I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE RECONOCERSE LEGITIMACIÓN PASIVA AL SECRETARIO DE GOBIERNO CUANDO SE ESGRIMEN CONCEPTOS DE INVALIDEZ DE FALTA DE SANCIÓN Y REFRENDO DE LA NORMA IMPUGNADA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA DECLARAR IMPROCEDENTE LA PROMOVIDA CONTRA NORMAS GENERALES O ACTOS QUE HUBIEREN SIDO MATERIA DE UNA EJECUTORIA DICTADA EN OTRA CONTROVERSIA, ES REQUISITO NECESARIO QUE SE HAYA IMPUGNADO EN AMBAS LA MISMA NORMA GENERAL. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO REFORMADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 6, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS). VI. PARTICIPACIONES FEDERALES. ES INFUNDADO EL ARGUMENTO REFERIDO A LA FALTA DE SANCIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO (ARTÍCULO 6, FRACCIONES I, III, IV, V Y VII, DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA PARA EL ESTADO DE MORELOS). VII. PROCESO LEGISLATIVO. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LA EMISIÓN DE NORMAS GENERALES (ARTÍCULO 6, FRACCIONES I, III, IV, V Y VII, DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA PARA EL ESTADO DE MORELOS). VIII. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULO 6, FRACCIONES I, III, IV, V Y VII, DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA PARA EL ESTADO DE MORELOS). IX. PARTICIPACIONES FEDERALES. LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENEN LIBERTAD CONFIGURATIVA PARA DETERMINAR, ATENDIENDO A LA REALIDAD SOCIAL QUE IMPERA EN LA ENTIDAD, LAS BASES, MONTOS Y PLAZOS CON LOS QUE SE CUBRIRÁN AQUÉLLAS A LOS MUNICIPIOS (ARTÍCULO 6, FRACCIONES I, III, IV, V Y VII, DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS). X. PARTICIPACIONES FEDERALES. LA REDUCCIÓN DENTRO DE LOS MÁRGENES CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE PERMITIDOS DE LA CUANTÍA QUE RECIBIRÁN LOS MUNICIPIOS POR AQUEL CONCEPTO Y OTROS, NO IMPLICA UNA INFRACCIÓN AL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA HACENDARIA (ARTÍCULO 6, FRACCIONES I, III, IV, V Y VII, DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS). XI. PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. SU VIOLACIÓN SE CONFIGURA CUANDO LA LEY TRATA DE MODIFICAR O ALTERAR DERECHOS ADQUIRIDOS O SUPUESTOS JURÍDICOS, Y SUS CONSECUENCIAS, QUE NACIERON BAJO LA VIGENCIA DE UNA LEY ANTERIOR. XII. PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. SU TUTELA NO SE CIRCUNSCRIBE A LA ESFERA JURÍDICA DE LOS GOBERNADOS, SINO QUE TAMBIÉN CONDICIONA LA VALIDEZ DE LOS ACTOS INTERINSTITUCIONALES DE PERSONAS DE DERECHO PÚBLICO. XIII. PARTICIPACIONES FEDERALES. LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS DEL DOS POR CIENTO DE AQUÉLLAS NO SON DERECHOS ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS (ARTÍCULO 6, FRACCIONES I, III, IV, V Y VII, DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 8/2017. MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO, MORELOS. 29 DE AGOSTO DE 2019. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: RICARDO GARCÍA DE LA ROSA.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de la controversia constitucional. Por escrito recibido el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmin Velázquez Flores, en su carácter de síndico del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, promovió controversia constitucional, demandando los actos que más adelante se precisan, emitidos y ejecutados por las autoridades que a continuación se señalan:
Autoridades demandadas:
• El Poder Legislativo del Estado de Morelos, a través del Congreso de dicha entidad federativa;
• El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos:
a) El gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos;
b) El secretario de Gobierno del Estado de Morelos.
