I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. II. PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. CONSTITUYE UNA EXIGENCIA DE RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA QUE EXIGE AL LEGISLADOR LA EMISIÓN DE NORMAS CLARAS, PRECISAS Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS. III. PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. SÓLO PUEDE OBLIGAR AL LEGISLADOR A UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE. IV. PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ELEMENTOS PARA ANALIZAR EL GRADO DE SUFICIENCIA EN LA CLARIDAD Y PRECISIÓN DE UNA NORMA. V. PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONSTITUCIONAL. DIRECTRICES A PARTIR DE LAS CUALES SE VERIFICA. VI. NORMAS PENALES EN BLANCO. SUS TIPOS CONFORME A LA JURISPRUDENCIA. VII. PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY. SU NATURALEZA Y ALCANCES. VIII. DELITOS EN MATERIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN EL ESTADO DE JALISCO. LA REFERENCIA INDETERMINADA DE UN TIPO PENAL A CUALQUIER OTRA INFRACCIÓN A LA NORMATIVA EN DICHA MATERIA VULNERA EL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 122 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO). IX. DELITOS EN MATERIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN EL ESTADO DE JALISCO. LA REFERENCIA INDETERMINADA DE UN TIPO PENAL A CUALQUIER OTRA INFRACCIÓN A LA NORMATIVA EN DICHA MATERIA VULNERA EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 122 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL EN VÍA DE CONSECUENCIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 123 Y 124 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DECLARARSE LA INVALIDEZ DE TODO EL CONTENIDO DE LA NORMA IMPUGNADA, ANTE LA POSIBILIDAD DE DEJAR UN TIPO PENAL CARENTE DE SENTIDO Y QUE NO HA SIDO EL PRETENDIDO POR EL LEGISLADOR LOCAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 122 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO). XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 122, 123 Y 124 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO). XIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL NO SE VEN AFECTADOS POR SU REFORMA CON POSTERIORIDAD A SU IMPUGNACIÓN EN ESE MEDIO DE CONTROL (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 123 Y 124 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 100/2016. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. 19 DE AGOSTO DE 2019. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 100/2016, promovida por el procurador general de la República en contra del artículo 122 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco.
I. Antecedentes y trámite de la demanda
1. Presentación de la demanda. El diez de noviembre de dos mil dieciséis, por escrito exhibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Raúl Cervantes Andrade, en su carácter de procurador general de la República, promovió una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 122 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, el cual fue reformado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el once de octubre de dos mil dieciséis.
2. El once de noviembre de dos mil dieciséis, por acuerdo de presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tuvo por recibido el anterior escrito y se formó y registró el expediente con el número 100/2016; asimismo, se asignó al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como instructor del procedimiento.
3. Días más tarde, el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, el Ministro instructor admitió la demanda y dio vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco como autoridades demandadas para que rindieran sus respectivos informes.
4. Conceptos de invalidez. Al respecto, el procurador general de la República formuló conceptos de invalidez argumentando, en esencia, lo siguiente:
a) Se actualiza una transgresión a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues contraviene el principio de legalidad dentro del cual existe el de irretroactividad de la norma y el de tipicidad o taxatividad. El principio de legalidad consiste en la exacta aplicación de la ley penal y que, para ello, la ley debe ser concebida sin ambigüedades, con exactitud, claridad y precisión para evitar confusión en su aplicación.
b) De acuerdo con la Corte Interamericana, el principio de legalidad constituye uno de los elementos centrales de la persecución penal en una sociedad democrática y nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento no fueran delictivos, así, el artículo 9 de la Convención obliga a los Estados a definir las acciones u omisiones delictivas en la forma más clara y precisa que sea posible.
c) A partir de lo anterior, se afirma que el artículo impugnado en su porción normativa "o al que haya sido infraccionado por dos o más ocasiones por no haber acreditado la prueba de alcoholemia aplicada por autoridad, cuando cometa además otra infracción a la normatividad en materia de tránsito y transporte", resulta violatorio de los derechos humanos, pues establece el tipo penal en el cual no se advierte una forma clara y exacta de la descripción típica al quedar al libre arbitrio de los operadores jurídicos que deben aplicar la norma la decisión sobre qué otra infracción a la normatividad aplicable es la que comprende el tipo.
