I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA CON DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TOMATLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TOMATLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL TENER CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO CON ANTERIORIDAD [OMISIÓN DE ENTREGA DE LAS APORTACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS DEL PAGO DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) AL MUNICIPIO DE TOMATLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE ENTREGA DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO ES IMPUGNABLE MIENTRAS SUBSISTA [OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, Y EL PAGO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL DOS MIL DIECISÉIS (PRODERE), ASÍ COMO LOS INTERESES RESPECTIVOS AL MUNICIPIO DE TOMATLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES [OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, Y EL PAGO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL DOS MIL DIECISÉIS (PRODERE), ASÍ COMO LOS INTERESES RESPECTIVOS AL MUNICIPIO DE TOMATLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA OMISIÓN TOTAL DE ENTREGA DE RECURSOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO ACTOR [OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, Y EL PAGO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL DOS MIL DIECISÉIS (PRODERE), ASÍ COMO LOS INTERESES RESPECTIVOS AL MUNICIPIO DE TOMATLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. IX. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. X. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES [OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, Y EL PAGO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL DOS MIL DIECISÉIS (PRODERE), ASÍ COMO LOS INTERESES RESPECTIVOS AL MUNICIPIO DE TOMATLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. XI. OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES FEDERALES. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, ASÍ COMO LOS INTERESES RESPECTIVOS AL MUNICIPIO DE TOMATLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 27/2019. MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 21 DE NOVIEMBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. AUSENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: FERNANDO SOSA PASTRANA Y OMAR CRUZ CAMACHO.
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 27/2019, promovida por la síndica municipal de Tomatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la entidad referida.
I. Antecedentes y trámite del asunto
1. Promoción de la demanda. Concepción Ivonne López Tecalco, en su carácter de síndica municipal de Tomatlán del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, promovió demanda de controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la entidad referida.
2. En la demanda el Municipio actor, en esencia, argumenta que la autoridad demandada violó el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra el principio de integridad de recursos económicos del Municipio, pues omitió pagar los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), relativos a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, por un monto de 1'126,104.00 (un millón ciento veintiséis mil ciento cuatro pesos 00/100 M.N.); así como el pago del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 2016 (PRODERE) por un monto de 2'907,660.00 (dos millones novecientos siete mil seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.).
3. Trámite de la demanda. El veintinueve de enero de dos mil diecinueve, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente con el número 27/2019 y, por razón de turno, designó como instructor del procedimiento al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
4. En razón de lo anterior, el Ministro instructor admitió la demanda mediante acuerdo de seis de marzo de dos mil diecinueve, en el que tuvo por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, la designación de delegados y admitió las pruebas aportadas por el Municipio actor.
5. Asimismo, consideró como demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Veracruz de Ignacio de la Llave, los requirió al efecto de que señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y ordenó la vista respectiva a la Fiscalía General de la República. Además, consideró que no había lugar a la petición del Municipio actor de tener por tercero interesado al Poder Ejecutivo Federal, ya que no advertía un posible perjuicio que pudiera causarle la resolución que se dicte.
6. Consecuentemente, se emplazó a los demandados. Tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo remitieron su contestación de demanda con las pruebas que consideraron pertinentes, mediante escritos recibidos en esta Suprema Corte de Justicia el veintinueve y el treinta y uno de mayo siguiente, respectivamente.
7. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez hechos valer por el Municipio actor son, en síntesis, los siguientes:
a) El Municipio actor alega que los actos impugnados vulneran los principios de legalidad, seguridad jurídica e integridad de los recursos económicos municipales, contenidos en los artículos 14, 16 y 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al retener de manera ilegal las aportaciones federales que le correspondían.
b) Específicamente, refiere la omisión del Poder Ejecutivo de cubrir las cantidades del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), relativas a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, por la cantidad total de $1'126,104.00 (un millón ciento veintiséis mil ciento cuatro pesos 00/100 M.N.).
c) El Municipio señala que en el acuerdo de distribución correspondiente se estableció a su favor la cantidad de $4'253,684.00 (cuatro millones doscientos cincuenta y tres mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) en los primeros diez meses del año.
d) Manifiesta que los recursos del FISMDF relativos a los meses de enero a julio fueron depositados en su cuenta, por la cantidad de $425,368.00 (cuatrocientos veinticinco mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), mientras que el depósito correspondiente al mes de agosto fue únicamente por $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) y respecto a septiembre y octubre no recibió ningún depósito, lo que da un total de $1'126,104.00 (un millón ciento veintiséis mil ciento cuatro pesos 00/100 M.N.) de adeudo por este concepto.