Actos impugnados:
• El artículo 6 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, contenido en el Decreto 1370, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado Libre y Soberano de Morelos, con fecha veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, el cual, entró en vigor el primero de enero de dos mil diecisiete, y que en su parte normativa establece:
"Artículo 6. A los Municipios de la entidad les corresponde y percibirán ingresos por concepto de las participaciones federales que reciba el Gobierno del Estado, en la proporción que para cada fondo se establece a continuación:
"I. Del Fondo General de Participaciones, el 20% del total;
"II. Del Fondo de Fomento Municipal, el 100%;
"III. De la recuperación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, el 20% del total;
"IV. Del impuesto especial sobre producción y servicios, el 20% del total;
"V. Del impuesto sobre automóviles nuevos, el 20% del total;
"VI. De la reserva de contingencia que reciba el Gobierno del Estado, se distribuirá como mínimo una cantidad equivalente a la proporción que represente el conjunto de participaciones a sus Municipios del total de participaciones de la entidad. La cantidad a distribuir se hará de la siguiente forma:
"Se iniciará con el Municipio que tenga el coeficiente de participación efectiva menor y continuará hacia la que tenga el mayor, hasta agotarse.
"El coeficiente de participación efectiva a que se refiere el párrafo anterior, será el que resulte de dividir del total de las participaciones efectivamente recibidas por cada Municipio, entre el total de las participaciones pagadas a todos los Municipios en el ejercicio fiscal inmediato anterior;
"VII. De los ingresos extraordinarios que por concepto de participaciones en ingresos federales le distribuya la Federación al Gobierno del Estado, por cualquier otro concepto que no establezca la forma de repartirlo, se distribuirá a los Municipios el 20% en forma proporcional al coeficiente que resulte de dividir el total de las participaciones efectivamente recibidas por cada Municipio, entre el total de las participaciones pagadas a todos los Municipios en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
"De los recursos obtenidos por el Estado, referentes a los conceptos señalados en las fracciones I, III, IV, V y VII, el 2% se destinará a la constitución de un Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal."
2. SEGUNDO.—Antecedentes. Los antecedentes del caso, narrados en la demanda, son los siguientes:
a) Con fecha uno de enero de dos mil dieciséis, se integró el nuevo Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos.
b) Durante el año dos mil dieciséis, el artículo 6 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos tenía un texto distinto al vigente.
c) El veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, se publicó, en el periódico oficial, "Tierra y Libertad" el Decreto Número Mil Trescientos Setenta, por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal para el Estado de Morelos, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, y de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos.
d) Con fecha uno de enero de dos mil diecisiete, entró en vigor la reforma al artículo 6, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos.
e) Al analizar las modificaciones y adiciones al artículo en comento, el Municipio de Tlaquiltenango, Morelos consideró que provocaban una grave invasión a su esfera jurídica.
3. TERCERO.—Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hace valer el Municipio actor son, en síntesis, los siguientes:
a) Que el artículo impugnado contraviene lo previsto por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, al vulnerar el principio de libre hacienda municipal;
b) Que el anterior artículo 6 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, le otorgó más derechos a los Municipios del Estado de Morelos al establecer que percibieran el 22% de las participaciones federales, y que por tanto, son derechos adquiridos que no pueden modificarse o reformarse en perjuicio del Municipio actor;
c) Que el legislador local viola el principio de irretroactividad de la ley, contenido en el arábigo 14, de la Constitución Federal, ya que el artículo impugnado "destruye" derechos adquiridos que nacieron bajo la vigencia de la ley anterior;
d) Que el legislador local no fundó ni motivo la intención de que los recursos obtenidos por el Estado, referentes a los conceptos señalados en las fracciones I, III, IV, V y VII, el 2% se destinen a la constitución de un Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal;
e) Por último, que al publicarse la norma jurídica impugnada, violó el orden constitucional, en razón de que no se cumple con la sanción y falta el refrendo de la norma publicada en el Periódico Oficial del Estado.
4. CUARTO.—Artículos constitucionales que se estiman violados. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que el actor considera violados son los artículos 14, 16 y 115, fracción IV.
5. QUINTO.—Trámite de la controversia. Por acuerdo de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 8/2017 y, por razón de turno, designó como instructor a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.
