I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO I), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE OAXACA). II. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. BASES CONSTITUCIONALES DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE OAXACA). III. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS LEGISLATURAS LOCALES DEBEN AJUSTAR LAS NORMAS QUE EMITAN AL RESPECTO A LAS BASES CONSTITUCIONALES EN LA MATERIA PARA LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 30, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE OAXACA). IV. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN MATERIA DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL, CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 30, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE OAXACA). V. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. INTENCIÓN DEL LEGISLADOR DE QUE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES SE PRESENTEN ANTE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL, CONFORME AL MARCO GENERAL APLICABLE (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 30, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE OAXACA). VI. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL ESTADO DE OAXACA. ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL CONFORME A LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 30, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE OAXACA). VII. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL ESTADO DE OAXACA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES DE PRESENTAR DECLARACIONES MUNICIPALES ANTE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONGRESO DEL ESTADO, VIOLA EL ARTÍCULO 109 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 30, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE OAXACA). VIII. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL ESTADO DE OAXACA. LA OBLIGACIÓN FIJADA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES DE PRESENTAR DECLARACIONES PATRIMONIALES ANTE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONGRESO DEL ESTADO, VULNERA LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA MUNICIPAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 30, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE OAXACA). IX. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL ESTADO DE OAXACA. NORMA QUE PREVÉ LA OBLIGACIÓN DE REMITIR LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES PRESENTADAS ANTE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS MUNICIPIOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONGRESO DEL ESTADO (INVALIDEZ, POR EXTENSIÓN, DEL ARTÍCULO TRANSITORIO CUARTO DEL DECRETO 584, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ CON EFECTOS ÚNICAMENTE ENTRE LAS PARTES Y A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 30, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE OAXACA, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO TRANSITORIO CUARTO DEL DECRETO 584, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 182/2019. MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, OAXACA. 28 DE MAYO DE 2020. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiocho de mayo de dos mil veinte.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la demanda, poderes demandados y acto impugnado. Por escrito presentado el ocho de mayo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rosa Alicia Santibáñez Valeriano, ostentándose como síndico municipal del Ayuntamiento de Cuilápam de Guerrero, Oaxaca, promovió controversia constitucional, en la que demanda la invalidez del Decreto 584 que reforma el artículo 30 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, emitido por las autoridades que a continuación se señalan:
• Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca
• Gobernador del Estado de Oaxaca
SEGUNDO.—Artículos constitucionales señalados como violados. Del escrito de demanda hecho valer por la parte actora, se desprenden como preceptos constitucionales violados los artículos 16, 108, párrafo quinto, 113 y 115, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO.—Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:
1. Señala que el primero de enero de dos mil diecinueve, las personas que actualmente integran el Ayuntamiento de Cuilápam de Guerrero, Oaxaca, para el trienio dos mil diecinueve dos mil veintiuno, tomaron posesión del cargo.
2. Que todos los concejales y demás miembros administrativos del Ayuntamiento de Cuilápam de Guerrero, Oaxaca, presentaron declaración patrimonial, dentro de los sesenta días naturales que conceden las leyes de la materia, en el órgano interno de control, es decir, la Contraloría Municipal del Municipio de Cuilápam de Guerrero, Oaxaca.
3. El veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, fue aprobado por parte de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, una reforma al artículo 30 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, misma que dispone que todas las declaraciones de situación patrimonial inicial por parte del presidente, síndico, regidores, directores y demás miembros del Ayuntamiento –obligados conforme a la ley– deberán presentarse en el Órgano Interno de Control del Congreso del Estado y en caso de que el Municipio de que se trate cuente, acorde con el número de población, con un órgano interno de control, éste deberá remitir las declaraciones de los miembros del Ayuntamiento al Órgano Interno de Control del Congreso del Estado de Oaxaca.
4. La reforma señalada fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, siendo ésta autoaplicativa, esto es, que con su sola entada en vigor causa afectación a los sujetos de derecho público a quienes se encuentra dirigida.
5. Por último y atento a lo anterior, es que se acude a esta instancia, por considerar que la misma invade y afecta la esfera competencial del Ayuntamiento.
