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Modo: Corpus Pro

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EN LOS CASOS EN QUE LA AUTORIDAD HAYA SUSTANCIADO LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN CONFORME A LA LEY FEDERAL RELATIVA VIGENTE ANTES DEL 19 DE JULIO DE 2017, EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DEBERÁ CONCLUIR EN TÉRMINOS DE ESA MISMA NORMATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2019. · Registro digital (IUS): 29111
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-10-25
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo III, Pág. 3122.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE VEINTE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA, ARTURO ITURBE RIVAS, OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ, JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, FROYLÁN BORGES ARANDA, RICARDO OLVERA GARCÍA, MANUEL SUÁREZ FRAGOSO, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, OSCAR FERNANDO HERNÁNDEZ BAUTISTA, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, EUGENIO REYES CONTRERAS, LUZ CUETO MARTÍNEZ, J. JESÚS GUTIÉRREZ LEGORRETA, JOSÉ EDUARDO ALVARADO RAMÍREZ, ERNESTO MARTÍNEZ ANDREU, ADRIANA ESCORZA CARRANZA, HUGO GUZMÁN LÓPEZ, MARTHA LLAMILE ORTIZ BRENA Y MARÍA ALEJANDRA DE LEÓN GONZÁLEZ. DISIDENTE: LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA. PONENTE: ARTURO ITURBE RIVAS. SECRETARIO: RODOLFO ALEJANDRO CASTRO ROLÓN.

Ciudad de México. Sentencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve.

VISTOS;

Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Por oficio recibido el treinta de mayo de dos mil diecinueve en la presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Magistrado Jean Claude Tron Petit, integrante del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por el tribunal de su adscripción, en el recurso de revisión RF. 81/2019, y por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito, al resolver el amparo directo DA. 123/2019.

SEGUNDO.—Mediante proveído de cuatro de junio de dos mil diecinueve, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó la formación del expediente PC01.I.A.12/2019.C y admitió la denuncia de contradicción de tesis.

TERCERO.—A través de sendos oficios, de seis y siete de junio de dos mil diecinueve, respectivamente, los Tribunales Colegiados Cuarto y Décimo Quinto informaron que no han abandonado los criterios objeto de la denuncia.

CUARTO.—Una vez integrado el expediente, por auto de presidencia de uno de julio de dos mil diecinueve, fueron turnados los autos al Magistrado Arturo Iturbe Rivas, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para resolver sobre la contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, en virtud de que la denuncia versa sobre criterios emitidos por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.

SEGUNDO.—La denuncia proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue presentada por el Magistrado Jean Claude Tron Petit, integrante del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

TERCERO.—Con el propósito de determinar la existencia de contradicción de tesis, corresponde reproducir la parte conducente de las resoluciones materia de la denuncia.

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de nueve de mayo de dos mil diecinueve, resolvió el recurso de revisión RF. 81/2019, de su índice, en los siguientes términos:

"Antecedentes.

"11. El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, el titular del área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura, dictó resolución definitiva en el expediente CULTURA-R-0023/2018, en el procedimiento administrativo seguido en contra de ***********, quien se desempeñaba como especialista en instalación de bibliotecas públicas en el Centro Nacional de las Artes de la Secretaría de Cultura, en la que se impuso una sanción consistente en la suspensión del empleo, cargo o comisión por tres días.

"12. La conducta atribuida a la servidora pública consistió en que, como servidora pública adscrita al Centro Nacional de las Artes de la Secretaría de Cultura, indebidamente presentó una receta médica del ISSSTE, no verídica, a su nombre, la cual fue anexada a su escrito de tres de noviembre de dos mil catorce, presentado ante el director de Planeación y Desarrollo del Capital Humano para tramitar la prestación ‘ayuda económica’ para anteojos o lentes de contacto.

"13. En contra de la determinación anterior, *********** promovió juicio contencioso administrativo, del que tocó conocer a la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien resolvió, en resolución de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, declarar la nulidad de la resolución impugnada.

"Sentencia recurrida.

