AVISO DE RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. SU NOTIFICACIÓN POR CONDUCTO DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 20/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO. 20 DE MAYO DE 2020. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK; VOTÓ CON RESERVA DE CRITERIO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: ELIZABETH MIRANDA FLORES.
III. Competencia y legitimación
4. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, toda vez que los criterios contendientes han sido sustentados por Tribunales Colegiados de distintos Circuitos, en materia de trabajo, cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala.
5. Por otro lado, la denuncia proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por Magistrado integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Décimo Octavo Circuito.
IV. Existencia de la contradicción
6. La mecánica para analizar la existencia de una contradicción de tesis tiene que abordarse desde la necesidad de unificar criterios jurídicos en el país, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los Jueces y justiciables. Dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas, este Alto Tribunal ha reconocido que para que exista una contradicción de tesis basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron. Sirven de sustento a lo anterior los criterios del Tribunal Pleno de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(5)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."(6)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEAN ERRÓNEOS, DEBE RESOLVERSE EL FONDO A FIN DE PROTEGER LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.—La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver una contradicción de tesis existente entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito aunque sean erróneos o inaplicables, pues el objetivo fundamental de ese procedimiento es terminar con la incertidumbre generada para los gobernados y los órganos jurisdiccionales por la existencia de criterios contradictorios, mediante la definición de una jurisprudencia producto de la sentencia dictada en ese procedimiento, que servirá para resolver uniformemente casos similares a los que motivaron la denuncia de contradicción, evitando que se sigan resolviendo diferente e incorrectamente, lo que permitirá preservar la unidad en la interpretación de las normas del orden jurídico nacional con la fijación de su sentido y alcance en protección de la garantía de seguridad jurídica. Además, esa definición jurídica no sería posible realizarla si se declara improcedente la contradicción suscitada respecto de tesis equivocadas o inaplicables de esos tribunales, ya que aunque se dejaran sin efecto, si no existiera pronunciamiento por declararse su improcedencia, lejos de garantizar a los gobernados y a los órganos jurisdiccionales del país la solución de otros asuntos de similar naturaleza, se generaría incertidumbre, por lo cual debe emitirse una sentencia que fije el verdadero sentido y alcance de la solución que deba darse al supuesto o problema jurídico examinado por los Tribunales Colegiados de Circuito que originó la oposición de criterios."(7)
7. Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y el problema radica en los procesos de interpretación –y no en los resultados– adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces, como lo ha sostenido el Tribunal Pleno,(8) es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado;
b) Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
8. Es decir, existe una contradicción de tesis cuando dos órganos jurisdiccionales: (I) hayan realizado ejercicios interpretativos; (II) sobre los mismos problemas jurídicos y en virtud de ellos llegaron a soluciones contrarias; y, (III) tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.
9. Por otro lado, no es obstáculo para que esta Segunda Sala se ocupe de la denuncia sobre el presente asunto, el que alguno de los criterios contendientes no constituya jurisprudencia, pues basta que los órganos jurisdiccionales adopten criterios distintos sobre un mismo punto de derecho. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia P./J. 27/2001, del Tribunal Pleno de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.",(9) y la tesis aislada P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(10) del mismo Tribunal Pleno.
10. En atención a lo anterior, a continuación, se procederá a analizar si en el caso se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de tesis.
IV.1. Primer requisito: realización de un ejercicio interpretativo
11. Esta Segunda Sala considera que se acredita el primer requisito, toda vez que los Tribunales Colegiados contendientes ejercieron su arbitrio judicial al resolver las cuestiones litigiosas que les fueron presentadas. Esto es así, pues como a continuación se evidenciará, realizaron ejercicios interpretativos en las partes considerativas de las sentencias contendientes.
A. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito al resolver el amparo directo 562/2019
12. Ese asunto tuvo su origen en los siguientes antecedentes:
a) Una persona promovió juicio laboral en el que reclamó el pago de la indemnización constitucional derivada del despido injustificado del que fue objeto.
b) Al contestar la demanda, la parte patronal negó el despido, aduciendo que rescindió justificadamente la relación de trabajo y que acudió al domicilio de la actora a fin de entregarle el aviso correspondiente, pero ante la negativa de la trabajadora de firmar el aviso, promovió procedimiento paraprocesal ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje correspondiente.
c) A efecto de demostrar su excepción, la parte patronal ofreció como prueba un informe rendido por la Junta local que tramitó el expediente paraprocesal, en el que señaló la fecha en que se le solicitó que notificara el aviso de rescisión y anexó copia certificada del escrito respectivo, así como del aviso de rescisión.
d) Seguida la secuela procesal, la Junta responsable dictó laudo en el que desestimó la eficacia probatoria del informe que la parte patronal ofreció, al considerar que es ineficaz para demostrar que realizó todos los trámites necesarios para que el trabajador fuera notificado de la rescisión, pues debió justificar que dio seguimiento al procurar la admisión, trámite y que se llevó a cabo la notificación del aviso al trabajador o cuando menos que no hubo obstáculos que le fueran atribuibles por los cuáles la Junta omitió practicar la notificación.
e) Inconforme, la parte patronal promovió juicio de amparo directo. El Tribunal Colegiado le concedió la protección constitucional a efecto de que la Junta responsable nuevamente analizara el despido injustificado.
