COSA JUZGADA EN MATERIA LABORAL. SE ACTUALIZA CUANDO EN UN JUICIO PREVIO SE DEMANDA EL RECONOCIMIENTO DE UN PERIODO ESPECÍFICO COMO ANTIGÜEDAD GENERAL DE EMPRESA Y EN UNO POSTERIOR, SE RECLAMA EL MISMO LAPSO O UNO INMERSO EN AQUÉL.
AMPARO DIRECTO 929/2018. 15 DE AGOSTO DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE TOSS CAPISTRÁN. SECRETARIO: VÍCTOR HUGO MILLÁN ESCALERA.
CONSIDERANDO:
SEXTO.—Cabe destacar que quien acude al juicio de amparo es la Comisión Federal de Electricidad, en su carácter de patrón, motivo por el cual los conceptos de violación hechos valer deben ser analizados bajo el principio de estricto derecho, pues en el caso no se da ninguno de los supuestos del artículo 79 de la Ley de Amparo para que opere la figura de la suplencia de la queja deficiente en su favor, porque:
A) En materia laboral, únicamente procede en beneficio de la clase obrera (fracción V).
B) No se advierte que el acto reclamado se encuentre fundado en una ley declarada inconstitucional (fracción I).
C) Tampoco se observa que la parte quejosa se encuentre en condiciones de pobreza o marginación que la ubique en desventaja social para la defensa en el juicio (fracción VII).
Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 158/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Tomo I, página 359, registro digital: 2010624 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas», de título, subtítulo y texto siguientes:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO OPERE EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. El artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, sustituido por el numeral 79, fracción V, de ley de la materia en vigor al día siguiente, al prever expresamente que la suplencia de la queja deficiente en materia laboral procede sólo a favor del trabajador, es producto de los procesos históricos de reforma constitucional y legal, cuya distinción de trato, en relación con el patrón, radica en que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos, derivado de que: a) el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo regulan la relación laboral como un derecho de clases; b) el patrón tiene mayores posibilidades económicas, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados y, al tener la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio; y, c) la protección a bienes elementales tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral; motivo por el cual se le liberó de la obligación de ser experto en tecnicismos jurídicos, lo que contribuyó, por un lado, a que no se obstaculizara la impartición de justicia y, por otro, a la salvaguarda de los derechos fundamentales consagrados en el referido artículo 123 de la Carta Magna. En esas condiciones, la Segunda Sala reitera el criterio de la jurisprudencia 2a./J. 42/97 (*), en el sentido de que es improcedente la suplencia de la queja deficiente a favor del patrón, inclusive bajo el contexto constitucional sobre derechos humanos imperante en el país, y en consecuencia, la circunstancia de que sólo opere en beneficio del trabajador, no vulnera el de igualdad y no discriminación, porque la distinción de trato en referencia con el trabajador está plenamente justificada y, por lo mismo, resulta proporcional, es decir, sí guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, ya que tal diferenciación constituye una acción positiva que tiene por objeto medular compensar la situación desventajosa en que históricamente se ha encontrado la clase trabajadora frente a la patronal."
