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Modo: Corpus Pro

PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA AL PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN RELATIVA A CONDONACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES, NO SE ENCUENTRA OBLIGADA A LLAMAR PREVIAMENTE A LOS CONTRIBUYENTES BENEFICIADOS CUYOS DATOS SON REVELADOS, PUES NO CUENTAN CON UN DERECHO OPONIBLE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/2018. · Registro digital (IUS): 29028
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-09-27
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo II, Pág. 1257.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 25 DE JUNIO DE 2019. MAYORÍA DE TRECE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS: JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA, JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, RICARDO OLVERA GARCÍA, CLEMENTINA FLORES SUÁREZ, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, J. JESÚS GUTIÉRREZ LEGORRETA, JOSÉ EDUARDO ALVARADO RAMÍREZ, ADRIANA ESCORZA CARRANZA, HUGO GUZMÁN LÓPEZ Y MARÍA ALEJANDRA DE LEÓN GONZÁLEZ. DISIDENTES: ARTURO ITURBE RIVAS, OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ, OSCAR FERNANDO HERNÁNDEZ BAUTISTA, EUGENIO REYES CONTRERAS, LUZ CUETO MARTÍNEZ, ERNESTO MARTÍNEZ ANDREU, LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA Y MARTHA LLAMILE ORTIZ BRENA. PONENTE: EUGENIO REYES CONTRERAS. SECRETARIA: VANESA ZARATE VERGARA.

Ciudad de México; Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión del día veinticinco de junio de dos mil diecinueve.

VISTOS;

Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Mediante oficio 6326-VI, recibido el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, en la presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, informó sobre la denuncia de la posible contradicción de tesis, entre el criterio sustentado por el Cuarto y Décimo Sexto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los recursos de revisión RA. 545/2017 y RA. 540/2017, respectivamente, en relación al tema relativo a: "Determinar si debe llamarse a procedimiento o no a las personas físicas o morales a las cuales el Servicio de Administración Tributaria les hubiere cancelado o condonado un crédito fiscal, y cuyos datos sean requeridos por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, a fin de que manifiesten si resentirían o no una afectación con la difusión de información sobre sus datos y si esos datos se encuentran comprendidos o amparados por el denominado secreto fiscal, previsto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación."

SEGUNDO.—Por auto de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió la posible denuncia de contradicción de criterios, misma que quedó registrada con el número PC01.I.A.31/2018.C; asimismo, solicitó a las presidencias de los Tribunales Cuarto y Décimo Sexto en la materia y Circuito mencionados, que enviaran los archivos digitales relativos a las ejecutorias dictadas en los asuntos que dieron origen a los criterios indicados en el punto anterior y las requirió, a efecto de que informaran, si el criterio sustentado en los asuntos materia de la contradicción continuaba vigente o, en su caso, que comunicaran la causa para tenerlo por abandonado.

TERCERO.—Por oficio SGA/GVP/719/2018, de catorce de noviembre de do mil dieciocho, el secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo del conocimiento de la encargada del despacho de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis que durante los últimos seis meses, no se encontraba radicada en ese Alto Tribunal contradicción de tesis alguna en la que el tema a dilucidar guardara relación con el planteado en la contradicción de tesis PC01.I.A.31/2018.C.

CUARTO.—Luego, la encargada del despacho de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante oficio CCST-X-418-11-2018, de quince de noviembre de dos mil dieciocho, informó al secretario de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, que durante los últimos seis meses, no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis radicada en ese Alto Tribunal, en la que el tema a dilucidar guardara relación con el diverso en estudio.

QUINTO.—Mediante proveídos de catorce de noviembre de dos mil dieciocho y ocho de febrero de dos mil diecinueve, el Cuarto y Décimo Sexto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, informaron su postura en cuanto a la vigencia de los criterios contenidos en los recursos de revisión RA. 545/2017 y RA. 540/2017.

