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Modo: Corpus Pro

PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO MERCANTIL. LOS JUECES DE INSTANCIA, LOCALES O FEDERALES, EN LA EMISIÓN DE SUS FALLOS TIENEN LIBERTAD PARA VALORAR LAS APORTADAS POR LAS PARTES Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO QUE CONOZCAN DEL AMPARO DIRECTO EN SU CONTRA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LAS APRECIACIONES EFECTUADAS POR AQUÉLLOS, COMO SI FUERAN TRIBUNALES DE ALZADA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 123/2019. · Registro digital (IUS): 29174
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2019-11-29
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, Pág. 2140.

AMPARO DIRECTO 123/2019. 17 DE OCTUBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: RAÚL ARMANDO PALLARES VALDEZ. SECRETARIO: ÓSCAR ALBERTO NÚÑEZ SOLORIO.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Son en parte inoperantes y, por otra, infundados los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa, sin que se advierta causa alguna por la cual deban ser suplidos en su deficiencia.

A fin de justificar lo anterior, debe tenerse presente que, como se ha venido relatando, el juicio oral mercantil de origen versó sobre la acción de objeción de pago de dos cheques, prevista en el artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por advertirse alteraciones notorias en los mismos, la cual fue ejercida por el actor del juicio, aquí tercero interesado, en contra de la institución financiera librada denominada **********; lo anterior, con motivo de los cheques con números de referencia ********** y **********, ambos librados el quince de noviembre de dos mil dieciséis, el primero, por la cantidad de noventa y dos mil cien pesos, en favor de **********, y el segundo, librado por la suma de catorce mil quinientos pesos, en favor de *********, ambos correspondientes a la chequera que le fue proporcionada al actor del juicio por la referida persona moral demandada; lo anterior, según expuso el accionante natural en su escrito inicial de demanda, sobre la base de que las firmas que calzan dichos títulos de crédito, mismos que fueron pagados a las personas que los presentaron para su cobro, no son de su puño y letra, sino que fueron falsificadas, cuyas diferencias, a decir del accionante natural, resultaban notorias y apreciables a simple vista con respecto a la que obra en la tarjeta universal de firmas que exhibió la institución bancaria demandada.

Así, el juicio natural de origen, atento a su cuantía, se tramitó en única instancia, de manera tal que en el fallo reclamado en el presente juicio de amparo directo, el Juez de Distrito señalado como responsable ejerció su facultad discrecional a efecto de resolver el conflicto entablado entre los contendientes.

En efecto, al declarar fundada la acción de oposición deducida por el actor, el Juez Federal realizó como ejercicio de ponderación el análisis visual y directo de las firmas estampadas en los cheques no reconocidos, comparándolas con la firma del cuentahabiente, que obra en el documento denominado tarjeta universal de firmas que exhibió la parte demandada.

De manera tal que, en el caso concreto, el ejercicio de la señalada facultad discrecional es motivo de impugnación por parte de la institución financiera demandada, aquí quejosa.

Al respecto, debe puntualizarse que este Tribunal Colegiado de Circuito no funge como superior jerárquico del Juez Primero de Distrito en Materia Mercantil Especializado en Juicios de Cuantía Menor en el Estado de Puebla, ya que éste actuó como Juez de instancia en un procedimiento mercantil, en tanto que esta potestad federal ejerce una jurisdicción distinta, en su actuación como órgano de control constitucional.

Todo lo cual resulta indispensable precisar, en la medida en que la diferencia de jurisdicciones con que actúa, tanto el Juez responsable, como este tribunal de amparo, permite distinguir el ámbito y extensión de las facultades legales que a cada uno corresponden para apreciar los hechos materia de debate en el juicio mercantil de origen; de manera tal que mientras que el Juez Primero de Distrito en Materia Mercantil Especializado en Juicios de Cuantía Menor en el Estado de Puebla, en la emisión de su sentencia, actuó con libertad de jurisdicción para resolver una contienda en materia de comercio, en contrapartida, esta potestad federal, en el presente amparo directo, no puede juzgar la legalidad de su proceder como si actuara en funciones de órgano de alzada dentro de la misma competencia mercantil, sino desde la perspectiva de llevar a cabo un análisis de si el ejercicio de su función jurisdiccional se sujetó o no a los cánones o directrices que rigen en materia de derechos fundamentales.

