VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). LA CERTIFICACIÓN DE QUE SON COPIA AUTÉNTICA DEL REGISTRO AUDIOVISUAL NO REQUIERE QUE EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES SE ENCUENTREN EN LA MATERIALIDAD DEL DISCO, SI EXISTEN OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN CERTEZA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 14 DE OCTUBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ SALVADOR ROBERTO JIMÉNEZ LOZANO, GABRIEL ALEJANDRO ZÚÑIGA ROMERO Y CARLA ISSELIN TALAVERA. PONENTE: JOSÉ SALVADOR ROBERTO JIMÉNEZ LOZANO. SECRETARIA: MARCELA AGUILAR LORANCA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Este Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de posible contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 13, fracción VII, y 17 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veintisiete de febrero de dos mil quince; dado que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito.
SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.
TERCERO.—Para resolver el presente asunto, se atienden las consideraciones que sustentan las ejecutorias de los Tribunales Colegiados a que se refiere la denuncia de contradicción.
Así, los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en sesión de seis de junio de dos mil diecinueve, resolvieron por unanimidad de votos en su anterior integración el amparo en revisión 88/2019, interpuesto por el quejoso, donde en la materia de la revisión, revocaron la sentencia recurrida y se ordenó la reposición del procedimiento en el juicio de amparo **********, del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en que se reclamó al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, el auto de vinculación a proceso de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal **********, por el hecho con apariencia de delito de violación equiparada. Asimismo, en sesión de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, resolvieron por mayoría de votos, con la nueva integración del Pleno de ese tribunal, el amparo en revisión 163/2019, interpuesto por el quejoso, a través de su defensora pública federal, donde en la materia de la revisión, revocaron la sentencia recurrida y se ordenó la reposición del procedimiento en el juicio de amparo **********, tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en el cual, el quejoso reclamó del Juez de Control y Ejecución de Sentencias en la Región Judicial Norte, Zacatlán, Puebla, el auto de vinculación a proceso, dentro de la causa penal **********, por el hecho con apariencia de delito de secuestro exprés y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Las partes considerativas de las ejecutorias de los amparos indirectos en revisión 88/2019 y 163/2019, respectivamente, son del tenor siguiente:
"QUINTO.—No obstante la transcripción de la sentencia recurrida y de los agravios expuestos por el recurrente ********** o **********, no serán objeto de estudio por parte de este Tribunal Colegiado al advertirse una transgresión a las formalidades del procedimiento, que conlleva a ordenar su reposición en el juicio de garantías, de conformidad con lo establecido en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo.—En efecto, este potestad federal advierte que el trámite del juicio de amparo indirecto origen del presente recurso de revisión, no fue llevado a cabo en la forma prevista por la ley de la materia, ya que el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, no se cercioró de que los registros remitidos por el Juez de Control responsable, cumplieran las exigencias legales para dotarlos de certeza y seguridad jurídica, ya que el disco óptico que contiene la decisión judicial reclamada, no se encuentra firmado y sellado en términos de lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual imposibilitaba al Juez Federal para emitir el fallo respectivo.—A fin de sostener lo anterior, es oportuno precisar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable debe rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos.—Dicho numeral dispone que tratándose del sistema penal acusatorio acompañará un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes; asimismo, estatuye que en el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo.—De lo anterior se sigue que el citado precepto legal impone a la autoridad responsable a remitir como justificación a su informe, tanto constancias escritas, como videograbaciones, debidamente certificadas, ello, tomando en consideración, en el particular, que conforme a lo previsto por el artículo 20 constitucional, en el proceso penal de corte acusatorio prevalece la oralidad y se rige por un sistema de audiencias.—Ciertamente, el numeral 20 de la Carta Magna, en su texto actual y aplicable al particular, establece que todo proceso penal deberá ser acusatorio y oral, y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y como principios generales del proceso, se prevén, entre otros, que toda audiencia se desarrollará en presencia del Juez; que el juicio se celebrará ante uno que no haya conocido del caso previamente; que la presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y que éstos también deberán ser observados en las audiencias preliminares a juicio.—Ahora bien, en relación con las audiencias orales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su numeral 61, dispone lo que sigue: ‘Artículo 61. Registro de las audiencias. Todas las audiencias previstas en este código serán registradas por cualquier medio tecnológico que tenga a su disposición el órgano jurisdiccional. La grabación o reproducción de imágenes o sonidos se considerará como parte de las actuaciones y registros y se conservarán en resguardo del Poder Judicial para efectos del conocimiento de otros órganos distintos que conozcan del mismo procedimiento y de las partes, garantizando siempre su conservación.’