Acotado lo anterior, debe precisarse que este tribunal no inadvierte que el juicio laboral de origen no se tramitó en la vía especial que correspondía, en términos de lo previsto en el artículo 892 de la Ley Federal del Trabajo, al haberse reclamado como acción principal el reconocimiento de la antigüedad general de empresa generada por el actor; empero, como la parte quejosa no hace valer concepto de violación alguno sobre el tema, este órgano jurisdiccional no hace mayor pronunciamiento al respecto; máxime, si se toma en consideración que atendiendo a cuestiones que tienen que ver con el fondo del asunto, se colige que, en el caso, quedó plenamente acreditada la excepción de cosa juzgada, la cual, incluso, al margen de que en este asunto sí se hacen valer conceptos de violación sobre el particular, lo trascendente al tema es que esa cuestión es de análisis oficioso, tanto para la autoridad responsable, como para este tribunal, inclusive aunque dicha excepción no haya sido opuesta por la parte demandada, lo que, en el caso, no aconteció así, pues sí se planteó en el escrito de contestación de la demanda. (visible a fojas 24 a 73 del expediente de origen)
Cobra exacta aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 75/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 67, Tomo III, junio de 2019, página 2072, registro digital: 2019995 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de junio de 2019 a las 10:13 horas», de título, subtítulo y texto siguientes:
"COSA JUZGADA EN EL JUICIO LABORAL. TANTO LA AUTORIDAD LABORAL COMO EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBEN ANALIZARLA DE OFICIO, AUN CUANDO EL DEMANDADO NO LA HAYA OPUESTO COMO EXCEPCIÓN. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la figura procesal de la cosa juzgada se configura como la inmutabilidad de lo resuelto en sentencias firmes, esto es, se trata de una institución en la que descansan los principios de certeza y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, tratándose del juicio laboral, en atención a los principios de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, por regla general, será advertida a instancia de parte a través de una excepción; sin embargo, puede ocurrir que de la demanda se aprecie que el actor manifestó que las prestaciones que reclama tienen origen en un juicio anterior o en autos existan elementos que permitan a la autoridad laboral advertir su existencia, en cuyo caso, conforme al artículo 841 del mencionado ordenamiento legal, que faculta a la autoridad laboral a dictar los laudos a verdad sabida y buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia, sin sujetarse a formulismos, la Junta deberá atender a la autoridad y fuerza de ley de la cosa juzgada por lo que, aunque no haya sido opuesta como excepción, deberá analizarla en aras de salvaguardar los principios de seguridad y certeza jurídica referidos. Además, para el caso de que la autoridad laboral omita su estudio, el tribunal de amparo podrá analizarla oficiosamente o en atención a los conceptos de violación que el quejoso haga valer, independientemente de que se hubiese opuesto o no. Lo anterior, sin que el análisis oficioso de la institución de la cosa juzgada implique suplencia de la queja deficiente en favor de la parte patronal, pues se trata de una facultad que deriva de los preceptos legales mencionados."
Sin que la aplicación de esta jurisprudencia pudiera estimarse violatoria del último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, pues no existe un criterio previo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, que establezca lo contrario.
En apoyo de lo anterior, se citan, por su sentido y alcance, las jurisprudencias P./J. 2/2018 (10a.) y P./J. 3/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 7 y 9, respectivamente, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Tomo I, enero de 2018, registros digitales: 2015995 y 2015996 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 19 de enero de 2018 a las 10:20 horas», de títulos, subtítulos y texto, siguientes:
"JURISPRUDENCIA. NO SE ACTUALIZAN EFECTOS RETROACTIVOS RESPECTO DE LA TESIS 1a./J. 97/2013 (10a.) EMITIDA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL NO EXISTIR UNA JURISPRUDENCIA PREVIA. Conforme al artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, lo que presupone la existencia de un criterio jurisprudencial previo que interprete la misma hipótesis jurídica que la nueva jurisprudencia, pues sólo en ese supuesto los órganos jurisdiccionales están obligados a resolver un caso conforme al criterio anterior; de ahí que ante la falta de jurisprudencia previa, el juzgador puede hacer uso de su autonomía interpretativa. Así, la aplicación en el juicio de la jurisprudencia 1a./J. 97/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: ‘AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.’, al tenor de la cual el autorizado por las partes en un juicio mercantil no está facultado para promover el juicio de amparo directo a nombre de su autorizante, no tiene efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna, ya que no existía una jurisprudencia previa que interpretara o definiera esa hipótesis específica, sino una práctica judicial reiterada por un determinado tribunal que, incluso, podría ser distinta a la que adoptara otro tribunal en casos similares. Además, el hecho de que se admita una demanda de amparo directo, promovida por el autorizado en términos del artículo 1069, tercer párrafo, del Código de Comercio, y este proveído no se haya impugnado, dando lugar a que ello no se resuelva en definitiva, genera que esta determinación siga sub júdice hasta que el órgano jurisdiccional de amparo dicte su sentencia, por lo que la aplicación del referido criterio jurisprudencial en ésta, no implica imprimirle efectos retroactivos, aun cuando este criterio se aplique a hechos pasados dentro de una secuela procesal, ya que no existe un criterio jurisprudencial previo que haya actualizado sus supuestos y que, por ende, lo obligue a resolver en determinado sentido, ni tampoco una determinación jurisdiccional previa dentro del proceso que no pueda ser revisada por resultarle vinculante."