Dicho en otros términos, un órgano con competencia en materia de amparo no puede sustituir a las autoridades responsables en el ejercicio de sus exclusivas atribuciones legales, su función se limita a revisar el ajuste constitucional y actualmente convencional, de las determinaciones que de ellas se reclamen como violatorias de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales suscritos por México en materia de derechos humanos.

Por tanto, en casos como éste en el que se impugna el ejercicio de facultades discrecionales conferidas a la autoridad responsable, el análisis debe circunscribirse a verificar si actuó de conformidad con los principios lógicos y jurídicos aplicables a la apreciación y decisión de un determinado punto de conflicto. Es decir, si tal ponderación cumple o no con las exigencias de estar suficientemente fundada y motivada, a la luz de los conceptos de violación que haga valer la parte quejosa –en aquellos casos en que no opera la suplencia de la queja deficiente–.

Así, cuando el acto reclamado en el amparo es la sentencia que resuelve la acción de oposición al pago de cheques, prevista en el artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el supuesto de que la alteración de la cantidad o de las firmas en esa clase de documentos sea notoriamente diferente, el ejercicio de valoración que realiza el juzgador mercantil debe reflejar, con rigor extremo, la fundamentación y motivación de la decisión que adopte, a efecto de no generar inseguridad jurídica. Sin embargo, alcanzada por dicho juzgador una convicción sobre el particular, y si satisface la exigencia antes aludida, no puede ser revisada en cuanto a si se comparte o no por un órgano jurisdiccional con competencia distinta, pues ello eliminaría por completo la facultad decisoria y de resolución de conflictos conferida a los Jueces mercantiles y trasladaría a un tribunal constitucional la resolución de un conflicto entre particulares, mediante la apreciación directa del hecho materia del diferendo entre ellos entablado.

Ahora, una vez hechas las precisiones anteriores, debe decirse que de la lectura de la sentencia reclamada se advierte que el Juez de Distrito, luego de estimar demostrados los primeros tres elementos de la acción, consistentes en: 1) La celebración del contrato que dio origen al otorgamiento del talonario de cheques; 2) Que los cheques cuyo pago se objeta aparezcan extendidos en un esqueleto de los que el librado hubiere proporcionado al librador; y, 3) Que los aludidos títulos de crédito materia de la objeción hubieren sido pagados; lo anterior, bajo la consideración de que las partes contendientes, al momento de la celebración de la audiencia preliminar, con fundamento en el artículo 1390 Bis 36 del Código de Comercio, solicitaron conjuntamente la fijación de tales hechos como no controvertidos, y concluyó que en el caso concreto esos elementos se tenían por demostrados.

Por lo que hace al cuarto elemento de la acción, relativo a que de una verificación visual de las firmas estampadas en los cheques y las que obran en poder de la institución bancaria, se advierta la ausencia de fidelidad visual, la autoridad judicial federal concluyó que, en la especie, sí se advertía una notoria diferencia entre ambos grupos de firmas, por lo que carecían de fidelidad visual; a cuya conclusión llegó bajo las consideraciones esenciales siguientes:

a) Comenzó diciendo que tuvo a la vista el registro de firmas correspondientes a la cuenta de la parte actora, así como los cheques que fueron materia de la acción de objeción de pago y les otorgó valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1238, 1241 y 1296 del Código de Comercio en vigor, es decir, como si hubieren sido reconocidos expresamente, dado que tales documentos fueron presentados como prueba en el juicio por la institución financiera demandada.

b) Posteriormente, indicó que al realizar la verificación visual respecto de las firmas que obran en cada uno de los cheques cuestionados, en comparativa con la firma contenida en el documento denominado tarjeta universal de firmas, sí se lograba advertir a simple vista las siguientes diferencias:

i. El inicio de la firma, de izquierda a derecha, en la tarjeta universal de referencia "asemeja un número 5" y en los cheques asemeja un "3".

ii. Asimismo, que la firma de la tarjeta "continúa con uniones de lo que parecen letras "e cursivas" y en los cheques se trata de una línea recta solamente.

iii. La firma de la tarjeta concluye con lo que asemeja una ejercicio escritural de "lluvia vertical" y en los cheques concluye con un trazo que asemeja una letra "E" mayúscula.

c) Luego, dicho juzgador insertó la imagen correspondiente a la digitalización de las firmas comparadas, para dar claridad a lo manifestado sobre el particular.

d) Una vez hecho el análisis acabado de mencionar, dicho juzgador analizó las pruebas aportadas por la parte demandada, a fin de verificar si con ellas lograba demostrar que las firmas que calzan los cheques base de la acción "provienen del puño y letra de la parte actora" y concluyó que de tales probanzas no era factible demostrar tal extremo.

e) Luego, por las mismas razones el Juez de Distrito señalado como responsable concluyó que derivado de lo anterior tampoco se encontraba demostrada en el caso "excepción" de carencia de acción y derecho, basada en el hecho de que las firmas contenidas en los cheques eran de "rasgos extremadamente parecidos o idénticos", puesto que de las pruebas aportadas por la parte demandada no se demostraba ese extremo.