"14. La sentencia materia de la revisión fiscal tuvo apoyo en las consideraciones esenciales siguientes:

"15. En el considerando quinto, al analizar los conceptos de anulación primero y segundo, referidos a la competencia, resolvió lo siguiente:

"• Del análisis efectuado a la resolución impugnada, se aprecia que la conducta atribuida a la actora y por la cual se le sancionó, se consideró grave, conforme al artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, lo que pone de relieve que los preceptos legales invocados por la demandada en la resolución impugnada no le otorgan competencia material para imponer sanciones con fundamento en la propia Ley Federal, ni por conductas calificadas como no graves. Esto es así, ya que fundan su competencia en disposiciones adjetivas de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, relacionadas con la aplicación de sanciones por faltas no graves.

"• Consecuentemente, el acto impugnado es ilegal, en términos del artículo 51, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que procede declarar la nulidad de la resolución impugnada.

"• No obstante la nulidad alcanzada y en atención al principio de exhaustividad de las sentencias, se realiza el estudio de los conceptos de anulación que podrían brindar un mayor beneficio.

"16. En el considerando sexto, la Sala de origen analizó los conceptos de anulación cuarto y quinto, resolviendo lo siguiente:

"• La autoridad demandada impuso a la actora la sanción administrativa consistente en suspensión del empleo, cargo o comisión por tres días, al estimar violado el artículo 8, fracciones I y XIII, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

"• De dichos preceptos legales se desprende, en lo que interesa, que es obligación de todo servidor público cumplir con el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que causa la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido.

"• Asimismo, se prevé la obligación de desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado otorga para el desempeño de su función.

"• La conducta que se atribuye a la actora no se encuentra debidamente tipificada en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; lo anterior, pues dicha conducta no guarda relación con el incumplimiento de una obligación derivada de su cargo dentro del Centro Nacional de las Artes de la Secretaría de Cultura, sino que deriva de una prestación que se le otorgó en su carácter de trabajadora en términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

"• La prestación de ayuda económica para la adquisición de anteojos se prevé en el artículo 87, fracción I, de las Condiciones Generales de Trabajo del ISSSTE.

"• El hecho de que la actora haya presentado una receta médica no verídica para obtener dicho apoyo no genera responsabilidad administrativa en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, reglamentaria del artículo 109 de la Constitución, que tiene como objetivo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate; de ahí que la investigación relativa se lleve a cabo con el objetivo de determinar con exactitud si cumplió o no, con los deberes y obligaciones inherentes al cargo, y si, por ende, la conducta desplegada resulta compatible o no con el servicio público que presta.

"• No es válido que se pretenda sancionar a la actora por una conducta que deriva de su carácter de trabajadora, y no de la afectación del servicio público que prestaba como especialista en instalación de bibliotecas públicas en el Centro Nacional de las Artes de la Secretaría de Cultura.

"• Lo anterior se corrobora con el hecho de que el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos refiere que el desempeño de la función pública debe ser acorde a las obligaciones a que está sujeto el servidor público, las cuales dependen del nombramiento que tenga, según el órgano de Gobierno en que preste sus servicios, la unidad administrativa a la que se encuentre adscrito, y el nivel o rango jerárquico que desempeña.

"• La autoridad transgredió el principio de tipicidad, al imponer a la actora la sanción combatida, utilizando dispositivos que no encuadran en los hechos irregulares atribuidos.

"Síntesis de los agravios propuestos a estudio.

"17. La autoridad recurrente propone a estudio dos agravios, en los que expone, en síntesis, los argumentos siguientes:

"18. Primer agravio. La Ley General de Responsabilidades Administrativas entró en vigor a partir del año siguiente de su publicación y, hasta en tanto, continuaría aplicándose la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; también determina expresamente que los procedimientos administrativos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, deben concluirse conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio.

"19. Es infundada la consideración de la Sala responsable, al sostener que el titular del área de Responsabilidades carece de competencia para emitir la resolución, por tratarse de una conducta grave, dado que la conducta atribuida a la servidora pública responsable ocurrió durante la vigencia de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, debiendo, en consecuencia, resolverse ante el órgano fiscalizador y no por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues estimar lo contrario implicaría una transgresión directa a la garantía de seguridad jurídica.