6. SEXTO.—Admisión de la demanda. Mediante proveído de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, la Ministra instructora tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario general de Gobierno, todos del Estado de Morelos, para que formularan su contestación dentro del plazo de treinta días hábiles y ordenó formar cuaderno incidental respecto de la suspensión solicitada por el Municipio actor.
7. SÉPTIMO.—Contestación del Poder Ejecutivo. El gobernador del Estado de Morelos, por conducto de su consejero jurídico, al dar contestación a la demanda, señaló esencialmente lo siguiente:
a) Manifiesta que en la especie, el Municipio actor no formuló conceptos de invalidez en los que reclame vicios propios de los actos de promulgación y publicación al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos;
b) Que es facultad del gobernador promulgar y hacer cumplir las leyes o decretos del Congreso del Estado, a través del Periódico Oficial, "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Estado de Morelos; por lo que, los actos atribuibles al Poder Ejecutivo están ajustados a las disposiciones constitucionales y legales aplicables y, por ende, no se transgredió ningún precepto constitucional;
c) Que el Congreso Local tiene la facultad para determinar las bases, montos y plazos en que se distribuirán entre los diversos Municipios de las entidades federativas las participaciones federales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal; mismo aspecto que regula la Constitución Local de Morelos;
d) Que el precepto impugnado no afecta la libre administración municipal dado que no se condiciona la disposición y aplicación de los recursos ni se impide que el Municipio actor los ejerza directamente;
e) Que el 20% que se dejó como porcentaje a recibir por los Municipios por concepto de participaciones federales se encuentra dentro de los límites constitucionales y legales permitidos, puesto que la Ley de Coordinación Fiscal establece que las participaciones federales nunca deberán ser inferiores al 20% de las cantidades que le correspondan al Estado;
f) Que en la parte considerativa del decreto impugnado, se expresó que ante la problemática de los pasivos laborales y la urgencia de sanear las finanzas públicas municipales, se decidió que era necesario constituir el Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal;
g) Que el 2% de todos los conceptos de participaciones federales que se destinarán al fondo en cita, son recursos adicionales, por lo que el mismo no será inconstitucional, en tanto que los recursos que lo integren se asignan a los Municipios con base en una fórmula establecida en la misma ley.
8. OCTAVO.—Contestación del secretario de Gobierno. El secretario de Gobierno del Estado de Morelos, al dar contestación a la demanda, señaló básicamente lo siguiente:
a) Manifiesta que en la especie, el Municipio actor no formuló conceptos de invalidez en los que reclame vicios propios de los actos de publicación atribuidos al secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos;
b) Que es facultad del secretario de Gobierno llevar acabo el refrendo y publicación de la norma impugnada, sin que haya sido motivo de impugnación por vicios propios; por lo que, los actos atribuibles al Poder Ejecutivo están ajustados a las disposiciones constitucionales y legales aplicables y, por ende, no se transgredió ningún precepto constitucional;
c) Que el Congreso Local tiene facultad para determinar las bases, montos y plazos en que se distribuirán entre los diversos Municipios de las entidades federativas las participaciones federales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal; mismo aspecto que regula la Constitución Local de Morelos;
d) Que el precepto impugnado no afecta la libre administración municipal dado que no se condiciona la disposición y aplicación de los recursos ni se impide que el Municipio actor los ejerza directamente;
e) Que el 20% que se dejó como porcentaje a recibir por los Municipios por concepto de participaciones federales se encuentra dentro de los límites constitucionales y legales permitidos, puesto que la Ley de Coordinación Fiscal establece que las participaciones federales nunca deberán ser inferiores al 20% de las cantidades que le correspondan al Estado;
f) Que en la parte considerativa del decreto impugnado se expresó que ante la problemática de los pasivos laborales, y la urgencia de sanear las finanzas públicas municipales, se decidió que era necesario constituir el Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal;
g) Que el 2% de todos los conceptos de participaciones federales que se destinarán al fondo en cita, son recursos adicionales, por lo que el mismo no es inconstitucional, en tanto que los recursos que lo integren se asignan a los Municipios con base en una fórmula establecida en la misma ley.
