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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE OTORGARSE PARA QUE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE, DE INMEDIATO, ANALICE Y CERTIFIQUE EL MEJOR MEDICAMENTO PARA EL PADECIMIENTO DEL QUEJOSO, EN COMPARACIÓN CON LOS MEDICAMENTOS PREVISTOS EN EL CUADRO BÁSICO O COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 517/2019. · Registro digital (IUS): 29523
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-10-09
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO, PRIMERO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y PRIMERO DEL NOVENO CIRCU
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, Pág. 919.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 517/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO, PRIMERO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y PRIMERO DEL NOVENO CIRCUITO (ACTUAL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL NOVENO CIRCUITO). 10 DE JUNIO DE 2020. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: HÉCTOR ORDUÑA SOSA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, por tratarse de criterios sostenidos por Tribunales Colegiados de distintos Circuitos.(2)

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por Enrique Madinabeitia Aguirre, a quien se tuvo como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo en el acuerdo de once de octubre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio de amparo indirecto 1303/2019, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León,(3) del que derivó el recurso de queja 499/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 152/2008, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA."(4)

TERCERO.—Antecedentes. Con el propósito de facilitar la resolución de esta contradicción, se sintetizan los antecedentes de los asuntos de los que derivan los criterios contendientes.

A) Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 499/2019.

1. Dos personas físicas, por propio derecho y en representación de su hija, menor de edad, quien padece **********, promovieron juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y los actos siguientes:

• De la Secretaría de Salud del Gobierno de México, la omisión de implementar medidas y acciones necesarias para impulsar y fomentar la disponibilidad de los medicamentos ********** y **********, los cuales son los únicos que tratan y contrarrestan la **********.

• Del Instituto Mexicano del Seguro Social, la omisión de solicitar la actualización de los insumos en el "Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud" respecto de esos medicamentos.

• De dos médicos, una adscrita a una Unidad de Medicina Familiar y otro a un Hospital General de Zona, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, la omisión de prescribir y aplicar el medicamento **********, así como la omisión de tramitar que dicha medicina se comprara e importara.

• De la Unidad de Medicina Familiar y del Hospital General de Zona, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, la omisión de la atención médica integral, pronta y oportuna, ya que por la complejidad del padecimiento de la menor debió enviarla directamente a la unidad médica de tercer nivel, para que fuera atendida por un neurólogo pediatra, así como la omisión de recetar y proporcionar **********.

• Del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, la omisión de emitir las normas y requisitos para la prescripción y dotación de medicamentos que no están en el "cuadro básico de medicamentos".

En los hechos de la demanda expresaron que el catorce de enero de dos mil dieciocho nació su hija y fue diagnosticada con ********** (más severa). Que a través del Hospital Infantil de México, su hija entró en un programa de acceso expandido, para que se le administrara ********** (con nombre comercial **********), como parte del protocolo que buscaba la autorización de dicho medicamento por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), patrocinado por el laboratorio Biogen. Que no obstante ello, a fin de evitar la degeneración y progresividad de la enfermedad, solicitaron la aplicación de una única dosis del medicamento **********, el cual ya había sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América.

Refirieron que el uno de octubre de ese año, acudieron a una cita en la Unidad de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social y exhibieron a su médico tratante la documentación relativa a la enfermedad de su hija, pero en el instituto se abstuvieron de recetar algún medicamento.