"20. La conducta atribuida a la actora versa sobre hechos ocurridos el tres de noviembre de dos mil catorce, de modo que resultaban aplicables disposiciones sustantivas de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; es decir, para determinar sobre la inexistencia de responsabilidades o para imponer al infractor las sanciones administrativas correspondientes; en cambio, en cuanto a reglas de procedimiento resulta aplicable la diversa Ley General de Responsabilidades Administrativas, misma que reglamenta el procedimiento de responsabilidad administrativa a partir del diecinueve de julio de dos mil diecisiete.

"21. Esto es, las normas sustantivas son las relativas a la fecha que sucedió la conducta, pero las adjetivas o procedimentales son las vigentes al momento de tramitar el procedimiento administrativo o disciplinario, por ser las vigentes en esa fecha y no existir problemas de retroactividad en tratándose de las adjetivas.

"22. Segundo agravio. La Sala responsable indebidamente interpreta que la irregularidad atribuida fue por haber ejercitado un derecho de carácter laboral, cuando la conducta reprochada fue por haber presentado una receta médica, en su calidad de servidora pública, aun sabiendo que no la había tramitado dentro de una clínica del ISSSTE y, no obstante ello, declaró bajo protesta de decir verdad, que adjuntaba el original de la receta médica expedida por el ISSSTE; por ello, es incuestionable que a sabiendas de que no había tramitado la receta médica en dicho instituto, no se abstuvo de conducirse con falsedad para obtener el beneficio económico, abusando del cargo que desempeñaba, mintiendo en su escrito de tres de noviembre de dos mil catorce, con la intención de que resultara procedente el trámite realizado.

"23. Dada la calidad de servidora pública que ostentaba la actora, le resultaba obligatorio conducirse bajo los principios rectores que rigen la actuación pública dentro de la institución; esto es, no sólo en el ejercicio de sus funciones encomendadas con motivo del cargo desempeñado, sino también, en su actuar en la dependencia en la que se encontraba adscrita, pues estimar lo contrario sería dejar impunes prácticas contrarias a la honradez que incide en la Administración Pública.

"24. La irregularidad atribuida no fue por ejercer una prestación de carácter laboral, sino por haber presentado una receta médica sabiendo que no la había tramitado en una clínica del ISSSTE, y no obstante ello, declaró, bajo protesta de decir verdad, que adjuntaba el original.

"25. La Sala pasa por alto el contenido del artículo 109, fracción III, constitucional, que a partir de las reformas en materia de combate a la corrupción de dos mil quince, dispone que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, y no solamente en el ejercicio de las funciones encomendadas en su nombramiento.

"Problemática jurídica a resolver:

"26. Las cuestiones jurídicas a dilucidar en el presente asunto, son las siguientes:

"• ¿Es competente la autoridad que sanciona, aplicando normas adjetivas o procedimentales de LGRA, en coexistencia con normas sustantivas previstas en LFRASP?

"•¿El régimen disciplinario es efectivo, sólo cuando la conducta reprochada incide o repercute en la debida función pública o, también, para controlar aspectos disciplinarios, de honradez y lealtad entre la administración y sus servidores públicos?

"Estudio.

"Régimen procedimental pertinente para aplicar sanciones.

"27. El primer agravio propuesto a estudio es infundado, por los motivos siguientes:

"28. Sostiene la recurrente, de manera sustancial, que es infundada la consideración de la Sala responsable al sostener que el titular del área de Responsabilidades(1) carece de competencia para emitir la resolución, por tratarse de una conducta grave, dado que la conducta atribuida a la servidora pública responsable ocurrió durante la vigencia de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,(2) debiendo en consecuencia, resolverse ante el órgano fiscalizador y no por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

"29. Además, que las normas sustantivas aplicables, deben ser las relativas a la fecha que sucedió la conducta, en tanto que las adjetivas o procedimentales, son las vigentes al momento de tramitar el procedimiento administrativo o disciplinario, por ser las vigentes en esa fecha y no existir problemas de retroactividad en tratándose de las adjetivas.

"30. No asiste razón a la recurrente, pues, en efecto, la Sala del conocimiento observó que, del análisis realizado a la resolución impugnada, la conducta atribuida a la actora, fue considerada como grave, en términos del artículo 13 de la LFRASP.

"31. Esto es, la atribución de conducta grave no la atribuyó la Sala responsable, sino la propia resolución impugnada.

"32. Por su parte, la Sala responsable, al analizar los artículos 1o., 18, 26 y 37, fracciones XII y XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, fracciones, I, II, IV y V, 9, fracción II, 10, 112, 208, fracciones II y III, y 209, párrafos primero y segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,(3) en relación con el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expidió la propia ley, la Ley General de Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; 3, apartado C, 5, fracción II, inciso g), 95, segundo párrafo, 99, fracción I, numeral 1, y sexto transitorio del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el DOF. el diecinueve de julio de dos mil diecisiete; y 1, 2, penúltimo párrafo, 32 y 34 del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura; concluyó que la autoridad demandada sí fundó debidamente su competencia, por materia, en el oficio citatorio que motivó la emisión de la resolución impugnada.

"33. En adición a los artículos referidos en el párrafo precedente, la Sala analizó los diversos numerales 111, 113 y 208, fracción X, de la LGRA, citados en la propia resolución impugnada, concluyendo que la demandada sí tenía facultades para sancionar conductas, pero que constituyeran faltas administrativas no graves, conforme a la citada ley. Sin embargo, la conducta por la que se sancionó fue considerada grave, conforme al artículo 13 de la LFRASP, argumentando que lo anterior ponía de relieve que los preceptos legales invocados por la demandada en la resolución impugnada no le otorgaban competencia material para imponer sanciones con fundamento en la propia Ley Federal, ni por conductas calificadas como graves.

"34. De lo anterior se evidencia que la conducta imputada a la actora se calificó como grave con fundamento en el artículo 13 de la LFRASP; sin embargo, la autoridad demandada, en la resolución definitiva impugnada, citó como fundamento de su competencia, entre otros, los artículos 111, 113 y 208, fracción X, de la LGRA, de los cuales sólo se derivan facultades para sancionar respecto de conductas que impliquen faltas no graves.

"35. Resulta sí (sic) que la incoherencia, surge a partir de que tales disposiciones de la LGRA, son atinentes para imponer sanciones por faltas no graves y a la actora se le imputa una conducta que implica haber cometido una falta grave, en términos, de la LFRASP.

"36. Se comparte la conclusión alcanzada por la Sala en cuanto a que la LGRA no puede servir de sustento para fundar la competencia de la autoridad demandada en el juicio de origen para imponer sanciones, como se demostrará a continuación.

"37. El artículo tercero transitorio de la LGRA dispone lo siguiente:

"‘Tercero. La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente de la entrada en vigor del presente decreto.

"‘En tanto entra en vigor la ley a que se refiere el presente transitorio, continuará aplicándose la legislación en materia de responsabilidades administrativas, en el ámbito federal y de las entidades federativas, que se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del presente decreto.

"‘El cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una vez que ésta entre en vigor, serán exigibles, en lo que resulte aplicable, hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad con la ley de la materia, emita los lineamientos, criterios y demás resoluciones conducentes de su competencia.

"‘Los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades federales y locales con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio.

"‘A la fecha de entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todas las menciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos previstas en las leyes federales y locales así como en cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

"‘Una vez en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas y hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción determina los formatos para la presentación de las declaraciones patrimonial y de intereses, los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno presentarán sus declaraciones en los formatos que a la entrada en vigor de la referida Ley General, se utilicen en el ámbito federal.

"‘Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas quedarán abrogadas la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se derogarán los títulos primero, tercero y cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.’

"38. La disposición de tránsito transcrita dispone, en sus párrafos primero y segundo, que la LGRA, entraría en vigor al año siguiente de su publicación; y que, en tanto adquiriera vigencia, continuará aplicándose la legislación en materia de responsabilidades administrativas (en el ámbito federal LFRASP) y de las entidades federativas, que se encuentren vigentes, antes de la fecha de eficacia del presente decreto.

