CONTRATO DE CRÉDITO OTORGADO POR EL INFONAVIT PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA. LA ACCIÓN DE RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEBE EJERCERSE EN LA VÍA PROCESAL CIVIL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 228/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 15 DE JULIO DE 2020. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. DISIDENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: CECILIA ARMENGOL ALONSO.
II. Competencia
5. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece; en atención a que se trata de una contradicción de tesis suscitada entre Tribunales Colegiados de distinto Circuito y especialización, y se considera innecesaria la intervención del Tribunal Pleno dado el sentido de la resolución.
III. Legitimación
6. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, pues fue formulada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito.
IV. Criterios denunciados
7. En el presente considerando se da cuenta de los antecedentes y criterios contenidos en las ejecutorias que pudieran dar lugar a la contradicción de tesis.
A. Sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo directo 680/2017, en sesión de nueve de febrero de dos mil dieciocho.
Antecedentes procesales
8. Juicio civil ordinario.(2) El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (en adelante Infonavit o el instituto), por conducto de su apoderado, demandó de ********** y **********, en vía civil ordinaria, la declaración judicial que determine la rescisión de un contrato privado de otorgamiento de crédito y constitución de garantía hipotecaria, contenido en el instrumento privado relativo a un bien inmueble ubicado en el Estado de Chiapas, así como la declaración judicial que determine la cancelación del crédito otorgado a la parte demandada con motivo del contrato celebrado para la adquisición del bien inmueble; y como consecuencia de la rescisión, la restitución de la cantidad de $**********, que fue entregada con motivo del contrato para la adquisición del inmueble, el pago de intereses moratorios pactado en el documento base de la acción, generados desde el momento de incumplimiento, así como los que se sigan devengando hasta la liquidación del adeudo que deberán determinarse en ejecución de sentencia; también que como consecuencia de la rescisión del crédito en términos del artículo 49 de la Ley del Infonavit, se declare que los pagos de las amortizaciones realizadas por la parte demandada serán aplicadas a favor del Infonavit a título de pago por el uso y disfrute de la vivienda, objeto del contrato; el pago de daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento y por el menoscabo sufrido en perjuicio de la institución al haberle otorgado un crédito con recursos del fondo, así como los perjuicios consistentes en el pago del interés legal generado por la cantidad otorgada en mutuo, desde que se otorgó el crédito; la ejecución o venta judicial del bien dado en garantía según lo pactado en el contrato base de la acción, el pago de gastos y costas que origine el juicio.(3)
9. Al dar contestación, la demandada hizo valer la excepción de falta de acción y derecho de la parte actora argumentando la extinción o prescripción del ejercicio de la acción hipotecaria.
10. Del asunto correspondió conocer al Juzgado Quinto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez en el Estado de Chiapas, cuyo titular dictó sentencia el siete de marzo de dos mil dieciocho.(4)
11. Contra la resolución anterior, ambas partes interpusieron recurso de apelación, el cual se resolvió mediante sentencia de dos de junio de dos mil dieciocho por la Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, en el sentido de revocar la sentencia definitiva de primera instancia por falta del análisis oficioso de la vía procesal; y, en consecuencia, declarar improcedente la vía ordinaria civil intentada por el instituto actor y dejar a salvo los derechos de las partes para que los hicieran valer en la forma y vía que estimaran correspondientes.(5)
12. En desacuerdo, Infonavit, parte actora en el juicio de origen, promovió juicio de amparo directo, del que tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito y fue registrado con el número de expediente 680/2017. En sesión de nueve de febrero de dos mil dieciocho, el órgano jurisdiccional dictó sentencia en el sentido de negar la protección constitucional solicitada. Asimismo, en el resolutivo segundo ordenó denunciar la contradicción de tesis.
Argumentación de la sentencia
13. En primer término, el órgano colegiado concluyó que las autoridades jurisdiccionales de segunda instancia se encuentran facultadas para analizar oficiosamente la procedencia de la vía y, consecuentemente, declarar que el juzgado natural estuvo imposibilitado para resolver de fondo una controversia, por tratarse de un presupuesto procesal, cuestión de orden público, sin la cual no puede llevarse a cabo un juicio válido. Por tanto, resultó correcto que la Sala responsable declarara la improcedencia de la vía.