Los quejosos solicitaron la suspensión de los actos reclamados en los términos siguientes:

"Para el efecto de que cada una de las autoridades responsables que han sido omisas en los actos reclamados realicen las acciones pertinentes que estén a su alcance para hacer posible que el Instituto Mexicano del Seguro Social, pueda recetar y suministrar el medicamento huérfano ********** a la hoy quejosa menor de edad y, en caso de que así lo considere el instituto, sea valorada por un médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que la niña se atiende con un médico privado, pero al no poder costear el medicamento antes referido es que por medio del Seguro Social y al ser beneficiaria de este seguro es deseo de los hoy quejosos que el Instituto Mexicano del Seguro Social le proporcione el medicamento a la menor de edad, ya sea que se lo recete y proporcione o aplique a la menor de edad en sus instalaciones o en la que pudiera aplicársele el medicamento por parte de la recomendación que emita el médico tratante privado, aunque estamos en la disposición de que se le aplique en el lugar que las autoridades consideren pertinente, máxime que del juicio valorativo en el que ese H. Juez de Distrito pondere las manifestaciones vertidas en la presente demanda junto con las pruebas aportadas en la presente demanda de amparo indirecto, podrá advertir que tanto los médicos tratantes del Instituto Mexicano del Seguro Social y el mismo instituto, al no tener dicho medicamento dentro de su ‘cuadro básico de medicamentos de dicho instituto’ al no recetar y proporcionar o aplicar el medicamento ********** siendo que con éste existe la posibilidad fundada de que ayude a la hoy quejosa menor de edad en su tratamiento, en salvaguardar la vida, restablecer la salud y/o disminuir el sufrimiento de nuestra menor hija en sus síntomas de la enfermedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 103 de la Ley General de Salud, que dispone que en el tratamiento de una persona enferma, se podrán utilizar recursos terapéuticos o de diagnóstico cuando exista posibilidad fundada de salvar la vida, restablecer la salud o disminuir el sufrimiento del paciente, es que resulta procedente mi petición y en caso de que no se otorgue la misma se advierte que la falta de atención medica se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento prohibido por el artículo 22 constitucional."

Manifestaron que acreditaron la apariencia del buen derecho, al ser asegurados de ese instituto y, por tanto, la menor es beneficiaria, y el peligro en la demora que existe, ya que de continuar con la omisión reclamada, la menor perdería la posibilidad de que le sea aplicado el medicamento en cuestión, pues éste sólo es recomendable antes de que el paciente cumpla los dos años de edad, lo que, en este caso, ocurriría el catorce de enero de dos mil veinte, por lo que de no otorgarse la medida cautelar se causarían daños y perjuicios de difícil o de imposible reparación.

Asimismo, presentaron copias certificadas de los diagnósticos sobre el padecimiento de la niña, el informe de una médica internista y neuróloga, en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que con el medicamento en cuestión la menor modificaría su supervivencia en general y los hitos motores, y la receta médica donde se prescribe ese fármaco.

2. Conoció del asunto el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Estado de Nuevo León, quien admitió a trámite la demanda y concedió la suspensión de plano en los términos siguientes:

"... para el efecto de que las autoridades responsables inmediatamente otorguen la atención médica que requiere la menor quejosa, además, de ser necesario, y si así lo consideran los especialistas médicos, se le siga otorgando el tratamiento que estimen necesario con motivo del padecimiento que sufre y que bajo protesta de decir verdad refiere en su líbelo constitucional; inclusive, se hace extensiva la medida cautelar, para que se practiquen a la menor quejosa los exámenes médicos, tratamientos, diagnósticos, terapias y rehabilitación que resulten, en aras de mantener a ésta con vida y de conservar su restablecimiento físico.

"Por ende, las responsables, bajo su más estricta responsabilidad, deberán proveer lo necesario para salvaguardar el derecho a la salud de la quejosa."

3. Los quejosos interpusieron el recurso de queja, que se radicó en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito con el número 499/2019. Al resolver el medio de defensa, el Tribunal calificó de infundados los argumentos expuestos con base en lo siguiente:

El Tribunal Colegiado de Circuito sustentó su resolución en lo determinado en los amparos en revisión 349/2014, 350/2014, 351/2014, 365/2014, 921/2014 y 932/2014, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se estableció que previamente al suministro de medicamentos por el Estado, se debe tener garantía de su eficiencia, seguridad y eficacia terapéutica.