Aunado a ello, a fin de desestimar la referida versión defensiva vertida por la institución financiera demandada, la autoridad judicial que emitió el fallo reclamado sostuvo que, contrario a lo alegado adicionalmente por la reo sobre el particular:

- El ejercicio de la acción de la parte actora en el caso, fue sobre la base de la falsificación notoria de la firma del librador y que, por ende, como parte de los elementos necesarios para la procedencia de la acción no se encontraba la obligación de dar aviso oportuno y pormenorizado al banco demandado del robo o extravío, ni establecer cuándo se percató de la falta del título del mismo, así como tampoco exponer las razones por las cuáles las firmas de los cheques no le corresponden.

- Que, además, en el caso se encontraba demostrada la falta de fidelidad manifiesta entre las firmas estampadas en los cheques base de la acción y la contenida en el registro de firmas correspondiente a la cuenta de la parte actora, adicionalmente a ello –concluyó el Juez responsable–, lo sostenido defensivamente por la demandada no era un elemento necesario para la procedencia de la acción, tratándose precisamente del supuesto de falsificación notoria de la firma del librador y que, por ello, no había lugar a considerar que el actor ocasionara que se pagaran los cheques por culpa suya, de sus factores, representantes o dependientes, o que éste no hubiera tenido cuidado de vigilar la chequera y talonario respectivo.

Esas fueron las razones por las cuales el Juez de Distrito, señalado como responsable, llegó a la conclusión de que en el caso sí se encontraba demostrado el cuarto de los elementos de la acción, al existir diferencias notorias entre las firmas contenidas en los cheques cuyo pago se objetó, con aquella que tiene registrada la institución bancaria en la tarjeta universal de firmas correspondiente a la cuenta de la parte actora y que, en consecuencia, se encontraba justificado el cuarto de los elementos de la acción en trato relativo, precisamente, a la notoria alteración requerida para declarar probada la acción intentada.

Sobre la base apuntada, como antes se dijo, son en parte inoperantes y en un aspecto infundados los planteamientos de inconformidad que formula la amparista, concretamente aquellos en los cuales pretende poner de relieve que en el caso no se puede apreciar a simple vista que las firmas que contienen los cheques objeto de la acción no sean similares y que carezcan de diferencia notoria con la que aparece en la tarjeta de registro en cuestión, además, que "a simple vista resulta patente que no existe discrepancia", y que del contraste notorio entre las firmas a comparar, concretamente de sus trazos y líneas que hay entre una y otra, estas resultan claramente similares en su conjunto y que –sigue diciendo la amparista– "basta observar" las firmas para advertir que los cheques objetados conservan, aun cuando no la misma forma y proporción que la firma que aparece en la tarjeta de registro, sí una proporción similar.

En efecto, los motivos de disenso que vierte la quejosa sobre esa temática resultan en parte inoperantes, en la medida de que con ellos pretende poner de relieve que el Juez responsable llevó a cabo un incorrecto análisis de los documentos cuyo pago fue materia de la objeción, al haber advertido indebidamente diferencias notorias en los mismos, respecto de la firma que tiene registrada la institución bancaria demandada, agregando que tales firmas son diferentes a simple vista; sin embargo, como se vio, tal impugnación no se encuentra estructurada para combatir de manera directa lo relativo a la motivación efectuada por el Juez de Distrito para sustentar el sentido de la conclusión o convicción a la que arribó, sino más bien a cuestionar el criterio que adoptó en la toma de su decisión; lo cual, como se ha venido relatando, no es susceptible de ser analizado en esa instancia constitucional, pues de hacerlo, este órgano colegiado se estaría sustituyendo en el Juez mercantil de origen, realizando la labor de ponderación de elementos que a éste corresponde efectuar en ejercicio de su facultad discrecional que le corresponde en casos como el presente.