14. Posteriormente, sobre el análisis que aquí interesa, precisó que la materia de la litis en el juicio de origen consistió en dilucidar un conflicto entre los signantes de un contrato de apertura de crédito y constitución de garantía hipotecaria con el propósito de establecer su recisión y la restitución de la suma de dinero reclamada. Destacó que en términos de los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 30, 41, 42 y 66 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit tiene la facultad de celebrar los actos o contratos relacionados directa o indirectamente con su objeto, esto es, la administración y operación de un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener un crédito barato y suficiente para la adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, pago de pasivos contraídos por estos conceptos, así como la coordinación y financiamiento de programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores.
15. Asimismo, precisó que, para cumplir con sus objetivos, el instituto cuenta con las atribuciones enumeradas en los artículos 3o. y 42 citados, entre las cuales destacan las relativas al otorgamiento de créditos para la adquisición de viviendas por parte de los derechohabientes, en el financiamiento de la construcción de conjuntos habitacionales destinados a los trabajadores y el otorgamiento de créditos destinados a adquirir esa vivienda o alguna distinta, ya sea nueva o usada.
16. En relación con lo anterior, consideró que tales operaciones enumeradas que el instituto está en condiciones de realizar a fin de cumplir con su objeto, implican la adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones y el pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores, así como la coordinación y el financiamiento de programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores.
17. Atendiendo a las precisiones anteriores, consideró que para cumplir con su función social y tener el soporte financiero para cumplir con su objetivo y misión, el instituto puede celebrar contratos de naturaleza mercantil mediante el otorgamiento de financiamiento en favor de los trabajadores para la adquisición de bienes inmuebles, así como la garantía de adquisiciones y pagos con documentos mercantiles. Por tanto, concluyó que, para dar cumplimiento a la referida función social, el instituto tiene la facultad de otorgar diversos tipos de créditos a favor de los trabajadores para la adquisición de bienes inmuebles y el apoyo de su economía, sin que ello impidiera la posibilidad de celebrar contratos de carácter mercantil para cumplir con sus objetivos.
18. Por otra parte, determinó que era el acto de comercio el fundamento de la vía mercantil y naturaleza del contrato de apertura de crédito, por tanto, tomando en cuenta que en términos de los artículos 1o., 3o. y 4o. del Código de Comercio, éstos solamente se regirán por dicho código y las demás leyes mercantiles aplicables; además se reputan de comerciantes, a los siguientes: a) las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacían de él su ocupación ordinaria, lo cual indicaba que la condición de comerciante no estaba sometida a la voluntad de la persona sino que era consecuencia de las actividades a que se dedicaba de manera habitual, razón por la cual para admitir que una persona tenía calidad de comerciante, era indispensable acreditar que se ocupa ordinariamente de realizar actos jurídicos de comercio; b) a las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles; c) a las sociedades extranjeras o a las agencias y sus sucursales, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio y, d) a las personas que accidentalmente con o sin establecimiento fijo hicieran alguna operación de comercio aunque no fueran en derecho comerciantes, quedaban sujetas a las leyes mercantiles.
19. Sostuvo que las citadas disposiciones se referían a cuestiones judiciales sobre obligaciones y derechos procedentes de los negocios, contratos y operaciones mercantiles que se desprendían de la propia ley comercial, mismas que tenían las características que la propia ley determinaba para ser calificadas como actos de comercio. Así, a fin de poder definir cuándo un contrato es de naturaleza civil o cuándo mercantil, debía considerarse que el Código de Comercio define al derecho mercantil desde una concepción objetivista, esto es, a partir de los actos comerciales y no necesariamente en función de los sujetos que los desarrollan. Adicionalmente, precisó que el artículo 75, fracción XXIV, del Código de Comercio, definía como acto de comercio a las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, razón por la cual, la mercantilidad de esos actos principalmente derivaba de la naturaleza de las operaciones y del reconocimiento expreso de la ley de su carácter mercantil.
20. Destacó los artículos 1o., 3o. y 4o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y precisó que las operaciones de crédito reglamentadas por esa legislación se reputaban actos de comercio (artículo 1o.), dentro de los que se prevé el contrato de apertura de crédito referido en el artículo 291 de la misma legislación. Por su parte, precisó que en términos del artículo 2o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, los derechos y obligaciones derivados de los actos y operaciones mencionadas se regirían, en primer lugar, por lo dispuesto en la propia ley general y demás leyes especiales relativas a la legislación mercantil general, usos bancarios y mercantiles, así como el derecho común y, por tanto, son materia de un juicio mercantil.