d) En otras palabras, dado que el tipo penal exige la realización de "otra infracción a la normatividad aplicable en materia de tránsito y transporte", se incumple con la reserva de ley, toda vez que puede contener un universo de conductas que pueden ser sancionadas en sede administrativa, dejando en manos del operador jurídico calificar si la conducta realizada produce o no una infracción a la normatividad aplicable en materia de tránsito y transporte y, por tanto, realizar un ejercicio analógico que se encuentra proscrito por el párrafo tercero del artículo 14 constitucional y 9 de la Convención Americana.
e) Sobre esta cuestión se abunda que, el principio de legalidad, específicamente en la formulación de normas penales, comprende: i) el principio de reserva de ley, por virtud del cual los delitos sólo pueden establecerse en un acto formal y materialmente legislativo; ii) el principio de irretroactividad, según el cual está vedada la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona; y, iii) el principio de tipicidad o taxatividad según el cual las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara, limitada e inequívoca, sin reenvío a parámetros extralegales, y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogía o por mayoría de razón.
f) Por ello, se insiste en que el principio de legalidad radica en la exacta aplicación de la ley penal, el cual no sólo se circunscribe a meros actos de aplicación, ya que para su cabal cumplimiento la ley también debe ser concebida sin ambigüedades y en forma tal que los términos descriptivos del tipo penal especifiquen los elementos respectivos; es decir, el delito y la pena deben ser claros, precisos y exactos, a fin de evitar confusión en su aplicación.
g) Por su parte, de acuerdo con los precedentes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el principio de exacta aplicación de la ley penal no se limita en su significado y alcance a constreñir a la autoridad jurisdiccional a que ese abstenga de imponer por simple analogía o por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable, sino que también obliga a la autoridad legislativa a emitir normas claras en las que se precise la conducta reprochable y la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito, a fin de que la pena se aplique con estricta objetividad y sin actuación arbitraria del juzgador que deje en incertidumbre jurídica al ciudadano.
h) Por ende, a juicio del procurador general de la República, el Congreso Estatal pone en entredicho la certeza que debe tener el ciudadano a quien se le aplique la norma, debido a que en el caso concreto no queda claro cuál es la conducta que constituye el delito y la remisión establecida genera imprecisiones y vaguedad en la prescripción normativa, debido a que impide conocer con certeza cuál es la materia de la prohibición del supuesto legal punible.
i) Consecuentemente, habrá casos en los que la vaguedad del hecho provoque que sea el Juez quien determine su contenido en cada caso concreto, produciendo un tipo penal abierto por reenvío, vulnerando así el derecho humano de exacta aplicación de la ley penal reconocido en el artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución Federal.
j) Por otro lado, se explica que, aunque es claro que el tipo penal pretende sancionar al conductor que haya sido infraccionado con anterioridad por no acreditar la prueba de alcoholemia, lo cierto es que no hay lugar a dudas que la redacción del texto considera necesario que se cometa otra infracción a la normatividad aplicable en materia de tránsito y transporte y, con ello, el legislador local hace una remisión a otras normas que pudieran contener un universo indeterminado de conductas sancionadas en dicha materia. De esta forma, el reenvío inmerso en la norma genera un vacío sobre los supuestos que colman la descripción típica, transfiriendo al juzgador la elección de la actualización del tipo.
k) Para ejemplificarlo, se refiere al artículo 91 Bis de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco que establece que "los prestadores del servicio de transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones móviles no podrán realizar oferta directa en la vía pública, ni podrán hacer sitio, matriz, base o similares". Ese ejemplo es ilustrativo pues permitiría verificar, primero, si esa es una conducta se ubica dentro de la "normatividad aplicable en materia de tránsito y transporte" y, en segundo lugar, determinar cuáles son los lugares "similares" a un sitio.
l) Otro ejemplo es el artículo 100, fracción XVII, del Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco –normatividad que dice es aplicable en materia de tránsito y transporte– que establece como infracción conducir un vehículo de motor, haciendo uso de aparatos de telefonía móvil o similar, salvo que utilicen aditamentos de manos libres. O el artículo 115 del Reglamento de Movilidad que prohíbe circular sobre carriles exclusivos, realizar maniobras de ascenso y descenso de personas o maniobras de carga y descarga de materiales, mercancías o animales, debiendo realizarlas a través de calles locales transversales, entre otras conductas.
m) A partir de tales normas ilustrativas, el accionante detalla que es evidente que se vulnera el principio de legalidad que obliga a definir las acciones u omisiones consideradas como delictivas de la manera más clara y precisa, con una definición de la conducta que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles.