.—Conforme a dicha disposición legal, todas las audiencias y actos procesales ocurridos en el procedimiento penal deberán ser registradas por cualquier medio tecnológico que tenga a su disposición el órgano jurisdiccional (por escrito, por video, audio o cualquier medio que garantice su reproducción); asimismo, dichos registros (a efecto de asegurar su inalterabilidad), se conservarán en resguardo del Poder Judicial para efectos del conocimiento de otros órganos distintos que conozcan del mismo procedimiento, garantizando siempre su conservación.—Por otra parte, los preceptos 70 y 71 del referido Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: ‘Artículo 70. Firma. Las resoluciones escritas serán firmadas por los Jueces o Magistrados. No invalidará la resolución el hecho de que el juzgador no la haya firmado oportunamente, siempre que la falta sea suplida y no exista ninguna duda sobre su participación en el acto que debió suscribir, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria a que haya lugar.’.—‘Artículo 71. Copia auténtica. Se considera copia auténtica al documento o registro del original de las sentencias, o de otros actos procesales, que haya sido certificado por la autoridad autorizada para tal efecto. Cuando, por cualquier causa se destruya, se pierda o sea sustraído el original de las sentencias o de otros actos procesales, la copia auténtica tendrá el valor de aquéllos. Para tal fin, el órgano jurisdiccional ordenará a quien tenga la copia entregarla, sin perjuicio del derecho de obtener otra en forma gratuita cuando así lo solicite. La reposición del original de la sentencia o de otros actos procesales también podrá efectuarse utilizando los archivos informáticos o electrónicos del juzgado. Cuando la sentencia conste en medios informáticos, electrónicos, magnéticos o producidos por nuevas tecnologías, la autenticación de la autorización del fallo por el órgano jurisdiccional, se hará constar a través del medio o forma más adecuada, de acuerdo con el propio sistema utilizado.’.—Es pertinente subrayar que, aun cuando la legislación procesal de la materia no prevé expresamente las formalidades que debe reunir tal certificación; lo cierto es que, al menos, es menester que contenga los signos básicos que le otorguen autenticidad, es decir, el sello del órgano jurisdiccional y la firma del funcionario judicial correspondiente, acompañado de la leyenda de que se trata de copia fiel de su original.—Además del contenido del segundo párrafo, del artículo 71 de referencia, se deduce que es copia auténtica el documento o registro del original de las sentencias, o de otros actos procesales, que haya sido certificado por la autoridad autorizada para tal efecto.—Esto quiere decir que, conforme una interpretación sistemática entre los citados preceptos 61, 70 y 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los actos contenidos en registros informáticos, tales como lo son las audiencias de juicio oral que presiden los Jueces y Magistrados del sistema de justicia penal y acusatorio, requieren para su validez la certificación de su contenido, realizada por la autoridad autorizada para tal efecto.—En congruencia con lo expuesto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que el disco versátil digital (DVD), en el que estén almacenados los archivos informáticos de las audiencias celebradas en ese tipo de procedimientos, gozan de la naturaleza de una prueba instrumental pública de actuaciones, ello, en la jurisprudencia número 43, emitida, al resolver la contradicción de tesis 455/2012, publicada en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, agosto de 2013, materias común y penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro digital: 2004362, de rubro y texto siguientes: ‘VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO A SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del «expediente electrónico», como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el Juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.’.—Sin embargo, para que dichos hechos o actos jurídicos consignados en los medios digitales puedan alcanzar plena eficacia legal, deben relacionarse con las diversas disposiciones legales vigentes en el Código Nacional de Procedimientos Penales, antes transcritas, que otorgan facultades a los Jueces y Magistrados para firmar las resoluciones escritas, en términos del artículo 70 de dicha disposición legal y del diverso 71, las actuaciones contenidas en los registros d
audio y video de los actos que se realicen y las resoluciones que se dicten, requieren ser expedidos y certificados por la autoridad autorizada para tal efecto; al ser éstos requisitos indispensables para que puedan ser justipreciados como tales en la instancia de alzada o constitucional.—De otra manera, se carecería de certeza jurídica en torno al origen y confiabilidad de los registros digitales de videograbación que se contienen en el disco versátil digital (DVD), remitidos por la autoridad responsable, pues la circunstancia de que aquella probanza adquiera el carácter de prueba documental lato sensu, no implica desconocer los mecanismos implementados para otorgar seguridad y plena certeza de que corresponden a las actuaciones del juicio penal de origen.—Por tanto, si el disco versátil (DVD) que contiene almacenada alguna o algunas de las diligencias celebradas en el proceso penal acusatorio es una documental pública, es pertinente acotar las formalidades que para su validez deben revestir las copias auténticas que al efecto se emitan como anexo al informe con justificación para el trámite del juicio de garantías, pues sólo de ese modo se avalaría que el soporte material enviado sí corresponde a las actuaciones originales.