Para lo cual, el Consejo de Salubridad General, por conducto de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, elaborará y actualizará el Cuadro Básico y el Catálogo de Insumos, en el que se incluirán aquellos medicamentos que tengan las características mencionadas.

Así, refirió que esta Segunda Sala determinó que sólo los medicamentos que estén en el cuadro básico serán susceptibles de suministrarse, por lo que el no proporcionar un fármaco que no esté incluido en el cuadro básico no contraviene el derecho a la salud, sino que lo protege del suministro de un medicamento respecto del cual no se ha comprobado su eficacia, seguridad y eficiencia. Dicho criterio fue citado como orientador por el Tribunal Colegiado de Circuito.

En la sentencia se analizó el procedimiento para incluir un medicamento en el cuadro básico, así como las etapas que lo integran. Se expuso que en la etapa de la elaboración del dictamen los comités deben considerar el balance entre los riesgos, los beneficios y los costos que representa el nuevo insumo, en relación con las alternativas, además de considerar los recursos de la institución disponibles para tal fin. Estas decisiones deben tomar en cuenta las implicaciones que puedan presentarse para otros programas o grupos de pacientes a quienes se afecte con la incorporación.

El Tribunal Colegiado de Circuito determinó que cuando el Estado decide la inclusión de un medicamento en el Cuadro Básico o Catálogo de Insumos del Sector Salud, por conducto de la comisión interinstitucional respectiva, no sólo garantiza que el insumo correspondiente ha probado su eficiencia, seguridad y eficacia terapéutica, sino, además, a partir de esa determinación, cumple con una de las obligaciones que involucran el derecho a la salud, la de procurar la disponibilidad de medicamentos que curen y alivien las enfermedades que aquejan a las personas, o que mejoren su estado de salud y calidad de vida.

En esas condiciones, estableció que las pruebas aportadas a la demanda inicial eran insuficientes para acreditar, aun de forma presuntiva, el interés suspensional de los quejosos, que se traduce en el derecho que invocan a que el medicamento ********** le fuera suministrado a su hija, en virtud de haber pasado por el análisis de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, por lo cual, la no inclusión en el efecto de la suspensión de plano otorgada, no le generaba algún perjuicio que justificara el otorgamiento de la medida cautelar.

Ello, ya que en materia de suspensión, para que proceda esa medida, la parte que la solicita debe cubrir los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo y acreditar el interés jurídico o legítimo.

El tribunal consideró que no era óbice que la quejosa mencionara que contaba con prescripción médica y un informe médico emitido por una doctora especialista en medicina interna, neurología y enfermedades neuromusculares, en los que se precisó que la menor de edad requería el medicamento **********.

Estableció que hasta esa etapa procesal no se encontraba demostrado que las autoridades sanitarias del país hubieran comprobado la seguridad, eficacia terapéutica y eficiencia del medicamento en cuestión, por lo que la opinión de algún especialista no podía ser concluyente de que ese fármaco era seguro, eficaz y eficiente, pues no puede sustituir la opinión de los expertos ni todo el trabajo que realiza el comité respectivo, conforme a los lineamientos indicados en las normas jurídicas que lo rigen.

Finalmente, respecto del resto de los agravios, el Tribunal Colegiado argumentó que se trataban de cuestiones de fondo respecto de las que no procedía su análisis en esa instancia, por lo que confirmó el proveído recurrido.

B) Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 73/2018.

1. El seis de julio de dos mil dieciocho, una persona física promovió juicio de amparo en contra de las autoridades y por los actos siguientes:

Del Congreso de la Unión, del presidente de la República y del secretario de Gobernación, el quejoso reclamó tanto la ley como el primer acto de aplicación, de los artículos 88 y 89 del Reglamento de Servicios Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Al director y al encargado de recursos materiales del Hospital General Lázaro Cárdenas, al jefe del Departamento de Pensiones, al subdelegado Médico de la Delegación Estatal y al titular, todos de la Delegación Estatal Chihuahua del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, les reclamó, como primer acto de aplicación, la omisión de surtir el medicamento denominado **********, prescrito por el médico oncólogo tratante, que fue solicitado, por petición presentada formalmente el veintidós de junio de dos mil dieciocho. El referido medicamento tenía el carácter de novedoso, y conforme a la opinión médica que exhibió con la demanda, era el único indicado para combatir la ********** que padece.

