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Modo: Corpus Pro

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO LABORAL SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA. ES IMPROCEDENTE DECRETARLA CUANDO, HABIENDO SIDO CONTESTADA LA DEMANDA O TRANSCURRIDO EL TÉRMINO RESPECTIVO, LAS PARTES HAYAN OFRECIDO SUS PRUEBAS Y SÓLO ESTÉ PENDIENTE DE ABRIRSE EL PERIODO DE SU RECEPCIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2019. · Registro digital (IUS): 29472
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2020-08-28
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, Pág. 4636.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO. 11 DE NOVIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS: GLORIA GARCÍA REYES, SAMUEL ALVARADO ECHAVARRÍA Y LIVIA LIZBETH LARUMBE RADILLA CON VOTO DE CALIDAD DE LA PRIMERA DE LOS NOMBRADOS. DISIDENTES: MIGUEL MENDOZA MONTES, FRANCISCO ESTEBAN GONZÁLEZ CHÁVEZ Y JOSÉ YBRAÍN HERNÁNDEZ LIMA. PONENTE: JOSÉ YBRAÍN HERNÁNDEZ LIMA. ENCARGADO DEL ENGROSE: SAMUEL ALVARADO ECHAVARRÍA. SECRETARIA: BEATRIZ ROJAS MÉNDEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. El Pleno en Materia de Trabajo del Sexto Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el Acuerdo General 8/2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, vigente a partir del uno de marzo siguiente, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, cuenta habida que el tema a estudio atañe a la aparente discrepancia entre criterios de Tribunales Colegiados de este Circuito judicial, que por su naturaleza laboral corresponde a la materia de especialidad de este Pleno de Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con residencia en la ciudad de Puebla, tribunal integrante de este Circuito.

TERCERO.—Criterios participantes. Para estar en aptitud de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, los criterios que deben prevalecer con carácter de jurisprudencias, es preciso tener en cuenta los principales antecedentes de los asuntos denunciados y las consideraciones esenciales que los sustentan.

Además, deben analizarse los antecedentes y consideraciones contenidos en las tesis y ejecutorias remitidas por la Magistrada presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito al rendir su informe (folios 61 a 162), así como las diversas ejecutorias que fueron agregadas a los autos en cumplimiento a lo determinado por el Pleno en sesión de cinco de agosto del año en curso.

Para ello, por cuestión de orden y técnica jurídica, enseguida se hará mención, en primer lugar, de las ejecutorias y tesis pronunciadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, procurando que ello se realice en estricto orden cronológico, para posteriormente hacer mención de la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 72/2019, de su índice.

En este sentido, se tiene que, al rendir su informe relativo a la presente contradicción, mediante oficio 22/2019, de doce de abril de dos mil diecinueve (foja 61), la presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, remitió copia certificada de la ejecutoria denunciada, relativa al juicio de amparo directo 751/2018; así como la diversa sentencia dictada al resolver el juicio de amparo directo 88/2017, que integra la jurisprudencia «VI.1o.T. J/5 (10a.)» también denunciada, de rubro: "CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. NO OPERA CUANDO SU CONTINUACIÓN DEPENDE DE QUE LA AUTORIDAD PROVEA SOBRE LA ADMISIÓN DE PRUEBAS, O DICTE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE UNA VEZ QUE AQUÉLLAS SE DESAHOGUEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."

Además, remitió copia certificada de la ejecutoria pronunciada al resolver el juicio de amparo directo 335/2018 y la tesis «VI.1o.T.35 L (10a.)» emitida por virtud del criterio en ella sustentado, de epígrafe: "CADUCIDAD EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO. EXCEPCIONES POR LAS QUE NO DEBE DECRETARSE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."

De igual manera, es pertinente hacer referencia a que, en sesión de cinco de agosto de dos mil diecinueve, este Pleno ordenó agregar a los autos, las ejecutorias pronunciadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, al resolver los expedientes de amparo directo 312/2014, 426/2014, 1322/2013 y 802/2016, que también integran la citada jurisprudencia de rubro: "CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. NO OPERA CUANDO SU CONTINUACIÓN DEPENDE DE QUE LA AUTORIDAD PROVEA SOBRE LA ADMISIÓN DE PRUEBAS, O DICTE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE UNA VEZ QUE AQUÉLLAS SE DESAHOGUEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."