"OFRECIMIENTO DE TRABAJO. LA APLICACIÓN EN EL JUICIO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 39/2013 (10a.) DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, PRODUCE EFECTOS RETROACTIVOS EN PERJUICIO DEL TRABAJADOR SI AQUÉL SE REALIZÓ BAJO LA VIGENCIA DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 19/2006 Y 2a./J. 74/2010. Los efectos retroactivos de la aplicación de la jurisprudencia pueden verificarse en el supuesto de que: 1) al iniciar un juicio o durante su tramitación exista una jurisprudencia que haya orientado el proceder jurídico de las partes, 2) antes de que se dicte la sentencia se emita una nueva jurisprudencia que supere o sustituya el anterior criterio, y 3) en el juicio antes referido se aplique esta nueva jurisprudencia e impacte la seguridad jurídica del justiciable. Así, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 39/2013 (10a.), de rubro: ‘OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. EL AVISO DE BAJA DEL TRABAJADOR ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, POSTERIOR A LA FECHA INDICADA COMO DEL DESPIDO PERO PREVIA A LA OFERTA, SIN ESPECIFICAR LA CAUSA QUE LA ORIGINÓ, NO IMPLICA MALA FE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 19/2006 E INTERRUPCIÓN DE LA DIVERSA 2a./J. 74/2010).’, es inaplicable al momento de valorar las pruebas en la sentencia en los juicios en los que el ofrecimiento de trabajo se realizó bajo la vigencia de las jurisprudencias 2a./J. 19/2006 y 2a./J. 74/2010, que resultaron modificada e interrumpida, respectivamente, pues ello modificaría la exigencia probatoria que incluía la prueba presuncional de que el ofrecimiento de trabajo se hizo de mala fe, lo que implica un efecto retroactivo en perjuicio del trabajador, pues la hipótesis normativa de las anteriores jurisprudencias ya se había actualizado y producido todos sus efectos."
Ahora bien, este tribunal determina que, en el caso a estudio, la Junta debió declarar procedente la excepción de cosa juzgada que la quejosa hizo valer en el controvertido natural, en razón de que, ponderadas las pretensiones y hechos generadores que el actor, aquí tercero interesado, estableció en la demanda que dio origen al juicio laboral ********** del que emana el acto ahora reclamado, y las que planteó en el diverso sumario número **********, ambos del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz, en contra de la Comisión Federal de Electricidad, se arriba al convencimiento de que coinciden en un mismo objeto y hecho generador, que ya fue discernido en el primer juicio.
Para arribar a la anterior conclusión, es necesario precisar que la inmutabilidad de la cosa juzgada está condicionada por la exigencia de que la acción en contra de la cual se opone sea la misma que motivó el primer pronunciamiento. Este proceso de identificación se hace por la comparación de los elementos de ambas acciones, y acorde a los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así, para que la excepción de cosa juzgada proceda, es menester que en ellas coincidan:
1. Las personas o sujetos que intervinieron en los juicios.
2. El objeto o prestaciones que se demandan.
3. La causa generadora; y
4. Que se haya resuelto de fondo la pretensión propuesta.
Basta que una sola no se actualice para que la excepción sea improcedente.
Así, debe decirse que, por regla general, la sentencia afecta únicamente a quienes hubieran intervenido en el proceso en calidad de partes, y no aprovecha ni perjudica a los terceros que hayan permanecido ajenos al mismo.
Por otro lado, se entiende por objeto del litigio el bien que se pide en la demanda. La sentencia constituye una unidad y, en consecuencia, el objeto es el derecho que se reclama y lo que el Juez decide es la cuestión jurídica.
Por su parte, la causa generadora es el hecho jurídico que se invoca como fundamento de la acción y no se debe confundir con el hecho constitutivo del derecho o con la norma abstracta de la ley. Para los efectos de la cosa juzgada, la causa no consiste en el derecho o beneficio que se trata de hacer valer, sino en el principio generador de ese derecho. Así, se obtiene que la causa consiste en el hecho o hechos jurídicos que sirven como fundamento al derecho que se demanda.