9. NOVENO.—Contestación del Congreso del Estado. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, al dar contestación a la demanda, señaló en esencia lo siguiente:
a) Precisa que los Municipios no tienen atribuida facultad legislativa en materia impositiva;
b) Que la creación del Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal no vulnera la autonomía municipal, puesto que la disposición y aplicación no se condiciona, en tanto que los recursos del mismo son adicionales;
c) Que las administraciones públicas municipales se encuentran en una grave situación financiera, en virtud de los pasivos laborales y, por ende, de las múltiples resoluciones jurisdiccionales que se encuentran en etapa de ejecución;
d) Que tanto la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos como la Ley de Amparo, prevén la posibilidad de que el incumplimiento a las sentencias se sancionen con la destitución al infractor o autoridad responsable;
e) Que la creación del Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal cumple con los elementos que esta Suprema Corte ha precisado para determinar la constitucionalidad de fondos de naturaleza análoga;
f) Manifiesta que por tanto, la reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, no violenta lo señalado por el artículo 115 de la Constitución Federal.
10. DÉCIMO.—Opinión de la Procuraduría General de la República. A pesar de que se le dio vista de los autos de fecha veintisiete y treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete,(1) la Procuraduría General de la República no emitió opinión alguna en este asunto.
11. DÉCIMO PRIMERO.—Audiencia para la presentación de pruebas y alegatos. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos de los artículos 32 y 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas y se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO :
12. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia constitucional entre el Municipio de Tlaquiltenango, del Estado de Morelos y los Poderes Ejecutivo y Legislativo de esa misma entidad federativa, en la que se combate una norma de carácter general.
13. SEGUNDO.—Precisión de los actos reclamados y certeza de su existencia. En este apartado se delimitará los preceptos y/o actos que serán motivo de análisis en la presente controversia constitucional.
14. El Municipio actor impugna el Decreto 1370 publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis; sin embargo, del análisis de los conceptos de invalidez se desprende que la cuestión efectivamente planteada está relacionada con la inconstitucionalidad de las fracciones I, III, IV, V, VII y último párrafo, del artículo 6 de la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Morelos.
15. Por tanto, en la presente controversia constitucional debe tenerse como norma impugnada el artículo 6, fracciones I, III, IV, V, VII y último párrafo, de la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Morelos, el cual fue modificado a través del Decreto 1370 publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis.
16. TERCERO.—Oportunidad. Procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente.
17. El Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, impugna en la especie, una norma general consistente en el artículo 6 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, por lo que, para efectos de la oportunidad de la demanda, debe estarse a lo dispuesto por la fracción II del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia, que dispone:
"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia. ..."
18. De la lectura del precepto antes transcrito, se desprende que el plazo para la presentación de la demanda, tratándose de normas generales, es de treinta días contados a partir del siguiente a la fecha de su primer publicación o del día siguiente al en que produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, conforme a la ley que lo rige.
19. Del análisis integral de la demanda y de las constancias de autos, se advierte que el actor tuvo conocimiento de la norma general, esto es, del Decreto Mil Trescientos Setenta al momento de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" en fecha veintidós de diciembre de dos mil dieciséis.(2)
20. Por tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 21, fracción II, antes transcrito, debe estimarse que el plazo de treinta días hábiles para promover la demanda transcurrió, del lunes dos de enero al lunes trece de febrero de dos mil diecisiete, debiéndose descontar del cómputo respectivo los días del veintitrés al primero de enero por no ser periodo de labores de este Alto Tribunal de conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; siete, ocho, catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de enero; así como los días cuatro, cinco, seis, once y doce del mes de febrero; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2o. y 3o., fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el numeral 74 de la Ley Federal del Trabajo, y punto primero, inciso c), del Acuerdo General 18/2013, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
21. Por lo anterior, al haberse presentado la demanda de controversia constitucional, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, debe concluirse que fue promovida oportunamente.
22. CUARTO.—Legitimación Activa. A continuación, se estudiará la legitimación de quien promueve la controversia constitucional.
23. Los artículos 10, fracción I, y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen:
"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
"I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia. ..."
"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. ..."
24. De las disposiciones legales transcritas, se desprende que el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.
25. En el presente asunto, suscribe la demanda en representación del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, Yasmin Velázquez Flores, en su carácter de síndica de dicho Municipio, lo que acredita con las copias certificadas de la constancia de mayoría de la elección del Ayuntamiento, de diez de junio de dos mil quince, expedida por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.(3)
26. El artículo 45, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece lo siguiente:
"Artículo 45. Los síndicos son miembros del Ayuntamiento, que además de sus funciones como integrantes del Cabildo, tendrán a su cargo la procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio, así como la supervisión personal del patrimonio del Ayuntamiento; tendiendo además, las siguientes atribuciones:
"...
"II. Con el apoyo de la dependencia correspondiente del Ayuntamiento, procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales; representar jurídicamente a los Ayuntamientos en las controversias administrativas y jurisdiccionales en que éste sea parte, pudiendo otorgar poderes, sustituirlos y aún revocarlos. ..."
27. Del contenido de esta disposición, se desprende que el síndico tiene la representación jurídica del Municipio en todos los procesos judiciales, por lo que procede reconocerle legitimación para promover el presente juicio; además de que el Municipio es uno de los entes legitimados para promover una controversia constitucional, en términos del artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal.
28. QUINTO.—Legitimación pasiva. Acto continuo, se analiza la legitimación de la parte demandada, al ser un presupuesto necesario para la procedencia de la acción, en tanto dicha parte es la obligada por la ley para satisfacer la pretensión de la parte actora, en caso de que ésta resulte fundada.
29. Tiene el carácter de autoridad demandada en esta controversia constitucional, el gobernador del Estado de Morelos y su secretario general de Gobierno, así como el Congreso del Estado de Morelos.
30. El artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, establece:
"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
"...
"II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiera emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia. ..."
31. De la disposición legal transcrita, en relación con el artículo 11, párrafo primero, previamente referido, se desprende que el demandado deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.
32. El gobernador del Estado de Morelos compareció a juicio por conducto de José Anuar González Cianci Pérez, quien se ostentó como encargado de despacho de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, y Oscar Pérez Rodríguez, quien se ostentó como director general de Asuntos Constitucionales y Amparo del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, lo que acreditan, el primero, con copia certificada del nombramiento de fecha veintiocho de agosto de dos mil quince, suscrito por el gobernador constitucional del Estado, y el segundo, con diversas documentales que obran en el expediente, así como su nombramiento de director general.(4)
33. El artículo 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, establece:
"Artículo 57. Se deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo en un solo individuo, que se denominará gobernador constitucional del Estado."
34. Por su parte, el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos establece:
"Artículo 38. A la Consejería Jurídica le corresponden las siguientes atribuciones:
"...
"II. Representar al titular del Poder Ejecutivo, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ..."
35. Los artículos 4, 11, fracción XXXV, y 16, fracciones I y VII, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica prescriben lo siguiente:
"Artículo 4. Para el ejercicio de sus funciones y el despacho de los asuntos de su competencia, la Consejería Jurídica contará con las unidades administrativas que enseguida se refieren:
"I. La Oficina del consejero;
"II. La Dirección General de Asuntos Burocráticos;
"III. La Dirección General de Asuntos Contenciosos;
"IV. La Dirección General de Consultoría de Asuntos Administrativos;
"V. La Dirección General de Asuntos Constitucionales y Amparo;
"VI. La Dirección General de Legislación;
"VII. La Secretaría Técnica; y,
"VIII. La UEFA. ..."
"Artículo 11. Al frente de cada unidad administrativa de las que se enlistan en el artículo 4, del presente reglamento, habrá una persona titular con las siguientes atribuciones genéricas:
"...
"XXXV. Intervenir con la representación jurídica del Poder Ejecutivo, cuando así lo determine el consejero, en todos los juicios o negocios en que éste intervenga como parte o con cualquier carácter o como mandatarios, cuando se afecte su patrimonio o tenga interés jurídico; así mismo (sic) podrán participar como coadyuvantes en los juicios o negocios en que las secretarías, dependencias y entidades de la administración pública estatal intervengan con cualquier carácter y ejercer las acciones y excepciones que correspondan para su defensa administrativa o judicial. ..."
"Artículo 16. La persona titular de la Dirección General de Asuntos Constitucionales y Amparo cuenta con las siguientes atribuciones específicas:
"I. Intervenir con la representación jurídica del Poder Ejecutivo del Estado en todos los juicios o negocios en que participe como parte o con cualquier carácter que afecten su patrimonio o tenga interés jurídico en materia procesal constitucional;
"...
"VII. Fungir como delegado en términos de lo previsto en la Ley de Amparo, y la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del gobernador, las personas titulares de las secretarías, dependencias, entidades y unidades administrativas de la administración pública estatal, en todos los trámites dentro del juicio de amparo, y en los demás procesos y procedimientos constitucionales. ..."
36. De acuerdo con las disposiciones legales transcritas, cuando medie el acuerdo respectivo, la representación del gobernador, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, particularmente en los juicios relativos a las acciones y controversias donde éste sea parte, se deposita en el consejero jurídico, por lo que éste cuenta con facultades legales para comparecer en la presente controversia constitucional en representación de aquél.
37. Asimismo, la Dirección General de Asuntos Constitucionales y Amparo tiene facultades para intervenir en esta controversia por parte del titular del Poder Ejecutivo.
38. Por tanto, se reconoce legitimación pasiva al gobernador del Estado de Morelos, quien comparece a juicio a través del consejero jurídico y al director al director general de Asuntos Constitucionales y Amparo.
39. En otro orden de ideas el secretario de Gobierno del Estado de Morelos, compareció a juicio por propio derecho, personalidad que acreditó con el nombramiento expedido por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, de fecha de trece de octubre de dos mil catorce.(5)
40. Dicho funcionario está facultado para representar a la secretaría a su cargo, en términos del artículo 74 de la Constitución Política del Estado de Morelos; además de que conforme al numeral 21, fracción XXXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, es a dicha Secretaría a quien corresponde dirigir, administrar y publicar el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".(6)
41. En ese tenor, debe reconocerse la legitimación pasiva a la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos, así como de quien comparece en su representación, al que se atribuye la publicación de los actos reclamados;(7) máxime que en la presente controversia constitucional se esgrime un concepto de invalidez de falta de sanción y refrendo de la norma publicada en el periódico oficial, atribución de publicación, administración y dirección que corresponde a dicha Secretaría Estatal.
42. Por otra parte, el Poder Legislativo compareció a juicio por conducto de Beatriz Vicera Alatriste, en su carácter de presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, lo que acredita con la copia certificada del acta de la sesión del día doce de octubre del año dos mil dieciséis, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la Quincuagésima Tercera Legislatura, de la que se desprende que la presidencia del mismo la ostentaba la persona mencionada.(8)
43. En ese sentido, cabe precisar lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.
"Artículo 36. Son atribuciones del presidente de la mesa directiva:
"...
"XVI. Representar legalmente al Congreso del Estado en cualquier asunto en que éste sea parte, con las facultades de un apoderado general en términos de la legislación civil vigente, pudiendo delegarla mediante oficio en la persona o personas que resulten necesarias, dando cuenta del ejercicio de esta facultad al pleno del Congreso del Estado."
44. De acuerdo con el precepto transcrito, el presidente de la mesa directiva cuenta con la representación legal del Congreso Local, al que se atribuye la emisión de las normas que se impugnan.
45. En ese tenor, debe reconocerse la legitimación pasiva del Poder Legislativo del Estado de Morelos, así como de quien comparece en su representación.
46. SEXTO.—Improcedencia. Se advierte del escrito de contestación que el referido Poder Ejecutivo hace valer una causal de improcedencia, refiriéndose a la contenida en el artículo 19, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
47. Ello, puesto que señala que las controversias constitucionales son improcedentes contra normas generales o acto
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29395-c6915271/i-controversia-constitucional-debe-reconocerse-legitimacion-pasiva-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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