Lo anterior toda vez que no existe la posibilidad, según se ha explicado, de que este Tribunal Colegiado de Circuito proceda a la realización de un análisis directo a través de un proceso visual, para constatar si existen o no las diferencias o similitudes consignadas en la sentencia, conforme a las argumentaciones vertidas por la quejosa en los citados motivos de disenso, pues la conclusión a la que arribará este Tribunal Colegiado de Circuito conllevaría el ejercicio de una facultad discrecional de la cual carece, e implicaría un proceso de sustitución indebido en la competencia del Juez responsable.

Así, lo alegado por la quejosa en cuanto a que el Juez responsable indebidamente concluyó que los títulos de crédito de que se trata sí contienen diferencias notorias con respecto a la firma que tiene registrada la institución bancaria demandada en la tarjeta universal de firmas, pasando por alto que –a decir de la impetrante–, entre ambos grupos de firmas no existen diferencias notorias; pues todo ello no se encuentra orientado a tachar de ilegal la motivación de la sentencia reclamada, en cuanto a la ponderación efectuada por el juzgador mercantil de origen al momento de concluir, precisamente, que en la especie existían diferencias notorias en las firmas que calzan los cheques cuyo pago se objetó, a fin de tener por demostrado el referido elemento de la acción y, con ello, que se estimara acreditada la acción de objeción de pago prevista en el artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Por el contrario, las argumentaciones vertidas sobre el particular por la disconforme, se encuentran orientadas más bien a cuestionar lo sostenido por el Juez de Distrito al realizar el ejercicio de ponderación derivado del análisis visual y directo de las firmas que aparecen en los cheques, cuya facultad discrecional le corresponde realizar a dicho juzgador al dirimir la litis natural.

De manera tal que lo alegado así en los conceptos de violación –se insiste–, no tiene por objeto poner de relieve la ilegalidad de la motivación de la sentencia reclamada, en cuanto a la ponderación efectuada por la autoridad judicial señalada como responsable, al concluir que en el caso sí existen diferencias notorias que demuestran el aludido extremo de la acción de objeción de pago prevista en el artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y, en esa medida, resultan inoperantes tales argumentaciones.

Independientemente de lo anterior, de cualquier manera lo alegado sobre el particular por la parte quejosa resulta también infundado desde otra arista, ya que, como también se ha venido explicando, el orden jurídico confiere potestad a los Jueces para que en caso de diferendo entre un cuentahabiente y una institución bancaria, en cuanto al correcto o incorrecto pago de un cheque librado contra los fondos depositados en la cuenta del cliente, sea el juzgador quien determine a quién asiste la razón, efectuando para ello, un cotejo visual y directo de los documentos en disputa y, en ese contexto, la apreciación en el sentido de que en el caso concreto, es notoria la alteración de las firmas que calzan los cheques cuestionados, ello resulta acertado y suficiente, por el hecho de haberse expuesto en el fallo reclamado las razones que condujeron al Juez a estimar fundada la pretensión del actor.

En efecto, si la autoridad judicial responsable concluyó que en el caso existe alteración notoria en los cheques materia de objeción, para lo cual, como se dijo, observó tales documentos y expuso diversas razones que lo llevaron a establecer que las firmas de los precitados títulos de crédito, a simple vista, diferían en lo siguiente: i. Porque el inicio de la firma, vista de izquierda a derecha, en la tarjeta universal, la grafía de referencia "asemeja un número 5" y en los cheques un "3"; ii. Que la firma de la tarjeta "continúa con uniones de lo que parecen letras "e cursivas" y en los cheques se trata de una línea recta, solamente; y, iii. La firma de la tarjeta concluye con lo que asemeja a un ejercicio escritural de "lluvia vertical" y en los cheques concluye con un trazo que parece una letra "E" mayúscula; consideraciones las anteriores que por sí mismas no constituyen una decisión caprichosa, parcial o tendenciosa de dicho juzgador, puesto que fue producto del ejercicio de una facultad discrecional establecida en la ley para la resolución de este tipo de controversias; ello, con entera independencia de si esa opinión se pudiera o no compartir por los destinatarios de la sentencia, pues la postura contraria está apoyada en la misma calidad o condición de ser una opinión o percepción unilateral de un mismo evento, y está condicionada por los referentes subjetivos de cada intérprete; de ahí que desde este enfoque deban calificarse infundados los motivos de disenso vertidos por la institución bancaria quejosa, se insiste, ya que lo resuelto por el Juez de Distrito sobre el particular, en ejercicio de la facultad discrecional en comento, derivado del cotejo visual y directo de los cheques cuestionados, es suficiente para sostener la notoriedad de la alteración de tales documentos, por los motivos acabados de mencionar.