Lo anterior a pesar de que la propia autoridad responsable ya había solicitado la inclusión del citado medicamento al cuadro básico, debido a que dicho medicamento tenía el carácter de novedoso y, conforme a la opinión médica que exhibió, era el único indicado para combatir la ********** que padece. Mencionó que esa objeción tenía su fundamento en un trámite administrativo, cuando en realidad éste debería quedar supeditado al derecho humano a la salud, el cual tiene el carácter de prioridad sobre el trámite administrativo, al cual se condiciona el suministro.

Asimismo, solicitó la suspensión para el efecto de que se surtiera y se le proporcionara el medicamento **********.

La Jueza Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua conoció del asunto, el cual radicó con el número 1115/2018; y negó la suspensión provisional, referente al acto reclamado consistente en la negativa de la autoridad responsable de surtir e incluir en el cuadro básico el medicamento **********. Lo anterior, ya que se traducía en un acto sin efectos positivos en la esfera jurídica del quejoso, pues se promovió en contra de un acto negativo, el cual constituye la materia del fondo del asunto principal, por lo que consideró improcedente otorgar la suspensión.

En cambio, concedió la suspensión provisional de los actos reclamados para el efecto de que, hasta en tanto se resolviera sobre la suspensión definitiva, se brindara al quejoso el acceso a la salud, siempre y cuando fuera derechohabiente de la institución responsable, en sus servicios básicos. Lo anterior incluía la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, de acuerdo con el cuadro básico de insumos de dicha institución, así como la atención médica, la cual comprende actividades preventivas, curativas (aquellas que tienen como fin un diagnóstico y tratamiento oportuno) y de rehabilitación, incluida la atención de urgencias.

El quejoso interpuso recurso de queja que se radicó con el número 73/2018 en el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito.

2. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito resolvió lo siguiente:

Determinó que debían modificarse los efectos de la suspensión, pues el quejoso solicitó que se le proporcionara un medicamento como parte del tratamiento necesario para su enfermedad **********, ello de conformidad con el artículo 147 de la Ley de Amparo.(5)

Dicho artículo está vinculado con los principios de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, de acuerdo con lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 3/95.

Asimismo, citó la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO."(6)

Sostuvo que, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de junio de dos mil once, se reformó el artículo 107, fracción X, constitucional, para incorporar los criterios anteriores como elementos para pronunciarse sobre la suspensión. Dicho pronunciamiento también fue considerado en la Ley de Amparo.

En esas condiciones, el Tribunal Colegiado de Circuito estableció que lo que da pauta para que se otorgue la suspensión del acto reclamado, con efectos restitutorios provisionales y anticipados, es la apariencia del buen derecho, en el que, a su vez, se encuentra implícito el peligro en la demora.

En ese caso, el derecho discutido es el de la salud, respecto del cual, el Estado está obligado a protegerlo y garantizarlo, lo que implica, entre otras cosas, el acceso a servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad, tal como se prevé en el artículo 4o. constitucional.

Citó la tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte, de rubro: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS."(7)

Asimismo, citó la tesis de la Primera Sala, publicada con el rubro: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS."(8)

Por otra parte, el derecho a la salud también está tutelado en los artículos 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que el derecho a la integridad personal se encuentra íntimamente relacionado con la salud.