CUARTO.—Concepto de invalidez. El síndico municipal del Ayuntamiento de Cuilápam de Guerrero, Oaxaca, hizo valer, esencialmente, los argumentos siguientes:
Los actos demandados le causan perjuicio al Ayuntamiento de Cuilápam de Guerrero Oaxaca, atento a que vulneran lo señalado en el artículo 115, fracción II, párrafo segundo, en relación con los numerales 16, 108 y 113 de la Constitución Federal.
Lo anterior, en virtud de que en dos mil quince se reformaron los artículos 108 y 113 de la Constitución Federal, dando lugar al Sistema Nacional Anticorrupción.
Asimismo, el treinta de junio de dos mil quince fueron reformados los artículos 115 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, estableciendo las responsabilidades de los servidores públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, conforme al Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.
Así pues, de la lectura de dichos artículos, se puede apreciar la existencia del Sistema Nacional Anticorrupción, integrado por una serie de autoridades del orden federal, cuyo principal objetivo es combatir los hechos de corrupción que pudieran cometer los servidores públicos imponiendo las sanciones, planes, programas y políticas públicas para inhibir los actos de corrupción. En dichas normas se ordena que las entidades federativas creen sus Sistemas Locales de Combate a la Corrupción, con las autoridades homólogas del orden local.
De los artículos constitucionales señalados se desprenden dos cuestiones: la primera que todos los servidores públicos deberán presentar su declaración patrimonial y de intereses, como mecanismo esencial de transparencia y combate a la corrupción; y la segunda, la existencia de órganos internos de control, como primer frente al combate de los hechos y actos de corrupción de los servidores públicos, como ente fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que serán los órganos internos de control quienes reciban las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, en sus diferentes modalidades; y que serán estos órganos, en caso de incumplimiento, quienes inicien los requerimientos y procedimientos disciplinarios correspondientes para imponer sanciones.
Asimismo, establece que la declaración patrimonial podrá ser presentada de forma digital, sin embargo, en caso de los Municipios que no cuentan con acceso a Internet o la tecnología necesaria, podrán emplear formatos impresos, imponiendo la obligación a los órganos internos de control de verificar que dichos formatos sean digitalizados e incluidos en el sistema de evolución patrimonial.
Por su parte, la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de Oaxaca, en el artículo 30 previo a la reforma, establecía que los servidores públicos tenían la obligación de presentar su declaración patrimonial ante sus correspondientes órganos internos de control y éstos serían los encargados de subir las declaraciones a la plataforma digital, para lo cual, podrían celebrar convenios con la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca.
Sin embargo, la reforma aprobada el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, reformó la redacción del artículo en mención y conforme a la nueva configuración, ahora el presidente municipal, síndico regidores, secretario, tesorero y demás trabajadores de la administración pública municipal, deberán remitir las declaraciones en un lapso de treinta días al Órgano Interno de Control del Congreso del Estado de Oaxaca.
Lo anterior, resulta ser violatorio del artículo 16 de la Constitución Federal, pues la reforma impugnada no es acorde al orden jurídico general establecido para el Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Estatales de Combate a la Corrupción, lo que vuelve a la norma infundada e inmotivada. Así pues, el acto reclamado transgrede lo establecido en los artículos 32, 33 y 34 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que impone la obligación a los servidores públicos de presentar sus declaraciones ante el órgano interno de control, es decir, ante la Contraloría Municipal, según lo dispuesto en los numerales 126 Bis, 126 Ter y 126 Quáter, fracción XV, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. Ello pues, atendiendo a la nueva redacción, se transgrede directamente lo señalado en los preceptos 32, 33 y 34 de la citada ley general.
Atendiendo a lo anterior, se considera que si los actos reclamados son contrarios a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, carecen de debida coherencia, así como consistencia y, por ende, se deben considerar indebidamente fundados y motivados, lo que incide en una vulneración en automático a los principios de legalidad y seguridad jurídica establecidos en el artículo 16 de la Constitución Federal.
