hagan valer al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, al disponer que solamente podrán ser materia de análisis cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa, que en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Ahora bien, dentro del término «recurso o medio de defensa», queda comprendido el incidente de falta de personalidad previsto en la fracción III del artículo 762 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que debe agotarse antes de acudir al juicio de amparo directo promovido contra el laudo, en observancia al indicado principio, como así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 8/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, febrero de 1999, página 135, rubro: «PERSONALIDAD EN MATERIA LABORAL. ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, DEBEN AGOTARSE LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA OPONIENDO LAS EXCEPCIONES Y DEFENSAS QUE ESTABLECE LA LEY RESPECTIVA.»; sin embargo, acorde con nuevo marco normativo de la ley de la materia y en atención a su artículo sexto transitorio, dicha jurisprudencia resulta obligatoria sólo tratándose del patrón, no así de la parte trabajadora, toda vez que en el párrafo segundo del numeral 171 citado, se establece en favor de este último, una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, en tratándose de violaciones a las leyes del procedimiento que trascienden al resultado del laudo, al eximírsele de agotar previamente, durante la tramitación del procedimiento laboral, los recursos ordinarios o medios de defensa tendientes a impugnarlas.
"‘Pleno del Decimoséptimo Circuito. Contradicción de tesis 4/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 27 de junio de 2016. Mayoría de cinco votos de los Magistrados Cuauhtémoc Cuéllar de Luna, José Octavio Rodarte Ibarra, Gabriel Ascención Galván Carrizales y Marta Olivia Tello Acuña. Disidente: María Teresa Zambrano Calero. Ponente: Manuel Armando Juárez Morales. Secretaría: María Sabrina González Lardizábal. Criterios contendientes: El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 927/2015, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, residentes en la ciudad de Chihuahua, al resolver los amparos directos 206/2015 y 950/2015.—Esta tesis se publicó el viernes 07 de octubre de 2016 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de octubre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.’
"15.31 Sin embargo, en el caso se determina que no cobra aplicación, porque la postura de este órgano colegiado, respecto a la oportunidad de la objeción de personalidad quedó de manifiesto con los razonamientos antes sustentados; además que dicho criterio no es obligatorio para este tribunal que resuelve, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo.
"15.32 Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 216, segundo párrafo, 226, fracción II y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, este órgano colegiado que resuelve, determina realizar la respectiva denuncia de contradicción de tesis entre el criterio que sustenta en esta ejecutoria respecto a la necesidad de agotar el incidente de falta de personalidad antes de acudir al juicio de amparo directo, con el sustentado por el Pleno del Décimo Séptimo Circuito que precisa que el trabajador no tiene obligación de agotar dicho incidente, previo a la promoción del juicio de amparo directo, en términos del párrafo segundo del artículo 171 de la Ley de Amparo. ..."
Por su parte, el Pleno del Décimo Séptimo Circuito, al resolver la contradicción de tesis 4/2016, que dio origen a la jurisprudencia PC.XVII. J/4 L (10a.), con número de registro digital: 2012731 y publicada el viernes siete de octubre de dos mil dieciséis en el Semanario Judicial de la Federación, señaló en lo que nos importa para resolver:
"...
"A) Principio de definitividad, en tratándose de violaciones procesales, previsto en el artículo 171 de la Ley de Amparo.
"Partiendo de la premisa de que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales, que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado.
"Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos; es decir, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate.
"En este sentido, la propia Constitución y su ley reglamentaria en la materia, restringen la procedencia del amparo, atribuyéndole al juicio constitucional el carácter de una instancia extraordinaria; es decir, de un medio de reparación de la violación de garantías, al que no se puede acudir sino cuando previamente se han agotado, sin éxito, las medidas ordinarias de defensa.
"El fundamento constitucional del principio de referencia está contenido en el artículo 107 de la Carta Magna, cuyas fracciones III, incisos a) y b), IV y V, inciso d), señalan textualmente:
"‘Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"‘...