e) Reclama también la omisión del pago del Fondo de "Proyectos de Desarrollo Regional 2016" por un monto restante de $2'907,660.00 (dos millones novecientos siete mil seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.). Alude este derecho con base en que el veintisiete de noviembre de dos mil quince se publicó en el Diario Oficial de la Federación el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, en el que en el anexo 20.3, correspondiente al Ramo General 23 "Provisiones Salariales y Económicas" se destinaron recursos para el Municipio de Tomatlán por la cantidad de $6'000,000.00 (seis millones de pesos 00/100 M.N.).
f) Señala que, el veintinueve de julio de dos mil dieciséis, el Ayuntamiento de Tomatlán suscribió con el Gobierno del Estado de Veracruz el "Convenio de Coordinación para la Transferencia, Aplicación, Destino, Seguimiento, Control, Rendición de Cuentas y Transparencia en el ejercicio de los Recursos Federales con cargo al Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 2016", en el que después de las retenciones de fiscalización y administración, el Estado se comprometió a transferir al Municipio la cantidad de $5'934,000.00 (cinco millones novecientos treinta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.).
g) El Municipio reclama que en fechas de veinte y treinta de diciembre de dos mil dieciséis, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado le depositó las cantidades de $1'247,330.00 (un millón doscientos cuarenta y siete mil trescientos treinta pesos 00/100 M.N.) y $1'780,200.00 (un millón setecientos ochenta mil doscientos pesos 00/100 M.N.), a lo que a la fecha sigue adeudándole al Municipio la cantidad de $2'907,660.00 (dos millones novecientos siete mil seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.).
h) Señala que de acuerdo con lo establecido por los artículos 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal y 8 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Estado receptor debe pagar las aportaciones federales dentro de los cinco días siguientes, por lo que el retraso originó el pago de intereses a favor del Municipio actor.
i) Finalmente, el Municipio demanda que el Poder Legislativo Local pretende aprobar decretos que autoricen al Poder Ejecutivo para no pagar las aportaciones y fondos federales que le corresponde por el FISMDF y el Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 2016, lo que, dice, constituye una violación al artículo 115 constitucional.
8. Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo. Eric Patrocinio Cisneros Burgos, en su carácter de secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, contestó la demanda exponiendo, en síntesis, los razonamientos que siguen:
a) Los antecedentes expresados por el promovente respecto de la retención injustificada de los recursos, no se afirman ni se niegan, porque son hechos anteriores a la actual administración que inició el uno de diciembre de dos mil dieciocho.
b) El Municipio actor ejercita un derecho que no hizo valer dentro de los plazos legales que prevén los recursos ordinarios previos a la controversia constitucional, al tratarse de actos que emanan de la aplicación del Sistema de Coordinación Fiscal y de las leyes que lo regulan, tan es así que fue omiso en manifestar el supuesto agravio respecto a la retención en la vía legal correspondiente, por lo que el plazo transcurrió de manera excesiva, en virtud de haber pasado más de dos años a la fecha de la presentación de la demanda.
c) Tratándose de fondos de aportaciones federales, al no estar sujetas al régimen de libre administración hacendaria municipal, previsto en el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución, las cuestiones en las que se advierta algún incumplimiento legal deben resolverse, en primer término, con base en lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones federales y locales, por lo cual, no hay duda que sin haber agotado el principio de definitividad el Municipio actor pretenda impugnar tales actos a través de este medio de control constitucional.
d) En este caso, no se da el caso de excepción para no agotar los medios ordinarios de defensa, consistente en que se adviertan violaciones directas a la Constitución, ya que, se insiste, el actor tuvo medios de defensa a su alcance para reclamar los actos impugnados, lo que se traduce en una notoria improcedencia, en términos del numeral 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
e) Más aún cuando los Municipios pueden ejercitar medios de defensa para revocar, modificar o nulificar los actos que estimen violatorios, como lo prevén los artículos 5 y 8 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios del Estado de Veracruz.
f) El demandado considera que el Municipio actor no probó fehacientemente que los recursos federales reclamados estuvieron o estén efectivamente comprometidos para los fines que se destinan, en términos del artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, en relación con el numeral 19 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Veracruz, puesto que, al estar comprendidos en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal de 2016, el Municipio recibió recursos en los ejercicios subsecuentes con los que hacer frente a sus obligaciones, por lo que resulta inconcuso que el promovente pretende allegarse de recursos que no serán ejercidos.