SEXTO.—En proveído de uno de marzo de dos mil diecinueve, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito turnó el expediente virtual al Magistrado Eugenio Reyes Contreras, integrante del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en la materia y Circuito mencionados, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de febrero de dos mil quince, que regula la integración y el funcionamiento de los Plenos de Circuito, por plantearse una probable contradicción entre criterios sostenidos por diversos Tribunales Colegiados de Circuito, sobre un tema que corresponde a la materia administrativa de la especialidad de este Pleno de Circuito.

SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III,(1) y 227, fracciones I y III, de la Ley de Amparo;(2) toda vez que fue formulada por un Juez de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, que estimó que los criterios aplicables son contradictorios.

TERCERO.—Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la existencia de la divergencia de criterios denunciada y, en su caso, establecer el criterio que debe prevalecer, conviene tener presente las consideraciones en las que los Tribunales Colegiados de Circuito, basaron sus resoluciones.

I) Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión RA. 545/2017.

En sesión de treinta de agosto de dos mil dieciocho, el mencionado tribunal dictó sentencia en el recurso de revisión RA. 545/2017; en la que confirmó la sentencia recurrida, de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, emitida por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el expediente relativo al juicio de amparo número 1026/2017, en la que negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, solicitados por **********, con apoyo en los siguientes razonamientos:

"1. ... Análisis de los agravios.

"2. Resulta infundado el primer concepto de violación dirigido a convencer sobre que la información solicitada tiene un origen privado y, por tanto, para su divulgación es necesario otorgar derecho de audiencia previa a sus titulares, a fin de no dejarlos sin defensa.

"3. En principio, conviene precisar que el sumario constitucional que se revisa, tiene su origen en la resolución de veintisiete de octubre de dos mil quince, dentro del expediente administrativo **********, y en la resolución de nueve de agosto de dos mil dieciséis dictada en el expediente **********, ambas emitidas por el INAI, a través de las cuales se ordenó al SAT divulgar información de particulares que, como es el caso de la parte quejosa, obtuvieron condonación de algunos créditos fiscales, en el periodo de enero de dos mil siete a mayo de dos mil dieciséis.

"Sin embargo, en atención a las solicitudes formuladas y a la inconformidad de los solicitantes con la respuesta emitida por el SAT, mediante las resoluciones reclamadas, el INAI obligó a la citada autoridad a entregar de manera íntegra la información solicitada y en los términos ahí indicados.

"4. Inconformes con lo anterior, la parte quejosa acudió al juicio de amparo alegando que parte de la información que pretenden obtener los terceros comprenden datos personales, por lo que debió requerirse su consentimiento previamente a dicha autorización.

"5. En la sentencia recurrida, se negó el amparo por considerar que la información solicitada es pública, por lo que no es necesario otorgar derecho de audiencia previa para dar acceso a la misma.

"6. Decisión del Juez Federal que este Tribunal Colegiado estima correcta, por las consideraciones que se exponen a continuación:

"7. Para corroborar el aserto anterior, resulta esencial traer a colación el artículo 6o. constitucional. ‘Artículo 6o.’ (se transcribe)

"8. Del numeral transcrito se desprende: i) el derecho a la información será garantizado por el Estado; ii) En la interpretación de este derecho debe prevalecer el principio de máxima publicidad, iii) La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes; y, iv) Para estos fines la Federación contará con un organismo autónomo, especializado, que es el INAI.

"9. Es decir, el derecho a la información es un derecho humano, garantizado por el Estado, en el cual rige el principio de máxima publicidad y, como excepción a esta regla, alguna información que pueda ser considerada confidencial, relativa a la vida privada y los datos personales, será protegida en los términos que fijen las leyes.

"10. En este sentido, debe estimarse que el acceso a información pública es al mismo tiempo un derecho fundamental y una directriz,(3) entendidos como instrumentos para conseguir la eficacia de otros valores, últimos o valiosos per se, que obligan a los operadores a generar toda clase de consecuencias en materia de transparencia y rendición de cuentas, entendidas éstas como políticas públicas que deben ser optimizadas, en razón de su importancia, en un régimen democrático.

