SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DE LOS DECRETOS 27296/LXII/19 Y 27391/LXII/19 QUE REGULAN LA APLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA A LOS JUZGADORES DEL PODER JUDICIAL Y DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL ESTADO DE JALISCO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 38/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 23 DE NOVIEMBRE DE 2020. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS RENÉ OLVERA GAMBOA, JACOB TRONCOSO ÁVILA, ROBERTO CHARCAS LEÓN, JUAN JOSÉ ROSALES SÁNCHEZ Y MOISÉS MUÑOZ PADILLA. DISIDENTES: SALVADOR MURGUÍA MUNGUÍA Y OSCAR NARANJO AHUMADA. PONENTE Y ENCARGADO DEL ENGROSE: OSCAR NARANJO AHUMADA. SECRETARIOS: JOSÉ MARTÍN ESPINOZA MORONES Y DAVID IBARRA CÁRDENAS.
Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión virtual de veintitrés de noviembre de dos mil veinte.
VISTOS, los autos para resolver la denuncia de contradicción de tesis número 38/2019; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio 31/2019 de ocho de noviembre de dos mil diecinueve,(1) signado por la Magistrada Claudia Mavel Curiel López, integrante del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito denunció la posible contradicción de tesis, suscitada entre los Tribunales Colegiados Segundo y Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los recursos de queja 439/2019 y 431/2019 de sus respectivos índices.
SEGUNDO.—Admisión y trámite de la contradicción de tesis. Por auto de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve,(2) el Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, numeral 13, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito admitió la denuncia con el número de contradicción de tesis 38/2019 y, solicitó a los tribunales contendientes para que remitieran copia certificada de las ejecutorias dictadas en las quejas participantes.
En el propio acuerdo, entre otras determinaciones, se solicitó a la presidencia de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes informaran si el criterio que respectivamente sustentaron en las sentencias dictadas en las quejas 439/2019 y 431/2019 de sus índices, se encontraba vigente, o en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado; y, se ordenó girar oficio a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que informara a este Pleno de Circuito sobre la existencia o no de algún asunto radicado ante el Alto Tribunal del País que guardara relación con la temática planteada en la presente contradicción de tesis.
En proveídos de doce de diciembre de dos mil diecinueve y seis de enero de dos mil veinte,(3) la presidencia del Pleno recibió los informes solicitados, esto es, sobre la vigencia del criterio sustentado por los órganos jurisdiccionales contendientes; así como el diverso del director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el cual informó que de la consulta realizada por la Secretaría General de Acuerdos del Alto Tribunal en el sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, así como de los acuerdos de admisión dictados por el Ministro presidente, durante los últimos seis meses no se advirtió la existencia de alguna denuncia de contradicción de tesis radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionada con el tema a tratar en este asunto.
Por acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veinte,(4) se turnaron los autos al Magistrado Oscar Naranjo Ahumada, integrante del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 9o. del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de mayo de dos mil catorce, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis entre criterios de Tribunales Colegiados de la misma materia y Circuito de este Pleno.
SEGUNDO.—Legitimación de la denunciante. La Magistrada Claudia Mavel Curiel López, integrante del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, cuenta con legitimación para denunciar la posible contradicción de criterios, suscitada entre los Tribunales Colegiados Segundo y Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los recursos de queja 439/2019 y 431/2019 de sus respectivos índices, con base en lo dispuesto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(5) por integrar uno de los Tribunales Colegiados contendientes.
TERCERO.—Consideraciones de los criterios contendientes. Con el fin de resolver lo conducente, se hace indispensable puntualizar, en primer término, los antecedentes de los asuntos que motivaron la presente contradicción de criterios, así como las consideraciones torales que los sustentaron, contenidas en las ejecutorias relativas.
Primera postura: Sentencia dictada en el recurso de queja 439/2019 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
Antecedentes del caso:
**********, en su carácter de Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco promovió juicio de amparo indirecto, contra actos del Congreso del Estado de Jalisco, así como del gobernador constitucional de la propia entidad y otras autoridades, consistentes en el Decreto 27296/LXII/19, así como la declaratoria y/o Acuerdo Legislativo Número 29-LXII/19, mediante los cuales se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Jalisco, relativas a la implementación del sistema de evaluación de control de confianza, tanto en el Poder Judicial, como en la justicia administrativa estatal, a fin de garantizar la probidad y honorabilidad de sus miembros.
En su demanda de amparo, el Magistrado quejoso solicitó la suspensión provisional para los efectos siguientes:
"a. Que no se apliquen las normas que se reclaman de inconstitucionales, por tanto, no se apliquen los exámenes de control y confianza al hoy quejoso hasta en tanto se resuelva sobre el fondo del asunto.
"b. Que no se aplique la causal de retiro forzoso relativa a no aprobar los exámenes de control y confianza hasta en tanto se resuelva sobre el fondo del asunto.
"c. Que se mantenga la situación que prevalecía sin aplicar las consecuencias de las normas impugnadas.
"d. En caso de (sic) lo anterior no sea procedente se sigan todos los procedimientos de aplicación de exámenes de control y confianza, absteniéndose las responsables de emitir resolución alguna en cualquier sentido, lo anterior hasta en tanto se resuelve el fondo del asunto –efecto que se pide de manera subsidiaria y previa negación de los petitorios anteriores–.
"e. Asimismo, que no se lleve a cabo, o bien, cese la campaña de denostación por cualquier medio en contra del suscrito, debiendo evitar mencionar el nombre del aquí quejoso como uno de los que se oponen a los actos reclamados.
"f. Que se emitan acuerdos relativos a la obligación del suscrito de someterme a una evaluación de confianza, así como el que se impida el que se pretendan (sic) ejecutar o me sean aplicados cualquiera de los exámenes de control de confianza contenidos en los preceptos tildados de inconstitucionales, es decir, que no se me obligue o pretenda condicionar mi desempeño o función y/o resultado del mismo a los exámenes de control de confianza, lo anterior hasta en tanto se resuelva sobre la constitucionalidad y convencionalidad de los mismos.
"g. En caso de que se llegasen a emitir acuerdos y se hayan ejecutado, o se me hubiera obligado a someterme a cualquiera de las evaluaciones de control de confianza, que las autoridades responsables se abstengan de aplicar las consecuencias jurídicas de los resultados que los mismos que (sic) llegasen a representar hasta en tanto se resuelva sobre la convencionalidad o inconstitucionalidad del mismo."
El Juez Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, a quien correspondió el conocimiento del asunto, por auto de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, admitió la demanda de amparo bajo (sic) número 27/2019 y, por auto de la misma fecha, en los autos del incidente de suspensión, concedió la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, en relación con los anteriores actos, para el efecto de que no se aplicaran en la esfera jurídica del quejoso los exámenes de control y confianza, ni las consecuencias legales.
Inconforme con esa resolución, el coordinador de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Jalisco (como autoridad responsable), interpuso recurso de queja, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con el número de toca 439/2019 y, el que en sesión de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, en la materia del recurso, resolvió modificar la resolución recurrida y negar la suspensión provisional, bajo los siguientes puntos resolutivos:
"PRIMERO.—En la materia del recurso, se modifica el acuerdo recurrido.
"SEGUNDO.—Se niega la suspensión provisional de los actos reclamados consistentes en el Decreto 27296/LXII/19, así como la declaratoria y/o Acuerdo Legislativo 29-LXII/19, la totalidad de las consecuencias derivadas de dicha aplicación de tales decretos; así como respecto del diverso acto reclamado consistente en la eliminación y consecuente otorgamiento al quejoso del ‘haber de retiro’; de conformidad con lo precisado en el último de los considerandos de este fallo."
Para arribar a esa decisión, el citado Tribunal Colegiado declaró fundado uno de los agravios expuestos por la autoridad recurrente y, por ende, suficiente para modificar el acuerdo recurrido y negar la suspensión solicitada, acorde a las consideraciones torales siguientes.
Inicialmente, el aludido órgano colegiado contendiente interpretó los artículos 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65 y 66 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, reformados mediante Decreto 27296/LXII/2019, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el diez de septiembre de dos mil diecinueve (materia del reclamo inicial) y, con base en ello, concluyó lo siguiente:
"De lo reproducido se aprecia que dichos numerales establecen, en la parte que interesa, que el Poder Judicial del Estado de Jalisco, contará con un sistema de evaluación de control de confianza para garantizar la probidad y honorabilidad de sus funcionarios y que en dichas evaluaciones se deberán incluir los exámenes patrimonial y de entorno social, médico, psicométrico y psicológico, poligráfico, toxicológico, así como los demás que establezca la ley de la materia.
"Asimismo, que los Jueces de primera instancia serán elegidos por el Consejo de la Judicatura por un periodo de cuatro años y a fin de ser reelectos, deberán acreditar previamente la aprobación de las evaluaciones de control y confianza, los cuales serán aplicables cada cuatro años; y que la ley de la materia establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos del Poder Judicial, así como la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de independencia judicial, honestidad, diligencia, imparcialidad, honradez, veracidad, excelencia profesional, eficiencia, eficacia, honorabilidad, objetividad, legalidad, rectitud, lealtad, celeridad, probidad y competencia (artículos 63 y 64)."
Con base en lo anterior, el citado Tribunal Colegiado contendiente consideró que resultaba improcedente la medida cautelar solicitada, contra los efectos y consecuencias de las normas reclamadas, especialmente contra la práctica de las evaluaciones de control y confianza a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, prevista en los artículos 56 y 63 de la Constitución de la entidad; lo anterior, en razón de que dichos funcionarios debían acreditar previamente la aprobación de las evaluaciones de desempeño y de control de confianza practicables cada cuatro años, a fin de garantizar el cumplimiento a los principios judiciales que garanticen la probidad y honorabilidad de los funcionarios, pues de no aprobar las evaluaciones, sería causa de retiro forzoso.
En ese contexto, estableció que en la especie, no se cumplía con el requisito de procedencia previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, porque: "... con el otorgamiento de la suspensión contra la práctica de dichas evaluaciones, se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social, toda vez que, la sociedad está interesada en que el servicio de administración de justicia se realice con base en el cumplimiento de los aludidos principios."; citó en apoyo de lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 116/2013,(6) de rubro: "SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE OTORGARLA CONTRA LAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PRACTICADAS AL PERSONAL DE BASE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA."
Asimismo, refirió el Tribunal Colegiado de Circuito, de otorgarse la medida cautelar, también se afectaría el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público "... ya que se permitiría que la función jurisdiccional del Estado la ejerciera quien legalmente se encuentre impedido para ello, toda vez que, en el caso imperan valores colectivos, que gozan de preeminencia en términos de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, la sociedad tiene interés en que la impartición de justicia se realice por quienes satisfagan los requisitos legales que garanticen su debida impartición, circunstancia que impide que derivado del otorgamiento de una medida provisional se prolongue un nombramiento más allá del límite establecido en la ley. Ello aunado a que resulta de mayor entidad el interés de la sociedad en que los funcionarios (Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco), cumplan con los principios de certeza, legalidad, objetividad, eficiencia, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, disciplina y respeto a los derechos humanos como parte del sistema de control de confianza, al interés particular con el que cuenta el funcionario en cuestión a efecto de que se realice tal evaluación so pena de que ello se (sic) transgreda la autonomía e independencia judicial, lo cual, conviene establecer, conformaría el estudio de fondo en el presente asunto."
Finalmente, el referido Tribunal Colegiado contendiente, precisó que la determinación de declarar improcedente la suspensión solicitada en los términos apuntados, debía hacerse extensiva a las diversas consecuencias derivadas de la aplicación de los decretos reclamados en el juicio de derechos fundamentales de origen; esto es: i) para que no se aplique la causa de retiro forzoso por la no aprobación de los exámenes de control de confianza, hasta en tanto se resuelva el asunto en lo principal; ii) en caso de la práctica de las evaluaciones, se siga el procedimiento relativo, sin que la autoridad emita la resolución respectiva; iii) no se emita acuerdo en el que se obligue al quejoso a someterse a las evaluaciones de confianza, pero, en caso de dictarse algún acuerdo y se ejecute, las autoridades se abstengan de aplicar las consecuencias jurídicas de un resultado desfavorable para la parte quejosa, toda vez que: "... la sociedad tiene interés en que la impartición de justicia se realice por quienes satisfagan los requisitos legales que garanticen su debida impartición, circunstancia que impide que derivado del otorgamiento de una medida provisional se prolongue un nombramiento más allá del límite establecido en la ley y resulta de entidad superior tal interés de la sociedad en que los funcionarios (Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco), cumplan con los principios de certeza, legalidad, objetividad, eficiencia, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, disciplina y respeto a los derechos humanos como parte del sistema de control de confianza, al interés particular con el que cuenta el funcionario de mérito a efecto de que se realice tal evaluación."
Segunda postura: Sentencia dictada en el recurso de queja 431/2019 del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
Antecedentes del caso:
**********, en su carácter de Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco promovió juicio de amparo indirecto, contra actos del Congreso del Estado de Jalisco, así como del gobernador constitucional de la propia entidad, consistentes en la inconstitucionalidad de los artículos 56, 65 y 66 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como los artículos quinto, séptimo y octavo transitorios, reformados mediante Decreto 27296/LXII/2019, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el diez de septiembre de dos mil diecinueve.
En su demanda de amparo el quejoso solicitó la suspensión provisional y, en su momento, la definitiva de los actos reclamados, para los efectos siguientes:
"Se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, esto es, que las autoridades responsables o cualquier otra vinculada a la aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales, se abstengan de aplicar las consecuencias jurídicas de las normas en análisis, es decir;
"Que no se apliquen las normas que se reclaman de inconstitucionales, por tanto, no se apliquen los exámenes de control y confianza, al hoy quejoso hasta en tanto se resuelva sobre el fondo del asunto.
"Que no se aplique la causal de retiro forzoso relativa a no aprobar los exámenes de control y confianza hasta en tanto se resuelva sobre el fondo del asunto.
"En caso de que lo anterior no sea procedente se sigan todos los procedimientos de aplicación de exámenes de control y confianza, absteniéndose las responsables de emitir resolución alguna en cualquier sentido, lo anterior hasta en tanto se resuelve el fondo del asunto –efecto que se pide de manera subsidiaria y previa negación de los petitorios anteriores–.Por tanto:
"Que no se emitan acuerdos relativos a la obligación del suscrito de someterme a una evaluación de confianza, así como el que se impida el que se pretendan ejecutar o me sean aplicados cualquiera de los exámenes de control de confianza contenidos en los preceptos tildados de inconstitucionales, es decir, que no se me obligue o pretenda condicionar mi desempeño o función y/o resultado del mismo a los exámenes de control de confianza, lo anterior hasta en tanto se resuelva sobre la constitucionalidad y convencionalidad de los mismos.
"En caso de que se llegasen a emitir acuerdos y se hayan ejecutado, o se me hubiera obligado a someterme a cualquiera de las evaluaciones de control de confianza, que las autoridades responsables se abstengan de aplicar las consecuencias jurídicas de los resultados que los mismos que (sic) llegasen a representar hasta en tanto se resuelva sobre la convencionalidad o inconstitucionalidad del mismo.
"Se mantengan las cosas en el estado en el que se encuentran, así como que me sean reconocidos y respetados tanto mi nombramiento, como mi derecho a permanecer en el cargo al no haber incurrido en ninguna de las causales materia de responsabilidad, es decir, que no se destituya al suscrito con motivo de la consecuencia de algún acto de aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales y se me permita continuar ejerciendo mi labor jurisdiccional de conformidad con las máximas éticas judiciales y principios constitucionales de independencia e (sic) estabilidad en el cargo."
La Jueza Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, a quien correspondió el conocimiento del asunto, por auto de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, admitió la demanda de amparo bajo número (sic) 2296/2019 y, por auto de la misma fecha, en los autos del incidente de suspensión, negó la suspensión provisional solicitada por el quejoso, al considerar, toralmente, que no se satisfizo el requisito para conceder la suspensión previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que de concederla se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, toda vez que, la colectividad se vería privada de un beneficio del que actualmente goza o se le inferiría un daño que de otra manera no resentiría, en razón de que, conforme a las normas impugnadas, los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, durarán en el ejercicio de su cargo doce años improrrogables a partir de la fecha en que rindan protesta, en tanto que las evaluaciones de control y confianza se realizarán cada cuatro años, se colegía que la finalidad de dicho proceso de evaluación de control y confianza era garantizar la probidad y honorabilidad de sus funcionarios, por lo que una causa de remoción del cargo será la relativa a la no aprobación de las evaluaciones de control y confianza; además que, de concederse la medida cautelar solicitada, también se afectaría el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, al permitir que la función jurisdiccional del Estado de Jalisco la ejerciera quien legalmente se encontrara impedido para ello, toda vez que en el caso imperan valores colectivos, que gozan de preeminencia en términos de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la sociedad tiene interés en que la impartición de justicia se realice por quienes satisfagan los requisitos legales que garanticen su debida impartición, circunstancia que impide que, derivado del otorgamiento de una medida provisional, se prolongue un nombramiento más allá del límite establecido en la ley.
Asimismo, el a quo precisó que no procedía conceder la medida cautelar solicitada a partir de la apariencia del buen derecho, ya que no se advertía que hubiera peligro en la demora y tampoco inconstitucionalidad de las normas reclamadas ni intromisión en la división de poderes, pues de un análisis preparatorio de las normas impugnadas, se evidenciaba que la aplicación de las mismas estaba sujeta a la creación de órganos de control que practicaran tales evaluaciones de control de confianza, es decir, no era inminente su aplicación; además de que, bajo una apreciación somera, no podía determinarse su inconstitucionalidad en sí misma, aunado a que no se advertía afectación o transgresión a la autonomía del Poder Judicial del Estado de Jalisco; toda vez que, si bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 86/2014 determinó que existe afectación a la autonomía judicial, es decir, se ultraja la división de poderes cuando no existe independencia de los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones, la que se garantiza a través de las Constituciones y leyes orgánicas de los Estados, que prevén las condiciones para el ingreso y permanencia de quienes sirven a los Poderes Judiciales de los Estados, en función de los principios de autonomía e independencia de los Jueces; sin embargo, en el caso, no se advertía que las normas reclamadas impidieran que la labor jurisdiccional se desarrollara con libertad y sin injerencias externas, esto es, en respeto de la autonomía e independencia judicial, que finalmente redundan en el respeto al derecho humano de acceso a la justicia, sin presiones externas.
Inconforme con esa resolución, el quejoso interpuso recurso de queja del que correspondió conocer al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con el número de toca 431/2019 y, el que en sesión de siete de noviembre de dos mil diecinueve, por mayoría de votos,(7) resolvió revocar la resolución recurrida y conceder la suspensión provisional, bajo los siguientes puntos resolutivos:
"PRIMERO.—Es fundado el presente recurso de queja.
"SEGUNDO.—Se revoca la porción recurrida del acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, dictado en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 2296/2019 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan.
"TERCERO.—Se concede la suspensión provisional solicitada por el quejoso **********, para el efecto de que, en lo que a él respecta, permanezcan las cosas en el estado que actualmente guardan y no se le apliquen los artículos 65 y 66 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como los artículos quinto, séptimo y octavo transitorios, contenidos en el decreto identificado con el Número 27296/LXII/19, tildados de inconstitucionales; hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados en el incidente de suspensión."
Para arribar a esa decisión, el citado Tribunal Colegiado contendiente estimó sustancialmente fundados los agravios expuestos por el quejoso recurrente relacionados con el peligro en la demora; la actualización de los supuestos de la apariencia del buen derecho, previstos en el artículo 138 de la Ley de Amparo; de la inconstitucionalidad de las normas generales reclamadas, por violación al artículo 17 constitucional; así como el hecho de que con la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, por no materializarse los supuestos previstos en el artículo 129 de la ley de la materia; y, los consideró suficientes para revocar el acuerdo recurrido y conceder la suspensión solicitada, acorde a las consideraciones torales siguientes.
En principio, realizó un análisis sistemático de los artículos 125 a 158 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, y concluyó que la válida paralización de los actos reclamados en el juicio de amparo está condicionada a la acreditación de los requisitos siguientes: a) Solicitud de parte; b) Interés suspensional; c) Certeza de los actos reclamados; d) Existencia de materia para la suspensión; y, e) Análisis simultáneo de peligro en la demora, apariencia del buen derecho, orden público e interés social.
El referido órgano colegiado contendiente tuvo por acreditados tales requisitos y, en lo que atañe al último de los mismos, relativo al análisis simultáneo de peligro en la demora, apariencia del buen derecho, orden público e interés social, concretamente, que con la concesión de la medida cautelar no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, que es lo (sic) constituye el punto de toque y materia de la presente contradicción de criterios, lo consideró colmado al considerar lo siguiente:
"... que la introducción de una reforma constitucional local que, de suyo, pretende sujetar a los titulares del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, a las evaluaciones periódicas de control de confianza que se comentan, podría resultar transgresor de los principios de independencia y autonomía que le corresponden a dicho organismo público autónomo, como lo sostiene el quejoso, en la medida que se autorizaría a separarlos de sus cargos por motivos que más bien resultan aplicables a los miembros del ejército, la marina y demás cuerpos de seguridad pública, a pesar de que existe la obligación consagrada en la Carta Magna de promover y garantizar la autonomía e independencia de los miembros del Tribunal de Justicia Administrativa Local.
"Al considerarlo del modo que ha quedado expresado, este Tribunal Colegiado no desconoce que hay una necesidad general en que los Poderes de la Unión y los tribunales encargados de impartir justicia se actualicen permanentemente y se configuren de acuerdo con las necesidades sociales de cada época, y con ello, que el orden jurídico mantenga una misma modernización que debe comenzar por la propia Constitución Local la cual requiere estar estructurada de manera que responda a los cambios y necesidades actuales, por lo que es loable todo cambio legislativo que se encamine a la satisfacción de esa exigencia y, como en este caso específico, al fortalecimiento de una de las instituciones fundamentales que sostienen el sistema de gobierno y la convivencia en sociedad, que desarrolla y hace posible el goce de la garantía de acceso a la impartición de justicia consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal.
"Con ello, se reconoce también que es de suma importancia procurar que procedimientos como los que, a nivel local, hacen posible la elección, supervisión y evaluación de los funcionarios judiciales, respondan a una nueva realidad de modo que se cuente con un tribunal de justicia administrativa estatal modernizado y fortalecido, en la medida que las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de sus integrantes resulten acordes con las necesidades que la colectividad tiene, de contar con órganos y juzgadores confiables.
"De esa manera, es claro que los esfuerzos de reforma legal y constitucional como los que se examinan resultan aceptables si
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29652-75c71a3e/suspension-en-el-juicio-de-amparo-indirecto-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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