De lo hasta aquí referido, es posible establecer el siguiente orden respecto de los criterios remitidos por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito:

I. Criterio denunciado. Amparo directo 751/2018.

II. Jurisprudencia denunciada VI.1o.T. J/5 (10a.), de rubro: "CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. NO OPERA CUANDO SU CONTINUACIÓN DEPENDE DE QUE LA AUTORIDAD PROVEA SOBRE LA ADMISIÓN DE PRUEBAS, O DICTE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE UNA VEZ QUE AQUÉLLAS SE DESAHOGUEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."

III. Criterios que integran la jurisprudencia VI.1o.T. J/5 (10a.):

A. Amparo directo 312/2014.

B. Amparo directo 426/2014.

C. Amparo directo 1322/2013.

D. Amparo directo 802/2016.

E. Amparo directo 88/2017.

IV. Tesis aislada remitida por la presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, de rubro: "CADUCIDAD EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO. EXCEPCIONES POR LAS QUE NO DEBE DECRETARSE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."

V. Amparo directo 335/2018 (que dio origen a la jurisprudencia referida en el apartado que antecede).

Sentado lo anterior, se procede a relatar lo conducente a cada uno de los asuntos antes enlistados:

CRITERIOS SOSTENIDOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO.

I. Criterio denunciado. Amparo directo 751/2018, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito.

Mediante escrito de demanda presentado ante la oficialía de partes del Tribunal de Arbitraje del Estado, el tres de diciembre de dos mil trece, **********, por propio derecho, promovió juicio laboral en contra de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Puebla.

Cabe destacar que no se sintetizarán las prestaciones y hechos del escrito inicial de demanda; así como del escrito de contestación a la misma, toda vez que el estudio de fondo de la presente ejecutoria se centrará en la caducidad de la instancia señalada como acto reclamado.

Con fecha cuatro de julio de dos mil catorce, el tribunal responsable radicó la demanda laboral bajo el número de expediente **********, así mismo, se ordenó el emplazamiento a la Secretaría demandada.

En autos obra la contestación de demanda a cargo de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, por conducto de su director de Relaciones Laborales.

El tres de febrero de dos mil quince se llevó a cabo la audiencia de ley, con la comparecencia del actor y su apoderado legal, sin que compareciera persona alguna por parte de la Secretaría demandada no obstante estar debidamente notificada; en dicha diligencia, la parte actora manifestó ratificar su escrito de demanda, del cual adujo, contiene las pruebas que ofertó, mismas que también ratificó; asimismo, solicitó se hicieran efectivos los apercibimientos a la demandada por su incomparecencia y se tuviera por contestada la demanda en sentido afirmativo y por no ofrecidas las pruebas, ya que si bien dichas pruebas obran en autos, las mismas debieron ser ratificadas por la demandada. Al respecto, el Tribunal de Arbitraje tuvo por hechas sus manifestaciones y dijo: "...con el fin de realizar un estudio minucioso de la presente audiencia es que se reserva el acuerdo correspondiente, mismo que les será notificado a las partes en sus domicilios señalados en autos."

El diecisiete de abril de dos mil quince, la responsable proveyó lo siguiente: "toda vez que con fecha tres de febrero del año en curso, se llevó a cabo la audiencia de ley en el expediente en que se actúa, se tiene por desahogada la misma, con la comparecencia del actor C. ********** de manera personal, así como de su apoderado Lic. **********, de quien se tiene por acreditada su personalidad"; así también, determinó que en atención a la solicitud del actor hecha en la audiencia de ley de hacer efectivos los apercibimientos a la demandada, dijo no actualizarse la hipótesis del artículo 92 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, dado que la demandada presentó contestación de demanda, por lo que tuvo por contestada la demanda.

De igual manera en dicho proveído acordó sobre las pruebas, toda vez que se había reservado, por lo que tuvo por admitidas de la parte actora, la documental privada; reconocimiento de contenido y firma del documento señalado en el capítulo de pruebas de su escrito de demanda y señaló fecha para su desahogo para el día veintidós de junio de dos mil quince; las documentales señaladas con los números dos, tres, cuatro, cinco y seis; así como la instrumental pública de actuaciones y presuncional legal y humana.

De la demandada tuvo por admitidas la instrumental pública de actuaciones, la presuncional legal y humana; la confesional a cargo de ********** señalándose para su desahogo el día veintidós de junio de dos mil quince; las documentales señaladas en el capítulo de pruebas de su escrito de contestación; así como la testimonial a cargo de **********, misma que tendría verificativo en la misma fecha antes señalada.

Asimismo, por acuerdo de veinticinco de junio de dos mil quince, regularizó el procedimiento, toda vez que no fue debidamente notificada la demandada de las diligencias para el desahogo de las pruebas de reconocimiento de contenido y firma, confesional y testimonial, las que programó para el cuatro de agosto de dos mil quince.