De lo anterior se advierte que los servicios básicos de salud consisten en la disponibilidad de los medicamentos y demás insumos que sean esenciales para ésta, para lo cual, habrá un cuadro básico proporcionado por el sector salud. Sin embargo, ello no representa una restricción para los beneficiarios, sino que evidencia la obligación de las instituciones de ministrar dichos medicamentos e insumos, aun cuando no estén comprendidos en ese cuadro, ya que pueden surgir medicamentos novedosos, mismos que, por lógica, no estarían incluidos en él.

Por tanto, el tribunal consideró que el suministro de fármacos del cuadro básico, no necesariamente se refiere al catálogo del sector salud elaborado en una época determinada, ya que es claro que puede haber medicamentos de descubrimiento reciente, así como que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, lo cual se traduce en cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad.

Estableció que ello demuestra la postura progresista de los criterios referidos, lo que lleva a considerar que el hecho de que determinados medicamentos no estén incluidos en el Cuadro Básico de Insumos del Instituto de Seguridad Social, no significa que la obligación de ministrarlos desaparezca, esto siempre y cuando exista una prescripción médica al respecto.

Citó la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de título y subtítulo: "DERECHO HUMANO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. PARA GARANTIZARLO, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEBE SUMINISTRAR A SUS BENEFICIARIOS LOS MEDICAMENTOS QUE SE LES PRESCRIBAN, AUN CUANDO NO ESTÉN INCLUIDOS EN EL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD."(9)

Concluyó que existía una probabilidad de que al quejoso se le debiera suministrar el medicamento que solicitó, pues le fue prescrito por su médico, además de que la negativa se debió a que no está previsto en el cuadro básico, pero nunca se aseveró que no fuera el idóneo para combatir la enfermedad que padece.

Además, estimó que también se actualizó el peligro en la demora, porque si durante la tramitación del juicio no se ministra el medicamento se pondría en riesgo la salud e, incluso, la vida de la paciente, sin posibilidad de restituir esa afectación con una sentencia favorable.

Consecuentemente, declaró fundado el recurso y modificó la resolución recurrida para el efecto de otorgar al quejoso la suspensión provisional contra la negativa de las autoridades responsables de otorgarle el medicamento **********, dándole efectos restitutorios a la misma, en los términos siguientes:

- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por conducto de cualquier funcionario y/o departamento obligados a proveer las medicinas a los derechohabientes, deberá suministrar, de manera inmediata y sin dilación alguna, dicho medicamento al quejoso (en la cantidad y periodicidad indicados por el médico tratante), aplicando los procedimientos o mecanismos necesarios para lograr ese propósito, verbigracia, la compra del producto o en última instancia su reembolso al particular.

Con motivo de lo resuelto en ese asunto, el Tribunal Colegiado de Circuito emitió la tesis aislada XVII.1o.C.T.43 K (10a.):

"SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE UN ORGANISMO DE SEGURIDAD SOCIAL DE MINISTRAR UN MEDICAMENTO, POR NO ESTAR INCLUIDO EN EL CATÁLOGO INSTITUCIONAL DE INSUMOS. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS TEMPORALES Y ORDENAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE FACILITE AL QUEJOSO EL MEDICAMENTO, SI ACREDITA QUE SU MÉDICO SE LO RECETÓ. Conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, cuando proceda conceder la suspensión de los actos reclamados, de ser jurídica y materialmente posible, el órgano jurisdiccional podrá restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho que dice violado; para lo cual, debe tomarse en cuenta la apariencia del buen derecho, a que se refieren los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la propia ley, en el que se encuentra imbíbita la noción del peligro en la demora. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó que el derecho a la salud, entendida ésta como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, es una prerrogativa que el Estado está obligado a proteger y garantizar, lo que implica, entre otras, el acceso a los servicios de salud, que comprenden: la atención médica y la disponibilidad de medicamentos y otros insumos, para cuyo efecto habrá un cuadro básico que elabora el Sector Salud. Ahora, el catálogo no debe concebirse como un impedimento o restricción para los beneficiarios de las dependencias y entidades que prestan el servicio; de ahí que las instituciones de salud, válidamente, puedan ministrar medicamentos novedosos que, por lógica, no estén incluidos en ese inventario elemental y que sean necesarios para el tratamiento del paciente, siempre y cuando exista prescripción médica de por medio. En esta tesitura, si una persona reclama la omisión de un organismo de seguridad social de ministrarle un medicamento, por no estar incluido en el catálogo institucional de insumos y exhibe un documento que acredita que su médico se lo recetó, entonces, es probable que tenga derecho a que se le proporcione, como parte de su tratamiento. Por tanto, atento al peligro en la demora, procede conceder la suspensión provisional en el amparo con efectos restitutorios temporales y ordenar a la autoridad responsable que facilite al quejoso el medicamento." (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 59, Tomo III, octubre de 2018, página 2519, registro digital: 2018267)

C) Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito (actual Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito), al resolver el amparo en revisión 136/2015.

1. El veinticuatro de mayo de dos mil trece, una persona física promovió juicio de amparo en el que reclamó del director del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades, la negativa de suministro del medicamento denominado **********, necesario para el tratamiento del **********.

Posteriormente, formuló ampliaciones en las que reclamó de la División Institucional de Cuadros Básicos de Insumos, dependientes de la Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad, la inclusión en el Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Instituto Mexicano del Seguro Social, del citado medicamento. Asimismo, demandó de la clínica hospital correspondiente, el otorgamiento del medicamento **********, en las condiciones prescritas por un médico especialista en oncología.

2. Conoció del juicio el Juez Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, quien lo radicó con el número 633/2013. En la sentencia definitiva, en la parte que interesa para este asunto, el juzgador negó el amparo, bajo el argumento de que eran insuficientes los dictámenes periciales médicos, en los que se concluyó la urgencia del otorgamiento del medicamento al quejoso, para sustituir o suplantar el procedimiento que realiza la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, a través del Comité Específico de Medicamentos, para la inclusión de un medicamento al cuadro básico, ya que las autoridades sanitarias del país, así como el propio quejoso, no han comprobado la seguridad terapéutica y eficiencia del fármaco **********, conforme a los artículos 4o., 5o., 14 y 16 del reglamento interior de esa comisión, por lo que concluyó que la negativa de suministrar esa medicina no contravino el derecho a la salud.

3. El quejoso interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, donde se radicó en el número de amparo en revisión 136/2015. Al emitir la ejecutoria correspondiente, el tribunal estableció que la sentencia recurrida fue incorrecta, en atención a las siguientes consideraciones:

El tribunal consideró que el Estado está obligado a proteger y garantizar el derecho fundamental a la salud, reconocido en el artículo 4o. constitucional, el cual comprende, entre otras cosas, el derecho al acceso a servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad.

Asimismo, el derecho a la salud está previsto en los artículos 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Refirió que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sostuvo que el derecho a la integridad personal está íntimamente relacionado con la salud.

Con base en ello y de acuerdo con las normas nacionales, advirtió que los servicios básicos de salud consisten en la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales, para cuyo efecto habrá un Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud; sin embargo, ello no es una restricción para los beneficiarios, sino que evidencia la obligación de dichas dependencias de ministrar medicamentos, aun cuando no estén en ese cuadro básico.

Por tanto, concluyó que el suministro de fármacos del cuadro básico no necesariamente se refiere al catálogo del sector salud elaborado en una época determinada, ya que es claro que puede haber medicamentos de descubrimiento reciente, así como que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, lo cual se traduce en cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad.

Determinó que ello demostraba la postura progresista de los criterios en los que se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referentes al tema, lo que llevó al tribunal a considerar que el hecho de que determinados medicamentos no estén incluidos en el Cuadro Básico de Insumos del Instituto Mexicano del Seguro Social, no significa que la obligación de ministrarlos desaparezca, esto siempre y cuando exista una prescripción médica al respecto.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29523-8746f641/suspension-provisional-debe-otorgarse-para-que-la-institucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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