Además, desde luego, no existiría cosa juzgada si no se resuelven de fondo las pretensiones o la solución del punto controvertido se deja expresamente para otro juicio, o se dejan a salvo los derechos del actor.
Lo antes expuesto deriva de la jurisprudencia 1a./J. 161/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, febrero de 2008, materia común, página 197, registro digital: 170353, de rubro y texto:
"COSA JUZGADA. PRESUPUESTOS PARA SU EXISTENCIA.—Para que proceda la excepción de cosa juzgada en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta se invoque concurran identidad en la cosa demandada (eadem res), en la causa (eadem causa pretendi), y en las personas y la calidad con que intervinieron (eadem conditio personarum). Ahora bien, si la identidad en la causa se entiende como el hecho generador que las partes hacen valer como fundamento de las pretensiones que reclaman, es requisito indispensable para que exista cosa juzgada se atienda no únicamente a la causa próxima (consecuencia directa e inmediata de la realización del acto jurídico) sino además a la causa remota (causal supeditada a acontecimientos supervenientes para su consumación) pues sólo si existe esa identidad podría afirmarse que las cuestiones propuestas en el segundo procedimiento ya fueron materia de análisis en el primero, y que por ello deba declararse procedente la excepción con la finalidad de no dar pauta a posibles sentencias contradictorias. Lo anterior, en el entendido de que cuando existan varias acciones contra una misma persona respecto de una misma cosa, deben intentarse en una sola demanda todas las que no sean contrarias, ya que el ejercicio de una extingue las otras, salvo que fuera un hecho superveniente debidamente acreditado. Por tanto, es claro que esto último no se daría si la causa remota que se involucra en uno y otro son distintas, con mayor razón si la causa próxima también es otra."
Bajo esas premisas, del sumario laboral ********** del que deriva el acto ahora reclamado, se aprecia que la parte actora como acción principal demandó de la Comisión Federal de Electricidad el reconocimiento de su antigüedad general de empresa, en concreto, del periodo comprendido del veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y siete al siete de marzo de dos mil seis; y las restantes prestaciones reclamadas –transcritas en el considerando de antecedentes– resultan accesorias a la misma, en tanto tienen como presupuesto el aludido reconocimiento de antigüedad.
La demandada, como ya se dijo, al dar contestación a la demanda promovida en su contra, opuso la excepción de cosa juzgada, en lo medular, porque sostuvo que la temática relativa a las contrataciones temporales que se dieron con antelación a que al actor se le diera nombramiento de base, fue objeto de estudio en el diverso juicio laboral **********, en el que la propia Junta del conocimiento, merced de lo resuelto en el amparo directo ********** del índice de este propio tribunal –en su anterior denominación e integración–, determinó en laudo que quedó firme, que al trabajador debía reconocérsele una antigüedad que abarca del catorce de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro al dos de mayo de mil novecientos noventa y seis, misma que debía incorporarse a la generada como trabajador permanente a partir del ocho de marzo de dos mil seis.
Ahora, si bien es verdad que el periodo reclamado en el juicio laboral del cual emana el laudo aquí reclamado, que lo es del veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y siete al siete de marzo de dos mil seis, en apariencia es distinto al reclamado en el otrora juicio laboral **********, que lo fue del catorce de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro al veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y siete, también lo es que ello no fue así, en tanto se tiene como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que en el amparo directo ********** promovido por **********, del índice de este propio tribunal –en su anterior denominación e integración–, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa en los términos que a continuación se ponen de relieve:
"...Ahora bien, lo fundado de los conceptos de violación estriba en que, dada la litis en el asunto, como la lectura al laudo reclamado lo pone de manifiesto, se desprende que la Junta responsable condenó al reconocimiento de la antigüedad, del catorce de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro al dos de mayo de mil novecientos noventa y seis, para que ésta sea incorporada a la generada a partir del ocho de marzo de dos mil seis; sin embargo, omitió ser claro en destacar el porqué de la condena en tales términos cuando acorde a lo expresamente solicitado en el escrito de demanda se reclamó periodos más amplios, donde solicitó: ‘...b) que la antigüedad que estoy reclamando del periodo del 14 de marzo de 1984 al 21 de noviembre de 1997, se adicione a la antigüedad que me reconoce la Comisión Federal de Electricidad a partir del 22 de noviembre de 1997, como antigüedad genérica o de empresa...’; lo cual era necesario para establecer las causas, razones y fundamentos de la condena en tales términos, pues así, en función de la respuesta dada por la demandada, Comisión Federal de Electricidad, quien expresó: ‘...en el presente caso, el actor pretende un reconocimiento de antigüedad cuando tenía el carácter de trabajador temporal en mi representada, cuyo carácter adquirido por el actor era del 25 de julio de 1997, al 7 de marzo de 2006, ya que el día 8 de marzo de 2006, adquirió el carácter de trabajador permanente’; esto es, reiterando, debió precisar el porqué de la procedencia de lo aseverado por la ahora tercero perjudicada, siendo claro en destacar las razones específicas para excluir los periodos por los cuales no efectúo condena; observando para ello las pruebas existentes, así como lo manifestado por las partes, a efecto de cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad que prevén los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, resolver a verdad sabida y buena fe guardada apreciando los hechos en conciencia, esto es, debió esclarecer ese punto de controversia precisando las pruebas inherentes para ello, destacando el punto de litis, pues si el ahora quejoso aseveró que la empresa demandada le tenía reconocido antigüedad ‘a partir del 22 de noviembre de 1997 como antigüedad genérica o de empresa’, era necesario la indicación clara, precisa y congruente de cómo ello fue controvertido y cómo se llegaba a demostrar una u otra posición.
"Por consecuencia, deviene también conculcatorio de garantías el laudo reclamado al absolver por la prestación relativa al pago de la gratificación por veinte años de servicio, pues este aspecto, en todo caso, dependerá del análisis a efectuar por la responsable por el reconocimiento de antigüedad.
"Sentado lo anterior, procede conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que la Junta responsable:
"a) Deje insubsistente el laudo reclamado; y
"b) Emita otro en el que reitere lo relativo al reconocimiento de antigüedad del periodo comprendido del catorce de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, al dos de mayo de mil novecientos noventa y seis;
"c) Reitere la absolución por la prestación consistente en la nulidad de cualquier documento, al igual que la decretada en favor del **********;
"d) Resuelva, fundada, motivadamente y en forma exhaustiva, con libertad de jurisdicción, lo relativo a las diversas prestaciones consistentes en reconocimiento de antigüedad, acorde a la precisa (sic) prestación y, en su caso, a como se hubiera controvertido, esto es, si existió o no reconocimiento de antigüedad por la empresa en la forma planteada en la demanda;
"e) Efectuado lo anterior, resuelva también con plenitud de jurisdicción, lo relativo al reclamo por gratificaciones por veinte años de servicios..." (Énfasis añadido)
Como se ve de la anterior transcripción, este órgano de control constitucional, al resolver el otrora juicio de amparo correlativo, sostuvo que en el laudo reclamado que derivó del juicio laboral **********, la Junta responsable, si bien condenó a la comisión demandada al reconocimiento de la antigüedad, del catorce de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro al dos de mayo de mil novecientos noventa y seis, para que ésta sea incorporada a la generada a partir del ocho de marzo del dos mil seis; también lo es que omitió ser claro en destacar el porqué de la condena en tales términos cuando acorde con lo expresamente solicitado en el escrito de demanda se reclamaron periodos más amplios, donde la parte actora daba por hecho que dicha patronal le había reconocido su antigüedad desde el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y siete, que resulta ser la misma fecha que, ahora, en el expediente de trabajo ********** pretende que se le reconozca como antigüedad generada al servicio de la patronal.
Incluso, en esa ejecutoria de amparo, se puso en evidencia que también constituyó litis (aunque no se expresara así en los reclamos correlativos), el periodo que abarca del veinticinco de julio de mil novecientos noventa y siete al siete de marzo de dos mil seis (que comprende, precisamente, el periodo reclamado en el actual expediente laboral **********), porque la comisión demandada así lo introdujo al dar contestación a la demanda promovida en su contra; ello fue, entonces, la causa por la cual se concedió el amparo en dicho controvertido constitucional, pues se conminó a la autoridad responsable a que explicara, fundada y motivadamente, lo relativo al reconocimiento de antigüedad, acorde con la precisa prestación y la forma en que se controvirtió, esto es, si existió o no reconocimiento de antigüedad por la empresa en la forma planteada en la demanda de aquel sumario laboral.