n) Adicionalmente, se argumenta que la descripción típica de la norma no direcciona la reacción punitiva atendiendo a la naturaleza del bien jurídico que pretende salvaguardar, que es el de seguridad pública, sino que la dirige a sancionar el actuar del sujeto activo. Así, quien conduzca un vehículo y haya sido infraccionado dos o más veces cometerá un ilícito.
o) En torno a este punto, se sostiene que la norma reclamada no permite apreciar de qué forma el hecho de que una persona haya sido infraccionado previamente por no acreditar la prueba de alcoholemia, en adición a cualquier infracción de tránsito, ponga en peligro el bien jurídico de la seguridad pública. Es decir, el artículo 122 del Código Penal no sugiere que el sujeto activo se encuentre bajo el efecto del alcohol o estupefacientes, sino que haya sido infraccionado previamente por conducir en estado de ebriedad
p) Así, la porción normativa impugnada genera el absurdo de que cuando una persona previamente infraccionada por conducir en estado de ebriedad y, adicionalmente, no tenga limpiaparabrisas, produzca un ruido excesivo con el claxon, no tenga las placas colocadas en el lugar establecido en el reglamento o no utilice adecuadamente el cinturón de seguridad, podrá ser sancionado penalmente.
q) Insiste en que de una revisión de los cuerpos normativos existentes en la entidad, se tiene que habría que acudir a un sinnúmero de conductas que constituyen infracciones de tránsito y, por tanto, el artículo impugnado vulnera el principio de reserva de ley debido a que habría que acudir a actos formalmente administrativos para determinar si se ha configurado el ilícito penal o no. Tal como ha sido sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al determinar que un acto materialmente legislativo pero formalmente administrativo, como son los reglamentos, aborden novedosamente materias reservadas en forma exclusiva a las leyes emanadas de los órganos legislativos.
r) De igual manera, se afirma que el precepto impugnado es contrario a la prohibición de la delegación del contenido de la materia penal que, de acuerdo con el artículo 14 constitucional, debe regular el legislativo en virtud de que los delitos y las penas deben estar definidos por órganos que posean legitimidad democrática.
s) A su parecer, el artículo constituye una norma penal en blanco por ser un tipo penal abierto "por reenvío", ya que genera una remisión a normas formalmente administrativas como legislativas e incluso a normas que son insuficientes o confusas. Además, no es posible acudir a la interpretación conforme, pues ello implicaría integrar todo un sistema normativo a efecto de corregir omisiones que generen la inconstitucionalidad y ello es inadmisible en materia penal. La remisión a "la normatividad aplicable en materia de tránsito y transporte" genera un reenvío a normas indeterminadas que, lejos de clarificar el tipo penal, genera dudas, incertidumbre y confusión, impidiendo la certeza sobre qué es exactamente lo que está prohibido por el tipo penal.
5. Informe del Congreso del Estado de Jalisco. Seguido el trámite del asunto, se tuvieron por recibidos los informes de las autoridades demandadas. El veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis se recibió el informe remitido por los diputados Edgar Oswaldo Bañales Orozco, María del Refugio Ruiz Moreno y Saúl Galindo Plazola, presidente y secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, en el cual expusieron, en síntesis, lo siguiente:
a) En primer lugar, se estima que es improcedente la acción de inconstitucionalidad por ser extemporánea, en virtud de que la porción normativa impugnada ya formaba parte del contenido de dicho artículo 122 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco. Para el legislador, si bien es cierto que dicho precepto se reformó, también es cierto que únicamente se adicionó la parte que dice: "o al que haya sido infraccionado por dos o más ocasiones por no haber acreditado la prueba de alcoholemia aplicada por la autoridad", sin modificar la porción normativa "cuando cometa además otra infracción a la normatividad en materia de tránsito y transporte", que ya estaba en la legislación que se publicó anteriormente. Así, toda vez que la porción normativa impugnada data de una reforma del doce de enero de dos mil seis, que versa sobre una modificación que no fue materia de dicha reforma, resulta inoportuna la acción de inconstitucionalidad.
b) En segundo lugar, relacionado con lo expuesto en el párrafo anterior, se dice entonces que la acción es improcedente en términos de la fracción III del artículo 20 de la ley reglamentaria de la materia al ser inexistente la introducción de la porción normativa reclamada del artículo 122. La modificación consistió solamente en adicionar una hipótesis de reincidencia a las ya contenidas en dicho delito de tránsito con el texto "o al que haya sido infraccionado por dos o más ocasiones por no haber acreditado la prueba de alcoholemia aplicada por autoridad", lo que significa que la acción promovida se hace valer contra una porción normativa que no fue materia de tal reforma y que se encontraba desde el doce de enero de dos mil dieciséis.