"39. Por su parte, el cuarto párrafo dispone que los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades federales y locales con anterioridad a la entrada en vigor de la LGRA, serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio.

"40. En este sentido, el problema radica en que la LGRA no se ocupó de establecer la prolongación de la vigencia de la LFRASP, en tratándose de sancionar hechos acaecidos durante su vigencia, pero respecto de los que no se hubiera iniciado el procedimiento y éste inicie su trámite ya bajo la vigencia de la LGRA.

"41. Surge así la interrogante: ¿Quién es competente para tramitar procedimientos y cuál sería el régimen para aplicar sanciones?

"42. Parece no existir duda que, por la fecha de comisión de las conductas sancionadas, debe aplicarse la LFRASP en lo sustantivo;(4) que las tipificaba como graves. Sin embargo, resulta también evidente que la adjudicación de consecuencias previstas en leyes sustantivas, se obtiene a partir de aplicar reglas de procedimiento y de resolución, que fueron creadas precisamente para tales temas sustantivos.

"43. En efecto, los procedimientos son cauces, métodos o secuelas para determinar aspectos sustantivos como: derechos, obligaciones, responsabilidades, sanciones, etcétera. Intentar aplicar normas sustantivas pertenecientes a un ordenamiento y sistema,(5) a partir de reglas procedimentales que atienden a otra ley y sistema regulatorio,(6) es mezclar disposiciones que tienen fines, objetivos y racionalidades distintas.

"44. Así, la seguridad jurídica determina que, si una conducta se realizó y el régimen jurídico asocia un procedimiento para determinar sus consecuencias,(7) no puede introducirse uno distinto que está asociado y diseñado para otra clase de conductas y procedimientos, desde el punto de vista material y temporal.

"45. Por tanto, en muchos casos, esto no permite disociar unas disposiciones de otras, pues lo adjetivo o procedimental se entremezcla con lo sustantivo para precisar efectos y resultados,(8) considerando como un todo la secuela y concatenación de elementos o fases de una cadena que: i) parte de una falta, lo que determina; ii) desplegar un procedimiento ad hoc y particular para concluir, en su caso; y, iii) imponer una sanción, resultante y producto de esos antecedentes o presupuestos.

"46. Es en este contexto, para no defraudar tanto derechos como propósitos regulatorios, lo pertinente es extender la vigencia o pervivencia de la LFRASP, tanto en lo sustantivo como en lo adjetivo o procedimental, para sancionar conductas consumadas durante su vigencia.

"47. Así, no es pertinente distinguir ni desarmonizar la interacción sistémica y consecuencialista de "disposiciones" tanto en su aspecto sustantivo como procedimental;(9) de esta manera, no se disminuyen ni alteran derechos o prerrogativas ya existentes de posibles sancionados, ni tampoco se bloquea o neutraliza la función disciplinaria y sancionatoria de la LFRASP, tal como fue concebida, integralmente.(10)

"48. En este contexto, como lo observó la Sala de origen, se estima que la LGRA no puede servir de sustento, incluso procedimental, para sancionar conductas realizadas bajo la vigencia de la LFRASP; lo anterior, obedece a que, en cuanto a la interpretación de normas adjetivas o procedimentales, debe existir razonabilidad, pues los nuevos procedimientos y competencia de las autoridades que sancionan conforme a la LGRA, guardan conexión y tienen sentido con el tipo de falta cometida, pero que debe estar prevista en el ordenamiento respectivo, en el entendido que, esta última legislación distingue expresamente entre faltas graves y no graves, incluso entre faltas cometidas por particulares en convivencia con servidores públicos, pero a partir de razones, causas, propósitos y consecuencias distintas de lo previsto en la que antecedió, lo que, por supuesto, no es compatible con las disposiciones de la abrogada LFRASP.

"49. Lo anterior es así, pues la LGRA prevé o contempla reglas específicas o diferenciadas en cuanto a etapas procesales, reglas sobre caducidad, procedencia y valoración de pruebas, autoridades involucradas –investigadora, sustanciadora y resolutora–,(11) así como tipos de faltas,(12) sanciones y autoridades vinculadas en la aplicación de la ley.(13)

"50. Esto es así, tal como se deduce de la lectura que se efectúe a la LGRA.

"51. Así, no puede hacerse una separación tajante entre normas sustantivas y adjetivas o procedimentales, sin ver el contexto sistemático, estructural y funcional del paquete normativo que contempla la vigente ley, distinto al de la que precedió. Esto es así, pues la legislación vigente contempla nuevas competencias y procedimientos atendiendo a un nuevo esquema de tipificación y sanción, problemas sociales y jurídicos que dan importancia especial al combate de la corrupción, todo lo cual, no es compatible con el esquema procedimental y sustantivo de la LFRASP.

"52. En consecuencia, si la conducta se actualizó bajo la vigencia de la LFRASP, se debe aplicar también ésta en lo relativo al procedimiento y criterios de sanción correspondientes, y no el contenido en la LGRA, que contiene una categorización incompatible para el viejo modelo, a saber, distinción en la aplicación y tratamiento de faltas graves y no graves bajo referentes y para propósitos diferenciados.

"53. Por tanto, se concluye que la LGRA no puede servir como fundamento procedimental para imponer una sanción cometida bajo la vigencia de la LFRASP, por lo que es infundado el agravio a estudio.

"54. No debe ser óbice a lo anterior, que a la fecha hayan cambiado denominaciones y asignación de facultades para algunas autoridades de la Secretaría de la Función Pública en razón de reformas al reglamento interior de la dependencia.

"55. Esta situación justifica que, sólo en la medida de lo esencial, las facultades de aquellas autoridades que aplicaban la anterior ley, sean ahora desplegadas por las que esencialmente las sustituyan, pero sólo en este sentido y por razones prácticas, así como de funcionalidad del orden jurídico.

"56. Por tanto, debe concluirse que lo dispuesto en las actuales prevenciones en cuanto a competencia de las autoridades, sea aplicable para incardinarlas en las funciones básicas de los procedimientos previstos en la LFRASP, y sólo para garantizar su eficacia y funcionalidad pero sin alterar, rebasar o modificar el ámbito de atribuciones que pudieran exceder o ir más allá de lo previsto en la anterior ley.(14)

"57. Estos criterios interpretativos y de operatividad de regulaciones, se inscriben en las amplias facultades decisorias y de solución de conflictos que se deducen del artículo 17 constitucional, ante lagunas del orden jurídico aplicable, pero que determinan la intervención de tribunales para la solución razonable y justa de controversias en temas de fondo. Aplica el principio que los tribunales no pueden dejar de resolver conflictos a pesar de defectos regulatorios, sino que deben aplicarse, en lo conducente, principios generales de derecho y de justicia."(las notas al pie corresponden al texto original)

Las consideraciones de referencia dieron origen a la tesis aislada I.4o.A.164 A (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 67, Tomo VI, junio de 2019, página 5353, cuyo contenido es:

"RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. A LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A CONDUCTAS REPROCHADAS COMETIDAS BAJO LA VIGENCIA DE LA ABROGADA LEY FEDERAL RELATIVA, LES SON APLICABLES LAS REGLAS DE ÉSTA Y NO LAS DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. Si la conducta reprochada en un procedimiento administrativo disciplinario se cometió cuando regía la abrogada Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos –LFRASP–, pero éste se sustancia conforme a la vigente Ley General de Responsabilidades Administrativas –LGRA–, surge la interrogante consistente en ¿quién es competente para tramitar esos procedimientos y cuál es el régimen para aplicar las sanciones? En principio, parece no existir duda de que, por la fecha de comisión de las conductas sancionadas, debe aplicarse la LFRASP en lo sustantivo; sin embargo, la adjudicación de consecuencias previstas en leyes sustantivas se obtiene a partir de aplicar reglas de procedimiento y de resolución creadas para

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29111-3bc0c166/responsabilidades-administrativas-de-los-servidores-publicos-en-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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