"11. Así, el acceso, transparencia y disponibilidad de la información pública, debe mirarse y apreciarse como un medio, no como un fin por sí mismo, para alcanzar y dar eficacia a diversos valores, objetivos, principios y directrices.

"12. En efecto, los fines a satisfacer son, principalmente:

"— Cultura de la información, que incluye:

"– Máxima publicidad; así como,

"– Gratuidad y fácil acceso.

"— Control social democrático, para el efecto de obtener y hacer efectivo:

"– Rendición de cuentas;

"– Indicadores de gestión; y,

"– Gobierno abierto y transparente.

"— Políticas informativas y de responsabilidad que coadyuven a los anteriores propósitos mediante:

"– Procedimientos sencillos y eficientes (consulta, conservar, respuestas);

"– Archivos completos y funcionales; y,

"– Recursos, medidas de apremio y sanciones.

"13. En este orden de ideas, aunque la información relativa a los créditos fiscales comprendidos en el periodo de dos mil siete a dos mil trece, condonados a la quejosa, es información protegida en principio, por el secreto fiscal, en el entendido que la finalidad de éste es salvaguardar todo el cúmulo de datos proporcionados por el contribuyente a las autoridades competentes en cumplimiento de sus obligaciones fiscales; lo cierto es que resulta necesario que tal protección sea sometida a un análisis del interés público, pues, en el caso concreto, nos encontramos frente a intereses contrapuestos.

"14. Ya que, por un lado, se encuentra la protección a la privacidad de los datos fiscales del contribuyente (información de los créditos fiscales condonados o cancelados); y por el otro, el acceso a la información, en sus dos aspectos como derecho fundamental y como directriz.

"15. Por lo tanto, no asiste razón a la recurrente, al aseverar que no debe hacerse pública la información solicitada referente a la condonación de créditos fiscales de la cual se benefició, toda vez que, en un Estado libre y democrático como el nuestro, una parte de las necesidades de las personas que lo integran, puede satisfacerse de forma individual con recursos propios.

"16. No obstante, hay necesidades tales como la provisión de los bienes y servicios públicos, cuya satisfacción no resulta posible de manera individual, sino que es preciso atenderlas de forma colectiva, sumando esfuerzos, esto, mediante la aportación de cada uno de sus integrantes.

"17. Dicha aportación se hace esencialmente a través del pago de impuestos, tal como se encuentra establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, que se transcribe: ‘Artículo 31.’ (se transcribe)

"18. En el numeral en comento, se señala la obligación de todos los mexicanos de contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

"19. De igual forma, el artículo 4o. del Código Fiscal de la Federación dice: ‘Artículo 4o.’(se transcribe)

"20. Es decir, en términos del numeral citado, son créditos fiscales aquellas cantidades que tiene derecho a percibir el Estado que provengan de contribuciones de sus accesorios o de aprovechamientos.

"21. En este orden de ideas, también es necesario transcribir el contenido del artículo 146-A del Código Fiscal de la Federación: ‘Artículo 146-A.’ (se transcribe)

"22. En el artículo mencionado se señala claramente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá cancelar créditos fiscales en determinadas hipótesis.

"23. En este contexto, al ser la condonación de créditos fiscales, un acto discrecional, a través del cual el Estado deja de percibir ingresos a los que tiene derecho y consecuentemente afecta el gasto público –para el cual todos debemos contribuir–, puesto que disminuye el patrimonio de las arcas públicas, por esas cantidades, evidentemente resulta un tema de interés social que se ve afectado por un acto como lo es la suspensión decretada en el caso concreto.

