I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLE DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULO 35, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO). III. PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. SE INTEGRA SÓLO POR LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y POR LOS TRATADOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR EL ESTADO MEXICANO, SIN QUE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ESTÉN FACULTADAS PARA ALTERARLOS. IV. DERECHOS HUMANOS. LA FACULTAD DEL LEGISLADOR LOCAL PARA DESARROLLAR O AMPLIAR SU CONTENIDO NO IMPLICA LA POSIBILIDAD DE INTRODUCIR, EN LAS LEYES QUE EMITA, DEFINICIONES ESPECÍFICAS RESPECTO DE AQUÉLLOS. V. DERECHOS HUMANOS. SU REGULACIÓN COMPETE POR IGUAL A LOS ESTADOS Y AL ORDEN FEDERAL, SALVO QUE EXISTA DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL EXPRESA EN SENTIDO OPUESTO. VI. DERECHOS HUMANOS. LAS AUTORIDADES DISTINTAS AL PODER REVISOR DE LA CONSTITUCIÓN Y A LAS QUE LES CORRESPONDE LA FIRMA Y RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES, TIENEN FACULTADES PARA EMITIR NORMAS JURÍDICAS CONCRETAS QUE LOS OPTIMICEN Y DESARROLLEN, CON EL FIN DE QUE ADQUIERAN PLENA EFICACIA EN SU REALIZACIÓN A NIVEL INTERNO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE NECESARIAMENTE ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN DEL PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. VII. DERECHOS HUMANOS. EL CONSTITUYENTE PERMANENTE INTRODUJO CRITERIOS INTERPRETATIVOS EN LA CONSTITUCIÓN (INTERPRETACIÓN CONFORME Y PRINCIPIO PRO PERSONA), PARA DOTAR DE CONTENIDO CONCRETO A LOS DERECHOS DE FORMULACIÓN MÁS ABIERTA O ABSTRACTA. VIII. DERECHOS HUMANOS. UN ACTO LEGISLATIVO, REGLAMENTARIO O JURISDICCIONAL QUE LOS IMPLEMENTE, PUEDE VÁLIDAMENTE EXPANDIR O POTENCIAR SUS POSIBILIDADES DE MATERIALIZACIÓN Y, EN CONSECUENCIA, AUMENTAR SU GRADO DE CUMPLIMIENTO EN COMPARACIÓN CON EL MISMO DERECHO EN OTRO CONTEXTO. IX. DERECHOS HUMANOS. SU AMPLIACIÓN POR AUTORIDADES DIVERSAS AL PODER REVISOR ES JURÍDICAMENTE POSIBLE EN TANTO NO SE ALTERE SU NÚCLEO O CONTENIDO ESENCIAL. X. DERECHOS HUMANOS. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PUEDEN VÁLIDAMENTE ESTABLECERLOS EN SUS CONSTITUCIONES LOCALES MIENTRAS NO CONTRAVENGAN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL O LOS DERECHOS HUMANOS PREVISTOS EN TRATADOS INTERNACIONALES. XI. DERECHOS HUMANOS. SON UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA ENTRE TODOS LOS ÓRDENES DE GOBIERNO, POR LO QUE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PUEDEN EMITIR NORMAS CONSTITUCIONALES LOCALES PARA COADYUDAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS. XII. DERECHOS HUMANOS. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, INCLUIDA LA CIUDAD DE MÉXICO, TIENEN ATRIBUCIONES PARA EXPEDIR NORMAS GENERALES EN ESA MATERIA EN SUS CONSTITUCIONES LOCALES, PUES NO EXISTE FACULTAD EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN PARA ELLO Y ES CONGRUENTE CON LOS FINES DEL FEDERALISMO. XIII. DERECHOS HUMANOS. EL PROPÓSITO DE LA REFORMA DE 10 DE JUNIO DE 2011 EN ESA MATERIA, FUE COLOCAR A LA PERSONA EN EL CENTRO DE TODO EJERCICIO DEL PODER PÚBLICO E INTRODUCIR DIRECTRICES INTERPRETATIVAS ESPECÍFICAS. XIV. PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. ALCANCES Y DIMENSIONES EN EL MARCO CONSTITUCIONAL EN LA MATERIA. XV. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. ALCANCES Y DIMENSIONES EN EL MARCO CONSTITUCIONAL EN LA MATERIA. XVI. DERECHOS HUMANOS. LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDE AMPLIAR O ESTABLECER NUEVOS DERECHOS HUMANOS, NO OBSTANTE SU CALIDAD DE ENTIDAD AUTÓNOMA Y NO SOBERANA. XVII. DERECHOS HUMANOS. LA CIUDAD DE MÉXICO, AL IGUAL QUE EL RESTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, TIENE FACULTADES PARA RECONOCERLOS, CONCEPTUALIZARLOS, MATIZARLOS, AMPLIARLOS, DESARROLLARLOS O INCLUSO CREAR NUEVOS DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO ESTABLECER PRINCIPIOS RELACIONADOS CON ELLOS, SIEMPRE Y CUANDO QUE NO SE CONTRADIGA EL PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. XVIII. DERECHOS HUMANOS. LAS LIMITACIONES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA SU REGULACIÓN EN LOS ORDENAMIENTOS LOCALES DEPENDEN DE LA FORMULACIÓN ESPECÍFICA DE CADA DERECHO FUNDAMENTAL EN EL TEXTO CONSTITUCIONAL FEDERAL Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR EL ESTADO MEXICANO. XIX. DERECHOS HUMANOS. LAS NORMAS QUE EXPIDA LA CIUDAD DE MÉXICO NO PUEDEN AMPLIAR NI CREAR DERECHOS HUMANOS CUANDO LA COMPETENCIA LEGISLATIVA RESPECTIVA SE HAYA RESERVADO EN EXCLUSIVA PARA LA FEDERACIÓN POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. XX. DERECHOS HUMANOS. LAS NORMAS QUE EXPIDA LA CIUDAD DE MÉXICO EN ESA MATERIA NO DEBEN ALTERAR LA IDENTIDAD NI EL CONTENIDO DE AQUÉLLOS RECONOCIDOS POR LA CONSTITUCIÓN Y/O LOS TRATADOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR EL ESTADO MEXICANO. XXI. DERECHOS HUMANOS. LAS NORMAS QUE EXPIDA LA CIUDAD DE MÉXICO QUE LOS CREA O LOS AMPLÍA TRANSGREDE LOS LÍMITES CONSTITUCIONALES, CUANDO SE OBSTACULIZAN LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA COMO CAPITAL DE LA REPÚBLICA Y SEDE DE LOS PODERES FEDERALES. XXII. DERECHOS HUMANOS. LA AMPLIACIÓN O CREACIÓN DE ÉSTOS, EN EL ÁMBITO LOCAL, CONLLEVA OBLIGAC
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 15/2017 Y SUS ACUMULADAS 16/2017, 18/2017 Y 19/2017. MORENA, PARTIDO NUEVA ALIANZA, PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIOS: RON SNIPELISKI NISCHLI, ALFREDO NARVÁEZ MEDÉCIGO, JAZMIN BONILLA GARCÍA, JOSÉ OMAR HERNÁNDEZ SALGADO, ANDRÉS GONZALEZ WATTY, ALFREDO URUCHURTU SOBERÓN Y ALMA RUBY VILLARREAL REYES.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión del seis de septiembre de dos mil dieciocho, emite la siguiente
Sentencia
Mediante la que se resuelven la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017, respecto de las impugnaciones que no fueron decididas en sesión correspondiente al diecisiete de agosto de dos mil diecisiete.
Ver cuadro
I. Antecedentes
1. Los partidos políticos Morena y Nueva Alianza, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentaron acciones de inconstitucionalidad en las que cuestionaron la validez constitucional de diversas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México (publicada el cinco de febrero de dos mil diecisiete). En su conjunto, las impugnaciones plantean un gran número de temas o problemáticas individuales de interpretación constitucional referentes a muy diversos tópicos, empezando por la validez misma del proceso legislativo en que se aprobó la Constitución capitalina, pasando por temas electorales, de derechos humanos, mecanismos de protección y tutela de los mismos, federalismo, independencia del Poder Judicial, conformación de órganos de gobierno, entre muchos otros.
