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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE OTRO ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN RRA 4977/17, EMITIDA EL PRIMERO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE POR EL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES). II. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES QUE OBLIGA AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES A REALIZAR LA PRUEBA DE DAÑO PREVIO A CLASIFICAR COMO RESERVADA LA INFORMACIÓN SOLICITADA, RELATIVA A LAS ENTREVISTAS QUE CELEBREN SUS COMISIONADOS CON QUIEN REPRESENTE LOS INTERESES DE SUS AGENTES REGULADOS, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN NI INTERFIERE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES (RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN RRA 4977/17, EMITIDA EL PRIMERO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE POR EL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 308/2017. · Registro digital (IUS): 29687
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-03-05
Promovente: INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo I, Pág. 982.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 308/2017. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. 27 DE FEBRERO DE 2020. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: JOSÉ OMAR HERNÁNDEZ SALGADO.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión del veintisiete de febrero de dos mil veinte emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 308/2017, promovida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en contra de la resolución del recurso de revisión RRA 4977/17, emitida el primero de noviembre de dos mil diecisiete por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

I. Antecedentes

1. Solicitud de información. Un particular realizó una solicitud de datos personales al IFT para obtener una copia de la grabación de la entrevista en la que se trató la "Resolución de desacuerdo de interconexión entre Telmex y Telefácil".(1)

2. La unidad de enlace del IFT consideró que la petición no correspondía a una solicitud de datos personales sino a una de acceso a la información pública, y por ello realizó un "cambio de tipo".(2)

3. El IFT respondió al solicitante que la información no podía ser proporcionada por tener el carácter de reservada toda vez que:(3)

a. La entrevista fue realizada en el marco del artículo 30 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que establece que serán grabadas y almacenadas en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, manteniéndose como información reservada, salvo para las otras partes en los procedimientos seguidos en forma de juicio; los comisionados y el contralor interno del IFT, y el Senado de la República en caso de que esté sustanciando un procedimiento de remoción de un comisionado.(4)

b. El artículo 31 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión prevé como causal de remoción de los comisionados que divulguen información en términos distintos a los autorizados por la misma ley,(5) y que ello también podría derivar en sanciones al servidor público responsable, conforme a la legislación en materia de transparencia(6) y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.(7)

c. La propia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública(8) establece que en términos del artículo 30 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el IFT deberá poner a disposición del público el registro de las entrevistas que lleven a cabo los comisionados que representen los intereses de los agentes regulados para tratar asuntos de su competencia. De ello se advierte que la reserva dictada no se contrapone con la normatividad en materia de transparencia.

d. La Secretaría Técnica del Pleno solicitó al Comité de Transparencia la ampliación del periodo de reserva de la entrevista solicitada por un periodo de cinco años, misma que se aprobó.

4. Recurso de revisión. En contra de dicha resolución y con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,(9) el particular interpuso recurso de revisión ante el INAI,(10) en el que hizo valer lo siguiente:

a. Fue indebido que su solicitud de acceso a datos personales fuera modificada de oficio a una de acceso a la información. La grabación que requirió contiene información propia, pues participó en la sesión grabada. Por ello se le debió tratar como parte interesada y no como tercero.(11)

b. El artículo 30 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión especifica que la información que se genere en las entrevistas será reservada "salvo para las otras partes en los procedimientos previstos en juicio". Dado que participó en dicha entrevista, con mayor razón le es aplicable la excepción y debe permitírsele acceder a la información.

c. El IFT tuvo por acreditada su personalidad como parte del procedimiento. Además de la solicitud presentada en la Plataforma Nacional de Transparencia, el particular requirió por escrito la grabación a la Secretaría Técnica del Instituto,(12) quien señaló que toda vez que ambas solicitudes fueron presentadas por Tele Fácil México, S.A. de C.V., se daría trámite a la primera por ser el medio idóneo para dar contestación.(13)

d. Es incorrecto que el IFT considere que de entregarle la grabación se actualizaría la causal de remoción de los comisionados prevista en el artículo 31 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Al ser parte en la entrevista a él no le aplica la reserva.

5. Trámite y resolución del recurso ante el INAI. Una vez admitido el recurso:

a. En sus alegatos iniciales, el IFT reiteró encontrarse impedido para entregar la información, porque la grabación es reservada en términos del artículo 30 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.(14) Por su parte, el particular señaló que la información solicitada es de suma importancia para un arbitraje en contra del IFT, y que si el artículo 30 referido permite que las "otras partes" tengan acceso a dicha información cuando se esté en un procedimiento seguido en forma de juicio –como lo es el arbitraje referido–, con mayor razón debe entregársele la información al haber participado en la entrevista.

b. El INAI requirió al IFT para que precisara: i) el daño que puntualmente se ocasionaría con la divulgación de la grabación, y ii) los temas que se trataron en la entrevista. El IFT respondió que se violaría el artículo 30 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; se generaría sanciones y podría implicar difundir información confidencial, pues en las entrevistas los agentes económicos exponen sus estrategias de negocio o su información financiera. Finalmente, sostuvo que el riesgo de que se divulgara el contenido de las entrevistas desincentivaría que los regulados le expusieran con toda libertad "cualquier tema que atañe a sus intereses", y ello podría impactar en el ejercicio de sus atribuciones como órgano regulador.

c. Durante la diligencia de acceso a la documentación clasificada, los servidores públicos del IFT manifestaron que les era imposible presentar a los funcionarios del INAI la información solicitada por el particular, porque estaba reservada salvo para las partes, los comisionados, el contralor del instituto y el Senado de la República.

d. En un segundo escrito de alegatos, el IFT señaló que: i) el particular no acreditó representar a quien participó en la entrevista; ii) el artículo 30 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es una excepción a las disposiciones y procedimientos previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, iii) en relación con la prueba de daño, el riesgo real no debe analizarse en función del contenido o temas puntualmente tratados en una entrevista, sino en virtud de la posibilidad de difundir información en ella expuesta por los sujetos regulados "podría desincentivar a dichos representantes a exponer información relevante" para el ejercicio de sus atribuciones. Asimismo, que la posibilidad de difusión de información confidencial podría permitir a agentes económicos obstaculizar la competencia (riesgo demostrable) y menoscabaría el principio de confianza legítima del IFT como autoridad regulatoria (riesgo del perjuicio).(15)

6. El INAI ordenó al IFT modificar su respuesta a fin de que analizara "la información y datos contenidos dentro de la grabación de la entrevista ... a efecto de que, de manera fundada y motivada" formule una prueba de daño, clasifique la información de conformidad con la fracción XIII del artículo 110(16) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en caso de así considerarlo, señale el periodo de reserva. La decisión del INAI se basó en las siguientes consideraciones:(17)

• La solicitud de acceso a la información pública sí es la vía idónea para solicitar la grabación de las entrevistas que realice el IFT. De la normatividad aplicable no se advierte un procedimiento específico para solicitarlas y menos, como lo sostiene el instituto, que el particular tenga que presentar una solicitud en su oficialía de partes en la que acredite su representación legal y que se ubica en uno de los supuestos de excepción del artículo 30 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

• Con independencia de que el IFT es el competente para determinar cuándo se actualiza una excepción prevista en el referido artículo 30, para efectos de las solicitudes de transparencia es irrelevante que el particular haya o no acreditado su personalidad. La entrega de la información no puede condicionarse a acreditar cierta personalidad o interés, o a justificar las razones por las que se solicita.

• Un supuesto de reserva se actualiza cuando: i) la información solicitada se encuentre reservada por una ley y, ii) tal reserva es acorde con las bases, principios y disposiciones establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el caso se acreditan ambos requisitos, pues el artículo 30 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión otorga el carácter de reservado a las entrevistas del instituto a los agentes regulados, y no se advierte discordancia entre ésta y las bases, principios y disposiciones establecidas en la legislación general.

• Cuando la información solicitada por el particular encuadra en una causal de reserva, los sujetos obligados deben realizar una prueba de daño en la que señalen las razones, motivos y circunstancias especiales que se actualizan en particular para acreditar la reserva o confidencialidad. Ello no ocurrió en el caso concreto, porque el IFT se abstuvo de realizar una prueba de daño previo a clasificarla como reservada. Además, la prueba de daño realizada en su segundo escrito de alegatos es incorrecta, pues refiere genéricamente a los riesgos real, demostrable y del perjuicio de cualquier entrevista. Para que fuera correcta, el IFT debió enfocarse en el contenido particular de la entrevista solicitada.

