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Modo: Corpus Pro

PENSIÓN MENSUAL POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE DERIVADA DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE DE TRABAJO. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, PARA SU CÁLCULO DEBEN CONSIDERARSE LOS TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DÍAS DEL AÑO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/2019. · Registro digital (IUS): 29636
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-02-12
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, QUINTO, OCTAVO, DÉCIMO PRIMERO Y DÉCIMO TERCERO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 83, Febrero de 2021, Tomo II, Pág. 1542.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, QUINTO, OCTAVO, DÉCIMO PRIMERO Y DÉCIMO TERCERO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 23 DE NOVIEMBRE DE 2020. MAYORÍA DE DIECISÉIS VOTOS A FAVOR DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ SALDAÑA, ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE, ELISA JIMÉNEZ AGUILAR, QUIEN FORMULA VOTO ACLARATORIO RESPECTO DE LOS CONSIDERANDOS SÉPTIMO Y OCTAVO, JOSÉ LUIS CABALLERO RODRÍGUEZ, MARÍA EUGENIA GÓMEZ VILLANUEVA, ANTONIO REBOLLO TORRES, GENARO RIVERA, JOEL DARÍO OJEDA ROMO, MIGUEL ÁNGEL RAMOS PÉREZ, GILBERTO ROMERO GUZMÁN, HÉCTOR PÉREZ PÉREZ, QUIEN FORMULA VOTO PARTICULAR EN RELACIÓN CON EL RESOLUTIVO PRIMERO, SALVADOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, MIGUEL BONILLA LÓPEZ, JUAN MANUEL ALCÁNTARA MORENO, JUAN MANUEL VEGA TAPIA Y ANDRÉS SÁNCHEZ BERNAL. DISIDENTE: EDNA LORENA HERNÁNDEZ GRANADOS, QUIEN FORMULA VOTO PARTICULAR. PONENTE: MIGUEL ÁNGEL RAMOS PÉREZ. SECRETARIA: CLAUDIA VALERIA DELGADO URBY.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Análisis de la competencia. Este Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracciones (sic) III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y los Acuerdos Generales 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito y 52/2015, que reforma, adiciona y deroga disposiciones de aquél.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por los Magistrados y la secretaria en funciones de Magistrada del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

TERCERO.—Posturas contendientes. Para determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, es necesario tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en el sentido de que debe considerarse que ello acontece cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias.

De la misma manera estableció que, por "tesis" debe entenderse el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; de ahí que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, expresando los razonamientos lógico-jurídicos necesarios para sustentar sus respectivas decisiones.

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 72/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, «Novena Época», Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, «con número de registro digital: 164120» de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

CUARTO.—Aspecto relevante. Señalado lo anterior, conviene en primer término y para un óptimo análisis del asunto, destacar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito informó que el criterio sustentado en el DT. 26302/2001 –del que se originó la jurisprudencia I.2o.T. J/6–, fue interrumpido por el sostenido en el diverso DT. 18742/2002, que dio origen a la tesis aislada I.2o.T.22 L, resuelto en sesión de veinticuatro de enero de dos mil tres; por ello, y a fin de evitar transcripciones y análisis innecesarios, no se transcribirá el criterio interrumpido, sino únicamente aquel que lo sustituyó y se encuentra vigente.

QUINTO.—Criterios contendientes. Hechas las precisiones anteriores, resulta necesario tener presentes los elementos fácticos y jurídicos que se plasmaron en las resoluciones materia de la presente denuncia de posible contradicción de tesis.

I. El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DT. 1140/2018, en sesión de ocho de febrero de dos mil diecinueve, estableció lo siguiente:

"SEXTO.—Previamente se destaca que en este asunto se aplican las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo vigentes hasta el treinta de noviembre de dos mil doce, porque la demanda laboral se presentó el nueve de febrero de dos mil once.

"Los motivos de disenso son inoperantes en parte, fundados pero inoperantes en otra e infundados en lo demás.

"Esgrime el inconforme, en síntesis, que el acto reclamado, viola en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, que debió de observar y aplicar los principios de debida fundamentación y motivación, asimismo se abstuvo de cumplir los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo toda vez que no resolvió el acto reclamado a verdad sabida y buena fe guardada.

"Lo anterior es infundado.

"De la simple lectura de la resolución impugnada, se advierte que la autoridad laboral señaló los razonamientos jurídicos, en los que sustentó su determinación, aunado a lo anterior, está fundado y motivado en los artículos 840 al 844 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, expresó los argumentos legales en que se basó para resolver en la forma en que lo hizo y citó las tesis que consideró aplicables al caso.

"Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia I.1o.T. J/40 de este órgano jurisdiccional, publicada en la página mil cincuenta y uno, del Tomo XV, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"‘MOTIVACIÓN. SÓLO SU OMISIÓN TOTAL O LA QUE SEA TAN IMPRECISA QUE NO DÉ ELEMENTOS PARA DEFENDERSE DEL ACTO, DA LUGAR A LA CONCESIÓN DEL AMPARO.’

"De manera que la responsable cumplió con su obligación de fundar y motivar la resolución impugnada.

"Resulta aplicable al caso, por identidad jurídica, la jurisprudencia 268 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1241 del Apéndice 1917-septiembre 2011, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte, Novena Época, que es del literal siguiente:

"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.’

"Plantea el amparista que la responsable en forma ilegal lo condena al reconocimiento, otorgamiento y pago de la pensión por invalidez por los padecimientos diagnosticados por el perito médico tercero en discordia, a partir de la fecha de la presentación de la demanda, que es el 9 de febrero de 2011, en términos del artículo 134 de la Ley del Seguro Social, pero de manera incongruente, la responsable a fojas 18 del laudo que se combate establece que para cuantificar el monto de la pensión de invalidez, deberá atenderse al artículo 167 de la Ley del Seguro Social, considerando que el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización, asciende a la cantidad de $**********, que el demandado probó con la hoja de certificación de derechos a nombre del tercero interesado, lo que es incorrecto, toda vez que deja de analizar que el promovente ofreció la prueba documental marcada con el numeral 2, (hoja de certificación de derechos), acreditando con aquélla el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización, que es de $**********.

"Agrega, que a fojas 20 a la 21 del laudo combatido, realizó el cálculo de la pensión en términos de lo establecido en el artículo 167 de la Ley del Seguro Social, con base en el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización por la cantidad de $**********, acreditada por el quejoso con la documental consistente en la hoja de certificación de derechos, a efecto de determinar el monto de la pensión de invalidez, y una vez que realizó las operaciones aritméticas en términos del artículo 167 de la Ley del Seguro Social, determinó que la cuantía básica ascendía a la cantidad de $********** y los incrementos anuales ascendían a la cantidad de $**********, y la suma de ambas cantidades, arrojaba un monto diario de $**********.

"Son fundados pero inoperantes los conceptos de violación que anteceden.

"Porque efectivamente, en la foja 18 del laudo se asentó: ‘debiéndose estar al salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización ... de $**********, que el demandado acreditó con la ... hoja de certificación de derechos ...’, lo que hace fundados sus argumentos.

"La inoperancia anunciada deriva de que en el laudo posteriormente se cita la cantidad de $**********, que corresponde al salario de las últimas 250 semanas de cotización y con base en ella se efectuaron las operaciones aritméticas, de modo que son correctas, como el propio quejoso admite en los conceptos de violación.

"Esgrime el amparista, que la responsable al realizar las operaciones aritméticas, de manera incongruente, multiplica la cantidad de $********** por 365 días del año, arrojando un monto de $********** anuales, que dividida entre 12 meses, obtiene la cantidad mensual de $**********; lo que es incorrecto, ya que debió tomar en cuenta lo dispuesto en los artículos 88 y 89 de la Ley Federal del Trabajo que regulan el salario y los plazos para su pago, en los que se prevé la posibilidad, entre otros supuestos, de que el sueldo se fije por día, por semana o por mes, y que los plazos para su pago no podrán ser mayores a una semana cuando se desempeña un trabajo material y de quince días para los demás trabajadores, ello significa que en los casos en que el salario es fijado por la unidad de tiempo mes, debe ser cubierto con la misma cantidad de dinero en cada uno de los meses del año, con independencia de que el mes de calendario tenga veintiocho, veintinueve, treinta o treinta y un días; y sólo cuando tenga que obtenerse el salario diario para el pago, por ejemplo, de indemnizaciones o de algunas prestaciones que para ser cubiertas deben tener como base la percepción diaria, es cuando el sueldo mensual debe dividirse entre treinta.

"Añade, que el referido sueldo mensual abarca invariablemente, el importe exacto de treinta días; de modo que en casos en que los meses cuenten con treinta y un días, el aludido sueldo mensual no debe incrementarse en su cuantía, y tampoco disminuido en el caso del mes de febrero que nunca alcanza los treinta días, de modo que no hay fundamento alguno que justifique a la Junta para que la pensión por invalidez se cuantifique por 365 días, ya que debió calcular la pensión por mes, el cual se integra por 30 días, y por 12 meses, arrojando un total de 360 días, y no como indebidamente cuantificó la pensión por 365 días.

"Son infundados los argumentos que preceden.

"Como se estimó en el fallo de forma acertada, para obtener el monto de la pensión del actor se multiplica el salario diario por 365 días (que comprende el año completo) y dividir la cantidad obtenida entre los 12 meses del año, en atención a lo que establece el artículo 167 de la anterior Ley del Seguro Social, ya que dispone:

"(Se transcribe)

"Contrario a lo que se alega, existe disposición expresa en la Ley del Seguro Social anterior, acerca (sic) que la cuantía básica se calcula de forma anual, del modo que lo efectuó la Junta en el laudo, pues el año completo comprende 365 días, y no 360 como sin razón se arguye en los conceptos de violación, tratando de que se calculen los meses según los días que tiene cada uno de éstos.

"De modo que la tesis de rubro: ‘SALARIO MENSUAL. FORMA DE COMPUTARLO.’ de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, es inaplicable, porque la Ley del Seguro Social prevé cómo se paga la pensión de invalidez.

"Arguye el impetrante, que el fallo es ilegal, toda vez que la responsable cuenta con los elementos suficientes para la debida cuantificación de la pensión, como son las semanas cotizadas y el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización, y no lo hizo, además, solicita se prescinda de la apertura del incidente de liquidación lo anterior a efecto de no contravenir lo dispuesto en el artículo 843 de la ley laboral, que establece que únicamente por excepción se ordenará la apertura de tal incidencia.

"Son inoperantes los argumentos que anteceden.

"Porque en el anterior juicio de amparo DT. 622/2018, promovido por el quejoso, este tribunal determinó al respecto:

"‘... Por las razones expuestas, la Junta tiene elementos para calcular la pensión de invalidez, el incidente de liquidación debe prevalecer para cuantificar las pensiones y aumentos posteriores al fallo ...’

"De lo anterior se concluye, (sic) los conceptos de violación que hace valer, ya fueron analizados por este cuerpo colegiado, así que hay cosa juzgada al respecto, haciendo imposible jurídicamente emitir una nueva determinación, como pretende el impetrante de garantías.

"Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 28, sustentada por este Tribunal Colegiado, publicada en la página 565, Tomo VI, septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:

"‘COSA JUZGADA FORMAL Y COSA JUZGADA MATERIAL. DISTINCIÓN Y EFECTOS.’ (se transcribe)

"Y el incidente debe prevalecer para los efectos precisados en la referida ejecutoria del DT. 622/2018.

"Esgrime el inconforme que el fallo es ilegal, y que solicita que se cuantifiquen los incrementos conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, por ser éstos del dominio público.

"Son infundados los motivos de disenso que anteceden.

"Contrario a lo que se alega, la Junta ya estableció en el laudo que los incrementos se cuantifiquen conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (fojas 233 y 234).

"Bajo ese contexto, lo procedente es negar el amparo solicitado.

"Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al presidente y actuario de la Junta responsable, al no impugnarse por vicios propios.

"Esto es así, conforme a la tesis de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 357 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988, Octava Época, que es de rubro y texto siguientes:

"‘AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS.’ (se transcribe)

"Las tesis que invoca de rubros: ‘EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.’, ‘CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD.’, ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.’ y ‘LAUDO INCONGRUENTE.’, no obligan a este tribunal en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo vigente.

"Las jurisprudencias y tesis citadas en esta ejecutoria, resultan aplicables en términos de lo que dispone el transitorio sexto de la nueva Ley de Amparo."

El referido Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, DT. 1140/2018, en síntesis, establece lo siguiente:

• Destacó que en el asunto se aplican las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo vigente hasta el treinta de noviembre de dos mil doce.

• Señaló que la autoridad laboral sí sustentó su determinación, en los artículos 840 al 844 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo; que también expresó los argumentos legales en que se basó para resolver y citó las tesis que consideró aplicables.

• Calificó fundados pero inoperantes los argumentos en que se alegó que la responsable condena al reconocimiento, otorgamiento y pago de la pensión por invalidez por los padecimientos diagnosticados, no obstante que se acreditó que el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta (250) semanas de cotización, es de ********** centavos ($**********); porque en el laudo si bien se asentó "debiéndose estar al salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización ... de $**********, que el demandado acreditó ..."; también es cierto que, posteriormente, en el mismo, se cita la cantidad de ********** centavos ($**********), que corresponde al salario de las últimas doscientas cincuenta semanas (250) semanas (sic) de cotización y con base en ella se efectuaron las operaciones aritméticas, de manera correcta, como el propio quejoso admitió.

• En relación con el argumento en que se alegó que la responsable realiza incorrectamente las operaciones aritméticas, pues multiplica la cantidad de ********** por trescientos sesenta y cinco (365) días del año, arrojando un monto de ********** anuales, que dividida entre doce (12) meses, obtiene la cantidad mensual de **********; establece que como se estimó en el fallo, se obtiene el monto de la pensión, tal como dispone el artículo 167 de la anterior Ley del Seguro Social, que la cuantía básica se calcula de forma anual, pues el año completo comprende trescientos sesenta y cinco (365) días.

• Estableció actualizada la cosa juzgada, respecto de ciertos argumentos planteados.

• Respecto de que se alegó que los incrementos deben cuantificarse conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor estableció que la Junta indicó que dichos incrementos se cuantifican conforme al referido Índice Nacional de Precios al Consumidor.

De lo anterior, en lo que interesa, el citado Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, DT. 1140/2018, señaló que para obtener el monto de la pensión de invalidez debe multiplicarse el salario diario por trescientos sesenta y cinco (365) días, que son los que comprende un año completo, y dividir la cantidad obtenida entre los doce (12) meses del año, en atención a lo que establece el artículo 167 de la anterior Ley del Seguro Social, disposición que expresamente establece que la cuantía básica se calcula de forma anual, del modo en que se efectuó, pues el año completo comprende trescientos sesenta y cinco (365) días y no trescientos sesenta (360) días.

II. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito resolvió el amparo directo DT. 26302/2001, en sesión de veinticinco de octubre de dos mil uno; sin embargo, las consideraciones que lo sustentaron no se transcribirán ni se analizarán en este apartado, pues –como se señaló con antelación–, dicho criterio fue interrumpido por el sostenido en el diverso amparo directo DT. 18742/2002, resuelto en sesión de veinticuatro de enero de dos mil tres, que actualmente se encuentra vigente y del que se originó la tesis aislada I.2o.T.22 L, en donde se estableció lo siguiente:

"QUINTO.—El estudio del concepto de violación inserto conduce a determinar lo siguiente:

"Es infundado el motivo de inconformidad esgrimido por el quejoso, donde aduce en síntesis, que la Junta responsable no debió ordenar la apertura del incidente de liquidación, para efecto de cuantificar el monto de la pensión por incapacidad parcial permanente valuada en un **********, que diagnosticó al actor el perito tercero en discordia, porque sí está demostrado el salario que se debe tomar en cuenta para la cuantificación; y, siendo esto así el laudo reclamado es incongruente por contravenir lo dispuesto en los artículos 841 a 843 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con las garantías individuales que invocó en su demanda de amparo.

"Lo anterior es así, porque la parte relativa del considerando cuarto del laudo reclamado, la juzgadora determinó lo siguiente:

"‘... Para el cálculo del monto de la pensión que deberá cubrirse al actor, deberá considerarse lo expresado en el presente considerando respecto a la base salarial sobre la cual deberá calcularse la pensión condenada; en este orden de ideas y tomando como base salarial la aducida por la demandada el actor (sic) de $********** diarios, por las razones mencionadas con antelación, y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 65, fracción II, de la Ley del Seguro Social invocada, así como la tesis jurisprudencial emitida por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelve la contradicción de tesis sustentadas, por el Tercero y Sexto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito cuya voz establece: «PENSIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL DERIVADA DE RIESGOS DE TRABAJO. SU CUANTIFICACIÓN CONFORME A LAS REGLAS PREVISTAS EN LA FRACCIÓN II EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE EN EL AÑO DE 1996.» se determina que la pensión deberá calcularse sobre la cantidad de $********** que resulta ser el 70% del total del total del monto base de $********** especificado anteriormente, cantidad primera de la que se obtiene el porcentaje monto de la pensión del 30%, de donde resulta la cantidad diaria por concepto de pensión de $**********, que multiplicada por 30 días, considerando que las pensiones son pagaderas en forma mensual, se obtiene un total de la pensión que asciende a $********** pesos mensuales que, por concepto de pensión/mensual por incapacidad parcial permanente deberé (sic) cubrir el Instituto Mexicano del Seguro Social a partir de la fecha de la presente resolución, con todos los incrementos que lleguen a generarse en la misma hasta su total cumplimiento.’ (Fojas ciento veintiuno y ciento veintidós del expediente laboral), lo cual concretó en el resolutivo segundo del propio laudo, que para mayor ilustración se transcribe:

"‘SEGUNDO.—Se condena al Instituto Mexicano del Seguro Social a pagar al actor ********** una pensión por incapacidad parcial permanente valuada en un total de ********** cuantificada en un monto total de la pensión que asciende (sic) $********** pesos que, por concepto de la pensión mensual antes indicada deberá cubrir el instituto mencionado al actor a partir de la fecha de la presente resolución, con todos los incrementos que lleguen a generarse en la misma hasta su total cumplimiento, por vas n nones (sic) que han quedado expresas en el cuerpo de la presente resolución.’

"En esos términos, opuestamente a lo argumentado por el quejoso, la Junta del cocimiento (sic) no ordenó la apertura del incidente de liquidación, previsto por el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, por tanto, es evidente, que el laudo reclamado en dicho aspecto, no resulta violatorio de las garantías individuales que invoca el quejoso en su escrito de demanda.

"En otro aspecto, es infundado el motivo de inconformidad que hace valer el impetrante de garantías, donde señala en esencia, que el monto de la pensión a la que debió condenarse al instituto demandado, debe tener un real efecto resarcitorio y, por lo mismo, el monto de la pensión por incapacidad parcial permanente, no puede ser calculada tomando como base un salario inferior al mínimo general vigente en la ciudad de México, Distrito Federal, en la fecha en que se dictó el laudo reclamado.

"Antes de entrar al estudio de la cuestión planteada, es pertinente dejar establecido, que la actual integración de este Tribunal Colegiado, haciendo una nueva reflexión a la jurisprudencia que aprobó en sesión de veinticinco de octubre de dos mil uno y que dio lugar a la publicada con el número 1.2o.T. J/6 (sic), que aparece en la página mil quinientos sesenta y dos, Tomo XIV, diciembre dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice:

"‘PENSIÓN POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE, DERIVADA DE ENFERMEDADES DE TRABAJO. SALARIO DIARIO QUE DEBE SERVIR DE BASE PARA SU CUANTIFICACIÓN, CUANDO EL PROMEDIO SALARIAL NO EVIDENCIA SU NATURALEZA RESARCITORIA, CONFORME A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE HASTA EL TREINTA DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.’; considera que no debe continuar aplicándose pues del nuevo análisis minucioso del tema en cuestión se ha llegado a determinar que la Ley Federal del Trabajo, no es la que debe regir para el cálculo del pago de incapacidades por riesgo de trabajo, sino lo establecido en las fracciones II y III del artículo 65 de la anterior Ley del Seguro Social, por ser la obligatoria y aplicable en dichos casos.

"En efecto, de la interpretación gramatical de la citada fracción II, se advierte que en su primera parte indica los dos factores que debían intervenir en la operación aritmética que se hace para cuantificar la pensión mensual, a saber: a) tasa setenta por ciento (70%) y b) salario en que estuviere cotizando, tratándose de incapacidad permanente total; en cambio, en la segunda parte sólo se refiere a uno de esos factores que es la variante de la operación aritmética a realizar, que consiste en el promedio de las cincuenta y dos (52) últimas semanas de cotización, o las que tuviere si su aseguramiento fuese por un tiempo menor, sobre la misma tasa del setenta por ciento menos el porcentaje determinado por la incapacidad parcial permanente; de ahí que, deba concluirse que para los casos de enfermedad profesional en que se determine este tipo de incapacidad, también debe atenderse a lo dispuesto en la fracción III del precitado artículo.

"En esos términos, encontrándose establecidas tanto en la Ley del Seguro Social, como en la vigente, disposiciones expresas que fijan las reglas para determinar el monto de una pensión por incapacidad parcial permanente, no es indispensable acudir a la interpretación como método de integración de la Ley Federal del Trabajo, ni siquiera para el caso en que los asegurados, por implicaciones económicas derivadas de la devaluación, sufrieran disminución en la percepción neta mensual pensionaría (sic), por razón de que el promedio de las cincuenta y dos semanas de cotización, fuera al momento del reconocimiento de la incapacidad inferior al salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, Distrito Federal, lo que sucede en el laudo definitivo; o bien, porque en la fecha en que dejaron de cotizar al instituto, a la data en que fuera reconocida la incapacidad, hubiera transcurrido un periodo determinado de tiempo que implicara un sensible detrimento económico en el monto de la pensión; por tanto, no cabe aceptar que ante el texto expres

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29636-d99cfe0a/pension-mensual-por-incapacidad-parcial-permanente-derivada-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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