c) Por otro lado, en cuanto a los conceptos de invalidez, se explica que un acto legislativo debe ponderarse en función a las atribuciones de la autoridad que lo emite y que, en el caso, el Congreso está constitucionalmente facultado para ello, sin que sea necesario que todas y cada una de las disposiciones sean materia de una motivación específica.
d) Dicho lo anterior, se afirma que son inoperantes los conceptos de invalidez, pues impugnan una parte del precepto que no fue modificada en el decreto que se combate y que, si bien fue adicionada por el legislador, ello atendió a que los presupuestos antes previstos por la norma no eran suficientes para lograr lo que toda norma penal persigue que es mantener la seguridad pública en beneficio del orden público y social.
e) Se aduce que de la exposición de motivos se advierte que el legislador estableció el tipo con el fin de reducir accidentes provocados por el alcohol y el volante, ya que esa es la primera causa de muerte y lesión de personas entre veinte y treinta y cuatro años. Por ello, consideró necesario aplicar una sanción lo suficientemente inhibitoria para el sujeto que ponga nuevamente en riesgo a peatones y conductores; y, que su conducta se considere como delito no grave.
f) Por tanto, se considera que la norma penal, como cualquier otra, necesita ser interpretada partiendo del lenguaje que se usó para su redacción y que el artículo impugnado no remite a "cualquier norma", sino que remite específicamente a "la normatividad en materia de tránsito y transporte".
g) Así, se concluye que de una interpretación sistemática de la norma se advierte que, la remisión de la norma no se refiere a infracciones provenientes del Reglamento de Tránsito, sino lógicamente a disposiciones relacionadas estrictamente con la vialidad de vehículos y de seguridad, como no uso de cinturón de seguridad de los ocupantes, no uso de sistemas de retención infantil, entre otros (en específico, aquellos que tienen que ver con alcoholemia).
6. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Por su parte, por escrito recibido el dieciocho de enero de dos mil diecisiete, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, rindió su informe en el cual expuso, en síntesis, lo siguiente:
a) El derecho humano a la libertad de tránsito es un derecho complejo en el que intervienen diversos factores como los sociales, políticos, económicos, culturales, entre otros y, por ello, es fundamental que cada Estado establezca los mecanismos suficientes para garantizar el acceso al libre tránsito y para brindar seguridad en su entorno.
b) El artículo 20 de la Ley de Movilidad de Transporte del Estado de Jalisco dispone que la Secretaría de Movilidad podrá llevar a cabo programas de control para prevenir accidentes generados por la ingestión de alcohol, en los cuales se realice a los conductores de manera aleatoria las pruebas de alcoholemia respectivas. Quien es detenido y trasladado a arresto inconmutable por no pasar la prueba de alcoholemia, indudablemente puso en riesgo a peatones y a otros conductores.
c) A partir de dichas premisas, se sostiene que el artículo impugnado no vulnera el artículo 14 de la Constitución Federal, porque de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tipos penales pueden contener en su estructura elementos: a) objetivos, b) subjetivos y c) normativos. Por su parte el principio de taxatividad únicamente exige que el grado de determinación de la conducta sea tal que permita que ésta pueda ser conocida por el destinatario de la norma, lo cual puede realizar remitiéndose a aquellos dispositivos jurídicos de otras codificaciones para conocerlas.
d) Así, en el caso concreto, la conducta sancionable penalmente es clara en señalar que lo que se sanciona es: haber sido acreedor en dos ocasiones a una infracción por violar las disposiciones en materia de alcoholimetría y que, adicionalmente, se cometa otra infracción a la normatividad de tránsito, lo cual sirve como una condición para su punición.
e) La norma tutela una diversidad de bienes jurídicos, como el mantenimiento del orden público, garantizar el libre tránsito de las personas, pero también su seguridad puesto que, de estacionarse en una carretera puede poner en alto grado de riesgo la vida e integridad de los que circulen por dicha vialidad. En cambio, el tipo penal no tiene como fin penar la falta de cinturón de seguridad o el estacionarse en un lugar prohibido en sí mismo, sino que hacerlo bajo los influjos del alcohol en niveles que son sancionados por las leyes administrativas cuando se trate de una conducta reiterativa.