13. En la parte que interesa al presente asunto, el Tribunal Colegiado consideró:
a) Asiste razón a la inconforme, al aducir que la Junta responsable debió tener en cuenta que no le es imputable a la parte patronal que la diversa Junta laboral omitiera notificar a la actora del aviso de rescisión.
b) De conformidad con el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, cuando el patrón despida al trabajador deberá darle aviso mediante escrito que deberá entregarle al momento del despido o bien, por conducto de la Junta dentro de los cinco días hábiles siguientes, en cuyo caso, deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado del trabajador, a fin de que la autoridad se lo notifique de forma personal.
c) Son orientadoras las consideraciones sustentadas por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 77/91, que dio origen a la jurisprudencia 4a./J. 58/92, de rubro: "AVISO DE RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, OMISIÓN DE LA NOTIFICACIÓN DEL, POR PARTE DE LA JUNTA. CONSECUENCIAS."
d) En dicho criterio, se señaló que el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo (en su texto anterior a la reforma de dos mil doce), indicaba que el despido injustificado se actualiza en virtud de la falta de aviso al trabajador o a la Junta, mas no por la falta de notificación por parte de la Junta.
e) Si bien el citado criterio interpreta los artículos 47 y 991 de la Ley Federal del Trabajo en su texto anterior a la reforma de dos mil doce, lo cierto es que ni antes ni después de la reforma se ha establecido que es carga procesal del demandado dar seguimiento al expediente paraprocesal correspondiente, bajo pena de que no se tenga por presentado el aviso.
f) Una de las modificaciones a la reforma a los citados preceptos, consistió en eliminar el requisito para la parte patronal de justificar que el trabajador se negó a recibir el aviso de rescisión de la relación laboral como cuestión previa para poder acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje.
g) Con la reforma, no se eliminó para la parte patronal la carga de acreditar que cumplió con entregar el aviso de rescisión de la relación laboral al trabajador, ya sea personalmente en el momento del despido o por conducto de la Junta, dentro de los cinco días hábiles siguientes.
h) Contrario a lo sostenido por la responsable, con la reforma de dos mil doce no se presenta como diferencia que el patrón tenga la carga probatoria de verificar que la autoridad laboral actúe en el expediente paraprocesal, pues tal carga no está impuesta.
i) El patrón sí cumplió con su carga de presentar el aviso de rescisión.
j) Consecuentemente, estimó que la responsable actuó ilegalmente al estimar que el patrón no presentó el aviso de rescisión, pues del informe de una Junta diversa a la responsable, se advierte que sí lo presentó y anexó copia del aviso de rescisión.
k) Por tanto, concedió el amparo a la parte patronal a efecto de que la Junta tenga por presentado el aviso de rescisión.
B. Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito (antes Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito), amparo directo 786/2017.
14. Ese asunto derivó de los siguientes antecedentes:
a) Una persona promovió juicio laboral en el que reclamó la reinstalación en el empleo, en virtud de un despido injustificado.
b) La empresa demandada negó el despido injustificado, aduciendo que rescindió la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón y que notificó el aviso correspondiente por conducto de la Junta laboral.
c) La empresa demandada ofreció, entre otras pruebas, el acuse de recibo relativo al escrito que presentó ante la Junta laboral, en el que solicitó se hiciera llegar a la parte trabajadora el aviso de rescisión de la relación de trabajo.
d) Seguida la secuela procesal, la Junta responsable dictó laudo en el que absolvió a la demandada de las prestaciones reclamadas.
e) Inconforme, la parte trabajadora promovió juicio de amparo.
