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Modo: Corpus Pro

PRUEBA PERICIAL MÉDICA EN EL JUICIO LABORAL. LA JUNTA NO ESTÁ OBLIGADA A DESIGNAR UN PERITO TERCERO EN DISCORDIA ANTE LA PRESUNCIÓN GENERADA A PARTIR DE LA CONTUMACIA DEL TRABAJADOR OFERENTE DE PRESENTARSE ANTE EL ESPECIALISTA DE SU CONTRAPARTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 263/2019. · Registro digital (IUS): 29134
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-11-08
Promovente: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, Pág. 610.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 263/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO. 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, EDUARDO MEDINA MORA I., JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: GABRIELA ZAMBRANO MORALES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la denuncia de contradicción de tesis.(2)

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(3) pues fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito; contendiente en este asunto.

TERCERO.—Criterios contendientes. A fin de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, es pertinente tomar en cuenta los aspectos más relevantes de las ejecutorias que dieron origen a dichos criterios que, en síntesis, son los siguientes.

I. Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al resolver el amparo directo 244/2019

1. Juicio laboral. El dieciocho de enero de dos mil doce, Limberg Zárate Santos demandó a Petróleos Mexicanos y Pemex Petroquímica, el reconocimiento de su incapacidad parcial permanente, derivado del padecimiento de diversas enfermedades de carácter profesional, el reconocimiento de que se laboró en lugares insalubres, así como el pago de la indemnización correspondiente, de conformidad con el contrato colectivo de trabajo y la Ley Federal del Trabajo.

Conoció del asunto la Junta Especial Número Treinta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje y, una vez seguido el juicio en todas sus etapas, dictó laudo el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, en el que determinó que el actor no había acreditado su acción, por lo que absolvió a la parte demandada de las prestaciones reclamadas.

2. Juicio de amparo. En contra de esa determinación, el actor promovió juicio de amparo directo, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, bajo el expediente 244/2019.

Posteriormente, en sesión de tres de mayo de dos mil diecinueve, dicho Tribunal Colegiado de Circuito dictó sentencia en la que negó el amparo solicitado, en atención a los siguientes razonamientos.

• Determinó que era infundado el argumento del quejoso en el que reclamó el indebido actuar de la Junta responsable al desestimar su acción por considerar que el actor precisó de manera insuficiente los hechos fundatorios de su acción, pues la decisión de la responsable derivó de que, a su consideración, no quedó acreditado que el actor fuera portador de las enfermedades cuya etiología profesional reclamó. Aunado a que, en el caso, correspondía al patrón probar las actividades específicas y el medio ambiente en el que el trabajador prestó sus servicios.

• Por otra parte, desestimó el concepto de violación en el que la parte quejosa reclamó la indebida valoración de la prueba pericial médica, con motivo del desahogo del dictamen del perito tercero en discordia.

• En primer lugar, indicó que en el caso concreto no resultaba aplicable, como pretendía el quejoso, lo dispuesto en los artículos 866 y 896-E de la Ley Federal del Trabajo, los cuales fueron adicionados como consecuencia de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta de noviembre de dos mil doce, esto es, con fecha posterior a la promoción de la demanda laboral, por lo que eran aplicables los artículos 821 a 825 de la ley abrogada.

• En diverso aspecto, afirmó que no existió discrepancia entre la pericial médica rendida por el actor y la parte demandada, por lo que resultaba innecesaria la designación de un perito tercero en discordia; mucho menos, que se procediera al análisis de su dictamen.

• Refirió, que en el caso concreto se apreciaba que la Junta requirió al actor para comparecer ante el consultorio del perito ofrecido por la demandada para realizar su dictamen correspondiente; sin embargo, dicho perito manifestó que el trabajador no acudió a la revisión clínica correspondiente, lo que generó, a favor de las demandadas, la presunción de ser ciertas las cuestiones que pretendieron demostrar con el desahogo de ese medio de convicción. Citó en apoyo la jurisprudencia 2a./J. 42/2013 (10a.), de rubro: "PRUEBA PERICIAL MÉDICA EN EL JUICIO LABORAL OFRECIDA POR LA PARTE DEMANDADA SOBRE EL ESTADO DE SALUD DEL ACTOR. NO PROCEDE APLICAR MEDIDAS DE APREMIO PARA LOGRAR SU DESAHOGO."(4)