—Ahora bien, de las constancias enviadas para el trámite del juicio de amparo, origen del presente recurso de revisión, se advierte, específicamente a foja 32 que, mediante proveído de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, tuvo por recibido el oficio signado por la Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, mediante el cual rindió informe justificado en el juicio de amparo ********** origen del presente recurso de revisión, remitiendo para la sustanciación del mismo: ‘... las constancias relativas a la causa **********; en tanto que en virtud del requerimiento realizado por la autoridad federal mediante acuerdo de tres de enero de dos mil diecinueve, que consta a foja 60 del juicio de amparo, la responsable remitió la versión escrita de la audiencia de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, relativa a la causa penal de origen, misma que se tuvo por recibida por proveído de fecha diecisiete de enero de dos mil diecinueve, tal como se observa a foja 82.’—Por otra parte, de la sentencia recurrida, se advierte que para negar la protección constitucional solicitada por el quejoso, se llevó a cabo el estudio correspondiente de la decisión judicial reclamada con base en la videograbación enviada por el Juez responsable, pues en ese sentido, la autoridad de amparo se pronunció en relación con la certeza del acto reclamado, en tanto precisó: ‘TERCERO.—Certeza del acto. La Juez de Control reconoció expresamente la existencia del acto reclamado (foja 12); lo que se corrobora con la copia cotejada de la carpeta judicial administrativa y disco compacto en formato DVD, que contiene el registro de la audiencia de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, de la causa penal **********, que remitió la autoridad judicial, en las que aparece demostrado el auto de vinculación a proceso reclamado ...’.—Asimismo, se obtiene que emprendió el examen de los conceptos de violación en el considerando cuarto, y a fin de darles respuesta se impuso del contenido del disco compacto remitido con el informe justificado, en tanto razonó: ‘... Del registro de la audiencia de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, celebrada en la causa penal **********, se advierte que a partir de los datos de prueba expuestos por la agente del Ministerio Público, la Juez de Control de manera acertada consideró satisfechos los requisitos establecidos en los artículos 19, párrafo primer (sic), (lo transcribe) de la Constitución Federal y 316 (lo transcribe) del Código Nacional de Procedimientos Penales ... y, en ese sentido, se pronunció en relación con la actuación de la juzgadora pues relató su actuación en tanto señaló que formuló imputación, otorgó al imputado el derecho de declarar o guardar silencio, acogiéndose a este último y después de otorgar a las partes el derecho de contradicción, resolvió que los datos expuestos por la representación social para solicitar vinculación a proceso, son suficientes para establecer un hecho con apariencia del delito aludido y la probabilidad que el impetrante lo cometió ...’.—Posterior a ello, se tiene que a fin de sustentar su determinación en el sentido de que las consideraciones de la Juez de Control responsable resultaron legales, se impuso del contenido del referido disco compacto, en tanto destacó las actuaciones ahí llevadas a cabo por las partes, precisando la hora en que ello aconteció acorde con su narrativa.—Sin embargo, el soporte material remitido por la Juez de Control señalada como responsable, en el que sustentó la determinación judicial reclamada, carece de la certificación exigida y de los signos visibles necesarios para su validez; ya que si bien contiene la gráfica del Poder Judicial, Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de Sentencias Región Judicial Centro Poniente, además de la leyenda que refiere que es una copia autorizada con validez y eficacia en términos del artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales; las iniciales ‘R.C.P.G’ que al parecer corresponden a la Juez de Control que emitió la resolución que se reclama Rosa Celia Pérez González; la identificación de la causa penal en la que se generó, el nombre del imputado, la defensa, el asesor jurídico y la fiscalía, así como la fecha de la audiencia desahogada, lo cierto es que carece del sello y la firma original de la autoridad autorizada para tal efecto, en términos de los numerales 61, 70 y 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales; lo que origina que no reúna el requisito indispensable para justipreciarlo como documental pública, expedida por autoridad competente en ejercicio de sus funciones.—Lo anterior es así, ya que la certificación no debe dejar lugar a dudas de que el contenido del disco es lo que efectivamente se suscitó durante el desarrollo del proceso penal, es decir, no solamente se trata de una mera formalidad, sino la importancia de que el disco se encuentre debidamente certificado genera la certeza de que en realidad las actuaciones que contiene, corresponden al proceso penal de mérito, pues los discos que se emitan se deben considerar como un documento público, al formar parte de un expediente judicial que contiene el resultado del desahogo de las diligencias inherentes al proceso y, por ende, deben estar debidamente autentificadas, lo que se logra, al insertar en el cuerpo del disco la certificación respectiva, acompañada de la firma y sello de la persona o funcionario autorizado para ello.