2. Ante la complejidad y magnitud de los temas y sobre todo ante la cercanía del inicio del proceso electoral en la Ciudad de México, el Ministro ponente, con la autorización del Tribunal Pleno, estructuró su estudio en dos grupos. De esta manera, el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete el Pleno de la Suprema Corte resolvió un primer conjunto de impugnaciones relacionadas con el proceso legislativo (ya que, de ser fundadas, tendrían el potencial de invalidar toda la Constitución) y con temas electorales. En esa primera sentencia se agotó el estudio de todos los temas planteados por los partidos políticos promoventes, de manera que las acciones de inconstitucionalidad 15/2017 y 16/2017 han sido resueltas en su totalidad.
3. El resto de las impugnaciones presentadas por la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se deciden en el presente fallo.
4. Por lo que hace al trámite de este asunto, se destaca que una vez admitidas las demandas, el Ministro instructor determinó solicitar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que rindiera informe respecto de los argumentos de inconstitucionalidad formulados, al estimar que la existencia y funciones de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México –órgano emisor de la norma impugnada– habían cesado con la publicación de la nueva Constitución Local.(1) Sin embargo, la Segunda Sala determinó, al resolver los recursos de reclamación(2) derivados de controversias constitucionales en las que también se impugnó la Constitución capitalina, que la Asamblea Constituyente referida sí debía ser parte en el juicio. Por tal razón, se determinó(3) que también en las acciones de inconstitucionalidad que nos ocupan debía brindársele la oportunidad de aportar argumentos en defensa de la constitucionalidad de la Constitución Local, con el fin de que el Tribunal Pleno cuente con mayores y mejores elementos para el análisis de las impugnaciones correspondientes. De esta forma, rindieron informe en este procedimiento el jefe de Gobierno, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
5. Asimismo, se recibieron en la Suprema Corte veinticuatro escritos de amicus curiae en los que distintos individuos y organizaciones(4) buscaron aportar elementos para el análisis de las impugnaciones que aquí se estudian y que, sin duda, enriquecieron el estudio constitucional que nos ocupa.(5)
II. Competencia
6. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver las presentes acciones de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, de la Constitución Federal; 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante ley reglamentaria), y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantean la posible contradicción entre diversas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México y la Constitución Federal.
III. Oportunidad
7. En sentencia de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, se estimó oportuna la demanda de la Procuraduría General de la República.
8. Por lo que hace a la demanda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también se presentó en tiempo. Conforme al artículo 60, párrafo primero,(6) de la ley reglamentaria el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que la norma general impugnada fue publicada en el medio oficial correspondiente. Si el decreto por el que se expidió la Constitución Política de la Ciudad de México se publicó tanto en el Diario Oficial de la Federación, como en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el cinco de febrero de diecisiete, el plazo señalado inició el seis de febrero y venció el siete de marzo de dos mil diecisiete.
9. Por tanto, si la demanda que nos ocupa se presentó el siete de marzo de dos mil diecisiete, es evidente que resulta oportuna.
IV. Legitimación
10. Conforme al artículo 105, fracción II, de la Constitución, sólo los órganos señalados en el mismo cuentan con legitimación para presentar acciones de inconstitucionalidad. Dichos órganos deben a su vez comparecer por conducto de los funcionarios facultados legalmente para representarlos y, en todo caso, se debe presumir que el funcionario que comparece goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario (artículo 11 de la ley reglamentaria(7) aplicado en términos del artículo 59 del mismo ordenamiento).(8)
11. La legitimación de la Procuraduría General de la República también fue motivo de decisión en sentencia de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, en la que se resolvió que al combatirse diversos preceptos de la Constitución Política de la Ciudad de México, se encuentra legitimada para acudir a esta vía. En consecuencia, únicamente procede analizar la legitimación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la acción de inconstitucionalidad 19/2017.
12. En términos del artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución,(9) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con legitimación para promover esta acción de inconstitucionalidad, ya que argumenta que las disposiciones reclamadas son violatorias de diversos derechos humanos.