• También indicó que la parte actora desahogó su prueba pericial médica, en la que el perito correspondiente rindió su dictamen concluyendo que el trabajador era portador de las enfermedades de origen profesional. Sin embargo, sostuvo que era erróneo que la responsable considerara necesaria la designación de un perito tercero en discordia, en tanto que:

"... no existían criterios discrepantes al únicamente existir un dictamen, por lo que no se actualizaba la hipótesis normativa invocada por la autoridad laboral, es decir, en virtud de que el experto propuesto por la ahora quejosa no tuvo oportunidad de emitir su dictamen para refutar la prueba de su contraparte al ejercer su derecho de contraprobar, máxime que no puede existir prueba sin la oportunidad de contradecirla, por lo cual se transgreden las formalidades esenciales del procedimiento que garantizan una adecuada y oportuna defensa. ..."

Lo anterior, en virtud de que, es el actor quien debe acreditar que es portador de enfermedades de origen profesional, entonces la base de su pretensión y la prueba idónea para ello es, en principio, la pericial médica, regulada en los artículos 821 a 826 de la Ley Federal del Trabajo, en ese sentido es derecho de su contraparte designar también a un experto en contrario.

Máxime, que si bien no existe razón legal para someterse a los exámenes relativos; tampoco es factible que se vea beneficiado de su propia omisión, dado que lo que ha denotado es su falta de interés.

En ese sentido, si en los autos del juicio laboral, únicamente se encuentra agregada la pericial médica de la intención del actor, a la cual si bien la Junta laboral le dio valor probatorio atendiendo a que esa opinión estaba desahogada conforme el cuestionario propuesto por la parte oferente; ello no implica que tenga el alcance suficiente para desvirtuar la presunción generada en favor de las patronales demandadas –debido a la incomparecencia del actor ante su perito médico– de ser ciertas las cuestiones que pretendió demostrar con el desahogo de ese medio de convicción, menos aún de acreditar la acción intentada, es decir, que el accionante es portador de las enfermedades que reclama.

Lo anterior, toda vez que la opinión de la experta médica propuesta por el actor únicamente constituye un indicio, mas no una prueba plena en virtud de la cual se destruya la presunción generada a favor de la parte contraria, con motivo de la no comparecencia del trabajador a la evaluación pericial médica o prueba en contrario por la patronal.

Se considera así, atendiendo a que el valor probatorio es un concepto concerniente a la autoridad formal de la probanza que corresponda, derivada de sus características de elaboración; a diferencia del alcance probatorio, que únicamente se relaciona con el contenido del elemento demostrativo correspondiente, a fin de corroborar, en este caso, la existencia de las enfermedades profesionales reclamadas; por tanto, la circunstancia de que un medio de convicción tenga valor probatorio no necesariamente conducirá a concluir que demuestra los hechos afirmados por su oferente.

Principalmente, dado que conforme a lo establecido en los artículos 825 y 826 de la Ley Federal del Trabajo, la prueba pericial debe integrarse colegiadamente; esto es, con la intervención de un perito propuesto por la actora, uno por la demandada, y en su caso, un tercero en discordia designado por la Junta cuando los dictámenes de las partes sean opuestos; lo que en la especie no aconteció, tal como se ha precisado, ante la omisión o desinterés del actor de acudir para su exploración ante el experto de la intención de la demandada, lo que impidió que ese perito estuviese en posibilidad de emitir un dictamen sobre su estado de salud.

II. Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver la contradicción de tesis 1/2017

El punto de contradicción a dilucidar consistió en determinar cómo debe proceder la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en aquellos asuntos donde el actor, al ofrecer la prueba pericial médica para acreditar su estado de invalidez, sólo comparezca con el perito de su intención, no así ante el designado por el demandado con el objeto de justificar sus excepciones, esto es, si debe declararse desierta la prueba, o bien, presumirse ciertos los hechos expuestos por el demandado y, ante posturas discrepantes designar un perito tercero, con apoyo en el artículo 825, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo.

En el estudio de fondo se sustentó esencialmente lo siguiente:

• En los juicios que originaron las sentencias confrontadas, tanto el actor, como el instituto demandado, ofrecieron la prueba pericial médica con el objeto de acreditar, el primero, el estado de invalidez y, el segundo, la inexistencia de dicho estado impeditivo para laborar, admitiéndose como un solo medio de convicción destinado a acreditar el estado de salud del accionante.