Por diligencias de cuatro, siete y doce de agosto de dos mil quince, la responsable tuvo por desistido de la prueba de reconocimiento de contenido y firma que ofreció el actor; y por decretada la deserción de las pruebas confesional y testimonial ofrecidas por la demandada por falta de interés jurídico; sin embargo, sobre la solicitud de la parte actora cuando dijo: "en segundo término se certifique que no queda prueba pendiente por desahogar y por último se turne el presente expediente al C. Auxiliar para que en los términos de ley dicte el laudo correspondiente.", el tribunal responsable dijo reservarse el acuerdo a fin de realizar un estudio minucioso del mismo, que será notificado a las partes en los domicilios señalados en autos.

Finalmente, el cinco de agosto de dos mil dieciséis, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla dictó resolución en la que se declaró de oficio la caducidad de la instancia por la inactividad procesal de las partes a partir del auto de doce de agosto de dos mil quince.

2. (sic) Inconforme con esa determinación, la actora promovió juicio de amparo directo 751/2018, en el que el Tribunal Colegiado del conocimiento resolvió conceder el amparo bajo las consideraciones siguientes:

"VII. Estudio del fondo del asunto. Es sustancialmente fundado el concepto de violación que se plantea y suficiente para obtener la concesión del amparo solicitado por el quejoso.

"Aduce que la responsable hace una aplicación incorrecta del artículo 96 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, al declarar de oficio la caducidad de la instancia por falta de inactividad, considerando como última fecha de actuación el doce de agosto de dos mil quince.

"Sin embargo –señala–, en esa data se decretó la deserción de la prueba testimonial ofrecida por la demandada, por no haber acudido ésta a la audiencia, en donde el hoy quejoso solicitó se hicieran efectivos los apercibimientos a la demandada y se turnaran los autos al auxiliar (sic) el dictado del laudo, empero, la responsable se reservó su acuerdo con el argumento de que realizaría un estudio minucioso.

"Por tanto –señala–, resulta contrario a derecho declarar que a partir del doce de agosto de dos mil quince comenzó a operar la caducidad en el juicio laboral, considerándola como la última actuación por no haberse efectuado algún acto o promoción por parte del actor aquí quejoso, ello, porque la continuación del procedimiento no dependía del impulso procesal de las partes sino del acuerdo de reserva ordenado por la responsable.

"Cita la tesis de jurisprudencia sustentada por este Tribunal Colegiado, bajo el rubro: ‘CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. NO OPERA CUANDO SU CONTINUACIÓN DEPENDE DE QUE LA AUTORIDAD PROVEA SOBRE LA ADMISIÓN DE PRUEBAS, O DICTE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE UNA VEZ QUE AQUÉLLAS SE DESAHOGUEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).’

"Asiste razón al quejoso.

"En efecto, a juicio de este órgano colegiado la caducidad de la instancia, como sanción procesal a la inactividad de las partes en el proceso, no puede invocarse cuando la parálisis procedimental es únicamente imputable al órgano jurisdiccional, por omitir realizar diligencias o desplegar actos que corresponden al ámbito de sus facultades exclusivas.

"Para dar claridad a tal aserto, se trae a colación que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia número 18/2012 (10a.), aprobada en sesión de dieciocho de enero de dos mil doce, sostuvo que con anterioridad a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once (en la que se modificó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), de conformidad con el texto del artículo 103, fracción I, del citado ordenamiento, se entendía que el único órgano facultado para ejercer un control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federación, a través de los medios establecidos en el propio precepto; que no obstante, virtud del reformado texto del artículo 1o. constitucional, surge otro tipo de control, ya que se estableció que todas las autoridades del Estado Mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el propio Estado Mexicano es Parte, lo que también comprende el control de convencionalidad.

"Por lo que concluyó que en el sistema jurídico mexicano actual, los jueces nacionales, tanto federales como del orden común, están facultados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma cuando no sea conforme con la Constitución o los tratados internacionales; mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del Estado Mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme con la Constitución Federal o los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

"En ese contexto, es claro que antes de la reforma del artículo 1o. de la Constitución Federal, de diez de junio de dos mil once, el Poder Judicial de la Federación era el único órgano facultado para ejercer un control de constitucionalidad de leyes, y después de dicha reforma se incorporó el control de convencionalidad, que podrá ejercerse también por los jueces nacionales tanto federales como del fuero común, empero, éstos únicamente podrán inaplicar la norma si llegasen a considerar que no es conforme con la Constitución Federal o los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pues sólo los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como Jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por dicha cuestión, tomando en cuenta los siguientes criterios:

"a) Interpretación conforme en sentido amplio, significa que los jueces del país –al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano– deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia;

"b) Interpretación conforme en sentido estricto, significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben partir de la presunción de constitucionalidad de las leyes y preferir aquella que hace a la ley acorde con los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, (sic)

"c) Inaplicación de la ley, cuando las alternativas anteriores no son posibles.