—No pasa inadvertido que se tuvo al alcance la constancia escrita del auto de vinculación a proceso, elaborada conforme a lo dispuesto en el numeral 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y remitida en virtud del requerimiento realizado en ese sentido en la litis constitucional; sin embargo, tal documento escrito no es el idóneo para resolver el juicio de garantías, pues en el sistema penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la referida Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia en la que se dictó el auto de mérito, pues ‘... el hecho de que los actos de molestia deban constar por escrito en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel ...’.—En este sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 34, emitida, al resolver la contradicción de tesis 168/2015, publicada en la página 125, Libro 46, Tomo I, septiembre de 2017, materias constitucional y penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro digital: 2015127, de rubro (sic) y texto siguientes: ‘AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el Juez de Control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del Juez de Control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por escrito en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel.’.—Aunado a ello, sólo a través de la videograbación respectiva, podrá verificarse si se cumplieron los principios del sistema de justicia penal actual establecidos a nivel constitucional, como son el de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.—Cabe destacar que no se desconoce que la sustanciación del nuevo proceso penal acusatorio se sustenta en la idea de abreviación y flexibilización, al grado de evitar hacerlo complejo o llenarlo de algunos formalismos; empero, en el caso, se trata del respeto de formalidades esenciales mínimas que, dicho sea de paso, su estricto acatamiento no entraña alguna dificultad o entorpecimiento de las actividades de los Jueces del nuevo sistema penal acusatorio. En realidad, bastaría que éstos instruyeran al personal a su cargo para que en el propio disco en el que ya se asientan algunos datos de identificación, se agregara la mencionada certificación.—Así las cosas, si de conformidad con lo previsto en el artículo 117 de la ley de la materia, la autoridad judicial del conocimiento responsable está obligada a remitir copia auténtica de sus registros para la sustanciación del juicio de garantías y ello no aconteció en la especie, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento para que ello sea subsanado, en los términos que se precisan al final de esta ejecutoria.—Se cita al respecto la jurisprudencia número 6 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, que se comparte, publicada en la página 2724, Libro 55, Tomo IV, junio de 2018, materia penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro digital: 2017095, que dice: ‘VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SI EL JUEZ FEDERAL RESUELVE CON BASE EN LOS DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD'S) QUE LAS CONTIENEN SIN QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS CON EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTE, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. A partir de la instauración del sistema procesal penal acusatorio y oral, las videograbaciones de las audiencias contenidas en archivos informáticos almacenados en un soporte material, como lo es un disco versátil digital (DVD), constituye un medio apto para producir seguridad en las actuaciones que se generen por el juzgador, así como para garantizar la legalidad y transparencia del desarrollo de cada una de las etapas del proceso penal, como lo disponen los artículos 40 y 41 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México (abrogado) y 50, 51, 61 y 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que los discos que se emitan deben considerarse documentos públicos, pues forman parte de un expediente judicial que contiene el resultado del desahogo de las diligencias inherentes al proceso y, por ende, deben estar certificados, es decir, contener el sello del órgano jurisdiccional, así como la firma o rúbrica del servidor público correspondiente que los expida, a fin de dar certeza sobre su autenticidad a las partes intervinientes. En ese sentido, si el Juez Federal emitió una sentencia basándose en los discos versátiles sin certificación, ello constituye una violación procesal que amerita la reposición del procedimiento para el efecto de que se allegue de esos documentos debidamente certificados y, en su momento, vuelva a emitir la resolución correspondiente.’.—En las condiciones apuntadas, se impone revocar el fallo recurrido y ordenar la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para que el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla: a) Deje insubsistente la resolución de seis de marzo de dos mil diecinueve, dictada dentro del juicio de amparo **********.—b) Recabe la videograbación debidamente certificada (con sello y firma) relativa a la audiencia de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, en la que la Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, dictó en contra del quejoso ********** o **********, auto de vinculación a proceso, dentro de la causa penal **********, en términos de los numerales 61, 70 y 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales.—c) Enseguida, señale fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, y con plenitud de jurisdicción, dicte la r
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29605-c85a518c/videograbaciones-de-las-audiencias-del-sistema-penal-acusatorio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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