21. Refirió que, atendiendo a las consideraciones anteriores, el contrato de crédito previsto en el artículo 291 citado es aquel a través del cual una persona llamada "acreditante" se obligaba a poner una suma de dinero a disposición de otra que tiene el carácter de "acreditado" o bien, a contraer por cuenta de este último, una obligación. Así, el acreditado se obligaba a la restitución a favor del acreditante de las sumas que dispusiera o bien, a cubrir oportunamente el importe de la obligación contraída y el pago de intereses, prestaciones, gastos y comisiones que, en su caso, sean estipuladas en el contrato.
22. Concluyó que los aspectos relacionados con el contrato de crédito constituían un acto de comercio y en términos del artículo 1049 del Código de Comercio, cualquier aspecto vinculado con tales contratos, debía ventilarse a través del juicio mercantil, pues dicho numeral consideraba como juicios mercantiles a los que tenían por objeto ventilar y decidir las controversias que conforme a los artículos 4o., 75 y 76 del Código de Comercio, se derivaban de los actos comerciales.
23. En relación con lo anterior, precisó que aun en el caso de que una de las partes que intervinieran en el acto tuviera naturaleza comercial y la otra civil; no obstante, en términos del artículo 4o. del Código de Comercio, la controversia derivada se regirá conforme a las leyes mercantiles, de conformidad con el artículo 1050 del referido código.
24. Por tanto, si en la fracción XXIV del artículo 75 del Código de Comercio, se catalogan como actos de comercio a las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y por su parte, el contrato de crédito a que alude el artículo 291 constituye un acto de comercio, entonces, en términos del artículo 1049 del Código de Comercio, cualquier cuestión vinculada con tales contratos debe ventilarse a través del juicio mercantil sin que para ello resulte relevante que una de las partes que interviene en el acto tenga naturaleza comercial y la otra tenga naturaleza civil.
25. El Tribunal Colegiado para sustentar sus consideraciones citó por analogía la jurisprudencia PC.I.C. J/25 C (10a.),(6) sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito de título y subtítulo: "CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Y ESTOS ÚLTIMOS. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE AQUÉL DEBEN DIRIMIRSE EN LA VÍA MERCANTIL."
26. Por otra parte, el órgano jurisdiccional destacó que la conclusión alcanzada en las consideraciones anteriores resultaba contraria al criterio invocado por la parte quejosa en la tesis VII.1o.C.20 C (10a.), de título y subtítulo: "VÍA ORDINARIA CIVIL. ES LA PROCEDENTE Y NO LA MERCANTIL, CUANDO EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DEMANDA LA RESCISIÓN DE UN CONTRATO DE CRÉDITO, GARANTIZADO CON HIPOTECA, YA QUE SUS FINES NO SON ESPECULATIVOS, SINO DE INTERÉS SOCIAL.",(7) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. Porque en aplicación analógica del criterio del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, reiteró que el Infonavit –al igual que Infonacot– contaba con la facultad de emitir contratos en materia mercantil, en tanto que, a fin de cumplir con su función social y a su vez poder tener el soporte financiero para cumplir con su objetivo, tenía las atribuciones enumeradas en el artículo 3o. de su legislación, entre las cuales se encontraban las relativas a establecer y operar un sistema de financiamiento que permitiera a los trabajadores obtener un crédito barato y suficiente para la adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, construcción, reparación o mejoramiento de inmuebles y el pago de pasivos contraídos por los conceptos antes citados.
27. Finalmente, concluyó que en términos de las normas que lo regulaban, entre las cuales destacan los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 41, 42 y 66 de la Ley del Infonavit, en relación con los diversos 4o., 75, fracción XXIV, 1049 y 1050 del Código de Comercio y 1o., 2o., 291, 295, 298 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, los conflictos suscitados entre el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y los trabajadores, derivados de los derechos y obligaciones que se generaban en el marco del contrato de apertura de crédito o por motivos de este último, debían ventilarse y decidirse en la vía mercantil, por ser la idónea.
28. Por las consideraciones anteriores, el colegiado denunció la contradicción de tesis en términos de la fracción II del artículo 226 de la Ley de Amparo.