13. Asimismo, suscribió la demanda Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, personalidad que acreditó con copia de la comunicación emitida por el presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que se le hace saber que, en sesión celebrada el trece de noviembre de dos mil catorce, fue aprobada su designación para ocupar tal cargo para el periodo del año, dos mil catorce al dos mil diecinueve.(10) Asimismo, en términos de los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(11) y 18 de su reglamento interno,(12) a dicho funcionario le corresponde su representación legal. En consecuencia, debe considerarse que el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con la representación legal para ejercitar la acción de inconstitucionalidad en nombre de dicho órgano.
V. Causas de improcedencia
14. Este Tribunal Pleno advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el diverso 61, fracción V, de la ley reglamentaria respecto del artículo 35, apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad de México, impugnado por la Procuraduría General de la República, pues no se propuso concepto de invalidez en su contra.
15. Si bien en el concepto de invalidez que la procuraduría identificó como vigésimo segundo dijo que también impugnaba el artículo 35, apartado A, de la Constitución capitalina, lo cierto es que no propuso argumento tendente a evidenciar los motivos por los cuales estima que es inconstitucional.
16. En consecuencia, al ni siquiera advertir una causa de pedir, lo procedente es sobreseer respecto de dicha norma en términos del artículo 20, fracción II, de la ley reglamentaria.
VI. Estudio
Apartado A
¿Puede la ciudad de méxico ampliar derechos humanos y reconocer derechos nuevos?
17. La Procuraduría General de la República destina un segmento importante de su demanda a argumentar una supuesta prohibición constitucional a la Ciudad de México para establecer un catálogo de derechos humanos a nivel local.(13) Esta prohibición, a su juicio, impide a la capital de la República desde el simple reconocimiento o creación de derechos humanos en mero sentido declarativo, hasta cualquier conceptualización, matiz, ampliación o desarrollo de los mismos, así como la introducción de principios relacionados con ellos, en su Constitución Local. Concretamente, la procuraduría alega que el artículo 3, numerales 1 y 2, así como la totalidad del título segundo –denominado "Carta de derechos" (que comprende del artículo 4o. al 14)– de la Constitución Política de la Ciudad de México, vulneran los artículos 1o., 14, 16, 40, 41, 122, apartado A, fracción I, y 124 de la Constitución Federal. Para sostener su posición, la procuraduría plantea esencialmente cuatro argumentos.
18. En primer lugar, sostiene que al establecer un catálogo de derechos humanos a nivel local, la Constitución Política de la Ciudad de México incurrió necesariamente en una alteración o modificación indebida del parámetro de regularidad constitucional, pues corresponde en exclusiva al Poder Revisor de la Constitución Federal, al presidente y al Senado de la República, a través de los tratados internacionales, fijar el alcance y contenido de los derechos humanos, incluyendo los principios que los rigen. En segundo lugar, afirma que los derechos humanos, dada su universalidad, tienen que ser únicos y unívocos en todo el País y, por tanto, permitir que la Ciudad de México establezca derechos humanos a nivel local, hace que su contenido dependa de las particularidades de las entidades federativas. En su opinión, esto propicia la injusticia, la desigualdad y la discriminación, así como una complejidad de consecuencias muy graves para la seguridad jurídica del País. En tercer lugar, alega que la naturaleza constitucional de la Ciudad de México, como entidad federativa "autónoma pero no soberana" y sede de los Poderes de la Unión implica que la regulación de los derechos humanos en la Constitución Local debe limitarse al goce y protección de aquellos reconocidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales ratificados por México. Por último, la procuraduría solicita que al resolver sus impugnaciones tengamos en cuenta que las probabilidades de éxito de la Constitución Política de la Ciudad de México resultan nulas porque no responde a la realidad de los ciudadanos que pretende regir.
19. Ahora bien, está fuera de discusión que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México efectivamente incorporó a la Constitución capitalina un extenso catálogo de derechos que califica como "derechos humanos". El título segundo de la Constitución Política de la Ciudad de México se denomina "Carta de Derechos" y en ella se reconoce una serie de derechos subjetivos de rango máximo a nivel local para todas las personas que se encuentren en la capital. Aunque el grado de desarrollo de cada derecho en específico es distinto, dicho catálogo local incluye tanto derechos humanos reconocidos expresamente por la Constitución Federal y los tratados internacionales como derechos que a simple vista no tienen un equivalente en el parámetro de regularidad constitucional.