"24. Lo mencionado adquiere mayor relevancia al considerar los fines que se deben satisfacer con el acceso, transparencia y disponibilidad de la información pública, a que se hizo alusión previamente. De manera destacada para el caso interesan:

"• Máxima publicidad;

"• Rendición de cuentas; y,

"• Gobierno abierto y transparente.

"25. Pues, precisamente, las facultades discrecionales como la mencionada, es donde mayor control de la sociedad debe existir, para evitar actos de corrupción y favoritismo, en el entendido que la condonación y cancelación de créditos fiscales se traduzcan en beneficios económicos que otorga el Estado en favor de un contribuyente, mismos que son proporcionales a la afectación económica del patrimonio del Estado que dejó de percibir dichas cantidades y contribuyentes en general.

"26. Ya que, en el caso, el acceso a la información solicitada no sólo implica una simple obtención de datos, sino también en el fondo, encontrar explicaciones de los actos de determinados órganos de Estado y de servidores públicos, es decir, una rendición de cuentas.

"27. En este contexto, el beneficio que se obtendría con el acceso a dicha información tiene injerencia directa en que, para efectos de transparencia, la condonación de créditos fiscales constituye una transferencia de recursos públicos en sentido negativo.

"28. Al respecto, es adecuado mencionar el contenido del artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación para dos mil quince, vigente al momento en que se dictaron las resoluciones reclamadas: ‘Artículo 25.’ (se transcribe)

"29. Del numeral en comento se desprende que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la obligación de publicar en su página de Internet, y entregar a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de dicho órgano legislativo y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, el presupuesto de gastos fiscales.

"30. Asimismo, se observa que el concepto de gastos fiscales comprende de manera general los montos que deja de recaudar el erario federal por conceptos de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal.

"31. Con base en lo anterior, se presenta un estimado del presupuesto de gastos fiscales.

"32. En este sentido, resulta inconcuso que dichos gastos se traducen en beneficios fiscales, otorgados por el Estado al contribuyente, cuyos datos efectivamente deben conocerse y contabilizarse por tener trascendencia en el colectivo general de los contribuyentes.

"33. Pues, aun cuando existe una obligación de la autoridad tributaria relativa a resguardar la información de contribuyentes, a través del secreto fiscal, en el caso que nos ocupa, la condonación de créditos fiscales constituye un beneficio a favor del contribuyente, que al mismo tiempo implica un gasto público –gasto fiscal–, que debe reportarse como tal.

"34. Luego, resulta evidente que es de interés social conocer cómo se dieron las condonaciones, por qué, cuál es la fundamentación y motivación de las mismas, montos de los adeudos y quiénes fueron beneficiados económicamente con créditos fiscales que, el Estado dejó de percibir y que evidentemente afectan al gasto público y a la recaudación que la colectividad soporta para sufragar el presupuesto público.

"35. En este sentido, ponderando la privacidad de los datos fiscales de la quejosa, relativos a créditos fiscales que le fueron condonados, de acuerdo a la esencia del test de interés público, evidentemente es mayor la afectación a la sociedad que al particular.

"36. De esta forma, el secreto fiscal cede ante la necesidad referente a que la sociedad se entere y se rindan cuentas de gastos fiscales, evitando actos arbitrarios que la ocultación de información puede encubrir.

"37. Apoya lo anterior, la tesis I.4o.A.103 A (10a.),(4) emitida por este órgano jurisdiccional, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: ‘CONDONACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. LA NEGATIVA A PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN RELATIVA AFECTA EL INTERÉS SOCIAL.’ (se transcribe)

"38. Por tanto, este órgano jurisdiccional estima que debe proporcionarse la información referente a la condonación o cancelación de créditos fiscales por afectar al interés social, en donde el derecho de protección de datos personales, específicamente el llamado secreto fiscal, encuentra su límite para ceder ante el principio de máxima publicidad.

"39. Sin ser necesario el estudio del segundo agravio, en que plantea la omisión de estudio de los conceptos de violación segundo y tercero, pues ya se ha desestimado la pretensión contenida en los mismos, esto es, que se otorgue audiencia previa para determinar si se hace pública la información derivada de la condonación de sus créditos fiscales.