"‘III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:
"‘a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V, de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que cuando proceda, advierta en suplencia de la queja y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.
"‘La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse.
"‘Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.
"‘Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado;
"‘b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y
"‘...
"‘IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.
"‘No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;
"‘V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:
"‘...
"‘d) En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las Juntas locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado.’
"Según se desprende de la anterior transcripción, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo por considerarlo violatorio de garantías constitucionales, sea definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún recurso o medio de defensa legal ordinario, cuya interposición pueda dar lugar a su modificación, revocación o nulidad.
"Por su parte, la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regula en sus preceptos 170, párrafo tercero y 171, la forma en que opera el principio de definitividad, como presupuesto de procedencia del juicio constitucional, en tratándose del juicio de amparo directo; numerales que en su parte conducente son del tenor literal siguiente:
"‘Artículo 170. El juicio de amparo directo procede:
"‘I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.
"‘Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley.
"‘Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.’
"‘Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa, que en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo.
"‘Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.’
"De ahí que es de concluirse, que el principio de definitividad es un requisito para la procedencia del juicio de garantías, en términos de las normas antes referidas, pues para que éste proceda, debe tratarse de ‘actos definitivos’, en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que su inobservancia trae como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción constitucional intentada.
"Sin embargo, no obstante que el principio de definitividad en su doble connotación; es decir, como presupuesto de procedencia y como causa de improcedencia del juicio de amparo, es una regla de aplicación general, la propia ley reglamentaria del juicio de garantías establece ciertas excepciones, atendiendo particularmente a la índole del quejoso y a la naturaleza del acto reclamado, pues si bien dispone en el numeral 171 que quedó transcrito, que el juicio de amparo es procedente contra violaciones a las leyes del procedimiento que afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo, siempre y cuando se reclamen al promoverse la demanda de amparo contra la sentencia, laudo o resolución que ponga fin al juicio y se hubieren impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa, que en su caso señale la ley ordinaria respectiva, también verdad es que en su segundo párrafo, se establece de manera precisa y expresa, una excepción a dicho principio de definitividad, pues se dispone que dicha obligación no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado, o bien, cuando se alegue que la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contraria a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
"De ahí que debe estimarse que el referido numeral 171, hace referencia a la modalidad en que opera el principio de definitividad, en tratándose del juicio de amparo directo en materia laboral, por violaciones a las leyes del procedimiento que afecten las defensas del trabajador quejoso, pues se advierte que la intención del legislador fue excluirlo de agotar los recursos ordinarios o medios de impugnación procedentes, a fin de que el órgano colegiado que conozca del juicio de amparo directo que promovió en contra del laudo, se encuentre en aptitud legal de analizar aquellas violaciones procesales que trasciendan a su resultado.
"En apoyo a lo anterior, se cita por analogía e igualdad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 41/2001 que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 101 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, agosto de 2001, materia civil, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes:
"‘DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES.—La interpretación literal, sistemática y teleológica de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 161 de la Ley de Amparo, permite concluir que la excepción al principio de definitividad que dichas normas establecen, procede exclusivamente cuando en amparo directo en materia civil, se impugnen sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, por violaciones a las leyes del procedimiento que afecten las defensas del quejoso, siempre que dichas sentencias se hayan dictado en controversias relativas al estado civil o que afecten al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces. Ahora bien, si se toma en consideración que solo en este caso específico y respecto de la referida vía de amparo, el interesado queda eximido de preparar el juicio de amparo, resulta inconcuso que no puede hacerse extensiva la citada excepción a los casos en los que por la diversa vía del amparo indirecto se impugnen actos de tribunales civiles ejecutados fuera de juicio o después de concluido, no obstante que se trate de controversias del estado civil o de actos que pudieran afect
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28979-cfe27f64/incidente-de-falta-de-personalidad-previsto-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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