Sirve de apoyo a lo así considerado, la tesis aislada sustentada por este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada con la clave VI.2o.C.64 C (10a.), en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, mayo de 2016, Tomo IV, materias común y civil, página 2842, número de registro digital: 2011602 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de mayo de 2016 a las 10:06 horas», de título, subtítulo y texto siguientes: " La diferencia de jurisdicciones en que actúan los Jueces naturales o de instancia dentro de un procedimiento mercantil y los Tribunales Colegiados de Circuito como órganos jurisdiccionales de amparo, es un elemento trascendental para distinguir el ámbito y extensión de las facultades legales que a cada uno de ellos corresponde ejercer, en la apreciación de los hechos materia de la controversia en el juicio mercantil. Mientras el Juez de la causa, ya sea local o federal, en la emisión de su fallo cuenta con toda libertad para valorar las pruebas que fueron aportadas por las partes, los Tribunales Colegiados de Circuito que conozcan del amparo directo en su contra, no están en condición legal de analizar la legalidad de las apreciaciones efectuadas por aquéllos, como si fuera un tribunal de alzada, reasumiendo jurisdicción respecto de esa misma competencia mercantil, sino que su función constitucional gira en torno de si el juzgador natural o de instancia se sujetó o no a las directrices que al efecto rigen en materia de derechos humanos en la esfera constitucional y convencional, pero desde ninguna perspectiva puede estimarse que aquéllos puedan o deban sustituirse a las autoridades responsables en el ejercicio de ponderación por ellos implementado, al ser esta una atribución legal exclusiva de los juzgadores de instancia, llegando al extremo de calificar la conclusión alcanzada, a través de un nuevo análisis sobre las convicciones obtenidas respecto de los medios de prueba sujetos a su valoración. Lo anterior conduce a estimar que el estudio del acto reclamado en sede constitucional, si los conceptos de violación dan la pauta para ello, debe circunscribirse a verificar la fundamentación y motivación de las facultades discrecionales que el juzgador natural o de instancia ejerció, con base en las reglas de la lógica y los lineamientos jurídicos establecidos en la norma aplicable al caso concreto, pero no lo relativo a la convicción alcanzada."

Por otra parte, resultan también en parte infundados y, por otra, inoperantes los conceptos de violación hechos valer por la institución financiera quejosa, en los que manifiesta lo siguiente:

– Que si bien el Juez responsable estudió el cuarto elemento de la acción haciendo el cotejo directo de las firmas cuestionadas contenidas en los cheques basales, respecto de la firma que tiene registrada el banco como autorizada del cuentahabiente, y concluyó que existen notorias diferencias entre ambas, de cualquier manera las tres discrepancias advertidas por la referida autoridad judicial son insuficientes para sostener la notoriedad de la falsificación de las firmas que contienen los títulos de crédito en cuestión y que, por ello, el juzgador del conocimiento no hizo debidamente el cotejo directo de las firmas.

– Que la autoridad judicial del conocimiento pasó por alto que el caso versó sobre una falsificación simple y no notoria, puesto que así lo hizo valer la actora.

– Asimismo, arguye que: "...la responsable considera que en los cheques, el inicio de la firma de izquierda a derecha en la tarjeta respectiva asemeja un número 5 y en los cheques un 3, la firma de la tarjeta continúa con uniones de lo que parecen ‘e’ cursivas y en los cheques se trata de una línea recta solamente y la firma de la tarjeta concluye con lo que se asemeja un ejercicio escritural de lluvia vertical y en los cheques concluye con un trazo que asemeja una letra ‘E’ mayúscula; sin embargo, son sólo 3 las discrepancias que nota la responsable, por ende, no se considera notoriamente. ..."

– Que las pequeñas divergencias que advirtió el juzgador federal responsable son insuficientes, por sí mismas, para considerar que el empleado bancario encargado de verificar la similitud o disimilitud notoria de la firma estampada en el cheque de referencia, frente a la inscrita en el tarjetón de registro de firmas de la institución ahora quejosa, pudo o no advertir tales divergencias por su notoriedad, al grado de haber tenido que negar el pago del cheque.

– Que para la procedencia de la acción, en el caso concreto, las firmas deben ser notoriamente distintas, lo que no significa que deban ser exactamente iguales, sino que a simple vista, aun cuando conserven rasgos esencialmente parecidos, finalmente difieran unas de otras notoriamente.

– Además, que el Juez de Distrito no funda ni motiva la razón por la cual consideró que las tres diferencias que destacó son suficientes para demostrar la falsificación notoria de la firma, siendo que, sigue diciendo la impetrante: "...las tres apreciaciones, vistas en lo general no acreditan que la falsificación de la firma sea notoria, sin fundar porque tres, podrían ser tres diferencias de una sola, tal consideración es arbitraria, así, las pequeñas discrepancias no llegan al extremo de ser notorias para que se hubiese negado el pago del cheque, no apreciándose, en el caso, disimilitudes patentes y burdas, sino que en lo general y a simple vista sin un análisis tan exhaustivo y técnico que la responsable realiza las firmas son similares..."

– Asimismo, arguye que las conclusiones a las que llegó la autoridad judicial responsable "son técnicas", lo que es ineficaz para demostrar la notoria falsificación de las firmas puestas en los cheques, puesto que la falsificación de la firma debe ser notoria, esto es, debe constituir una cuestión pública y sabida de todos, en la que no se requieren conocimientos especiales para establecer la autenticidad o no de la firma de que se trate.

– Que al hacer el análisis correspondiente, el Juez de Distrito inobservó lo preceptuado en el artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, al concluir "que las firmas deben ser exactamente iguales", ya que sostuvo la existencia de determinadas diferencias y, con ello, llegó a la conclusión de que las firmas no conservan la misma forma y proporción, pero en realidad no motiva la resolución para advertir que las firmas son notoriamente distintas, ya que no señala hasta qué grado las diferencias que señala en el cuadro acreditan la notoriedad en la falsedad de las firmas.

En primer término, lo infundado de lo alegado por la disconforme resulta, en la medida de que no es verdad que lo sostenido por el Juez de Distrito en cuanto a la demostración del cuarto elemento de la acción carece en lo absoluto de fundamentación y motivación.

Para arribar a esa conclusión, es pertinente distinguir entre la falta de fundamentación y de motivación, por un lado, y cuando ésta es indebida pues, por lo primero, se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya la resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se hayan tenido en cuenta para su emisión, mientras que la diversa hipótesis se actualiza, cuando en la determinación de que se trate sí se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto, y sí se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar el mismo, pero no corresponden al caso concreto objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto reclamado y las normas aplicadas en él.

Es ilustrativo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/52, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, la cual se comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, enero de 2007, página 2127, número de registro digital: 173565, y establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA.—Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación; toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste."

Sobre esa base, en el caso, se estima que la sentencia reclamada no carece de fundamentación y motivación, pues de su contenido se advierte que la autoridad judicial responsable dio varias razones por las cuales, posterior a realizar la verificación visual respecto de las firmas que obran en los cheques cuestionados, comparándolas con la firma contenida en el documento denominado tarjeta universal de firmas, concluyó que a simple vista existían diferencias entre ambos grupos de firmas, para lo cual citó diversos dispositivos legales y criterios jurisprudenciales en los cuales se basó para tal efecto, lo cual finalmente condujo a tener por demostrado el cuarto elemento de la acción; por lo que es incuso que, contrario a lo pretendido por la amparista, la referida parte considerativa del fallo reclamado no carece de los mencionados requisitos formales.

Ahora, al margen de que, como se vio, el Juez responsable no incurrió en la ilegalidad invocada por el ente quejoso, por lo que en ese aspecto resultaron infundados los motivos de disenso analizados previamente, según se determinó en párrafos que anteceden, de cualquier forma lo alegado por la disconforme en sus conceptos de violación es inoperante desde otra arista, pues de la confrontación de lo expuesto en ellos, con las consideraciones contenidas en el fallo reclamado, se advierte que la peticionaria no controvierte eficazmente las consideraciones acabadas de mencionar, por las cuales el juzgador federal determinó que, en la especie, sí se encontraba demostrado el cuarto de los elementos de la acción, al existir diferencias notorias entre las firmas contenidas en los cheques cuyo pago se objetó, con aquella que tiene registrada la institución bancaria en la tarjeta universal de firmas correspondiente a la cuenta de la parte actora y, además, desestimó el planteamiento defensivo invocado por la agraviada en su escrito de contestación de demanda al hacer valer la excepción de carencia de acción y derecho.

Por el contrario, desviándose de ese propósito, la impetrante sólo se limita a realizar algunas afirmaciones genéricas y en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29174-3bef7b79/pruebas-en-el-procedimiento-mercantil-los-jueces-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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