20. Por lo anterior, una cuestión primordial a dilucidar es si en términos generales la Constitución Federal faculta a la Ciudad de México para ampliar los derechos humanos del parámetro y crear derechos nuevos. Si la respuesta fuera negativa, la consecuencia automática sería que se declarara la invalidez de una gran cantidad de artículos de la Constitución Local. Si, en cambio, se considerara que la ciudad sí cuenta con tales atribuciones, entonces sería necesario determinar cuáles son los límites específicos al ejercicio de dicha facultad normativa.
21. Aclaramos desde ahora que no pretendemos adentrarnos hoy en la interesante pero interminable discusión filosófica y doctrinaria acerca de si los derechos humanos realmente pueden ser "creados" por el derecho positivo o si, en cambio, dada su preexistencia al orden constitucional, únicamente pueden ser "reconocidos" por aquél. Dicha cuestión no es esencial para determinar hoy si la Ciudad de México tiene atribuciones constitucionales para establecer un catálogo de derechos humanos a nivel local. Por ello y para efectos de esta resolución nos referiremos como "creación" de derechos a todo aquel reconocimiento, conceptualización o desarrollo en la Constitución Local de derechos subjetivos que no estén ya reconocidos expresa o implícitamente en el parámetro de regularidad constitucional.
22. Hecha esta precisión, en el planteamiento concreto de la procuraduría contra la introducción de un catálogo de derechos humanos a nivel local subyacen cuatro preguntas constitucionales íntimamente vinculadas entre sí que hoy estimamos indispensable responder:
1) ¿Toda norma jurídica de carácter general –distinta a la Constitución Federal o a un tratado internacional– que amplíe derechos humanos o cree derechos nuevos conlleva necesariamente una alteración del parámetro de regularidad constitucional?
2) Si ello no representa una alteración de dicho parámetro, ¿expedir normas de carácter general que amplíen derechos humanos o creen derechos nuevos es una atribución exclusiva de la Federación a través del Congreso de la Unión o, por el contrario, pueden hacerlo también las entidades federativas en sus Constituciones Locales?
3) Si las entidades federativas pueden ampliar derechos humanos y crear derechos nuevos en sus respectivas constituciones, ¿puede hacerlo también la Ciudad de México en su carácter de entidad federativa "autónoma" y sede de los Poderes de la Unión?
4) Finalmente, si la Ciudad de México se encuentra facultada para incluir normas de derechos humanos en su Constitución Local, ¿dicha facultad legislativa es absoluta o se encuentra sujeta a algún tipo de límite?
23. A continuación abordamos cada una de estas cuestiones.
1) ¿Toda norma de carácter general –distinta a la Constitución Federal o a un tratado internacional– que amplíe derechos humanos o cree derechos nuevos altera el parámetro de regularidad constitucional?
24. No está a discusión que las entidades federativas tienen estrictamente prohibido alterar el denominado parámetro de regularidad constitucional. En línea con nuestros precedentes más recientes en este tema, sólo los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales ratificados por México forman parte del parámetro de regularidad constitucional.(14) En las múltiples ocasiones en que esta Suprema Corte se ha pronunciado sobre la conformación de dicho parámetro y su garantía jurisdiccional, es decir, cuando hemos abordado cuál es el conjunto de normas constitucionales y convencionales frente a las cuales hoy día todas las autoridades jurisdiccionales de nuestro País deben contrastar cualquier disposición secundaria que pretendan aplicar, así como los procedimientos específicos que deben seguir para hacerlo, invariablemente hemos sostenido que la validez constitucional de todas las demás normas que se expidan en el orden jurídico mexicano –sean en el ámbito de la Federación, de las entidades federativas o de los Municipios o alcaldías– depende en todo momento de su conformidad con estos derechos humanos de fuente nacional e internacional.