"Cobra aplicación la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 18/2012 (10a.),(1) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a la letra dice:

"‘CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011).—Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad. Con anterioridad a la reforma apuntada, de conformidad con el texto del artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, se entendía que el único órgano facultado para ejercer un control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federación, a través de los medios establecidos en el propio precepto; no obstante, en virtud del reformado texto del artículo 1o. constitucional, se da otro tipo de control, ya que se estableció que todas las autoridades del Estado mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el propio Estado mexicano es parte, lo que también comprende el control de convencionalidad. Por tanto, se concluye que en el sistema jurídico mexicano actual, los jueces nacionales tanto federales como del orden común, están facultados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, en los casos que se sometan a su consideración distintos de las vías directas de control previstas en la Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales, mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.’

"También es aplicable la tesis número P. LXIX/2011,(2) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dice:

"‘PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.—La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país –al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano–, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte.’

"En este orden de ideas, queda evidenciado que los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación pueden ejercer tanto el control de constitucionalidad de leyes (el examen de la norma inferior para determinar si la misma contraviene a la norma superior), como el control de convencionalidad en materia de derechos humanos, que comprende no sólo llevar a cabo el análisis de las normas reclamadas para verificar si son contrarias de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Federal como en los tratados internacionales de los que México sea parte, sino efectuar un estudio de oficio en cada caso concreto para evidenciar si alguna disposición ahí aplicada vulnera los citados derechos, tomando en cuenta los pasos antes precisados.

"En ese contexto, se procederá al análisis del problema jurídico planteado, atendido en suplencia de la queja, mediante el examen de la norma estatal que sirvió de fundamento a la autoridad responsable para decretar la caducidad de la instancia.

"Antes de ello, es importante señalar el contenido literal de los párrafos primero y segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen:

"‘Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

"‘Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.’

"El segundo párrafo del numeral reproducido, tutela la garantía de acceso a la justicia, al disponer que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, y que éstos deben emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

"En relación con el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia por contradicción de tesis número P./J. 113/2001,(3) sostuvo que el artículo 17 de la Constitución Federal garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, criterio que tiene como rubro y texto los siguientes:

"‘JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.—De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da.’

"Criterio que fue citado por la parte quejosa, así como otros que más abajo se precisan.

"En cuanto a los alcances de la tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Norma Fundamental, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido la jurisprudencia número 1a./J. 42/2007,(4) de rubro y texto siguiente:

"‘GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.—La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos –desembarazados, libres de todo estorbo– para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público –en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial– no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos.’

"Por otra parte, las Salas del Máximo Tribunal en diversos criterios que adelante se invocan, han sostenido que la figura de la caducidad no vulnera el derecho de acceso a la justicia tutelado en el artículo 17 de la Constitución Federal, por el hecho de decretarla cuando las partes contendientes dejan de impulsar el procedimiento en cualquiera de sus etapas procesales, pues ante el desinterés que revela la inactividad procesal, adquieren mayor importancia para la sociedad la estabilidad del orden jurídico, y la certeza de que las situaciones jurídicas creadas a lo largo del tiempo no correrán indefinidamente el riesgo de ser alteradas.

"Asimismo, dichas Salas han determinado que la falta de actuación del órgano jurisdiccional, cuando a éste corresponda el impulso del procedimiento, no puede dar lugar a que se actualice la figura en estudio, porque ello equivale a sancionar a la parte actora por una abstención que no le es atribuible.

"Al respecto, se invoca la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a./J. 118/2007(5) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"‘CADUCIDAD EN MATERIA AGRARIA. NO PUEDE DECRETARSE SI EN EL JUICIO YA SE CITÓ A LAS PARTES PARA OÍR SENTENCIA.—El artículo 190 de la Ley Agraria, en cuanto establece que en los juicios agrarios opera la caducidad si transcurridos 4 meses no hubiese promoción del actor ni actividad procesal, debe entenderse referido al procedimiento antes de que se emita el auto de citación para oír sentencia, sin que resulte aplicable

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29472-2029b5ba/caducidad-de-la-instancia-en-el-juicio-laboral · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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