g) Con base en el razonamiento anterior y con el artículo 19, fracción V, de la ley reglamentaria de la materia, alega que la controversia resulta improcedente dado que los efectos de la norma ya han cesado, a lo que no se advierte que los recursos referidos tengan ultra-actividad para ejercicios fiscales subsecuentes.
h) Alega que de la lectura de la demanda se advierte que el Municipio actor tenía conocimiento de las fechas de la entrega de los recursos de los que supuestamente tiene derecho, por lo que la omisión que reclama deriva de un acto positivo y debe computarse la oportunidad de acuerdo a la regla general de treinta días posteriores a la emisión del acto.
i) Señala que, por cuanto hace al Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 2016, se advierte que, según lo manifestado por la parte actora, se efectuaron ciertos pagos en fechas veinte y treinta de diciembre de dos mil dieciséis, quedando pendiente de pago la cantidad de $2'906,469.00 (dos millones novecientos seis mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.), por lo que en ese sentido se estaría en el supuesto de una omisión derivada de un acto positivo que no fue controvertido de manera oportuna, ya que el Municipio tenía que promover los medios legales de defensa para combatir las presuntas omisiones en el plazo legal de treinta días hábiles otorgado para la demanda de controversia constitucional, por lo que se actualiza una notoria causal de improcedencia, en términos del artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia.
j) Finalmente, señala que la controversia deviene improcedente, porque el estudio de las causales de improcedencia resulta ser una cuestión de orden público y en el caso particular se encuentran actualizadas; a lo que sin perjuicio de lo expuesto, sí existe un derecho a favor del Municipio actor, éste será únicamente respecto de las cantidades que efectivamente le correspondan y que no le hayan sido entregadas o transferidas, dentro de un plazo razonable para su planeación presupuestal.
9. Contestación de la demanda por el Poder Legislativo. Amadeo Condado Espinoza, en su carácter de jefe del Departamento de Amparos del Congreso de Veracruz de Ignacio de la Llave, dio contestación a la demanda instaurada en contra de dicha Legislatura. Para ello, ofreció los siguientes argumentos:
a) Señala que los actos materia de controversia son inexistentes y, por ende, el Poder Legislativo carece de legitimación pasiva. Manifiesta que de la demanda no se advierte un acto concreto atribuible al Congreso del Estado ni mucho menos a la actual LXV Legislatura, por lo que no reviste la calidad de demandada de acuerdo con los extremos establecidos en la fracción II del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del Artículo 105, Fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
b) Aduce que el Municipio actor omitió señalar exactamente cuáles acuerdos o decretos fueron autorizados por el Legislativo Local, en los que supuestamente se ordenara la retención de las aportaciones, participaciones o fondos federales que le fueran transferidos por el Gobierno Federal.
c) Alega que de la lectura sistemática de los artículos 19, fracción VII y 10, fracción II, a contrario sensu, de la ley reglamentaria de la materia, se desprende que la controversia constitucional será improcedente cuando la causal derive de otras disposiciones del ordenamiento, dentro de las cuales se encuentra la falta de carácter de demandado cuando no se demuestre la existencia del acto objeto de control constitucional.
d) Sostiene que, al no existir constancia que haga evidente la participación del Poder Legislativo en las acciones y omisiones reclamadas, esta Suprema Corte de Justicia debe sobreseer respecto a su representada, en términos del artículo 20, fracción II, de la ley reglamentaria.
e) Ad cautelam, señaló que este poder carece de facultades para intervenir, retener o distribuir las participaciones federales que lleguen al Estado, por lo que los conceptos de invalidez hechos valer por el Municipio actor no son competencia de esta Legislatura.
10. Opinión del fiscal general de la República. El fiscal general de la República se abstuvo de formular pedimento o alegato alguno, según se desprende de las constancias del expediente, a pesar de estar debidamente notificado.
11. Cierre de la instrucción. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el tres de octubre de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria de la materia, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por formulados los alegatos del Municipio actor y se puso el expediente en estado de resolución.
12. Radicación. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Primera Sala para su radicación y resolución.
II. Competencia
13. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de Tomatlán, en contra del Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el que es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
III. Precisión de la litis
14. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia y a la apreciación de pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados.