25. Recientemente, por ejemplo, al resolver la acción de inconstitucionalidad 75/2015 –relacionada con la impugnación del artículo 52, párrafo segundo, de la Constitución del Estado de Jalisco–(15) reiteramos que "el bloque de los derechos humanos establece las obligaciones que deben ser respetadas, sin distinción, por las autoridades de todos los órdenes jurídicos"(16) y, por consiguiente, que el parámetro de regularidad constitucional que agrupa tales derechos humanos no es disponible en modo alguno para las entidades federativas.(17) En aquella ocasión concluimos, por lo mismo, que los Estados de la República carecen de competencia para reglamentar la manera en que los tribunales locales deben controlar las normas que vulneren dicho parámetro constitucional. En específico, invalidamos el artículo impugnado porque regulaba la forma en que las autoridades jurisdiccionales del Estado de Jalisco debían ejercer el control de constitucionalidad y, en consecuencia, condicionaba la primacía de las normas de la Constitución Federal en esa entidad federativa, entre ellas el principio pro persona.(18) Sostuvimos que permitir a nivel local una reglamentación del control jurisdiccional que prevé la Constitución Federal en sus artículos 1o. y 133, podría generar un esquema de control diferenciado y múltiple en cada entidad federativa, mismo que se traduciría en detrimento de los derechos humanos que integran el parámetro de regularidad constitucional.(19)
26. No escapa a nuestra atención que la Procuraduría General de la República señala que en dicha acción de inconstitucionalidad 75/2015, además de sostener la indisponibilidad del bloque de derechos humanos para los Estados de la República, también habríamos determinado que las entidades federativas no podían siquiera referirse al parámetro de regularidad constitucional.(20) Sin embargo, contrariamente a lo que se afirma en la demanda, esta Suprema Corte jamás ha sostenido –en aquel precedente o en algún otro– que las entidades federativas tengan prohibido referirse al parámetro de regularidad constitucional. De la simple lectura de la ejecutoria respectiva, así como del debate que se desarrolló en este Tribunal Pleno, se desprende claramente que, como recién se explicó, la falta de competencia de las entidades federativas para hacer referencia, alusión o mención en las normas locales ("... no corresponde a Legislaturas de los Estados reglamentarlo, matizarlo o de cualquier forma referirse a él")(21) estaba referida específicamente al control de constitucionalidad, es decir, a la actividad jurisdiccional de contrastar una norma secundaria frente al parámetro de normas constitucionales y convencionales a que se refieren los artículos 1o. y 133 de la Constitución Federal. Nunca se dijo allí, en cambio, que los Estados de la República tuvieran prohibido hacer alusión en su normativa al parámetro mismo. Al contrario, si en aquella ocasión se afirmó expresamente que el conjunto de derechos humanos que integran dicho parámetro "establece las obligaciones que deben ser respetadas por las autoridades de todos los órdenes jurídicos", entonces dicha ejecutoria más bien reconoce implícitamente la posibilidad de que las entidades federativas –en tanto ordenes jurídicos subordinados al orden constitucional, al igual que los de la Federación o los Municipios– hagan mención de aquél en la normativa local por lo menos para asegurar que en el orden jurídico respectivo no se expida disposición legal alguna que lo contradiga o altere.
27. Asimismo, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 84/2015 y 87/2015 –relacionadas con las impugnaciones de dos leyes locales para proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el Distrito Federal(22) y Quintana Roo,–(23) sostuvimos que las entidades federativas no pueden afectar el contenido esencial de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y, por consiguiente, también tienen vedado introducir en sus respectivas leyes definiciones específicas respecto de un derecho fundamental cuyo contenido y alcance ya estén delimitados por las normas que integran el parámetro de regularidad constitucional.(24) Si bien en dichos asuntos reconocimos expresamente que las entidades podían desarrollar e incluso ampliar el contenido de un derecho humano previsto en el parámetro de regularidad constitucional, también fuimos tajantes al señalar que redefinir a través de normas generales los derechos humanos que ya están definidos o delimitados por la Constitución Federal o los tratados internacionales ratificados por México, representa una alteración indebida del parámetro de regularidad constitucional.(25)
28. Como demuestran los tres precedentes aquí brevemente reseñados, para este Tribunal Pleno es una cuestión zanjada que si una disposición federal, local o municipal vulnera los derechos humanos del parámetro, o condiciona de algún modo la vigencia de los mismos en el orden respectivo, ello acarrea inevitablemente su invalidez. Sin embargo, como también ya hemos sostenido en ocasiones anteriores, no toda norma general de carácter secundario que esté relacionada con los derechos humanos altera o vulnera por ese simple hecho el parámetro de regularidad constitucional y debe ser invalidada.