15. En su ejecutoria, el Tribunal Colegiado(11) sostuvo que:
a. Una de las modificaciones de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, publicada el treinta de noviembre de dos mil doce, consistió en eliminar del artículo 47, el requisito que la parte patronal tenía de justificar que el trabajador se negó a recibir el aviso de rescisión de la relación laboral como requisito previo para poder acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje, a efecto de que ésta practicara la notificación del aviso.
b. El ejercicio comparativo del texto del artículo 47 antes y después de la mencionada reforma, permite concluir que no se eliminó la carga probatoria para la parte patronal de acreditar que cumplió con entregar el aviso de rescisión de la relación laboral al trabajador, ya sea personalmente en el momento del despido o por conducto de la Junta, dentro de los cinco días hábiles siguientes.
c. El incumplimiento de esa obligación implica calificar al despido como injustificado.
d. Si el patrón opta por acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje a solicitar que comunique el aviso de rescisión, no lo libera de la responsabilidad de demostrar que existió el procedimiento paraprocesal, de suerte que la carga probatoria no se agota con el solo hecho de presentar el acuse de recibo ante la Junta laboral.
e. De la exposición de motivos se advierte que el propósito de la reforma fue replantear el mecanismo para comunicar los avisos de rescisión de la relación de trabajo, a efecto de superar la incongruencia de probar un hecho negativo, es decir, que el trabajador se negó a recibir el aviso de rescisión, mas no para liberarlo de la carga de demostrar que dio seguimiento al procedimiento paraprocesal.
f. Dicha carga no se agota con el acuse de recibo del escrito en el que solicitó a la Junta que notifique el aviso respectivo, sino que debe demostrar la existencia de constancias de que el procedimiento paraprocesal existió y que la parte patronal le dio seguimiento para procurar la admisión de su trámite y satisfizo cualquier requerimiento que la Junta le hubiese hecho al respecto, como podría ser que acreditara su personalidad o que informara sobre los domicilios que conociera del trabajador, ante la eventual falta de localización y que sí se llevó a cabo el aviso de rescisión o por lo menos que no hubo obstáculos atribuibles a la parte patronal que impidieran a la Junta practicar la notificación correspondiente.
g. Dicha obligación sólo es perceptible si la parte patronal aporta las constancias íntegras del expediente paraprocesal, por lo que no considerarlo de esa forma implicaría liberar de la corresponsabilidad que la parte patronal tiene para cumplir con el fin último que persigue la obligación de entregar el aviso de rescisión correspondiente, lo que se traduce en no dejar inaudito al trabajador sobre las causas finales por las que la parte patronal decidió privar de su fuente de ingreso a uno de sus trabajadores o por lo menos evitar que la parte patronal evite la carga de demostrar que el trabajador tiene conocimiento directo, oportuno y objetivo de las causas por las que se le privó de su medio de subsistencia.
h. El criterio que se sostiene no pugna con la jurisprudencia 4a./J. 28/92, porque en ésta se da por sentado que no hay duda de la existencia del procedimiento paraprocesal debidamente integrado, de suerte que, parte del supuesto de que lo único que motivó que el trabajador no se enterara del aviso de rescisión fue la omisión de la Junta de hacer esta notificación.
i. En el caso, para justificar que cumplió con la carga probatoria de entregar el aviso de rescisión, la parte patronal se limitó a aportar como prueba el acuse de recibo del escrito en el que solicitó a la Junta laboral la notificación del aviso de rescisión, al que anexó el propio aviso y solicitó el perfeccionamiento de dichas pruebas a través del cotejo con el original que se encuentra agregado al expediente paraprocesal, así como la ratificación de firma respectiva.
j. Sin embargo, la demandada no ofreció como prueba el expediente paraprocesal a fin de demostrar que le dio seguimiento al procurar la admisión a trámite y que satisfizo cualquier requerimiento que hubiera hecho la Junta al respecto y que sí se llevó a cabo la notificación al trabajador o cuando menos que no hubo obstáculos que fueran atribuibles a la parte patronal, por los cuales la Junta no notificó el aviso de rescisión.
k. Por tanto, concluyó que fue ilegal que la Junta responsable hubiese establecido que la parte patronal sí cumplió con demostrar que entregó el aviso de rescisión de la relación laboral, a través del procedimiento paraprocesal promovido ante la Junta de trabajo.
l. Consecuentemente, concedió el amparo a efecto de que la Junta responsable calificara el despido como injustificado.
IV.2. Segundo requisito: punto de toque y diferendo en los criterios interpretativos
16. Esta Segunda Sala considera que el segundo requisito también queda cumplido en el presente caso, pues los tribunales contendientes utilizaron su arbitrio judicial sobre el mismo problema jurídico.
17. En principio, conviene puntualizar que ambos Tribunales Colegiados analizaron un amparo directo que derivó de un juicio laboral que inició con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma a la Ley Federal del Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce.
18. En ambos asuntos, la parte trabajadora reclamó diversas prestaciones derivadas de un despido injustificado del que adujo fue objeto, en tanto que la parte patronal se excepcionó en el sentido de que rescindió justificadamente la relación de trabajo y que notificó al trabajador del aviso respectivo por conducto de la Junta laboral.
19. En el asunto que analizó el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, la parte patronal ofreció como prueba el informe rendido por la Junta laboral que tramitó el expediente paraprocesal, en el que dicha autoridad señaló la fecha en que la parte patronal solicitó la notificación del aviso de rescisión y anexó copia del acuse respectivo y del aviso de rescisión.