15. En el apartado correspondiente del escrito inicial de demanda, el Municipio actor, textualmente, señaló como actos impugnados los siguientes:
"I. De la autoridad señalada como demandada, Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, representado por el Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se demanda:
"a) La omisión de pagar y la invalidez de retener las aportaciones federales que le fueron transferidas del Gobierno Federal, a través de la Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la citada autoridad demandada y que corresponden al Municipio de Tomatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) relativas a los meses de agosto, septiembre y octubre del año dos mil dieciséis, por la cantidad total de $1'126,104.00 (un millón ciento veintiséis mil ciento cuatro pesos 00/100 M.N.) sin que a la fecha exista justificación legal para su retención, y para que haya omitido pagar y depositar dichas aportaciones a la hacienda municipal del Ayuntamiento de Tomatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave.
"b) La omisión de entrega y el pago del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 2016, por la cantidad de $2'907,660.00 (dos millones novecientos siete mil seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.)
"c) Que como consecuencia de la omisión de pagar y la invalidez de retener las aportaciones federales que le fueron transferidas del Gobierno Federal, a través de la Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la citada autoridad demandada, y que corresponden al Municipio de Tomatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), relativas a los meses de agosto, septiembre y octubre del año dos mil dieciséis, y al Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 2016, se ordene la entrega inmediata de dichas aportaciones, así como del pago de intereses, por el retraso en la entrega de las citadas aportaciones, a la tasa de recargos que establezca el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones.
"II. De la autoridad señalada como demandada Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, representado por el honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se demanda la invalidez de la aprobación de los acuerdos o decretos que autoricen bajo cualquier forma legal, la retención de las participaciones federales, aportaciones federales y fondos federales que le fueran transferidos del Gobierno Federal, a través de la Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la autoridad demandada Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, representado por el Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y que corresponden al Municipio de Tomatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave."
16. En este sentido, esta Primera Sala considera que tanto del análisis integral de la demanda como de las constancias que obran en el expediente, lo que debe tenerse como efectivamente impugnado es lo siguiente:
a) La omisión de entrega del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), de los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, por un monto de $1'126,104.00 (un millón ciento veintiséis mil ciento cuatro pesos 00/100 M.N.).
b) La omisión de entrega de la totalidad de los recursos correspondientes al Municipio actor en el Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 2016 (PRODERE), previsto en el presupuesto federal de egresos de ese año por $6'000,000.00 (seis millones de pesos 00/100 M.N.), a lo que el monto faltante de pago es de $2'907,660.00 (dos millones novecientos siete mil seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.).
c) El pago de los intereses derivados de la entrega extemporánea de tales recursos.
17. Respecto de los actos impugnados al Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su contestación informó que no se advierte acto concreto atribuible al Congreso del Estado, ni a la actual Legislatura LXV, por lo que no le reviste el carácter de demandada en términos del artículo 10, fracción II, de la ley de la materia en que se actúa, más aún cuando se omitió señalar a qué actos en concreto se refiere el demandante y que carece de facultades para intervenir sobre participaciones federales, por lo que dice que debe sobreseerse en la controversia constitucional planteada.
18. Al respecto, esta Primera Sala considera que lo procedente es sobreseer en el juicio por lo que hace al Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en virtud de que no tiene ninguna intervención en la emisión de los actos impugnados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(2)
19. Por su parte, por lo que se refiere a los actos que se impugnan del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cabe señalar que en su contestación de demanda refirió que ni afirma ni niega las conductas que se le imputan por corresponder a hechos anteriores a la actual administración que inició el uno de diciembre de dos mil dieciocho.
20. Es así que, aun cuando la citada autoridad no se pronunció con exactitud respecto de la certeza de las conductas omisivas que se le demandan –sin anticiparse al resultado final del asunto que será materia del fondo de la litis, en su caso, de estudio de diversa causal de improcedencia– para efectos de este apartado se cuenta con elementos suficientes que acreditan la existencia de su obligación de entregar al Municipio actor los montos que reclama del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 2016 (PRODERE).
21. Lo anterior se desprende de las publicaciones de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ("Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal entre los Municipios del Estado de Veracruz, para el ejercicio fiscal de 2016") y, de veintisiete de noviembre de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación (presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016), en las que se encuentran consignadas las aportaciones que se demandan.
22. Cuestiones que, se insiste, para efectos de la certeza de actos, son suficientes para tenerla por acreditada, por tanto, lo procedente es verificar si se actualiza o no diversa causal de improcedencia respecto de estas conductas y, en su caso, estudiar en el fondo, si la autoridad demandada –Poder Ejecutivo Local– ha realizado o no los actos que se le imputan, consistentes en una supuesta suspensión o demora en la entrega de los recursos económicos que corresponden al Municipio actor.