29. Por ejemplo, al resolver la acción de inconstitucionalidad 36/2015 y sus acumuladas –relacionadas con la impugnación de la regulación del derecho de réplica en la legislación electoral de Zacatecas– reiteramos que la reglamentación de los derechos fundamentales es una cuestión que compete por igual a los Estados o al orden federal, dependiendo de la materia que se trate. En esa ocasión sostuvimos que en la materia de regulación de derechos humanos existía "concurrencia pura" entre Federación y Estados. Dijimos que cualquier ley que previera derechos humanos, expedida por la Federación, únicamente regulaba a este orden en su propio ejercicio competencial, pero no a los Estados en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que existiera alguna modalidad expresa de concurrencia a nivel constitucional, tal como sucedía con determinados derechos, como el derecho al medio ambiente. Así, concluimos que un derecho fundamental no otorgaba per se competencia a un determinado orden de gobierno para su reglamentación, salvo que existiera disposición expresa que así lo determinara, ya que, conforme a la cláusula residual prevista en el artículo 124 constitucional, el orden federal debía tener una competencia expresa para legislar sobre una materia determinada. Reiteramos, por tanto, "que la reglamentación de los derechos fundamentales es una cuestión que compete por igual a los Estados o al orden federal, dependiendo de la jurisdicción que se trate".(26) Como puede observarse, este Tribunal Pleno ya ha reconocido que existen normas en distintos niveles de gobierno que se encuentran relacionadas con los derechos humanos y que no por ello conllevan necesariamente una alteración del parámetro de regularidad constitucional.
30. Uno de los propósitos manifiestos de las conocidas reformas al artículo 1o. constitucional publicadas el diez de junio de dos mil once, fue colocar a la persona humana en el centro del ejercicio del poder público de nuestro país y, con ello, poner al orden jurídico mexicano en sintonía con los estándares internacionales en derechos humanos.(27) Para lograr este objetivo, entre otras medidas, el Poder Revisor de la Constitución sujetó todo el actuar de las autoridades mexicanas a un nuevo parámetro de regularidad constitucional integrado por derechos humanos de fuente tanto nacional como internacional.(28) Así, las normas de rango máximo en nuestro sistema jurídico ya no serían únicamente aquellos derechos fundamentales tradicionalmente denominados "garantías individuales" y plasmados en el texto de la Constitución Federal, sino también todos los derechos humanos reconocidos en los múltiples instrumentos internacionales de los que México forme parte.
31. Conferir rango constitucional a los derechos humanos previstos en tratados internacionales tuvo varias consecuencias. Una de las más relevantes para el tema que nos ocupa es que hoy en día una cantidad mucho mayor de las normas de jerarquía suprema en el orden constitucional mexicano son derechos subjetivos que se encuentran formulados como principios y cuya implementación e interpretación a nivel interno es apenas incipiente.
32. Como esta Suprema Corte ya ha explicado con cierto detalle, los principios son normas jurídicas que se distinguen de las reglas primordialmente por tener un mayor nivel de abstracción.(29) Mientras los derechos subjetivos formulados a manera de reglas tienen condiciones de aplicación o materialización razonablemente definidas o delimitadas por los preceptos que los prevén, los derechos con estructura normativa de principios se caracterizan, en cambio, por estar enunciados de manera más abierta o abstracta en sus respectivos instrumentos jurídicos. Esto significa, por un lado, que su contenido concreto en cada contexto se ha de ir definiendo poco a poco –"optimizando" en sentido técnico-jurídico–(30) a través de la interpretación que de ellos lleven a cabo los distintos operadores jurídicos (los legisladores, la administración y los Jueces). También significa, por otro lado, que su debido cumplimiento admite gradualidad y, en consecuencia, válidamente puede ser maximizado o potenciado mediante otras normas jurídicas más concretas.