f) Por ello, no existe un universo indeterminado de infracciones ni queda al libre arbitrio de la autoridad jurisdiccional determinar cuál aplicará, toda vez que las infracciones administrativas se encuentran previstas en ordenamientos jurídicos y sólo pueden ser castigados cuando la sanción administrativa ha sido establecida previamente a la conducta que se califica de infractora.
g) Además, la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco contiene un catálogo determinado de conductas consideradas como infracciones de la normatividad en materia de tránsito y transporte (capítulo II), por lo que no se permitiría a los juzgadores imponer penas por simple analogía y aun por mayoría de razón.
h) El no acreditar la prueba de alcoholemia pone de manera indubitable en peligro el bien jurídico tutelado de la seguridad pública y, aunque pareciera absurdo que se encuadre en un tipo penal una infracción como "no usar adecuadamente el cinturón de seguridad", lo cierto es que tales medidas tienen como objetivo proteger la vida de las personas, su integridad física, sus bienes, etcétera.
i) Por último, se argumenta que en su caso el juzgador no tendrá que remitirse a reglamentos administrativos para sancionar el delito, sino únicamente a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.
7. Cierre de la instrucción. Tras el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos, por acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución.
II. Competencia
8. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal, vigente al presentar la demanda, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el procurador general de la República plantea la posible contradicción entre la Constitución Federal y una porción normativa del artículo 122 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco.
III. Precisión de las normas reclamadas
9. Del análisis de los escritos de demanda de la acción de inconstitucionalidad se advierte que la parte actora impugnó el artículo 122 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, en la porción normativa que indica: "o al que haya sido infraccionado por dos o más ocasiones por no haber acreditado la prueba de alcoholemia aplicada por autoridad, cuando cometa además otra infracción a la normatividad aplicable en materia de tránsito y transporte", emitida mediante el Decreto 25882/LXI/16, publicado el once de octubre de dos mil dieciséis en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.
IV. Oportunidad
10. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(1) (de ahora en adelante "ley reglamentaria de la materia"), dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial
11. En el caso, el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, impugnó la referida disposición del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco publicada el once de octubre de dos mil dieciséis, por lo que el plazo para presentar la acción de inconstitucionalidad transcurrió del doce de octubre al diez de noviembre de dos mil dieciséis. En ese sentido, dado que el escrito de la acción de inconstitucionalidad se presentó justo el diez de noviembre de dos mil dieciséis,(2) este Tribunal Pleno considera que se satisface el requisito de oportunidad.
V. Legitimación
12. La acción de inconstitucionalidad que ahora se analiza fue promovida por un sujeto legitimado de conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal, anterior a la reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce (vigente al momento de la presentación de la demanda por virtud de lo dispuesto en el artículo décimo sexto transitorio del decreto de reforma respectivo):
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: ...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma por:
"...
"c) El procurador general de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano."
13. Conforme a tal disposición, la acción fue suscrita por Raúl Cervantes Andrade en su carácter de procurador general de la República.(3) En consecuencia, se encuentra facultado para promover la acción de inconstitucionalidad en contra de una ley de carácter estatal.
VI. Causas de improcedencia y sobreseimiento
14. El Poder Legislativo del Estado de Jalisco hizo valer como causales de improcedencia la "inexistencia" de la norma y la extemporaneidad de la acción de inconstitucionalidad. Explicó que la porción normativa impugnada formaba parte del contenido de dicho artículo 122 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco y que únicamente se reformó tal precepto para agregar la porción normativa "o al que haya sido infraccionado por dos o más ocasiones por no haber acreditado la prueba de alcoholemia aplicada por la autoridad", sin modificar la porción normativa "cuando cometa además otra infracción a la normatividad en materia de tránsito y transporte" (que se encontraba en la legislación desde una reforma de doce de enero de dos mil seis). Es decir, afirmó que no hubo una verdadera modificación de la norma, pues parte del contenido que impugna se encontraba contenido en el precepto normativo y, por tanto, no puede ser objeto de revisión constitucional. Por ello, se adujo que la disposición reclamada entonces era inexistente, pues el legislador sólo agregó una hipótesis y no tuvo como intención incidir en la diversa porción normativa del artículo 122 que habla de cometer además infracciones a la normatividad en materia de tránsito y transporte.
15. Este Tribunal Pleno no comparte dichos planteamientos. Contrario a lo alegado por el Congreso del Estado de Jalisco, la reforma impugnada sí implicó una modificación material del precepto legal, que generó cambios normativos susceptibles de ser impugnados como un nuevo acto legislativo a partir del decreto publicado el once de octubre de dos mil dieciséis.