La transgresión formal que realiza el Congreso del Estado de Oaxaca, con el acto reclamado, desnaturaliza la propia esencia de los sistemas señalados; pues los órganos internos de control son los encargados de realizar el control interno de las dependencias de gobierno, a fin de verificar que se cumpla con las metas institucionales, previniendo, investigando y sancionando los hechos de corrupción de acuerdo a su competencia, con la intención de que sea la propia autoridad administrativa la que se autorregule y sancione a sus funcionarios cuando incumplan con la norma, sin que pueda sancionar a servidores públicos de otra dependencia gubernamental, rompiendo con el principio de la autorregulación de control interno de la propia dependencia y que precisamente, en caso de no recibir las declaraciones de situación patrimonial, pueda iniciar la investigación y aplicar la sanción que corresponda.
Señala que los artículos 126 Bis, 126 Ter y 126 Quáter de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, establecen la Contraloría Municipal para aquellos Municipios con una población mayor a veinte mil habitantes, y para aquellos con una población menor, prevé a la Comisión de Rendición de Cuentas, Transparencia y Acceso a la Información, otorgándole las facultades de control antes señaladas. Asimismo, aduce que dicha ley, en atención a lo dispuesto en el artículo 115, fracción II, inciso b), de la Constitución Federal, instituyó un órgano interno de control como parte integrante de la administración pública municipal, la cual también viene concedida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en los numerales 32, 33 y 34.
Por ello, considera que el acto reclamado, al establecer que los servidores públicos deben presentar su declaración de situación patrimonial ante el Órgano Interno de Control del Congreso del Estado, evidentemente invade la esfera competencial que le está reservado al órgano administrativo del Ayuntamiento o administración pública municipal y no al órgano administrativo estatal y, por ende, vulnera los ya referidos artículos 115, fracción II, inciso b), de la Constitución Federal y 126 Bis, 126 Ter y 126 Quáter de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.
QUINTO.—Admisión y trámite. Por acuerdo de nueve de mayo de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el expediente 182/2019; asimismo, ordenó remitir el expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien fue designado como ponente para formular el proyecto de resolución respectivo.
En proveído de diez de mayo de dos mil diecinueve, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, ordenó emplazar a las autoridades demandadas, a fin de que formularan su contestación, requirió que señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones, dio vista a la Fiscalía General y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal de la República, para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.
SEXTO.—Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Por acuerdo de diez de julio de dos mil diecinueve, se tuvo al consejero jurídico del Poder Ejecutivo de Oaxaca, en representación del titular de ese poder, contestando la demanda de controversia constitucional de manera extemporánea.
Lo anterior, en virtud de que el plazo transcurrió del veinticuatro de mayo al cuatro de julio de dos mil diecinueve y el oficio se presentó el ocho de julio siguiente. De ahí que su presentación se considere fuera del término legal.
SÉPTIMO.—Contestación del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca. El Congreso del Estado contestó, en síntesis, lo siguiente:
La reforma efectuada al artículo 30, que se controvierte, no vulnera el ámbito competencial del Ayuntamiento del Municipio de Cuilápam de Guerrero, Oaxaca.
Lo anterior, pues tanto del dictamen de treinta de enero de dos mil diecinueve, emitido por la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Congreso Abierto, por el que se determina procedente reformar el artículo 30 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, como de la iniciativa con proyecto de decreto, de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, en la que se propone reformar el citado artículo, se advierten los fines que sustentan dicha reforma, consistentes en dotar al Congreso Estatal, a través de su órgano interno de control, de la facultad de revisión de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos municipales, con el único propósito de fortalecer el Sistema Estatal de Fiscalización y Combate a la Corrupción; por lo que no se lesiona el ámbito competencial de su Municipio.
Aclara que el artículo tercero transitorio del Decreto 584 impugnado establece que se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que se oponga al presente decreto, aun cuando no estén expresamente derogadas, por lo que la facultad que tenía la Contraloría Municipal para recibir las declaraciones patrimoniales, en términos del artículo 126 Quáter, fracción XV, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, fue derogada.
Por último, estima que con la reforma efectuada a la norma de referencia no se rebasa la facultad configurativa que constitucionalmente tiene encomendado para legislar en la materia.
OCTAVO.—Opinión de la Fiscalía General de la República. El fiscal general de la República no formuló opinión en el presente asunto.
NOVENO.—Audiencia. Agotado en sus términos el trámite respectivo, el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal y, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, se abrió el periodo de alegatos, haciéndose constar que las partes no los formularon y se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo dispuesto en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de un conflicto suscitado entre el Estado de Oaxaca y el Municipio de Cuilápam de Guerrero, de ese mismo Estado, en el que se impugna una norma de carácter de general.
SEGUNDO.—Oportunidad. El artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) prevé que cuando en una controversia constitucional se impugnen normas generales, la demanda respectiva puede promoverse en dos momentos, a saber:
- Dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación; y,
- Dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
En el caso, el Municipio actor impugna el Decreto 584 que reforma el artículo 30 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, publicado en el medio de difusión oficial de dicha entidad federativa el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve.
Por tanto, si el decreto impugnado fue publicado el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve en el Periódico Oficial Local, el plazo de treinta días para presentar la demanda transcurrió del veintidós de marzo al ocho de mayo de dos mil diecinueve. Debiendo descontarse los días sábados y domingos por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Federación, así como del diecisiete al diecinueve de abril de la propia anualidad, de conformidad con el inciso n) del punto primero del Acuerdo General Número 18/2013 de este Tribunal Pleno.
Por lo que si la presentación de la demanda se efectúo el ocho de mayo de ese año, es indudable que resulta oportuna.
TERCERO.—Legitimación activa. En términos del artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal,(2) el Municipio de Cuilápam, de Guerrero, perteneciente al Estado de Oaxaca, tiene legitimación para promover este medio de control constitucional.
En representación de ese Municipio comparece Rosa Alicia Santibáñez Valeriano, con el carácter de síndico del Ayuntamiento del Municipio actor, cargo que acredita con copia certificada de la credencial que la acredita como síndico municipal, expedida por la Secretaría General del Gobierno del Estado de Oaxaca, así como copias certificadas de las actas de sesión extraordinaria de uno y dos de enero de dos mil diecinueve, en la que tomó protesta de su cargo como concejal y se le refiere como titular de la sindicatura.(3)
Al respecto, el artículo 71, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca(4) establece que los síndicos serán los representantes jurídicos del Municipio en los litigios en que éste sea parte.
Consecuentemente, de conformidad con la disposición citada, en relación con los artículos 10, fracción II y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia,(5) procede reconocer la representación del síndico del Ayuntamiento de Cuilápam de Guerrero, Estado de Oaxaca, para promover la presente controversia constitucional.
CUARTO.—Legitimación pasiva. A continuación, se analizará la legitimación de la parte demandada, atendiendo a que ésta es una condición necesaria para la procedencia de la acción, consistente en que dicha parte sea la obligada por la ley a satisfacer la exigencia que se demanda.
a) Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
El Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca tiene legitimación pasiva en la presente controversia, por ser a quien se le atribuye uno de los actos impugnados, no obstante lo anterior, no es necesario analizar la representación de la autoridad demandada, en virtud de que la contestación de la demanda fue presentada de forma extemporánea.
Atento a lo anterior, de conformidad con el artículo 30 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presume como cierto el hecho señalado en la demanda atribuido directamente al Poder Ejecutivo, es decir, la publicación del Decreto 584 que reforma el artículo 30 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca.
b) Poder Legislativo del Estado de Oaxaca
En representación del poder demandado compareció Laura Estrada Mauro, presidenta de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura Constitucional del Estado de Oaxaca, cargo que acredita con la copia certificada del acta de quince de noviembre de dos mil dieciocho, de sesión ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones, del primer año de ejercicio legal de dicha Legislatura, en la que se tomó protesta a los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado de Oaxaca.(6)
Dicho lo anterior, la funcionaria está facultada para representar al Poder Legislativo de la entidad, en términos del artículo 49, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca.(7)
En tal virtud, de conformidad con los artículos 10, fracción II y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia, debe reconocerse legitimación pasiva al Poder Legislativo del Estado de Oaxaca y tener por contestada la demanda por persona legitimada para ello.
QUINTO.—Causas de improcedencia. Este Tribunal Pleno advierte que no existe motivo de improcedencia hecho valer por las partes, ni de oficio la existencia de alguna, por lo que se procede al estudio de fondo del asunto.
SEXTO.—Estudio de fondo. El Municipio actor impugna el artículo 30 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, reformado mediante Decreto 584, publicado el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.
El citado artículo establece lo siguiente:
"Artículo 30. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante la secretaría o su respectivo órgano interno de control, todos los servidores públicos, en los términos previstos en la presente ley y la ley general. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia. Los servidores públicos pertenecientes a dependencias y entidades de la administración pública estatal, las citadas declaraciones se presentarán ante la secretaría. Los servidores públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los organismos constitucionales autónomos, las presentarán ante sus respectivos órganos internos de control. Para efectos de lo anterior, dichos poderes, organismos, podrán celebrar convenios con la secretaría para el uso de las plataformas tecnológicas de esta última.
"Tratándose de los Ayuntamientos, agentes municipales, de policía y demás servidores públicos municipales deberán presentar las declaraciones ante el Órgano Interno de Control del Congreso del Estado.
"Asimismo, los servidores públicos deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación en la materia."
Del artículo impugnado se desprende, por un lado, que todos los servidores públicos de Oaxaca, están obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses ante la secretaría o su respectivo órgano interno de control en los términos previstos en esa ley y en la ley general; asimismo, que deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.
Por otra parte, precisa que tales declaraciones, tratándose de servidores públicos pertenecientes a dependencias y entidades de la administración pública estatal, se presentarán ante la secretaría; mientras que las de los que pertenezcan a los Poderes Legislativo y Judicial y a los organismos constitucionales autónomos, las presentarán ante sus respectivos órganos internos de control.
Por último, establece en la porción impugnada que, tratándose de los Ayuntamientos, agentes municipales, de policía y demás servidores públicos municipales deberán presentar las declaraciones ante el Órgano Interno de Control del Congreso del Estado.
Al respecto, el Municipio actor señala que la norma impugnada: (i) transgrede directamente los artículos, 16, 115, fracción II, segundo párrafo, 108 y 113 de la Constitución Federal, así como los numerales 126 Bis, 126 Ter y 126 Quáter, fracción XV, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; (ii) viola el principio de seguridad jurídica, atendiendo a que carece de una debida motivación y fundamentación, al no ser congruente y coherente; y, (iii) vulnera la autonomía municipal, esto en virtud de que impone la obligación a los servidores públicos municipales de presentar la declaración de situación patrimonial ante el Órgano Interno de Control del Congreso del Estado, lo que impide que sea el propio órgano interno del Ayuntamiento el que pueda iniciar la investigación e imponer sanciones en caso de incumplimiento.
Ahora, a efecto de analizar el planteamiento de invalidez hecho valer, se debe tomar en cuenta que, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de mayo de dos mil quince, se emitió el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Federal en materia de combate a la corrupción, entre ellos, los artículos 108, 109, fracción III, 113 y 73, fracciones XXIV y XXIX-V, que a la letra indican:
"Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la administración pública federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
"El presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.
"Los Ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y alcaldías, los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.
"Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.
"Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley."
(Reformado, D.O.F. 27 de mayo de 2015)
"Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:
"...
"III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.
"Las faltas administrativas graves serán investigadas y sustanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.
"Para la investigación, sustanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación, se observará lo previsto en el artículo 94 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.
"La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control.
"Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución.
"Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior."
(Reformado, D.O.F. 27 de mayo de 2015)
"Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:
"I. El sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución; así como por u
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29657-95e82e03/i-controversia-constitucional-legitimacion-del-sindico-municipal-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO I), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTI (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO I), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTI (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO I), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTI (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- REVISION FISCAL. SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA FEDERACION. PROCEDENCIA. DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO DE PRESENTACION DE SITUACION PATRIMONIAL. (s/clave)
- DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES. LOS ACUERDOS POR LOS QUE SE DAN A CONOCER LOS FORMATOS Y SE IMPONE LA OBLIGACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PRESENTARLA, NO V (XXX.3o.6 A (11a.))
- DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES. TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS, POR MANDATO CONSTITUCIONAL, ESTÁN OBLIGADOS A PRESENTARLAS (CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULO (2a. LXXXIX/2018 (10a.))
- MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. SON CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDOS LOS REQUERIMIENTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES DE ELECCIÓN POPULAR, CO (113)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis