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Modo: Corpus Pro

MANIFESTACIONES SOBRE EL PROYECTO DE SENTENCIA QUE SE PUBLICÓ PARA SER DISCUTIDO EN LA SESIÓN CORRESPONDIENTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. NO EXISTE OBLIGACIÓN DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DE TOMARLAS EN CONSIDERACIÓN, NI DE DARLES CONTESTACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 166/2020. · Registro digital (IUS): 29635
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-02-12
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y DÉCIMO SEXTO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 83, Febrero de 2021, Tomo I, Pág. 913.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 166/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y DÉCIMO SEXTO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 4 DE NOVIEMBRE DE 2020. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: YAREMY PATRICIA PENAGOS RUIZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre dos Tribunales Colegiados de distinto Circuito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, emitido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que versa sobre la posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito, en un tema que corresponde a la materia administrativa, de la especialidad de esta Segunda Sala del Alto Tribunal.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo establecido en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Magistrado integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien emitió uno de los criterios contendientes que participan en esta denuncia de contradicción.

TERCERO.—Antecedentes y criterios contendientes. A fin de determinar si existe la contradicción de tesis, es pertinente tener en cuenta los antecedentes y los aspectos más relevantes de las ejecutorias denunciadas como contradictorias, que en síntesis son los siguientes:

I. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito –al resolver el juicio de amparo directo 168/2019–.(1)

• El veinticinco de enero de dos mil dieciocho, la Dirección de Fiscalización dependiente de la Coordinación General de Estudios Normativos y Análisis Sistémico Fiscal adscrita a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, emitió la resolución contenida en el oficio número SFA/S1/CGENASF/DF/03/1198/2018, por la cual le impuso a la empresa Volkswagen Leasing, Sociedad Anónima de Capital Variable, un crédito fiscal en cantidad de $585,282.00 (quinientos ochenta y cinco mil doscientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), por concepto –a su decir– de una supuesta omisión en el pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, actualización, recargos y multas, correspondiente a los ejercicios fiscales de dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince.

Dicho crédito fiscal se le impuso, ya que durante una visita domiciliaria la autoridad hacendaria local detectó diferencias entre las bases gravables determinadas con las declaradas por la contribuyente en los ejercicios fiscales referidos, derivadas del pago de honorarios realizado a diversas personas físicas que le prestaron servicios preponderantes a dicha empresa, en términos del artículo 10, fracción IV, de la Ley de Hacienda del Estado Libre y Soberano de Puebla.

• En contra de lo anterior, la empresa contribuyente interpuso recurso de revocación, el cual se registró con el número de expediente RAE-16/2018, mismo que fue resuelto mediante oficio número SFA-PF-(80)-1584/18, de nueve de agosto de dos mil dieciocho, por el procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, en el sentido de confirmar la resolución recurrida que le impuso un crédito fiscal.

• Inconforme con tales determinaciones, la empresa contribuyente promovió juicio de nulidad, del cual conoció el Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, quien lo registró con el número de expediente 259/2018-TJAEP-JCA-04-12, y por sentencia de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, declaró la legalidad de la resolución impugnada de nueve de agosto de dos mil dieciocho, recaída al recurso de revocación, que confirmó la diversa resolución contenida en el oficio SFA/S1/CGENASF/DF/03/1198/2018, de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, que le impuso el crédito fiscal referido.

• En contra de la anterior determinación, Volkswagen Leasing, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal, promovió juicio de amparo directo, del cual conoció, por razón de turno, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el cual lo admitió a trámite y registró con el número de expediente 168/2019.

• El Tribunal Colegiado del conocimiento estimó que por tratarse de un asunto en el que se aborda el estudio de constitucionalidad de una norma general –la peticionaria aduce que el artículo 10, fracción IV, de la Ley de Hacienda del Estado Libre y Soberano de Puebla es inconstitucional, ya que viola lo dispuesto en los artículos 16 y 31, fracción IV, de la Constitucional Federal–, publicó el proyecto de sentencia que sería discutido en la sesión correspondiente, ello de conformidad con lo establecido, entre otros, en el artículo 73, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.

• El treinta de junio de dos mil veinte, la empresa quejosa presentó –vía electrónica– ante el Tribunal Colegiado aludido, un escrito por el cual formuló alegatos en relación con el "proyecto público de sentencia".

• Seguidos los trámites, por ejecutoria de dos de julio de dos mil veinte, el Tribunal Colegiado resolvió negar el amparo a la empresa quejosa, al considerar, en la parte que interesa, lo siguiente:

"... Ahora, en el tercer concepto de violación, la impetrante aduce medularmente que el artículo 10, fracción VI, de la Ley de Hacienda del Estado Libre y Soberano de Puebla, vigente en dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, viola el derecho fundamental de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 constitucional, al no contemplar la manera en que un prestatario que paga servicios a una persona física conozca plenamente si se trata o no de un caso de preponderancia, pues no se está en aptitud de conocer la totalidad de los ingresos por honorarios que el prestador de servicios percibió del prestatario en el año de calendario inmediato anterior, y que si los pagados por su mandante representan más del 50% del total de los obtenidos.

"Que la norma reclamada no permite conocer si los ingresos pagados a sus prestadores de servicios en el año de calendario inmediato anterior representan más del 50% del total de los obtenidos por concepto de honorarios, por lo que ese vacío no permite que el contribuyente conozca la forma en que debe cumplir con su obligación fiscal y propicia la arbitrariedad de la autoridad.

"Que además no existe la obligación del prestador de servicios de informar al prestatario el monto de sus ingresos anuales por ese concepto, y que provengan de otros prestatarios para determinar la preponderancia y, por ende, si existe obligación de pago o no del impuesto por ‘preponderancia’.

"Resulta infundado el concepto de violación.

"...

"Como se ve, si bien es cierto que la fracción IV del artículo 10 de la Ley de Hacienda del Estado Libre y Soberano de Puebla no prevé un mecanismo mediante el cual el contribuyente pueda hacerse de la información necesaria para determinar si se ubica en el supuesto de causación, también lo es que esa circunstancia no lo hace violatorio del principio de seguridad jurídica, pues el hecho de que esa ley no obligue a los prestadores de servicios a comunicar al prestatario si los ingresos que obtuvieron de su parte en el año inmediato anterior excedieron del 50% del total de los percibidos en dicho año calendario por concepto de honorarios, en modo alguno implica que el prestatario esté impedido para allegarse de esa información, a través del medio que estime conveniente.

"Además, tampoco se puede considerar que quede al arbitrio de la autoridad determinar quiénes son las personas físicas respecto de las cuales el prestatario debe pagar el impuesto a que se refiere la fracción IV del artículo 10 de la Ley de Hacienda del Estado Libre y Soberano de Puebla, porque ello depende de que se demuestre que dichas personas recibieron honorarios por servicios que prestaron preponderantemente a ese prestatario; es decir, que se debe acreditar que los ingresos que percibieron de dicho prestatario en el año calendario inmediato anterior, representaron más del 50% del total de los obtenidos por concepto de honorarios.

"Por tanto, como se adelantó, el solo hecho de que la fracción IV del artículo 10 de la Ley de Hacienda del Estado Libre y Soberano de Puebla no establezca la forma en que el prestatario se debe hacer de la información necesaria para saber si está en el supuesto de causación, no lo deja en estado de incertidumbre jurídica, pues el principio de seguridad jurídica no implica que la ley deba señalar un procedimiento o mecanismo específico para tal efecto, sino que basta con que contenga los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre ese aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades.

"Así, para saber si está en el supuesto de causación, la quejosa puede optar por allegarse de la información necesaria a través del medio que estime más conveniente, como pudieran ser los contratos de prestación de servicios celebrados, en los que se declarase por parte de los prestadores de servicio lo siguiente: 1) que, en ese momento, prestan sus servicios de manera subordinada o independiente a otras empresas y 2) que los honorarios que percibirían de la contratante no constituyen su principal fuente de ingresos; asimismo, que en las cláusulas de dichos contratos se establezca su duración, la contraprestación y la forma de pago, elementos que, sin duda, pueden servir de base a la contribuyente para saber si las personas que le prestaron sus servicios lo hicieron en forma preponderante o no.

"Se afirma lo anterior, ya que a partir de la información contenida en dichos contratos la contribuyente puede saber cuándo y por cuánto tiempo contrató a los prestadores de servicios, así como si éstos prestaban sus servicios de manera subordinada o independiente a otras empresas y si los honorarios que percibirían de la contratante constituían su principal fuente de ingresos o no.

"A manera de ejemplo, si el contribuyente contrató al prestador de servicios ‘A’ durante el ejercicio fiscal de dos mil quince, y en el contrato de prestación de servicios éste declaró que prestaba sus servicios de manera subordinada o independiente a otras empresas y que los honorarios que percibiría de la contratante no constituirían su principal fuente de ingresos, es claro que el contribuyente cuenta con la información necesaria para saber que, si lo volvió a contratar en el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, no es sujeto del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal respecto de esa persona en dicho ejercicio, pues no le prestó sus servicios en forma preponderante en el año de calendario inmediato anterior; por otro lado, si el causante contrató al prestador de servicios ‘B’ durante el ejercicio fiscal de dos mil quince, y en el contrato de prestación de servicios éste declaró que prestaba sus servicios de manera subordinada o independiente a otras empresas y que los honorarios que percibiría del contratante sí constituirían su principal fuente de ingresos, es claro que el causante cuenta con la información necesaria para saber que, si lo volvió a contratar en el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, sí es sujeto del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal respecto de esa persona en dicho ejercicio, pues le prestó sus servicios en forma preponderante en el año de calendario inmediato anterior, ya que, evidentemente, el haber manifestado que los honorarios que percibiría de la contratante sí constituirían su principal fuente de ingresos, significa que tales ingresos equivaldrían a más del 50% del total de los percibidos en dicho año calendario por concepto de honorarios.

"Entonces, no es verdad que la única manera en que el prestatario puede tener certeza sobre si es sujeto del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, por haber realizado erogaciones por los conceptos a que se refiere la fracción IV del artículo 10 de la Ley de Hacienda del Estado Libre y Soberano de Puebla, sea cuando dicha ley establezca un mecanismo que obligue a los prestadores de servicios a comunicarle si los ingresos que obtuvieron de su parte en el año inmediato anterior excedieron del 50% del total de los percibidos en dicho año calendario por concepto de honorarios, pues lo cierto es que nada le impide allegarse de esa información en la forma que más le convenga, como puede ser, simplemente, preguntando a los prestadores de servicios si los ingresos que percibieron de su parte en el año calendario inmediato anterior representaron más del 50% del total de los obtenidos por concepto de honorarios.

"En consecuencia, contrariamente a lo que aduce la quejosa, la fracción IV del artículo 10 de la Ley de Hacienda del Estado Libre y Soberano de Puebla no vulnera el principio de seguridad jurídica, ya que tiene pleno conocimiento sobre la regulación normativa prevista en la ley y sus consecuencias, además de que puede allegarse de la información necesaria para determinar si se ubica en el supuesto de causación, a través del medio que estime conveniente.

"...

"No se inadvierte que la parte quejosa mediante escrito presentado vía electrónica el treinta de junio de dos mil veinte, formula ‘alegatos con relación al proyecto público de sentencia’, en términos del artículo 73, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.

"Sin embargo, únicamente se toma en cuenta su recepción y su contenido pero no se hace mayor pronunciamiento respecto al mismo, debido a que este Tribunal Colegiado no está obligado a dar respuesta expresa a los alegatos formulados por las partes.

"Al respecto, se invoca la jurisprudencia siguiente:

"‘Décima Época

"‘Registro digital: 2018276

"‘Instancia: Pleno

"‘Tipo de tesis: jurisprudencia

"‘Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"‘Libro 60, Tomo I, noviembre de 2018

"‘Materia común

"‘Tesis: P./J. 26/2018 (10a.)

"‘Página: 5

"‘ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA.’ (se transcribe)

"Además, si bien el artículo 73, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, establece que: ‘... los Tribunales Colegiados de Circuito, tratándose de resoluciones sobre la constitucionalidad de una norma general o sobre la convencionalidad de los tratados internacionales y amparos colectivos, deberán hacer públicos los proyectos de sentencias que serán discutidos en las sesiones correspondientes, con la misma anticipación que la publicación de las listas de los asuntos que se resolverán a que se refiere el artículo 184 de esta ley ...’; ello no significa ‘una última oportunidad de defensa para las partes’ ni autoriza a realizar alegatos de ninguna clase contra el referido proyecto, ya que la finalidad de tal precepto es únicamente transparentar las decisiones de gran trascendencia como son los que versan sobre un tema de constitucionalidad o de convencionalidad por ser de interés general.

"Siendo esto una razón más para no hacer mayor pronunciamiento en relación a los ‘alegatos’ formulados por la parte quejosa, ya que, se insiste, el referido artículo no establece la posibilidad de formular alegatos una vez que el proyecto ha sido publicado.

"Lo anterior fue sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 3876/2018, en sesión de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, al tenor siguiente: (se transcribe).

"Más aún, esta determinación no deja en estado de indefensión a las partes, debido a que tienen a su alcance el medio de defensa correspondiente para impugnar la decisión final a la que ha arribado este órgano colegiado respecto al tema de constitucionalidad propuesto en el presente concepto de violación. ..."

II. Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito –al resolver el juicio de amparo directo 1187/2017–.(2)

• María Fernanda de Alva Alanís, María Soledad Alanís Corona, Lourdes Sánchez Jaramillo y Alfonso Rafael de Alva Arcos, promovieron juicio laboral en contra del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del cual demandaron, entre otras, las prestaciones siguientes:

• Pago de la indemnización constitucional para cada uno de los demandantes consistente en tres meses del salario diario integrado, por haber sido separados injustificadamente de sus empleos; así como el pago de los salarios caídos que se originaron desde la fecha del injustificado cese, hasta el cumplimiento del laudo condenatorio que se dicte, y el pago de las diferencias salariales.

• Pago de vacaciones y prima vacacional respectivamente, por cada uno de los demandados; así como el pago de aguinaldo, entre otras prestaciones laborales.

• Previos trámites, de dicho asunto conoció la Quinta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, donde se radicó con el número de expediente 3376/2008, y tuvo como terceros interesados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Fondo de la Vivienda de ese instituto. El veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, dicha Sala emitió un primer laudo en el cual se condenó a la parte demandada, Instituto Nacional de Antropología e Historia a pagar a cada uno de los actores la cantidad de $23,333.20 (veintitrés mil trescientos treinta y tres pesos 20/100 M.N.) por concepto de aguinaldo, reconocimiento de antigüedad, aportaciones de seguridad social ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, al Fondo de Vivienda para los Trabajadores al Servicio del Estado, así como extender las constancias o documentos donde quede debidamente acreditado dichas aportaciones, lo anterior por el periodo comprendido del primero de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil seis; asimismo, absolvió a la parte demandada de pagar a los actores las demás prestaciones reclamadas.

• Inconformes con el laudo anterior, María Fernanda de Alva Alanís y otros, promovieron juicio de amparo directo, del cual conoció, por razón de turno, el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, quien por acuerdo de presidencia de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, lo admitió a trámite y registró con el número de expediente DT. 519/2017.

• El auto admisorio de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, se notificó al día siguiente a la parte tercero interesada para que si era su interés presentara alegatos o promoviera amparo adhesivo. Al respecto, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado presentó escrito de alegatos, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia promovió amparo adhesivo.

• Y por ejecutoria de seis de julio de dos mil diecisiete, el Tribunal Colegiado en comento, resolvió conceder el amparo a los quejosos para el efecto de que la autoridad responsable Quinta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, deje sin efectos el laudo reclamado, y en su lugar emita otro en el que: 1) Reitere lo que no fue materia de estudio en la ejecutoria o que se dejó firme, que consiste en: a) absoluciones de pago de diferencias salariales, horas extras, séptimos días, días de descanso obligatorio y reparto de utilidades; 2) Determine que los actores fueron despedidos de manera injustificada el treinta de noviembre de dos mil siete, que no realizaban funciones de confianza, y con libertad de jurisdicción se pronuncie respecto del pago de salarios caídos e indemnización constitucional; 3) Condene al instituto demandado a reconocer a los actores una antigüedad desde el uno de enero de dos mil seis hasta el treinta de noviembre de dos mil siete y con libertad de jurisdicción se pronuncie respecto de la inscripción de aquéllos en el sistema de seguridad social; 4) Con motivo de que la relación de trabajo terminó el treinta de noviembre de dos mil siete, se pronuncie, con libertad de jurisdicción respecto del pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, reclamados a partir de la fecha del despido; 5) Partiendo de esa antigüedad, se pronuncie respecto del pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo devengados hasta antes del despido, considerando las excepciones, defensas y pruebas hechas valer y ofrecidas por las partes; y, condene al demandado a pagar a los actores salarios devengados desde el uno de enero al treinta de noviembre de dos mil siete. Y negó el amparo adhesivo al instituto demandado.

• En cumplimiento a dicha ejecutoria, la Sala responsable emitió un nuevo laudo el seis de octubre de dos mil diecisiete, en el cual se condenó al instituto demandado a pagar a cada uno de los actores las siguientes cantidades: $105,000.00 (ciento cinco mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de indemnización constitucional; $4'197,642.68 (cuatro millones ciento noventa y siete mil seiscientos cuarenta y dos pesos 68/100 M.N.) por concepto de salarios caídos, sin perjuicio de los salarios caídos que se continúen generando hasta el día en que el demandado pague a los accionantes la indemnización constitucional; $21,151.54 (veintiún mil ciento cincuenta y un pesos 54/100 M.N.) por concepto de vacaciones; $6,345.46 (seis mil trescientos cuarenta y cinco pesos 46/100 M.N.) por concepto de prima vacacional, ambas por el periodo comprendido del tres de enero al treinta de noviembre de dos mil siete; $42,314.75 (cuarenta y dos mil trescientos catorce pesos 75/100 M.N.) por concepto de aguinaldo por ese mismo periodo; a reconocerle a cada uno de los actores su antigüedad por el periodo comprendido del uno de enero de dos mil seis, al treinta de noviembre de dos mil siete; $385,000.00 (trescientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de salarios devengados por ese mismo periodo; a cubrir las aportaciones de seguridad social a los trabajadores ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; a realizar las aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, al Fondo de Vivienda para los Trabajadores al Servicio del Estado, así como extender por escrito las constancias o documentos donde quede debidamente acreditado dichas aportaciones por el periodo comprendido del primero de enero de dos mil seis, al treinta de noviembre de dos mil siete; asimismo, absolvió a la parte demandada de pagar a los actores las demás prestaciones reclamadas.

• En contra del laudo anterior, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por conducto de su apoderado legal, promovió juicio de amparo directo, del que conoció el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el cual por auto de presidencia de doce de diciembre de dos mil diecisiete, lo radicó con el número de expediente DT. 1187/2017, y por diverso auto de nueve de enero de dos mil dieciocho, lo admitió a trámite.

• De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley de Amparo, el Tribunal Colegiado mediante lista publicada el ocho de febrero de dos mil dieciocho en los estrados de ese órgano jurisdiccional, dio vista a las partes y puso a su disposición, el proyecto de sentencia que sería discutido en la sesión correspondiente, en el cual se estudia los conceptos de violación que impugnan la inconstitucionalidad del artículo 43, fracciones III y IV, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. El quejoso Instituto Nacional de Antropología e Historia, mediante escrito de trece de febrero de dos mil dieciocho, formuló alegatos.

• Seguidos los trámites, por ejecutoria de quince de febrero de dos mil dieciocho, el Tribunal Colegiado en comento resolvió negar el amparo al instituto quejoso, al considerar, en la parte que interesa, lo siguiente:

"... Ahora, contrario a lo argumentado por la institución quejosa, tal artículo 43, fracciones III y IV, de la ley burocrática, de ninguna manera viola los principios de seguridad jurídica, audiencia y acceso a la justicia, pues atento a su contenido, lo único que establece es una sanción que el legislador estableció para que las instituciones del Estado que hubieran separado injustificadamente a un trabajador del vínculo laboral que los unía, paguen a éste las prestaciones ahí previstas, que en términos de dicho artículo 43, fracciones III y IV, el trabajador puede optar por ser reinstalado y recibir el pago de salarios caídos o, puede reclamar sólo la indemnización por separación injustificada, incluyendo el pago de salarios caídos.

"Así, el hecho de que el legislador previera el pago de salarios caídos, aun cuando el trabajador no haya optado por ser reinstalado, sino que eligió ser indemnizado, al considerar que no le interesaba continuar más con la relación de trabajo, ello de ninguna manera implica violación a tales principios de seguridad jurídica, audiencia y acceso a la justicia.

"Es así, porque como se dijo, esa condena de salarios caídos fue prevista por el legislador en caso que en el juicio haya quedado acreditado que una institución del Estado separó injustificadamente a un trabajador de su puesto, condena que sólo pudo imponerse después de seguidas todas las etapas del procedimiento, en el cual, como sucedió en el caso, el instituto ahora quejoso tuvo la oportunidad de participar, contestar la demanda, ofrecer pruebas y objetar las de su contraria, circunstancias que sin duda ponen de manifiesto que el ahora quejoso tuvo acceso a una justicia y un tribunal competente se pronunció respecto de lo que le fue reclamado por los actores y, por ello es que se considera que no se le vulneraron en modo alguno los principios a que se ha hecho alusión, pues las condenas que se le impusieron, incluidas el pago de la indemnización y salarios caídos, se derivaron de que en el juicio quedó acreditado que separó injustificadamente a los actores de sus puestos.

"Cierto, según se evidenció, seguido que fue el procedimiento ante la Quinta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en el expediente 3376/2008, en un primer laudo se absolvió al instituto de lo que le fue reclamado en la acción principal, y mediante juicio de amparo DT. 519/2017, del índice de este Tribunal Colegiado, se concedió el amparo a la parte trabajadora para que se estimara que fueron separados injustificadamente de los puestos que cada uno de ellos ostentaba y que no realizaban funciones de confianza, por lo que se ordenó a la responsable que con libertad de jurisdicción se pronunciara respecto de la indemnización y salarios caídos, lo que hizo en términos del artículo 43, fracciones III y IV, de la ley burocrática.

"Luego, contrario a lo argumentado por el quejoso, ese artículo aplicado por la responsable para condenarlo al pago de indemnización y salarios caídos, no viola lo previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, pues lo que establece son sanciones a las instituciones del Estado que como la quejosa, separaron injustificadamente a un trabajador de su puesto.

"Además, debe decirse que si el legislador previó, en el artículo 43, en específico en la fracción IV, de la ley burocrática, el pago de salarios caídos cuando la acción intentada era la de indemnización por separación injustificada, ello se debe únicamente al ejercicio de la libertad configurativa que el legislador tiene respecto de determinados derechos, circunstancia que en el caso tampoco puede considerarse violatoria de derechos fundamentales, como los que señala el quejoso, pues en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, no previó el Constituyente parámetro mínimo o máximo respecto del pago de salarios caídos o restricciones en torno a su pago cuando se demanda indemnización por separación injustificada, de ahí que se estima que lo determinado por el legislador en el artículo 43, fracciones III y IV, de la ley burocrática, no es inconstitucional.

"...

"Es preciso evidenciar que en términos del artículo 73 de la Ley de Amparo, mediante lista publicada el ocho de febrero de dos mil dieciocho en los estrados de este tribunal, se dio vista a las partes, y se puso a su disposición, la parte correspondiente del estudio en donde se atendían los conceptos de violación en los que la parte quejosa impugnó la inconstitucionalidad del artículo 43, fracciones III y IV, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; vista que desahogó el quejoso Instituto Nacional de Antropología e Historia, mediante escrito recibido en la oficina de correspondencia de este tribunal el trece de febrero de dos mil dieciocho.

"Al respecto, es necesario recordar que en la jurisprudencia 27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: ‘ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.’, el Máximo Tribunal del País determinó que los alegatos no forman parte de la litis en el juicio de amparo, al no exigirlo así la Ley de Amparo, sino que únicamente forman parte de aquélla la interpretación de los juzgadores hagan de la demanda para desentrañar la verdadera intención del quejoso, el análisis íntegro de los argumentos contenidos en el escrito correspondiente, las constancias que obran en autos, como pueden ser el acto reclamado,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29635-94653afe/manifestaciones-sobre-el-proyecto-de-sentencia-que-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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