IV. Oportunidad
23. Procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, para lo cual es determinante definir si los actos impugnados son actos positivos u omisiones, ya que, conforme a la tesis P./J. 43/2003,(3) tratándose de omisiones, la oportunidad se actualiza día con día. A continuación, se hace un breve relato de los precedentes en que esta Suprema Corte ha distinguido entre actos positivos y omisiones.
24. En la controversia constitucional 5/2004,(4) en la cual el Municipio de Purépero, Estado de Michoacán impugnó los descuentos de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, notificadas en oficios 1975/2003 y 2125/2003,(5) la Suprema Corte consideró que se trataba de actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia.
25. En la controversia constitucional 20/2005,(6) el Municipio de Acapulco de Juárez demandó la invalidez del Oficio SFA/0442/04 de veintisiete de enero de dos mil cinco, suscrito por el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, mediante el cual, le negaron una solicitud de regularización de entrega de participaciones federales, así como la omisión de pago de los intereses que se generaron con motivo del retraso de la entrega de las mismas.(7) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia.
26. En la controversia constitucional 98/2011,(8) se analizó la oportunidad de una demanda en la cual se impugnaron los descuentos del Fondo de Fomento Municipal que corresponden al Municipio de Santiago de Maravatío, Guanajuato, reflejados en los informes mensuales de entrega de participaciones. El cómputo se realizó a partir de las fechas en que se aplicaron dichos descuentos.(9) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia.
27. En la controversia constitucional 37/2012,(10) el Municipio de Santiago Amoltepec, Estado de Oaxaca, reclamó la falta de entrega de las participaciones y aportaciones federales que le corresponden. La sentencia considera que este acto fue impugnado como un acto de retención, pues adujo que, al acudir a recibirlos le fueron negados. Dicho acto se impugna no como una omisión, sino más bien como un acto de retención, derivado de la negativa a entregar los recursos por conducto de determinadas personas.(11) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.
28. En la controversia constitucional 67/2014,(12) el Municipio de San Jacinto Amilpas, Estado de Oaxaca, combatió la no entrega de los recursos financieros que legalmente le corresponde recibir al Municipio actor por conducto del tesorero municipal Manuel César Sánchez Zabaleta desde la primera quincena de enero de dos mil catorce. Se estimó que la ley reglamentaria de la materia no señala plazo para la promoción de demanda de controversia contra omisiones, que implican un no hacer por parte de la autoridad, creando una situación permanente que se reitera día a día, permitiendo en cada una de esas actualizaciones la impugnación de dicho no actuar. Así, esta Suprema Corte concluyó que debe considerarse oportuna la presentación de la demanda el doce de junio de dos mil catorce, ya que el Municipio actor reclama de forma absoluta la falta de pago desde el mes de enero del mismo año.(13)
29. En la controversia constitucional 78/2014,(14) el Municipio de Tlaquiltenango, Estado de Morelos, demandó del Poder Ejecutivo Local: 1) la retención o descuento de una parte de las participaciones federales municipales correspondientes al mes de julio de dos mil catorce; 2) la omisión de resarcir económicamente con motivo de la retención o descuento de las participaciones federales del pago de los intereses a partir del mes de julio; 3) la omisión de entregar las constancias de liquidación de participaciones federales al Municipio actor; 4) la omisión de informar detalladamente la forma y términos de cómo se entregaron las participaciones que corresponden a cada Municipio; 5) el descuento mensual del mes de julio y los subsecuentes. Respecto de los actos identificados con los numerales 1) y 2), la sentencia estima que se trata de actos y, particularmente relevante, que la omisión de pago de intereses se impugnó con motivo de la retención o descuento.(15)
30. Por otro lado, en relación con los actos 3) y 4), determina que son omisiones, pues el Municipio actor impugna de forma absoluta la falta de entrega de las constancias de liquidación de las participaciones, así como la omisión de informar cómo se han entregado dichas participaciones.(16) Finalmente, por lo que hace al acto 5), debe tenerse en tiempo, toda vez que la autoridad demandada contestó que sí se encuentran programados descuentos de participaciones federales que deben aplicarse al Municipio actor.
31. En la controversia constitucional 73/2015,(17) el Municipio de Zitácuaro, Michoacán, demandó al Poder Ejecutivo lo siguiente: 1) la omisión de pago de las participaciones en ingresos federales y estatales para el ejercicio fiscal dos mil quince, correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de dos mil quince, 2) la omisión de pago del Fondo Estatal de los Servicios Públicos Municipales para el ejercicio fiscal de dos mil quince y 3) respecto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de dos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29388-1516c1c7/i-controversia-constitucional-cuando-se-trate-de-omisiones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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