De ahí que, si no es un hecho controvertido, la circunstancia de que en el otrora juicio laboral **********, prevaleció la condena a la comisión demandada al reconocimiento de la antigüedad, del catorce de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro al dos de mayo de mil novecientos noventa y seis, para que ésta fuera incorporada a la generada a partir del ocho de marzo del dos mil seis (tal como lo reconoce la parte obrera en su demanda inicial promovida en el actual expediente laboral **********, visible a foja 5), con categoría de una decisión firme; entonces, es incuestionable que el periodo reclamado en el sumario natural del que deriva el laudo aquí reclamado, veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y siete al siete de marzo de dos mil seis, se itera, en realidad sí constituyó litis en el expediente de trabajo **********, en tanto este Tribunal Colegiado de Circuito, en su anterior denominación e integración, así lo dispuso al resolver el juicio de amparo directo **********; luego, la Junta responsable debió declarar procedente la excepción de cosa juzgada opuesta por la comisión demandada, aquí impetrante de tutela federal.
Lo cual es acorde con la jurisprudencia VII.2o.T. J/2 (10a.), emitida por este tribunal federal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 28, Tomo II, marzo de 2016, página 1628, registro digital: 2011249 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de marzo de 2016 a las 10:10 horas», del tenor literal subsecuente:
"ANTIGÜEDAD GENÉRICA DE EMPRESA. EL LAUDO QUE CONDENA AL DEMANDADO A RECONOCERLA POR UN PERIODO QUE NO FUE EL EXACTAMENTE RECLAMADO POR EL ACTOR, NO ES INCONGRUENTE, AL NO IMPLICAR VARIACIÓN DE LA ACCIÓN. De conformidad con los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, las Juntas de Conciliación y Arbitraje tienen obligación de emitir los laudos a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de pruebas, pero expresando los motivos y fundamentos legales en que se apoyen; además de que los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente. Así, cuando la Junta condene a reconocer en favor del trabajador una antigüedad general de empresa por un periodo que no fue el exactamente reclamado, no puede estimarse que esa determinación sea violatoria de derechos fundamentales, cuando deriva del estudio de las pruebas aportadas en el juicio que permiten sostener la procedencia de la acción, aun cuando sea de manera parcial, lo que de suyo no vuelve el laudo incongruente, puesto que la Junta no puede desconocer la antigüedad realmente justificada en el juicio, so pretexto de que no lo fue en los términos exactos reclamados por el actor. Sin que ello implique variar la acción deducida, pues ésta es la misma, no obstante que la condena al reconocimiento de la antigüedad sea distinta a la reclamada en la demanda, pues la Junta goza de libertad de apreciación para determinar la condena por el periodo que realmente aparezca probado, máxime que el actor señaló que demandaba el reconocimiento de antigüedad generada por todo el tiempo laborado, tanto como trabajador temporal como de base."
En lo tocante al hecho notorio, se invoca la tesis PC.VII.L. 1 K (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 62, Tomo III, enero de 2019, página 2027, registro digital: 2019090 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de enero de 2019 a las 10:26 horas», de título, subtítulo y texto siguientes:
"HECHO NOTORIO. LOS MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL PLENO DE CIRCUITO O POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DE SU ADSCRIPCIÓN. Los Magistrados del Poder Judicial de la Federación, cuando integran tanto el Pleno de Circuito como el Tribunal Colegiado de Circuito del que son titulares, conforme al artículo 4 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, cuando resuelven los asuntos que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan como integrantes de uno u otro cuerpo jurisdiccional, como medio probatorio para fundar la ejecutoria de que se trate, sin que resulte necesaria su certificación para que obre en autos, bastando que se tenga a la vista dicha ejecutoria, pues constituye una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda j
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29196-383972cf/cosa-juzgada-en-materia-laboral-se-actualiza-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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