"40. Similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado en sesión de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, al resolver, por unanimidad de votos, el incidente de suspensión en revisión con número de toca RI. 460/2017, bajo la ponencia del Magistrado Jean Claude Tron Petit.

"41. Cabe destacar que en el asunto en comento derivó de la providencia cautelar decretada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo que ahora se revisa, cuyo criterio fue objeto de elaboración de la tesis con el número I.4o.A.103 A (10a.), de rubro: ‘CONDONACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. LA NEGATIVA A PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN RELATIVA AFECTA EL INTERÉS SOCIAL.’, transcrita en líneas arriba."

II) Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión RA. 540/2017.

En sesión de treinta de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de revisión RA. 540/2017; revocó la resolución recurrida de doce de septiembre de dos mil diecisiete, emitida por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 544/2017 y acumulados; asimismo, otorgó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, solicitados por las quejosas, con apoyo en las siguientes consideraciones:

"Son esencialmente fundados los agravios, en estudio en el sentido de que el Juez de Distrito calificó de manera incorrecta la garantía de audiencia previa que se debió otorgar a las quejosas en la sustanciación de los recursos de revisión administrativa reclamados.

"Para evidenciar lo anterior, se precisa decir, en primer lugar, que el Juez Federal detalló que, si bien el artículo 14 constitucional establecía el derecho de audiencia previa dentro de cualquier procedimiento seguido en forma de juicio, lo cierto era que no en todos los casos se podía otorgar esa garantía a las partes, pues no debía exigirse en el vacío legal, ya que era un derecho que debía respetarse sólo cuanto preexistía otro que había sido privado por los poderes públicos.

"Bajo esa premisa, consideró el a quo que el artículo 117(5) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública preveía diversos supuestos por los cuales no se requería el consentimiento de los titulares de la información confidencial para su divulgación, entre los que se hallaba, en su fracción II, que la información fuera pública.

"Agregó el Juez de Distrito que ese supuesto operaba en la especie, ya que los datos solicitados por los particulares de donde derivaron las resoluciones administrativas reclamadas, versaban sobre la condonación y/o cancelación de créditos fiscales, lo cual constituía un ejercicio de recursos públicos; por ende, debían estar a disposición de cualquier persona que tuviera simple interés de conocerlos.

"A partir de lo anterior, definió el a quo que, como las quejosas carecían del derecho a oponerse a la entrega de la información, otorgarles audiencia en los medios de defensa administrativos, sólo retrasaría injustificadamente su conclusión en perjuicio de las partes interesadas. Consecuentemente, el juzgador de amparo declaró infundados los conceptos de violación contra la omisión de emplazamiento en los expedientes administrativos respectivos.

"Por similares razones consideró el Juez Federal que la decisión adoptada por el instituto responsable tampoco contravenía el derecho de irretroactividad de la ley, ya que si bien, el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación preveía la obligación del Servicio de Administración Tributaria de resguardar la información de los contribuyentes, lo cierto era que la condonación y/o la cancelación de créditos fiscales implicaba el ejercicio de una facultad gubernamental que incidía en el erario público y que, por tanto, escapaba del concepto de secreto fiscal, porque la decisión de dejar de cobrar un impuesto causado no era información privada del contribuyente, sino que constituía una decisión pública de la administración tributaria. Por lo cual, también se declararon infundados los conceptos de violación encaminados a combatir el fondo del asunto, negándose así la protección constitucional.

"Ahora, se debe señalar que el derecho de acceso a la información está regulado por el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido, en su parte relativa, es el siguiente: ‘Artículo 6o.’ (se transcribe)

"Del citado numeral se advierte que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. Asimismo, se evidencia que toda persona, sin acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

"Para la efectiva tutela del derecho en mención, la fracción IV del transcrito precepto constitucional precisa que se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos, los cuales se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.