20. Al dictar el laudo, la Junta laboral desestimó el valor probatorio del informe rendido por la Junta que tramitó el expediente laboral, al considerar que la parte patronal no acreditó que realizó todos los trámites necesarios para que el trabajador fuera notificado del aviso de rescisión.
21. Determinación que el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito estimó equivocada, al considerar que la parte patronal satisfizo la carga prevista en artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, porque con la reforma de dos mil doce al mencionado ordenamiento legal, no se impuso a la parte patronal la obligación de verificar que la autoridad actúe en el expediente paraprocesal, pues lo único que se modificó fue el requisito que se imponía a la parte patronal de demostrar que antes de solicitar la notificación del aviso de recisión ante la Junta laboral, el trabajador se negó a recibir el aviso de separación.
22. Por su parte, en el asunto que falló el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, la parte patronal ofreció como prueba el acuse de recibo del escrito que presentó ante la Junta laboral solicitando se notificara a la parte trabajadora del aviso de rescisión de la relación de trabajo. Documento con el que la Junta responsable consideró que la parte patronal satisfizo la carga de demostrar que notificó al trabajador del aviso de rescisión, por lo que absolvió de las prestaciones reclamadas.
23. Determinación que el Tribunal Colegiado revocó, al considerar que cuando el patrón optó por acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a solicitar que se comunicara al trabajador del aviso de rescisión, debió demostrar que existió el procedimiento paraprocesal, toda vez que la carga probatoria no se agota con el solo hecho de presentar el acuse de recibo ante la Junta laboral, pues también debe demostrar que dio seguimiento a dicho procedimiento, es decir, que procuró la admisión a trámite y satisfizo cualquier requerimiento que estuviera relacionado, por ejemplo, para que demostrara su personalidad o informara sobre los domicilios que conociera del trabajador, ante la eventual falta de localización y que sí se llevó a cabo el aviso de rescisión o por lo menos que no hubo obstáculos atribuibles a la parte patronal que impidieran a la Junta practicar la notificación correspondiente, para lo cual consideró era indispensable que la parte patronal aportara como prueba las constancias íntegras del expediente paraprocesal.
24. Lo anterior pone de manifiesto que los Tribunales Colegiados arribaron a posturas contrarias en tanto que el correspondiente al Décimo Octavo Circuito consideró que la autoridad responsable indebidamente concluyó que el patrón no presentó el aviso de rescisión, porque con el informe rendido por una Junta laboral diversa a la autoridad responsable quedó demostrado que solicitó que se tramitara del expediente paraprocesal. En cambio, el órgano colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, estimó que el acuse de recibo que la parte patronal exhibió a efecto de demostrar que solicitó ante la autoridad laboral que se notificara a la parte trabajadora del aviso de rescisión es insuficiente para demostrar que satisfizo la carga prevista en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, en tanto que era necesario que exhibiera la totalidad de las constancias relativas al expediente paraprocesal a efecto de demostrar que le dio seguimiento hasta la notificación del aviso de rescisión al trabajador o bien, que no hubo obstáculos atribuibles al patrón que impidieran a la Junta laboral practicar la notificación respectiva.
25. Sin que pase inadvertido el hecho de que en el asunto analizado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo el Décimo Octavo Circuito, la parte patronal contestó en su demanda que antes de solicitar a la Junta laboral que notificara a la parte trabajadora del aviso de rescisión, intentó entregar personalmente al trabajador el aviso de rescisión, pero ante su negativa, formuló solicitud ante la Junta laboral.
26. Ello, porque independientemente de lo manifestado en aquel asunto por la parte patronal, el aludido juicio tuvo origen con motivo de una demanda laboral presentada el diecinueve de marzo de dos mil quince. En tanto que la demanda que dio origen al asunto que analizó el diverso Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, fue presentada el quince de noviembre de dos mil dieciocho. Por tanto, independientemente de las manifestaciones que en cada juicio realizó la parte patronal, así como de la naturaleza de las pruebas que aportaron, se actualiza la existencia de la contradicción de criterios en tanto que ambos tribunales apoyaron su respectiva decisión en la interpretación de los últimos cuatro párrafos del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, los respectivos ejercicios interpretativos versan sobre un mismo punto de derecho.
27. En virtud de que los tribunales no sólo analizaron las mismas cuestiones o problemas jurídicos sino que sus ejercicios interpretativos y conclusiones resultaron opuestos, se acredita el segundo requisito para la existencia de la contradicción de tesis y, por ende, se hace necesario que esta Segunda Sala defina la cuestión en aras de garan
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29538-6d67b033/aviso-de-rescision-de-la-relacion-laboral-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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