• Fue incorrecto que el IFT restringiera a los secretarios del INAI el acceso a la grabación solicitada por el particular. En términos del artículo 153 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el INAI debe tener en todo momento acceso a la información clasificada por parte de los sujetos obligados con el fin de determinar su naturaleza.

7. Presentación de demanda. El IFT promovió controversia constitucional(18) en la que solicitó la invalidez de la resolución del INAI antes narrada. A su juicio vulnera el ejercicio de su función regulatoria e invade las atribuciones que la Constitución Federal le confiere.

8. Admisión y trámite. La demanda se tuvo por presentada(19) y fue turnada al Ministro Javier Laynez Potisek, quien la admitió a trámite;(20) tuvo como autoridad demandada al INAI y le negó el carácter de terceros interesados a las Cámaras del Congreso, y ordenó se diera vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación corresponda.

9. Recurso de reclamación. Inconforme con la admisión, el INAI promovió recurso de reclamación.(21) El Pleno de esta Suprema Corte consideró infundado el recurso al estimar que no se actualizaba un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.(22)

10. Cierre de Instrucción. Una vez que fue: i) contestada la demanda,(23) ii) rendida la opinión de la Procuraduría General de la República,(24) iii) resuelto el recurso de reclamación(25) y, iv) realizada la audiencia a que se refiere en el artículo 29 de la ley reglamentaria, el expediente fue puesto en estado de resolución.(26)

II. Competencia

11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación al tratarse de un conflicto suscitado entre dos órganos constitucionales autónomos.

III. Oportunidad

12. El actor solicita se declare la invalidez de la resolución dictada en el recurso de revisión RRA 4977/17 emitido por el INAI. Al tratarse de un acto, se debe tomar en cuenta que el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria(27) establece un plazo de treinta días para la interposición del recurso, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame.

13. Si la resolución reclamada fue notificada a la parte actora el día quince de noviembre de dos mil diecisiete, dicho plazo transcurrió del dieciséis del mismo mes al veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete.(28) Por tanto, si la demanda se presentó el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, concluimos que fue promovida oportunamente.(29)

IV. Legitimación

14. Tanto la parte actora como las demandadas tienen legitimación en la causa, en términos del artículo 105, fracción I, inciso l),(30) de la Constitución Federal, toda vez que se trata de una controversia constitucional promovida por un órgano constitucional autónomo en contra de otro. Partiendo de tal supuesto procederemos a analizar si cada una de las partes están debidamente representadas, en términos del artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria.(31)

15. Legitimación activa. La parte actora es el IFT. Conforme al artículo 20, fracción II, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión(32) es el comisionado presidente quien está facultado para promover controversias constitucionales previa aprobación del Pleno del IFT.

16. La demanda fue presentada por Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, quien se ostentó como presidente del IFT y acreditó tal personalidad con copia certificada de su nombramiento.(33) Aunque al momento de interponer la demanda el actor no exhibió el documento que acreditara que los comisionados del IFT aprobaron la presentación de la demanda con fundamento en el artículo 598 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(34) de aplicación supletoria, este Tribunal Pleno procedió de oficio a realizar una búsqueda en el portal de Internet: http://apps.ift.org.mx/publicdata/Acta_22aExt_241117.pdf y advirtió como hecho notorio(35) que ello fue acordado y aprobado por el Pleno del IFT en la XXII Sesión Extraordinaria, celebrada el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, por lo que concluimos que el IFT cuenta con legitimación activa.

17. Legitimación pasiva. Conforme al artículo 32, fracción II, del Estatuto Orgánico del INAI(36) le corresponde a su director general de Asuntos Jurídicos rendir los escritos de demanda o contestación en las controversias constitucionales. En el caso, la contestación fue presentada por Pablo Francisco Muñoz Díaz, quien acreditó su calidad de director general de Asuntos Jurídicos del Instituto con copia certificada de su nombramiento,(37) por lo que concluimos que cuenta con legitimación pasiva.

V. Causas de improcedencia

18. En su contestación de demanda, el INAI hace valer dos causas de improcedencia. En la primera sostiene que sus decisiones son vinculatorias, definitivas e inatacables por mandato constitucional, no pueden someterse a revisión constitucional; esto es, afirma que en su contra no procede este medio de control por disposición expresa de la Constitución Federal. En estricta relación con la anterior, en su segunda causa esencialmente afirma que permitir que se interponga una controversia constitucional contra sus decisiones implicaría establecer un segundo recurso o medio de defensa en contra de una decisión que adopte en materia de transparencia, a pesar de que la Constitución Federal establece como único recurso el de revisión en materia de seguridad nacional. Asimismo, que al resolver los recursos de transparencia ejerce atribuciones materialmente jurisdiccionales, por lo que en contra de sus decisiones no debería proceder la controversia constitucional, y que esa conclusión se refuerza con lo decidido por este tribunal en la controversia constitucional 58/2006.

19. Tomando en cuenta que ambas causas de improcedencia se encuentran intrínsecamente vinculadas, se procederá a darles respuesta de manera conjunta. Primero, debe precisarse que en el ya referido recurso de reclamación 126/2017-CA interpuesto por el INAI en esta controversia (ver párrafo 9), este Pleno decidió que para determinar los alcances de la prohibición para impugnar las resoluciones del INAI era necesario desentrañar su alcance y contenido. Por tal razón, que la causa de improcedencia alegada por el INAI no era notoria ni manifiesta. Consecuentemente, que tales planteamientos no fueron analizados puntualmente, sino que debían analizarse en el momento en que se dictara sentencia.

20. El IFT promovió esta controversia constitucional, porque considera que la resolución del INAI invade sus atribuciones constitucionales al modificar de facto las modalidades del único mecanismo de contacto permitido con sus agentes regulados, lo cual estima sólo le está permitido al Congreso de la Unión. Tomando en cuenta que, por un lado, el actor aduce que la resolución del INAI violenta su esfera competencial y, por otro, que el demandado afirma que su resolución no puede ser objeto de revisión, estimamos que las causas de improcedencia aludidas son infundadas.

21. En la controversia constitucional 117/2014, promovida porque el Congreso de la Unión estimó que el IFT desbordó sus atribuciones constitucionales con la emisión de reglas de portabilidad numérica, este Tribunal Pleno señaló que, en principio, dada la naturaleza de los órganos constitucionales autónomos no todos sus actos son impugnables en una controversia constitucional. Específicamente se precisó que existe una categoría de actos que gozan de una presunción de inimpugnabilidad: las resoluciones individualizadas emitidas en contextos equivalentes a procedimientos seguidos en forma de juicio.(38) Este Pleno arribó a esa conclusión a partir de una construcción por analogía de las similitudes que guardan las decisiones de tales órganos autónomos con las resoluciones jurisdiccionales del Poder Judicial, y contra las que, se ha precisado en esta misma sede, por regla general no proceden las controversias constitucionales.(39)

22. De esta manera, este Tribunal en Pleno sostuvo que por la naturaleza de los órganos jurisdiccionales y los órganos constitucionales autónomos, quienes tienen encomendada la resolución de conflictos sobre la suerte de ciertos bienes o derechos, por regla general analizan problemas y utilizan parámetros ajenos a los que son propios de una controversia constitucional –cuestiones competenciales y normas sustantivas constitucionales–; de ahí que se considere que resulte improcedente su impugnación en tales medios de control. No obstante, este tribunal también señaló que dicha regla general admite una excepción importante: serán impugnables en controversias constitucionales las resoluciones jurisdiccionales o administrativas que incluyan una determinación que pueda afectar el ámbito competencial del actor.(40) Se estimó que esta excepción a la referida regla general era necesaria para preservar los ámbitos de facultades tutelados por la Constitución Federal. Es decir, de lo contrario, se llegaría al extremo de sostener que nunca podrían analizarse y tutelarse ciertos cuestionamientos en los que se alegue que algún órgano jurisdiccional u órgano autónomo se arrogó facultades protegidas por la Constitución y que no le competen. Esta conclusión quedó claramente plasmada en el criterio jurisprudencial:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO. El objeto principal de la controversia constitucional es tutelar el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado; de ahí que por regla general no es la vía idónea para controvertir los fundamentos y motivos de una sentencia emitida por un tribunal judicial o administrativo; sin embargo, si dichas atribuciones llegasen a rebasar los principios rectores previstos en la Constitución, las posibles transgresiones estarán sujetas a dicho medio de control constitucional. En efecto, de manera excepcional procede la controversia constitucional intentada aun cuando el acto impugnado sea una resolución jurisdiccional en estricto sentido, si la cuestión a examinar atañe a la presunta invasión de la esfera competencial de un órgano originario del Estado, en aras de preservar su ámbito de facultades, pues de lo contrario se llegaría al extremo de que, por ser resoluciones jurisdiccionales, no podrían analizarse en esta vía cuestiones en las que algún tribunal se arrogue facultades que no le competen, llegando al absurdo de que los poderes constituidos carecieran de medios de defensa para impugnar los actos que consideraran violatorios del ámbito competencial que les confiere la Norma Fundamental."(41)

23. En consecuencia, en el precedente antes citado, este Tribunal Pleno resolvió que sí procedía la controversia constitucional promovida por el Congreso de la Unión en contra del IFT, pues el conflicto jurídico a resolver no era una cuestión de mera legalidad o de vulneración de normas sustantivas, sino que encerraba una pregunta legítima sobre el ámbito competencial del IFT y el principio de división de poderes. Con ello se fijó un precedente vinculante en el sentido de que procederá excepcionalmente una controversia constitucional en contra de una determinación emitida por un órgano constitucional autónomo cuando el actor alegue alguna invasión a las atribuciones que la Constitución Federal le otorga.

24. En este mismo sentido, en el caso concreto, se estima que lo que ahora nos corresponde definir también encierra una pregunta legítima sobre el ámbito competencial de dos órganos que tienen tanto su origen como su propia esfera competencial, prevista desde nuestro Texto Constitucional. En efecto, lo que ahora viene el IFT a dilucidar es si el hecho de que el INAI lo obligue a realizar una prueba de daño interfiere con el ejercicio de sus atribuciones de órgano regulador y garante de la competencia en materia de telecomunicaciones de nuestro país. Competencias que se encuentran previstas y protegidas por nuestro texto constitucional y cuya posible vulneración debe reservarse para el fondo del asunto.

25. Por otro lado, y en estricta relación con lo anterior, también es infundado que la controversia deba sobreseerse en virtud de que el artículo 6o. constitucional dispone que las resoluciones del INAI son vinculatorias, definitivas e inatacables para sus sujetos obligados y que en su contra nuestro Texto Constitucional "únicamente" establezca expresamente un recurso de revisión cuando el consejero jurídico del Ejecutivo Federal estime que puedan poner en peligro la seguridad nacional.(42)

26. Aunque es cierto que esa parte de nuestro Texto Constitucional no señala expresamente que las decisiones del INAI pueden ser objeto de escrutinio constitucional específicamente en esta instancia, lo cierto es que la lectura que realiza el órgano garante de nuestro sistema constitucional es parcial y equivocada. En primer lugar, porque el precepto que en la Constitución regula los posibles conflictos que pueden ser susceptibles de escrutinio en este medio de control incluye, expresamente, a los actos o disposiciones del INAI:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

"...

"l) Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución. ..."

27. En segundo lugar, el que las decisiones del INAI sean "vinculantes, definitivas e inatacables" y que esa porción constitucional se refiera expresa y "exclusivamente" al recurso de revisión que puede interponer el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, tiene que ver con que se prevé un recurso cuyo objetivo a tutelar es distinto del de las controversias constitucionales. Dicho texto pretendió establecer una vía para dirimir en sede jurisdiccional los problemas interpretativos que se generen en relación con las solicitudes de transparencia en el acceso a la información pública gubernamental y la seguridad nacional. Esto es, lo que se buscó es que sea esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resuelva excepcionalmente y en definitiva los diferendos que se ocasionen por la aplicación e interpretación de esos conceptos y valores previstos en el Texto Constitucional. Sin embargo, el que exista tal recurso para dirimir ese conflicto constitucional no puede soslayar que en otras materias la propia Constitución prevé procedimientos diversos para dirimir otros problemas de interpretación constitucional, tales como los competenciales, y que igualmente buscan salvaguardar valores y principios constitucionales, tales como la división de poderes y el federalismo. Mismos que son objeto de protección, precisamente, en las controversias constitucionales.

28. Así, la interpretación armónica de los artículos 6o., apartado A, fracción VIII, párrafo séptimo y 105, fracción I, inciso l), constitucionales, sugiere que en efecto, las decisiones del órgano garante son vinculantes, definitivas e inatacables para los sujetos obligados, con dos excepciones. La primera se presenta cuando el objeto de la controversia se dirija a dirimir un problema que en materia de transparencia pudiese interferir con la seguridad nacional, y en cuyo caso el único que podrá controvertirlas es el consejero jurídico del Ejecutivo Federal. La segunda excepción se presenta cuando el Poder Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión u otro órgano constitucional autónomo, estimen que las decisiones que en materia de transparencia resuelve el INAI, y que a juicio de los promoventes generan un conflicto con sus respectivos ámbitos competenciales. En estos últimos casos, debe quedar claro que la controversia constitucional procede para proteger el ámbito de atribuciones tutelados por la Constitución y no para resolver directamente un problema de interpretación o aplicación de leyes en materia de transparencia.

29. Esta interpretación es congruente con que este propio tribunal, al resolver el recurso de reclamación 1/2010-CA, determinó que la controversia constitucional no es la vía idónea para impugnar las resoluciones dictadas por los órganos estatales especializados en materia de información pública, salvo que exista un problema de invasión de esferas competenciales.(43) Si bien dicho pronunciamiento se realizó en relación con los Institutos de Transparencia y Acceso a la Información Pública de las entidades federativas, consideramos que la misma lógica se aplica respecto del INAI.

30. Por las razones anteriores es que resultan infundadas las causas de improcedencia esgrimidas por el INAI, y al no advertirse otras de oficio por este Tribunal Constitucional, corresponde estudiar el fondo de la controversia.

VI. Estudio de fondo

31. El IFT estima que la resolución del recurso de revisión RRA 4977/17 del INAI es violatoria del artículo 28 constitucional y vulnera su función como órgano constitucional autónomo. Considera que el INAI, al obligarlo a realizar una prueba de daño previo a clasificar la información solicitada como reservada, modificó de facto las modalidades del único mecanismo de contacto permitido al IFT con los agentes regulados, lo que constitucionalmente sólo le está permitido al Congreso de la Unión. Al efecto, señala que la decisión del INAI le ordena analizar en cada caso el contenido de las entrevistas que celebre con quien represente los intereses de sus agentes regulados, y ello interfiere con sus funciones constitucionales, puesto que lo obliga a modificar la forma de realizar el único punto de contacto que la Constitución Federal establece para el desarrollo de su función regulatoria.

32. El accionante interpreta que, en términos de lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la información que se genere derivado de las referidas entrevistas ya se encuentra clasificada como reservada por ministerio de ley, y ello lo exime de realizar una prueba de daño en cada caso concreto, pues dicha información ya fue reservada a priori por el legislador. Por lo anterior, el IFT concluye que no debe realizar una prueba de daño y que al obligársele, el INAI afectó la autonomía que la Constitución Federal le confirió.

33. Aun cuando en principio podría considerarse que el problema que se nos plantea se limita a una simple cuestión de interpretación del artículo 30 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en relación con el marco general en materia de transparencia, lo cierto es que tal problema es una cuestión previa y de necesaria resolución para posteriormente estar en aptitud de definir y precisar si existe o no una afectación competencial. Esto es así, porque en última instancia lo que el promovente viene a dirimir es si la orden o instrucción del INAI interfiere (debida o indebidamente) con la forma en que ejerce sus atribuciones de órgano regulador que la Constitución Federal le confiere.

34. Por lo anterior, las cuestiones que como Tribunal Pleno debemos analizar son dos. Primero, ¿una causal de reserva prevista en una ley distinta a la Ley Federal de Transparencia y A

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29687-75fd103b/i-controversia-constitucional-el-instituto-federal-de-telecomunicaciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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