16. Para explicar la conclusión anterior, se hará un recuento de la línea jurisprudencial de esta Suprema Corte en relación con los nuevos actos legislativos y, enseguida, se aplicará dichas consideraciones al caso concreto, a partir de una explicación de los antecedentes legislativos del precepto.
17. Nuevos actos legislativos. En integraciones anteriores este Tribunal entendía que la mera reforma o adición a una disposición general constituye un acto legislativo distinto al anterior que puede ser impugnado sin que sea obstáculo que reproduzca íntegramente lo dispuesto con anterioridad(4) (dicho criterio quedó plasmado en la jurisprudencia P./J. 27/2004, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA REFORMA O ADICIÓN A UNA NORMA GENERAL AUTORIZA SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DE ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, AUN CUANDO SE REPRODUZCA ÍNTEGRAMENTE LA DISPOSICIÓN ANTERIOR, YA QUE SE TRATA DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.")(5)
18. Posteriormente,(6) el Tribunal Pleno precisó que cuando la reforma o adición no fuera dirigida al contenido normativo del precepto impugnado, no podía considerarse como un acto legislativo nuevo que pudiera ser impugnado a través de esta vía ya que, en esa hipótesis, no se acreditaba la voluntad del legislador para reformar, adicionar, modificar o, incluso repetir el texto de la norma general.(7)
19. Tiempo después,(8) este Tribunal Pleno sostuvo que es un nuevo acto legislativo sólo la parte reformada del precepto, por lo que la declaratoria de improcedencia no podía abarcar todo el texto del artículo relativo, sino únicamente la parte afectada por el nuevo acto legislativo, ya que los párrafos intocados subsistían formal y materialmente, al ser enunciados normativos contenidos en un artículo concreto motivo de un acto legislativo anterior que continuaba vigente. De este precedente surgió la tesis de jurisprudencia P./J. 41/2008, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, CUANDO ÉSTA HA SIDO MOTIVO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO EN ALGUNO O ALGUNOS DE SUS PÁRRAFOS, LLEVA A SOBRESEER ÚNICAMENTE RESPECTO DE LOS QUE PERDIERON SU VIGENCIA AL INICIARSE LA DEL NUEVO ACTO LEGISLATIVO Y SIEMPRE Y CUANDO NO PRODUZCAN EFECTOS PARA EL FUTURO."(9)
20. Continuando con este desarrollo del criterio,(10) el Tribunal Pleno retomó el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 96/2007 y reiteró que si bien cuando la reforma o adición no va dirigida esencialmente al contenido normativo del precepto impugnado –sino sólo a su identificación numérica–, ello no podía considerarse como un acto legislativo nuevo que autorizara su impugnación a través de la acción de inconstitucionalidad, y agregó que cuando el legislador ordinario durante el proceso legislativo hubiere manifestado su voluntad de no reformar la norma, pero del texto aprobado se advirtiera que en realidad sí modificó su alcance jurídico o hubiere precisado un punto considerado ambiguo u oscuro, si debía considerarse que se estaba en presencia de un nuevo acto legislativo susceptible de impugnación. De este precedente surgió la tesis de jurisprudencia P./J. 17/2009, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EL LEGISLADOR ORDINARIO DURANTE EL PROCESO LEGISLATIVO MANIFESTÓ SU VOLUNTAD DE NO REFORMAR UNA NORMA, PERO DEL TEXTO APROBADO SE ADVIERTE QUE EN REALIDAD SE MODIFICÓ SU ALCANCE JURÍDICO O SE PRECISÓ UN PUNTO CONSIDERADO AMBIGUO U OSCURO, DEBE ESTIMARSE QUE SE ESTÁ ANTE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN AQUELLA VÍA."(11)
21. Posteriormente al resolverse la acción de inconstitucionalidad 2/2010, en sesión pública de dieciséis de agosto de dos mil diez,(12) retomando los criterios contenidos en las tesis de jurisprudencia P./J. 27/2004 y P./J. 17/2009, el Tribunal Pleno indicó que, en el caso, uno de los preceptos ahí impugnados –el artículo 391 del Código Civil para el Distrito Federal contenido en el decreto de reforma publicado en la Gaceta Oficial de la entidad el veintinueve de diciembre de dos mil nueve (adopción)– constituía un nuevo acto legislativo susceptible de imp
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29587-f28155d0/i-accion-de-inconstitucionalidad-lineamientos-minimos-requeridos-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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