33. Con la reforma de diez de junio de dos mil once se confirió rango constitucional a todos los derechos humanos reconocidos en los doscientos cuatro instrumentos internacionales que hasta ese momento habían sido suscritos y ratificados por el Estado Mexicano.(31) La expansión no distinguió en modo alguno entre los derechos humanos conferidos en el marco del denominado sistema universal, los correspondientes al sistema regional interamericano, o los reconocidos en esquemas de cooperación multilateral o bilateral. Tampoco lo hizo entre "tipos" o "generaciones" de derechos humanos: al nuevo parámetro se incorporaron desde derechos civiles y políticos normalmente ya contemplados de manera explícita o implícita en la Constitución Federal y, por consiguiente, con bastante desarrollo legislativo y jurisprudencial acumulado a nivel interno; hasta derechos de índole económico, social o cultural que –excepción hecha del derecho al trabajo reconocido en el artículo 123– antes carecían de asidero en el Texto Constitucional y, por lo mismo, normalmente no tenían cabida en la legislación o jurisprudencia mexicanas.
34. Desde luego que la Constitución Federal ya contenía numerosas normas formuladas como principios desde mucho antes de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once.(32) Esto es completamente normal en un documento fundacional como la Constitución Federal que concentra los postulados básicos de nuestro sistema político y busca perdurar en el tiempo. No obstante, la propia naturaleza de los múltiples instrumentos de derecho internacional que reconocen derechos humanos anticipaba que el nuevo parámetro de regularidad constitucional mexicano concentraría un número mucho más extenso de normas con estructura de principios y, por consiguiente, un cúmulo de derechos subjetivos con condiciones de aplicación o materialización bastante menos definidas por la jurisprudencia mexicana que las de los derechos fundamentales previstos directamente en el Texto Constitucional.
35. Las convenciones y los tratados internacionales a menudo son resultado del consenso entre los distintos Estados que los suscriben y, por lo mismo, muy frecuentemente representan un mínimo común denominador jurídico entre importantes diferencias sociales, culturales e ideológicas. Así, lo usual es que las normas plasmadas en dichos instrumentos estén formuladas de una manera bastante más abierta o abstracta que las emanadas del derecho nacional y, en esa medida, que los derechos subjetivos que reconocen o confieren tiendan a enunciarse a manera de principios jurídicos.
36. Precisamente ésta es la estructura normativa de una buena parte de los derechos humanos de fuente internacional que por disposición expresa del párrafo primero del artículo 1o. constitucional hoy forman parte del parámetro de regularidad constitucional. Éste ya no comprende solamente normas jurídicas deliberadas y elaboradas directamente por el Constituyente Mexicano, sino también un vastísimo catálogo de derechos subjetivos cuya formulación fue convenida –en muy distintas épocas y coyunturas históricas, desde luego– entre distintos miembros de la comunidad internacional.
37. Si bien las antiguas "garantías individuales" mantuvieron completamente su vigencia y jerarquía en el orden jurídico mexicano, ahora comparten su rango supremo y sus garantías a nivel interno con todo un universo de derechos humanos de fuente internacional. De este modo, a un otrora limitado número de derechos fundamentales usualmente respaldados por décadas de abundante desarrollo legal y jurisprudencial en el país, se sumaron de golpe numerosos derechos subjetivos de formulación más abstracta y, como es lógico, prácticamente sin desarrollo normativo o jurisprudencial a nivel nacional.
38. Que varios de los derecho
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29425-e46b0b3e/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- DERECHOS HUMANOS. EL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO A CARGO DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES DEL PAÍS, NO SIGNIFICA QUE ÉSTAS (I.2o.C.3 K (10a.))
- CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN EL AMPARO INDIRECTO. SI SE IMPUGNA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE APLICARLO SI ADVIERTE QUE ÉSTA VIOLA ALGÚ (IV.3o.A.19 K (10a.))
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