"En ese sentido, se advierte la posición del derecho de acceso a la información frente a los intereses que pretenden limitarlo, así como su operatividad por regla general frente a las limitaciones que excepcionalmente se establezcan en la ley.

"Apoya a lo anterior, la tesis 2a. LXXXVIII/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"‘INFORMACIÓN PÚBLICA. ES AQUELLA QUE SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, SIEMPRE QUE SE HAYA OBTENIDO POR CAUSA DEL EJERCICIO DE FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO.’ (se transcribe)

"Por su parte, las fracciones I y II transcritas establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse por el interés público, la vida privada, y los datos personales, por lo que dichas fracciones enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al derecho de trato; sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información.

"En cuanto a esto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que es jurídicamente adecuado que las leyes de la materia establezcan restricciones al acceso a la información pública, siempre y cuando atiendan a las finalidades previstas constitucionalmente, así como que las clasificaciones correspondientes sean proporcionales y congruentes con los principios constitucionales que intentan proteger.

"Resulta aplicable la tesis 2a. XLIII/2008, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de epígrafe y texto siguientes:

"‘TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.’ (se transcribe)

"Con base en ello, tanto la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,(6) abrogada, como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,(7) establecieron dos criterios bajo los cuales la información podría clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma, a saber, el de información confidencial y el de información reservada.

"Así, para proteger la vida privada y los datos personales, considerados como uno de los límites constitucionalmente legítimos, dichas leyes establecieron como criterio de clasificación, el de información confidencial, el cual restringía el acceso a la información que contuviera datos personales que requirieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización.

"En ese sentido, dichos ordenamientos jurídicos, en sus respectivos artículos, tienen implícitamente como sustento el segundo párrafo del artículo 16(8) de la Ley Suprema, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales, el de acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar oposición, debe ser tutelado por regla general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria.

"Por tanto, se tiene hasta aquí que existe un derecho constitucional de acceso a la información pública que rige como regla general –aunque limitado–, en forma también genérica por el derecho a la protección de datos personales, el cual se encuentra al mismo nivel jerárquico, esto es, constitucionalmente.

"En este contexto, el derecho de protección de datos personales es tendiente a proteger ampliamente al titular de la información para que pueda manifestar su oposición a la divulgación, no solamente respecto de los propios datos personales, sino también por lo que hace a los que le conciernan como persona.

"Lo anterior es así, porque válidamente pueden existir datos que no sean catalogados como personales, pero que le conciernan o puedan impactar en sus intereses, como podrían ser los que pongan en riesgo su vida, seguridad o salud, así como los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición jurídica.

"De lo hasta aquí expuesto, se puede inferir que el derecho al acceso a la información se encuentra constitucionalmente tutelado; sin embargo, el mismo no es absoluto, porque la protección de datos personales se encuentra al mismo nivel jerárquico, y comprende a su vez otros derechos, tales como el derecho a la oposición, el cual involucra la facultad que tiene una persona que sea titular de una información, de manifestar su inconformidad en torno al tratamiento de sus datos, los cuales pueden ser obtenidos de fuentes accesibles al público para fines de publicidad.

"Dicha intervención puede darse con el fin de delimitar o determinar la información que puede ser del conocimiento de un solicitante, antes de que se ordene la elaboración de la versión pública correspondiente.

"Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, bajo el estudio realizado a la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que los titulares de la información tienen derecho a intervenir y realizar las manifestaciones que estimen pertinentes respecto de una solicitud que implique dar a conocer información que los involucre y, que ello, puede acontecer en diversos momentos, inclusive, con motivo del recurso de revisión, en donde les es reconocido el carácter de terceros interesados, ya sea por el propio impugnante, lo advierta de oficio el instituto, o bien, éste comparezca.

"Las anteriores consideraciones pueden advertirse de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29028-781c49d6/procedimientos-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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