29. Por otra parte, precisó que de conformidad con el artículo 1390 del Código de Comercio, todas las contiendas cuya suerte principal sea inferior a las que establezca el artículo 1339 de la misma legislación, se tramitarán en juicio oral mercantil sin que se tome en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de la interposición de la demanda. Por tanto, atendiendo a que, en la controversia de origen, entre otras prestaciones reclamadas se demandó por la restitución de $**********, cantidad inferior a la establecida por el artículo 1339 del Código de Comercio, entonces, la vía procedente para el ejercicio de la acción intentada era la oral mercantil.
30. Determinó que contrario a lo afirmado por el instituto quejoso, en el caso concreto sí resultaba procedente la vía oral mercantil para ejercer la acción pretendida, a pesar de que el actor acompañó a su demanda un contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, como documento fundatorio de la acción, lo que no se traducía en que la vía fuera necesariamente la sumaria hipotecaria, en tanto que el numeral previamente citado preveía, entre otras hipótesis, "o el que corresponda"; supuesto en el que encuadraba la vía oral mercantil en tanto la suerte principal resultaba inferior a la cantidad establecida por el citado artículo 1339, de lo que se concluía que no debía tramitarse, necesariamente, la vía sumaria hipotecaria. Citó como aplicables al caso las tesis aislada VI.1o.C.95 C (10a.)(8) y la de jurisprudencia: XXVII.3o. J/32 (10a.).(9)
31. El órgano jurisdiccional justificó la conclusión anterior en que de los antecedentes del caso se advertía que la accionante había comparecido a demandar, en vía ordinaria civil, la recisión de un contrato de otorgamiento de crédito y constitución de garantía hipotecaria, consecuencias legales, restitución del numerario otorgado, gastos y costas, no así la ejecución de la garantía hipotecaria del contrato. Precisó que en términos de los artículos 454 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas y 2889 del Código Civil para el Estado de Chiapas, todo juicio que tuviera por objeto la constitución, ampliación división, registro y extinción de una hipoteca, así como su nulidad, cancelación o bien, el pago o prelación del crédito que la hipoteca garantizara se tramitará en la vía especial hipotecaria; y en términos del último citado, era requisito indispensable que el crédito constara en escritura pública o escrito privado, según correspondiera en los términos de la legislación común y debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y que fuera de plazo cumplido, o que fuera exigible en los términos pactados o que debieran anticiparse conforme a lo previsto en los artículos 1932 y 2881 del Código Civil, aunado a que, cuando el crédito hipotecario excediera de quinientos pesos, la hipoteca debería otorgarse en escritura pública.
32. En consecuencia, el órgano jurisdiccional consideró que, en el caso concreto, la vía especial hipotecaria no podía intentarse ya que al exceder la hipoteca los $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N), por tanto, debía asentarse en escritura pública inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio para poder ser exigible, lo que en el caso no había sucedido. Por tanto, concluyó que en el caso la vía correcta era la oral mercantil, en términos del artículo 1390 Bis del Código de Comercio, en relación con el numeral 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito al requerirse al pago de obligaciones provenientes de un acto de comercio, como lo es, el contrato de apertura de crédito base de la acción. Aplicó, por analogía la jurisprudencia 1a./J. 121/2017 (10a.),(10) de título y subtítulo: "VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA. PARA EXIGIR EL VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL PLAZO PARA EL REEMBOLSO DEL CRÉDITO, A TRAVÉS DE AQUÉLLA, ES INNECESARIO QUE LA INSTITUCIÓN BANCARIA O CREDITICIA ACREDITANTE LO REQUIERA PREVIAMENTE AL ACREDITADO EN EL DOMICILIO DEL INMUEBLE HIPOTECADO O EN CUALQUIER OTRO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA)."
33. Asimismo, consideró inaplicable la tesis VII.1o.C.20 C (10a.), invocada por la parte quejosa de título y subtítulo: "VÍA ORDINARIA CIVIL ES LA PROCEDENTE Y NO LA MERCANTIL, CUANDO EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DEMANDA LA RESCISIÓN DE UN CONTRATO DE CRÉDITO, GARANTIZADO CON HIPOTECA, YA QUE SUS FINES NO SON ESPECULATIVOS, SINO DE INTERÉS SOCIAL.",(11) porque además de no resultar vinculante, como quedó establecido, el contrato de crédito es un acto de comercio y cualquier cuestión relativa a tales contratos debe ventilarse a través del juicio mercantil, sin que en este supuesto sea relevante que para una de las partes que interviene en un acto éste tenga naturaleza comercial y la otra civil. En consecuencia, sostuvo que la vía por la que el Infonavit debió ejercer la acción intentada era la vía oral mercantil.
34. Asimismo, consideró inaplicable la tesis 1a./J. 78/2006, de rubro: "CONTRATO DE CRÉDITO OTORGADO POR EL INFONAVIT PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA. LAS REGLAS SOBRE RESCISIÓN Y SUS CONSECUENCIAS, PREVISTAS POR EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY RELATIVA SÓLO SON APLICABLES RESPECTO DE INMUEBLES FINANCIADOS DIRECTAMENTE POR EL INSTITUTO CUANDO HAYAN SIDO CONSTRUIDOS CON RECURSOS DEL MISMO.",(12) al considerar que su contenido no hace referencia a lo vinculado con la procedencia de la vía.
B. Sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 458/2014
Antecedentes procesales
35. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por conducto de sus apoderados legales, demandó en vía ordinaria civil a **********, por el pago de las siguientes prestaciones: el vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito concedido en los términos y condiciones establecidos en el contrato de apertura y otorgamiento de crédito; el pago de una suma de dinero reclamada por concepto de suerte principal, la cual se actualizaría en la fecha de pago del adeudo reclamado, según lo acordado en la cláusula primera del contrato; el pago de intereses ordinarios y moratorios, así como por el pago de los gastos y costas que se originaran. Al dar contestación, la demandada hizo valer, entre otras, la improcedencia de la vía.
36. El Juez Cuarto de Primera instancia en el Estado de Veracruz dictó sentencia definitiva en la cual determinó que la parte actora probó su acción y la demandada no justificó sus excepciones ni defensas; declaró el vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito concedido en el contrato de apertura y otorgamiento de crédito; condenó a la demandada al pago de la cantidad reclamada por concepto de suerte principal; al pago de los intereses ordinarios y moratorios reclamados, así como de los gastos y costas originados.
37. Inconforme, la parte demandada interpuso recurso de apelación, el cual se resolvió por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, en el sentido de confirmar la sentencia de origen. Contra esta resolución, la parte demandada promovió juicio de amparo, del cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, quien lo registró con el número de expediente 458/2014 y resolvió en sesión de diecisiete de octubre de dos mil catorce en el sentido de negar la protección constitucional solicitada.
Argumentación de la sentencia
38. Determinó que todo lo relacionado con el otorgamiento de créditos para la obtención de una vivienda, por parte del instituto actor en el juicio de origen, se encuentra regulado, entre otros, en los artículos 3o., 40, 41, 42, párrafos antepenúltimo, penúltimo y último; 43 BIS, 44, 47, 48, 49, 50 y 51, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, los cuales previenen, para lo que al caso interesa, las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores del Estado podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas; dispositivos legales de los cuales algunos incluso fueron sustento legal de los términos en que fue celebrado el contrato en cuestión.
39. Concluyó que resultó correcta la determinación de la responsable al sostener que la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es la que rige lo relativo al contrato utilizado como base de la acción, en sus aspectos esenciales, como entre otros, las causales para que opere su rescisión. Por tanto, cuando el instituto actor promueve juicios con motivo del incumplimiento de contratos de crédito garantizados con hipoteca otorgados en favor de trabajadores para la adquisición de una vivienda, en que constituye derechos y obligaciones recíprocas en un plano de igualdad, como sucedió en el caso concreto, se trata de un litigio que involucra intereses particulares, derivado del incumplimiento de un contrato.
40. Aun conviniendo que el contrato se considere de apertura y otorgamiento de crédito, no obstante, resultó correcta la determinación de la Sala responsable cuando sostuvo que dicho pacto no se rige por los artículos del 291 al 301 la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ni por los artículos 2317 y 2326 del Código Civil para el Estado de Veracruz.
41. De forma correcta, la Sala determinó que el contrato estaba regulado por una ley de naturaleza especial y de interés social, esto es, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, legislación a la cual incluso se hizo referencia en la cláusula novena del referido contrato, para establecer sus causas de rescisión o de terminación anticipada.
42. Los contratos de apertura y otorgamiento de crédito pueden ser celebrados no sólo por instituciones bancarias, sino también por particulares e incluso por organismos descentralizados como el instituto actor; sin embargo, ello no se traduce en que cuando el Infonavit celebre un contrato de ese tipo, entonces deba regirse por los artículos del 291 al 301 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues entenderlo de esa manera implicaría desconocer que ese pacto volitivo está regulado en una legislación propia y especial, en la que se consignan las directrices rectoras de ese tipo de acuerdos. Sin que sea impedimento para esta conclusión que el contrato celebrado con el instituto actor deba considerarse un acto de comercio, porque el crédito otorgado a la quejosa genera intereses y, por ende, su terminación debe reclamarse en la vía ordinaria o ejecutiva mercantil.
43. La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, tiene su origen en el artículo 123, apartado A, fracción XII, constitucional en el cual se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por los representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, que administren los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, razón por la cual la legislación debe regular las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas.
44. Por tanto, la creación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, derivado de un mandato constitucional, es un organismo de utilidad y servicio social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como fines, entre otros, la administración de los recursos del propio Fondo Nacional de la Vivienda, el establecimiento y operación de un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para la adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, para la construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, y para el pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores, así como también la coordinación y financiamiento de programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores, atentos a lo previsto por los artículos 2o. y 3o. de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
45. Dada su naturaleza social y los fines que persigue, el instituto se rige con base en la ley especial citada, razón por la cual no se le puede atribuir la calidad de comerciante en términos del artículo 3o. del Código de Comercio y tampoco considerar al contrato de crédito como uno de los actos de comercio previstos por el artículo 75 de la misma legislación, incluidas las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en términos de la fracción XXIV, que hagan procedente su cumplimiento o rescisión en la vía mercantil, en tanto que lo relativo a dicho contrato fue celebrado al tenor de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que en su artículo 49 establece las condiciones bajo las cuales puede darse por vencido anticipadamente dicho contrato, de manera que no puede ser regido, en ese tópico esencial, por los artículos del 291 al 301 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ni el 1049 del Código de Comercio, a que hace alusión la quejosa.
46. Atendiendo a la literalidad de las prestaciones formuladas,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29545-d957b013/contrato-de-credito-otorgado-por-el-infonavit-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- PRÉSTAMOS PERSONALES OTORGADOS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE). LA ACCIÓN PROMOVIDA POR ÉSTE CONTRA EL ACREDITADO PARA OB (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- ACCIÓN CAUSAL. PROCEDE LA VÍA CIVIL CUANDO HA PRESCRITO O CADUCADO LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA Y SE PRETENDE EL COBRO DE UN PAGARÉ EMITIDO POR LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PR (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- CONTRATO DE CRÉDITO DEL INFONAVIT. PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE SU VENCIMIENTO ANTICIPADO, NO ES INDISPENSABLE QUE EN LA DEMANDA SE PIDA EXPRESAMENTE LA RESCISIÓN. CONTRATO (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONTRATO DE CRÉDITO OTORGADO POR EL INFONAVIT PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA. LA ACCIÓN DE RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEBE EJERCERSE EN LA VÍA PROCESAL CIVIL. (1a./J. 43/2020 (10a.))
- CONTRATO DE CRÉDITO OTORGADO POR EL INFONAVIT. LA RESCISIÓN Y VENCIMIENTO ANTICIPADO PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 49, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY RESPECTIVA, CONSTITUYEN UNA SOLA ACCIÓN (1a./J. 33/2019 (10a.))
- CONTRATO DE CRÉDITO OTORGADO POR EL INFONAVIT. EL ARTÍCULO 49, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY RELATIVA, SIRVE DE FUNDAMENTO PARA EJERCER LA ACCIÓN DE RESCISIÓN Y VENCIMIENTO ANTICIPADO (1a./J. 34/2019 (10a.))
- ACCIÓN HIPOTECARIA. PREVIAMENTE A DEMANDAR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO, NO CONSTITUYE UN REQUISITO DE PROCEDENCIA DE AQUÉLLA, QUE EL INFONAVIT REQUIERA AL TRABAJADOR EL PA (VI.1o.C.41 C (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis