SUPLETORIEDAD DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. RESULTA INAPLICABLE TRATÁNDOSE DE LA DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE HUELGA PREVISTO POR LA LEY ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL DE VERACRUZ.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 13 DE OCTUBRE DE 2020. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ GALLEGOS, MARTÍN JESÚS GARCÍA MONROY, JORGE TOSS CAPISTRÁN Y JORGE ALBERTO GONZÁLEZ ÁLVAREZ. DISIDENTE: JUAN CARLOS MORENO CORREA, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ GALLEGOS. SECRETARIA: ANA MARÍA AVENDAÑO REYES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito es competente para conocer la denuncia de la posible contradicción de tesis, tomando en cuenta lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, y en los considerandos segundo, cuarto, así como en los artículos 3 y 4 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en vigor a partir del uno de marzo de dos mil quince.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios en posible disputa.
TERCERO.—Criterios contendientes. Los principales antecedentes y las consideraciones esenciales de los criterios que se denuncian como contradictorios son los siguientes:
1) El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, con residencia en esta ciudad, al resolver el conflicto competencial 73/2019, en sesión de nueve de octubre de dos mil diecinueve, sostuvo, por unanimidad de votos, que la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz contempla el procedimiento específico de huelga en los artículos del 140 al 157, por lo que es inaplicable supletoriamente la Ley Federal del Trabajo, para determinar el momento en que el tribunal burocrático puede declararse legalmente incompetente para conocer de dicho procedimiento de huelga; determinación que hizo bajo las consideraciones siguientes:
"Este tribunal estima pertinente señalar, además de lo hasta aquí expuesto, que observando el criterio jurisprudencial (sic) contenido en la jurisprudencia 2a./J. 130/2016, antes citada, y de acuerdo al momento en que se presentó el emplazamiento a huelga, la legislación aplicable a dicho procedimiento es la Ley Estatal del Servicio Civil y no la Ley Federal del Trabajo, apreciándose que en la primera se regula de forma integral el procedimiento de huelga y en dicha legislación se contempla la posibilidad de que, a diferencia de lo que dispone la Ley Federal del Trabajo, desde que tiene conocimiento el tribunal desarrolle actividades de índole jurisdiccional y no sólo de carácter administrativo, advirtiéndose además, que en la Ley Estatal del Servicio Civil se encuentra regulado de manera total el aludido procedimiento de huelga, tal y como se desprende de los artículos 140 a 157 de la ley en comento, de ahí que sea inaplicable por analogía las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo."
2) Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el conflicto competencial 73/2019, en sesión de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, por mayoría de votos, consideró que en relación con el procedimiento de huelga previsto en la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz, procede la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo, para determinar el momento en que el tribunal burocrático puede declararse incompetente para conocer del asunto, para lo cual en relación con el punto de contradicción, expuso las siguientes consideraciones:
"Como cuestión de orden previa, es pertinente destacar que, en relación al procedimiento de huelga previsto en la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz, procede la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo, cuenta habida que, para tal efecto, es necesario, en primer lugar, que exista una disposición legal que lo permita; en segundo término, que el derecho o la institución de que se trate esté prevista en ambos ordenamientos; y en tercer lugar, que la ley que se pretende suplir no regule con la amplitud, exhaustividad y profundidad necesarias la institución, esto es, que previéndose la institución no se estructure en detalle.
"Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 34/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil sesenta y cinco, Libro XVIII, Tomo 2, marzo de dos mil trece, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, determinó:
"‘SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.’
"Tales supuestos se actualizan en el caso particular, en principio, porque el artículo 13 de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz, establece:
"‘Artículo 13. Lo no previsto por la presente ley y sus reglamentos, será resuelto supletoriamente en su orden, por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal del Trabajo, la jurisprudencia, la costumbre, el uso y la equidad, siempre que no se le contrapongan a la ley.’
"Es decir, que la ley estatal en cita permite la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo.
"En segundo lugar, en virtud que la figura de la huelga se encuentra prevista tanto en el título octavo de nombre ‘Huelgas’, capítulos I y II de la Ley Federal del Trabajo, como en el título octavo denominado ‘De la huelga’, capítulo único ‘De los objetivos y el procedimiento’, de la Ley Estatal del Servicio Civil, el cual en sus artículos del 140 al 157 establece:
"‘Artículo 140. Huelga es la suspensión temporal del trabajo decretada por un sindicato de trabajadores en la forma y términos que esta ley establece.’
"‘Artículo 141. Declaración de huelga es la manifestación de la voluntad de las dos terceras partes de los trabajadores para suspender las labores en toda la entidad pública o en una o varias de sus dependencias en la que presten sus servicios de acuerdo con los requisitos que establece esta ley si los titulares o responsables de las mismas no acceden a sus demandas.’
"‘Artículo 142. La huelga sólo podrá tener por objeto:
"‘I. Obtener de las entidades públicas el cumplimiento de las obligaciones que establece esta ley y las condiciones generales de trabajo, cuando de manera general y sistemática, éstas se hayan violado; y
"‘II. Obtener la fijación o la revisión de las condiciones generales de trabajo o de los salarios cuando no se haya hecho en los plazos establecidos por esta ley.’
"‘Artículo 143. En el caso de la fracción I del artículo anterior, la huelga sólo podrá decretarse en la dependencia o dependencias de la entidad pública que incurran en la violación.’
"‘Artículo 144. La huelga sólo suspende los efectos de los nombramientos de los trabajadores por el tiempo que dure, pero sin terminarlos o extinguirlos.’
"‘Artículo 145. La huelga deberá limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo.’
"‘Artículo 146. Los hechos de coacción y de violencia física o moral sobre las personas o de fuerza física sobre las cosas, cometidos por los huelguistas, tendrán como consecuencia respecto de los responsables, la pérdida de su calidad de trabajadores y por consiguiente, de todos los derechos que esta ley les concede, independientemente de las sanciones penales que puedan resultar por la comisión de delitos.’
"‘Artículo 147. Para declarar una huelga se requiere:
"‘I. Que tenga por objeto alguno de los señalados en el artículo 142;
"‘II. Que sea decretada por las dos terceras partes de los trabajadores de base con nombramiento definitivo de la entidad pública, dependencia o dependencias afectadas; y
"‘III. Que sea promovida por el sindicato de la entidad pública de que se trate, debidamente registrado ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.’
"‘Artículo 148. Antes de suspender las labores los trabajadores por conducto de la representación sindical, deberán presentar al presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje su pliego de peticiones con la copia del acta de la asamblea en que se haya acordado declarar la huelga y señalando el día y hora en que se suspenderán las labores. El presidente, una vez recibido el escrito y sus anexos correrá traslado con la copia de ellos, al funcionario o funcionarios de quienes dependa la concesión de las peticiones, para que resuelvan en el término de diez días, a partir de la notificación.’
"‘Artículo 149. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje decidirá, dentro de un término de setenta y dos horas computado desde la hora en que se reciba copia del escrito acordando la huelga si ésta es legal o ilegal según se hayan satisfecho o no los requisitos a que se refieren los artículos 147 y 148 estando facultado para llevar a cabo las diligencias que considere necesarias para proveer sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga. Si la huelga es legal, procederá desde luego a la conciliación de las partes, siendo obligatoria la presencia de éstas en las audiencias de avenimiento.’
"‘Artículo 150. Si la declaración de huelga se considera legal por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, los trabajadores podrán suspender las labores en la fecha anunciada siempre que hayan transcurrido más de diez días contados a partir de la fecha en que la entidad pública haya sido emplazada.’
"‘Artículo 151. Si la suspensión de labores se lleva a cabo antes de la fecha anunciada, el tribunal declarará que no existe el estado de huelga y fijará a los trabajadores un plazo de veinticuatro horas para que las reanuden, apercibiéndolos de que si no lo hacen, quedarán cesados sin responsabilidad para la entidad pública de que se trate.
"‘La notificación se hará por conducto de la representación sindical.’
"‘Artículo 152. Si el tribunal resuelve que la declaración de huelga es ilegal prevendrá a los trabajadores que en caso de suspender las labores el acto será considerado como causa justificada de cese y dictará las medidas que juzgue necesarias para evitar la suspensión.’
"‘Artículo 153. Si la huelga es declarada ilegal, los trabajadores que hubieren suspendido sus labores quedarán cesados por ese solo hecho, sin responsabilidad para las entidades públicas.’
"‘Artículo 154. La huelga será declarada ilegal y delictuosa cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades o cuando se decrete en los casos que prevé el artículo 29 constitucional.’
"‘Artículo 155. En tanto no se declare ilegal, inexistente o terminado un estado de huelga, el tribunal y las autoridades civiles y militares deberán respetar el derecho que ejerciten los trabajadores, otorgándoles las garantías necesarias y prestándoles el auxilio que soliciten.’
"‘Artículo 156. La huelga terminará por:
"‘I. Avenimiento;
"‘II. Resolución de la asamblea de los trabajadores tomada por acuerdo de la mayoría de sus miembros;
"‘III. Declaración de ilegalidad o inexistencia; y
"‘IV. Laudo arbitral de la persona o tribunal que, a solicitud de las partes y con la conformidad de éstas, se avoque al conocimiento del asunto.’
"‘Artículo 157. Si la huelga es legal, el tribunal, antes de la fecha anunciada para suspender las labores, a petición de las autoridades correspondientes y tomando en cuenta las pruebas aportadas, fijará el número indispensable de trabajadores que los huelguistas estarán obligados a mantener en el desempeño de las mismas, a fin de que continúen realizando aquellos servicios cuya suspensión perjudique la estabilidad y la conservación de las Instituciones o signifique un peligro para la salud pública.
"‘De negarse los trabajadores a continuar laborando, la entidad pública quedará autorizada para sustituirlos por otros con la finalidad de que el servicio no se interrumpa. El tribunal, en caso necesario, solicitará el auxilio de la fuerza pública.’
"De la anterior transcripción se desprende el tercer requisito para la aplicación supletoria de la ley, pues si bien es cierto que la legislación estatal en comentario prevé la figura de la huelga, también lo es que no lo hace de manera amplia, exhaustiva y a detalle, como correspondía a fin de estimarla suficiente para resolver el conflicto a que este toca se refiere; ello, al no preverse cómo debe actuar el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, en caso de que no se estime competente para conocer del asunto, lo cual se estima fundamental, dada la celeridad que debe imperar en este tipo de procedimientos (emplazamiento a huelga), atento a los propios términos que señala la norma, como es el caso de que, recibido el pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, el presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje deberá correr traslado con la copia de éste y sus anexos, al funcionario o funcionarios de quienes dependa la concesión de las peticiones, para que resuelvan lo que estimen pertinente en el término de diez días, a partir de la notificación; todo lo anterior pone de relieve que, en el caso particular, sí es posible acudir a la Ley Federal del Trabajo, de manera supletoria, a fin de resolver este asunto." –Lo destacado es de origen–
Cabe destacar que el citado asunto, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, se resolvió por mayoría de votos, en contra del voto particular del Magistrado Jorge Toss Capistrán, quien se apoyó, en esencia, en las siguientes consideraciones:
"Así pues, estoy convencido de que, a diferencia de los asuntos resueltos por este tribunal federal de manera unánime, donde quien previno en el conocimiento fue una Junta laboral cuyas actuaciones se rigen por las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo; en el caso a estudio, quien ahora previno en el conocimiento del inicio del procedimiento de huelga y que me obliga a sostener una postura contraria a aquellos expedientes, fue el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, cuyo procedimiento y actuación, insisto, se rige por las normas contenidas en la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, donde no existe ninguna regla especial o prohibición de que se promueva cuestión alguna de incompetencia sin haber emplazado al patrón; por el contrario, existe una regla general que aplica a todo tipo de proceso, incluido el de huelga, que permite a las autoridades de trabajo declararse incompetentes de manera oficiosa ‘en cualquier estado del procedimiento’ relativo, a condición de que tal decisión se sustente con elementos que la justifiquen.
"De manera que, si en la especie el tribunal burocrático local se declaró incompetente, precisamente, con fundamento en el artículo 192 del ordenamiento legal que lo rige, entonces, es inconcuso que no había necesidad de acudir a la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo, en la medida de que la figura jurídica de la huelga, como ya lo indiqué en párrafos que anteceden, contiene notas distintivas y diferenciadas en cada legislación en atención a los objetivos que persiguen y la manera en que los legisladores –local y federal– previeron en cada caso el procedimiento a seguir para su sustanciación, entendible de suyo, pues en un escenario no está de por medio la prestación de un servicio público de interés colectivo, mientras que en el otro sí.
"Así pues, con absoluto respeto, considero que no se colman todos los supuestos para que opere en el caso a estudio la figura jurídica de la supletoriedad, contenidos en la jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 2, marzo de dos mil trece, página mil sesenta y cinco, de rubro y texto siguientes:
"‘SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.’
"Lo anterior porque, a consideración del suscrito, no se surten las hipótesis c) y d), inmersas en el criterio de jurisprudencia preinserto, consistentes en que: la omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate; ello, por los motivos apuntados a lo largo del presente voto de minoría.
"Luego, soy de la idea de que, en el caso a estudio, debió declararse la existencia del conflicto competencial y resolver de fondo lo que en derecho correspondiese." –Lo destacado es de origen–
De las consideraciones vertidas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en el asunto antes reseñado, surgió la tesis VII.2o.T.268 L (10a.), publicada en la página 2396, Libro 75, Tomo III, febrero de 2020, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro: 2021665, de voz:
"PROCEDIMIENTO DE HUELGA REGULADO EN LA LEY ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL DE VERACRUZ. EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO NO DEBE DECLARAR SU INCOMPETENCIA NI REMITIR EL EXPEDIENTE A OTRO ÓRGANO JURISDICCIONAL DE TRABAJO SIN HABER EMPLAZADO PREVIAMENTE AL PATRÓN (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 928, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO). Al ser la supletoriedad una institución jurídica que sirve para la integración normativa y cuyo fin es llenar el vacío de la ley, se concluye que es legal la aplicación supletoria del artículo 928, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo, a la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz, en términos de su artículo 13, respecto del procedimiento de huelga, pues si bien es cierto que la legislación estatal prevé esa figura, también lo es que no lo hace de manera amplia, exhaustiva y a detalle, a fin de estimarla suficiente para resolver los conflictos competenciales que lleguen a suscitarse entre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado y una Junta Federal o Local. En esa tesitura, es inconcuso que el referido tribunal estatal no debe declarar su incompetencia en un procedimiento de huelga, ni remitir el expediente a otro órgano jurisdiccional de trabajo, sin haber emplazado previamente al patrón, en términos del artículo invocado en primer término, pues el propósito de dicha disposición es que ese tipo de conflictos colectivos se resuelva con la mayor prontitud posible, dadas las graves consecuencias que pudieran traer a las partes; sin que obste a lo anterior el artículo 192 de la referida ley estatal, pues dicha disposición, de carácter general, sólo es aplicable a los procedimientos inherentes a los conflictos individuales, pero no al emplazamiento a huelga, que se sujeta a reglas especiales del procedimiento; máxime que el derecho de huelga, por sí mismo, tiene el carácter de urgente, y éste no se pierde por el hecho de que se presente ante una u otra autoridad; esto es, la importancia y urgencia dependen del derecho mismo que implica la huelga y no del órgano ante el que se presente, por lo que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, antes de declarar su incompetencia legal para conocer de un procedimiento de huelga, debe emplazar al patrón y notificar a los trabajadores la declaratoria de incompetencia, concediéndoles el término de 24 horas para que designen al juzgador que consideren competente."
CUARTO.—Justificación del análisis de los criterios en disputa. Cabe señalar que el hecho de que el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, no haya sido expuesto formalmente como tesis y, por ende, no se encuentre redactado y publicado conforme a lo dispuesto en los artículos 218 y 219 de la Ley de Amparo, no es obstáculo para que este Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de tesis de que se trata, pues a fin de que se determine su existencia, basta que se adopten criterios discrepantes al resolver sobre un mismo punto de derecho.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página 77, con número de registro: 189998, de rubro y contenido siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.—Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
Asimismo, por su contenido jurídico, sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 94/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 319, con número de registro: 190917, de epígrafe y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY.—Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."
QUINTO.—Elementos necesarios para determinar si existe o no contradicción de tesis. Es importante destacar, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que tratándose de la figura de la contradicción de tesis, para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio debe prevalecer, deben concurrir determinados supuestos.
El artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, establece:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el fiscal general de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del Gobierno, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el fiscal general de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del Gobierno, o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
Por su parte, la Ley de Amparo en sus artículos 225, 226, fracción III y 227, fracción III, referentes a la jurisprudencia por contradicción de tesis, prevén:
"Artículo 225. La jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los Plenos de Circuito o entre los Tribunales Colegiados de Circuito, en los asuntos de su competencia."
"Artículo 226. Las contradicciones de tesis serán resueltas por:
"...
"III. Los Plenos de Circuito cuando deban dilucid
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29574-1efb7e44/supletoriedad-de-la-ley-federal-del-trabajo-resulta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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