• El hecho de que cada una de las partes ofreciera la pericial médica con distintos fines no significa que se trate de dos medios distintos de convicción o independientes, sino de una sola probanza que se desahoga de forma colegiada.

• De lo asentado en la jurisprudencia 2a./J. 51/96, de rubro: "INVALIDEZ, ESTADO DE. PRUEBAS QUE EL TRABAJADOR PUEDE RENDIR PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.",(5) así como en la contradicción de tesis 394/2014, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concluyó que la pericial médica es la prueba idónea para acreditar el estado de salud de un trabajador cuando pretende la obtención de una prestación de tipo económico o de seguridad social derivada de un estado de invalidez o incapacidad, quedando a su cargo demostrar tal extremo.

• También se precisó que no pueden aplicarse al trabajador ninguna de las medidas de apremio que tiene la autoridad jurisdiccional para hacer cumplir sus determinaciones cuando decide no acudir con el perito nombrado por su contraparte; sin embargo, en caso de que éste no acuda, la consecuencia es que se genere una presunción en contrario sobre el estado de incapacidad alegado por el accionante.

• De ese modo, cuando en los autos del juicio laboral se tenga rendido un dictamen del especialista designado por el trabajador, que afirma la existencia de un estado de salud disminuido que justifica el otorgamiento de una pensión de invalidez y, por otro lado, la consecuencia jurídica o presunción iuris tantum generada por la inasistencia del actor con el especialista designado por la institución de seguridad social demandada, ello equivale a un dictamen en el sentido de que no se padecen las enfermedades o lesiones que imposibilitan el trabajo.

• Lo anterior configura la existencia de dos resultados divergentes, lo que actualiza lo establecido en el artículo 825, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo, relativo a la designación de un perito tercero en discordia, pues la prueba favorable al trabajador emitida por el especialista de su intención se opone al resultado de la presunción que genera su incomparecencia ante el experto nombrado por la contraria.

• Considerar que la presunción legal generada por la inasistencia del obrero ante el perito médico del instituto demandado no se equipara a un dictamen rendido en sentido negativo a los intereses del actor, lleva a una conclusión que impide la solución del asunto, ya que se dejaría al arbitrio del demandante el resultado de la prueba, en tanto que la presunción legal que deriva de su ausencia ante el médico de la demandada quedaría controvertida precisamente por el dictamen del perito de la parte actora, lo que implicaría dejar a expensas de la voluntad de dicha parte el alcance demostrativo y la eficacia de la presunción, lo cual es inadmisible en tanto que la pretensión es que a través de la prueba especializada se tengan los mejores conocimientos para determinar si el reclamante tiene el estado de invalidez que aduce.

• En ese sentido, cuando en un juicio laboral se tenga por rendido el dictamen del perito nombrado como de la intención del actor y, por el incumplimiento del trabajador de presentarse ante el especialista designado por el instituto, se haga efectivo el apercibimiento en el sentido de tener por ciertos los hechos que la contraparte busca demostrar, esto es, que el trabajador no tiene un estado de invalidez, jurídicamente se hace necesario designar un perito tercero en discordia por existir la discrepancia entre los dictámenes.

• Por ende, debe concluirse que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en este tipo de asuntos, deberá considerar que ante el dictamen favorable del actor emitido por el perito de su intención y la presunción generada por la falta de asistencia del trabajador ante el especialista de la demandada, surgen opiniones discrepantes que hacen necesario designar un perito tercero en discordia, para que con un dictamen adicional se cuente con mejores elementos de juicio, suficientes para dictar un laudo a verdad sabida y buena fe guardada conforme al artículo 841 de la ley de la materia.

De dicho asunto se emitió la jurisprudencia «PC.IV.L. J/17 L (10a.)», de título, subtítulo y texto:

"PRUEBA PERICIAL MÉDICA EN EL JUICIO LABORAL. ANTE LA DISCREPANCIA ENTRE EL DICTAMEN DEL EXPERTO NOMBRADO POR EL ACTOR PARA ACREDITAR SU ESTADO DE INVALIDEZ Y LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE ESE PADECIMIENTO DERIVADA DE SU CONTUMACIA A SER EXAMINADO POR EL ESPECIALISTA DE LA DEMANDADA, LA JUNTA DEBE DESIGNAR UN PERITO TERCERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 42/2013 (10a.), de rubro: ‘PRUEBA PERICIAL MÉDICA EN EL JUICIO LABORAL OFRECIDA POR LA PARTE DEMANDADA SOBRE EL ESTADO DE SALUD DEL ACTOR. NO PROCEDE APLICAR MEDIDAS DE APREMIO PARA LOGRAR SU DESAHOGO.’, sostuvo que cuando en el juicio laboral la demandada ofrece la prueba pericial médica para acreditar sus excepciones y defensas, o bien, como contraprueba de la admitida a la actora, la consecuencia de la contumacia de ésta a presentarse y/o someterse a los exámenes médicos o científicos requeridos es que, previa prevención, se tengan por ciertas las cuestiones que se pretenden demostrar con el desahogo de ese medio de convicción, sin que proceda aplicar medidas de apremio para lograr su desahogo. Por tanto, cuando el actor ofrezca la prueba pericial médica para acreditar su estado de invalidez y sólo comparezca con el perito de su intención, y no así ante el nombrado por su contraparte, no procede declarar la deserción del medio de convicción, ya que dicha ausencia genera la presunción legal que equivale a un dictamen rendido en el sentido de que el trabajador no tiene los padecimientos narrados en la demanda, lo cual hace patente la existencia de dos dictámenes contradictorios, actualizándose lo dispuesto en el artículo 825, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo y, por ende la Junta debe nombrar un perito tercero a efecto de que con el desahogo de esa prueba en forma colegiada, se proporcionen mayores elementos para resolver sobre la procedencia de la acción intentada."

CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Procede determinar si existe la contradicción de tesis denunciada entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito y el Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito.

El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que existe contradicción de tesis cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.(6)

Así, la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los Tribunales Colegiados de Circuito, sino que solo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

En ese sentido, si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico a partir de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse en tanto no podría arribarse a un criterio único, ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto.

Lo anterior porque conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de tesis, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

Apuntado lo anterior, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que en el caso sí se configura la contradicción de tesis denunciada, debido a que los órganos contendientes se pronunciaron sobre una misma cuestión jurídica, respecto a la que emitieron criterios diversos.

En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito al resolver el amparo directo 244/2019, estimó que cuando el actor ofrece una prueba pericial médica para acreditar que es portador de enfermedades de origen profesional y sólo comparece con el perito de su intención mas no con aquel nombrado por la parte demandada, tal omisión genera una presunción iuris tantum de tener por ciertas las cuestiones que se pretenden demostrar con el desahogo de dicha prueba, sin que pueda equipararse a un dictamen rendido en sentido negativo a la pretensión del actor.

Por lo tanto, consideró que en estos casos no existen dictámenes discrepantes, porque en autos únicamente obra uno de ellos, sin que la presunción pueda asimilarse a otro; en consecuencia, concluyó que no se actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 825, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de que la autoridad laboral designe un perito tercero en discordia.

Por el contrario, el Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver la contradicción de tesis 1/2017, determinó que cuando en un juicio laboral se tenga por rendido un dictamen del perito nombrado como de la intención del actor y, por el incumplimiento del trabajador de presentarse ante el especialista designado por el instituto demandado, se haga efectivo el apercibimiento en el sentido de tener por ciertos los hechos que la contraparte busca demostrar, jurídicamente es necesario designar un perito tercero en discordia al existir discrepancia entre los dictámenes.

Como se advierte, ambos órganos jurisdiccionales arribaron a conclusiones diferentes respecto a un mismo punto jurídico, motivo por el que la controversia aquí suscitada se circunscribe en determinar si se actualiza una discrepancia entre la presunción generada por la contumacia del actor de presentarse ante el perito de la parte demandada en aquellos casos donde se haya ofrecido una prueba pericial médica para acreditar su estado de invalidez o incapacidad, y el dictamen rendido por el perito de su intención en el que concluye que sí posee tales padecimientos y, si en consecuencia, la Junta laboral debe designar a un perito tercero en discordia, de conformidad con el artículo 825, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo, o si por el contrario, dicho medio probatorio debe declararse desierto ante la imposibilidad de que quede debidamente integrado.

QUINTO.—Estudio. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Segunda Sala, de acuerdo con las siguientes consideraciones.

En principio, debe recordarse que los asuntos que motivaron la denuncia de contradicción de tesis derivaron de juicios laborales en los que la parte actora, para demostrar su estado de invalidez o incapacidad, ofreció la prueba pericial médica, en la que, durante su desahogo, únicamente acudió para su examinación física ante el perito de su intención y no ante el designado por la parte demandada, por lo que la Junta laboral, en todos los casos, declaró que la consecuencia consistía en que se presumieran ciertos los extremos que el demandado pretendía acreditar con el desahogo de dicho medio probatorio, es decir, que el actor no sufría de los padecimientos reclamados.

No obstante, como se refirió, la cuestión jurídica a dilucidar estriba en determinar si tal presunción en divergencia con el dictamen del perito de la intención del actor, generan una discrepancia y si, por ende, la Junta de Conciliación y Arbitraje está obligada a designar un perito tercero en discordia, en términos del artículo 825, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo o si, por el contrario, dicho medio probatorio debe declararse desierto ante la imposibilidad de que quede debidamente integrado.

Ahora, para dilucidar el punto de contradicción, resulta conveniente precisar el derecho con el que cuentan las partes para aportar en el proceso los medios de prueba necesarios a fin de demostrar sus acciones, excepciones o defensas y, en consecuencia, obtener una sentencia favorable a sus intereses.

Así, tal derecho probatorio comprende las actuaciones procesales mediante las cuales las partes o el Juez ingresan diversos medios legales dirigidos a obtener el conocimiento sobre la existencia de los hechos necesarios para la resolución del asunto en litigio.

En ese sentido, la concepción de la prueba no puede desligarse de la óptica de su resultado, es decir, mientras los medios probatorios son los elementos o instrumentos aportados por las partes y el Juez con la finalidad de suministrar el conocimiento de los hechos para fines del proceso, lo cierto es que sólo constituirán prueba aquellos que, en efecto, logren el convencimiento del juzgador en relación con los hechos sobre los cuales pronuncie su decisión.

Ahora, para que un medio probatorio pueda constituir prueba es necesario que cumpla con determinadas condiciones. En principio, se requiere que satisfaga un elemento formal entendido como los requisitos que la ley exige para que los medios probatorios puedan ser tomados en consideración por el Juez.

Asimismo, se requiere cumplir un elemento material, pues el oferente deberá precisar el contenido del medio probatorio, esto es, los hechos que con éste pretende acreditar. Finalmente, sólo constituirán prueba cuando una vez desahogados, los datos que arrojen generen convicción en el juzgador para llegar a su decisión.

Como puede advertirse, resulta factible que un medio de prueba al final del proceso no constituya una prueba, ya sea por no haber generado convicción alguna al juzgador para la resolución del asunto, o al estar impedido para valorarlo por no haberse integrado conforme a los requisitos legalmente establecidos.

Para lo que en este asunto interesa, nos encontramos con que el derecho de probar se encuentra íntimamente relacionado con el principio de contradicción de la prueba, el cual implica que la parte contra quien se ofrece un medio de prueba debe contar con la oportunidad de discutirla y contraprobar sus pretensiones, pues no debe olvidarse que el objetivo en el proceso probatorio, es precisamente lograr el conocimiento de la verdad a efecto de dilucidar la cuestión litigiosa.

Una vez precisado lo anterior, en cuanto al estudio específico de la prueba pericial, ésta consiste en la opinión efectuada por un experto, ilustrativa sobre cuestiones técnicas emitidas bajo el leal saber y entender, versadas en materias que requieren conocimientos especializados, expresados en forma lógica y razonada, que permiten al juzgador contar con elementos suficientes para orientar su criterio en cuestiones que éste desconoce.

En materia laboral, los requisitos formales de la prueba pericial están regulados en los artículos 821 a 825 de la Ley Federal del Trabajo, anteriores a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta de noviembre de dos mil doce,(7) cuyo contenido es del tenor siguiente:

"Artículo 821. La prueba pericial versará sobre cuestiones relativas a alguna ciencia, técnica o arte."

"Artículo 822. Los peritos deben tener conocimiento en la ciencia, técnica o arte sobre el cual debe versar su dictamen; si la profesión o el arte estuvieren legalmente reglamentados, los peritos deberán acreditar estar autorizados conforme a la ley."

"Artículo 823. La prueba pericial deberá ofrecerse indicando la materia sobre la que deba versar, exhibiendo el cuestionario respectivo, con copia para cada una de las partes."

"Artículo 824. La Junta nombrará los peritos que correspondan al trabajador, en cualquiera de los siguientes casos:

"I. Si no hiciera nombramiento de perito;

"II. Si designándolo no compareciera a la audiencia respectiva a rendir su dictamen; y

"III. Cuando el trabajador lo solicite, por no estar en posibilidad de cubrir los honorarios correspondientes."

"Artículo 825. En el desahogo de la prueba pericial se observarán las disposiciones siguientes:

"I. Cada parte presentará personalmente a su perito el día de la audiencia, salvo el caso previsto en el artículo anterior;

"II. Los peritos protestarán de desempeñar su cargo con arreglo a la ley e inmediatamente rendirán su dictamen; a menos que por causa justificada soliciten se señale nueva fecha para rendir su dictamen;

"III. La prueba se desahogará con el perito que concurra, salvo el caso de la fracción II del artículo que antecede, la Junta señalará nueva fecha, y dictará las medidas necesarias para que comparezca el perito;

"IV. Las partes y los miembros de la Junta podrán hacer a los peritos las preguntas que juzguen conveniente; y,

"V. En caso de existir discrepancia en los dictámenes, la Junta designará un perito tercero."

De conformidad con la legislación transcrita, las partes en el juicio laboral tienen la posibilidad de ofrecer –para colmar los extremos de su acción o excepciones y defensas–, la prueba pericial, en el entendido de que la contraparte del oferente está facultada, a su vez, para también designar a un experto con la finalidad de contraprobar la pretensión del que la ofrece.

Asimismo, la ley establece que los peritos nombrados por las partes deben tener conocimiento en la ciencia, técnica o arte sobre la cual deba versar su dictamen y para el caso en que la profesión o arte estén legalmente reglamentados, tienen que acreditar estar autorizados para su ejercicio de conformidad con el ordenamiento legal respectivo.

En cuanto a su ofrecimiento, deberá indicarse la materia sobre la cual verse, para lo cual el interesado exhibirá un cuestionario con copia para cada una de las partes.

Por lo que hace al desahogo de la prueba pericial éste comienza con la presentación del perito de cada una de las partes en la audiencia relativa; peritos que protestarán su cargo e inmediatamente rendirán su dictamen; la prueba se desahogará con aquellos que concurran y, en todo caso, las partes y los miembros integrantes de la Junta podrán hacer a los expertos las preguntas que juzguen convenientes.

Como se advierte, en el procedimiento laboral, la prueba pericial se integra formalmente con los dictámenes rendidos por los peritos designados por las partes, a quienes se les pueden realizar las preguntas y repreguntas que el juzgador estime necesarias y, en caso de contraposición, con aquel emitido por el perito tercero en discordia.

Por otro lado, en cuanto al elemento material, debe tomarse en cuenta que un dictamen pericial no se circunscribe a la emisión de una simple conclusión, sino que los peritos, como asesores y coadyuvantes del juzgador, deben asentar en su contenido diversos aspectos, tales como la metodología empleada en el estudio, los principios y teoría científica en la que se sustenta, la materia sometida al análisis, así como todos aquellos elementos que le permitieron sustentar los motivos y razonamientos lógicos para llegar a su conclusión.

En resumen, para que la autoridad laboral pueda asignarle valor probatorio a un dictamen pericial, debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:

• Verificar el cumplimiento de los elementos formales de la prueba, es decir, el acatamiento de los requisitos previstos en la Ley Federal del Trabajo para su debida integración.

• Determinar si la prueba es idónea para acreditar los hechos pretendidos por el oferente, dentro de lo cual se pueden valorar aspectos como el grado de especialización del perito y la materia sobre la cual versó su análisis.

• Valorar conforme a la sana crítica el contenido de los razonamientos lógicos efectuados por el perito, donde se puede apreciar, entre otros, la información aportada, la metodología expuesta, el grado de razón, así como su experiencia y congruencia interna.

Ahora, si bien todos estos aspectos son indispensables para que un dictamen pericial pueda fungir como prueba, la ausencia de uno u otro, acarrea diversas consecuencias legales, pues en el caso de no cumplirse con el primero de ellos –el cum

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29134-cec87152/prueba-pericial-medica-en-el-juicio-laboral-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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