I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (DECRETO 351, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (DECRETO 351, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS ARGUMENTOS TENDIENTES A DEMOSTRAR LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER COMO EFECTO LA INVALIDEZ TOTAL DE AQUÉLLAS, QUE HAGA INNECESARIO SU ESTUDIO (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL DECRETO 351, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL DECRETO 351, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. CONTEXTO NORMATIVO QUE LO RIGE (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL DECRETO 351, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. ASPECTOS RELEVANTES DEL QUE DIO LUGAR AL DECRETO IMPUGNADO (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL DECRETO 351, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. AUSENCIA DE POTENCIAL INVALIDANTE DE LA APROBACIÓN DE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE EL MISMO DÍA DE SU PRESENTACIÓN, SIN HABERSE TURNADO A LA COMISIÓN RESPECTIVA PARA LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN RELATIVO A FIN DE QUE FUERA DEL CONOCIMIENTO OPORTUNO DE TODOS LOS LEGISLADORES, ES DECIR, CON TRES DÍAS DE ANTICIPACIÓN A SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL DECRETO 351, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. AUSENCIA DE POTENCIAL INVALIDANTE DE LA DISPENSA DE TRÁMITE EN LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN LOCAL Y QUE LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE NO FUE MOTIVADA DEBIDAMENTE, ES DECIR, CARECE DE LAS RAZONES POR LAS QUE DEBIÓ ESTIMARSE ACTUALIZADA LA URGENCIA NOTORIA (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL DECRETO 351, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. AUSENCIA DE POTENCIAL INVALIDANTE DE QUE LA VOTACIÓN NO FUERA MEDIANTE CÉDULA (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL DECRETO 351, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. AUSENCIA DE POTENCIAL INVALIDANTE DE LA DILACIÓN EN LA PUBLICACIÓN DEL DECRETO DE REFORMA CON MOTIVO DE LA CONSULTA CIUDADANA (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL DECRETO 351, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). XI. PERIODO DE LA GUBERNATURA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LA REFORMA CONSTITUCIONAL LOCAL QUE LO MODIFICA, DE DOS A CINCO AÑOS, CON POSTERIORIDAD A LA JORNADA ELECTORAL CORRESPONDIENTE, CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA ELECTORAL, LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA (INVALIDEZ DEL DECRETO 351, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). XII. PERIODO DE LA GUBERNATURA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LA REFORMA CONSTITUCIONAL LOCAL QUE LO MODIFICA, DE DOS A CINCO AÑOS, CON POSTERIORIDAD A LA JORNADA ELECTORAL CORRESPONDIENTE CONTRAVIENE LA VEDA ELECTORAL –NOVENTA DÍAS ANTES DEL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EN QUE VAYAN A APLICARSE LAS NORMAS RESPECTIVAS– PREVISTA EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DEL DECRETO 351, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). XIII. PERIODO DE LA GUBERNATURA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LA REFORMA CONSTITUCIONAL LOCAL QUE LO MODIFICA, DE DOS A CINCO AÑOS, NO SE CONVALIDA CON SU PUBLICACIÓN ANTES DE QUE EL GOBERNADOR ELECTO TOMARA POSESIÓN DEL CARGO Y ESTUVIERA EN EJERCICIO NI QUE EL ELECTORADO TUVIERA CONOCIMIENTO
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 112/2019 Y SUS ACUMULADAS 113/2019, 114/2019, 115/2019, 119/2019 Y 120/2019. PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, MOVIMIENTO CIUDADANO, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE BAJA CALIFORNIA Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 11 DE MAYO DE 2020. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIOS: SALVADOR ALVARADO LÓPEZ, ADRIANA CARMONA CARMONA, ROBERTO FRAGA JIMÉNEZ Y HÉCTOR ORDUÑA SOSA.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al once de mayo de dos mil veinte.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación y admisión de las acciones de inconstitucionalidad. Por escrito recibido el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Marko Antonio Cortés Mendoza, como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del Decreto 351, emitido por el Poder Reformador de la Constitución Local del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, por el que se reformó el artículo octavo transitorio de la Constitución Política de ese Estado, aprobado mediante Decreto 112 de once de septiembre de dos mil catorce.
En acuerdo de la misma fecha, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación registró la demanda bajo el expediente acción de inconstitucionalidad 112/2019 y la turnó al Ministro José Fernando Franco González Salas como instructor del procedimiento, de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional.
En la misma fecha, José Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, Vania Roxana Ávila García, Perla Yadira Escalante Domínguez, Ana Rodríguez Chávez, Maribel Ramírez Topete, Rodrigo Herminio Samperio Chaparro, Alfonso Armando Vidales Vargas Ochoa, Royfid Torres González y Jorge Álvarez Maynez, coordinador, integrantes y secretario de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional del Partido Político Movimiento Ciudadano, respectivamente, promovieron acción de inconstitucionalidad contra la misma autoridad y por el mismo acto impugnado por el Partido Acción Nacional.
En acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación registró la demanda bajo el expediente acción de inconstitucionalidad 113/2019 y, debido a la identidad respecto del decreto legislativo impugnado y el controvertido en la acción de inconstitucionalidad 112/2019, decretó la acumulación de los expedientes y su turno al Ministro instructor.
Asimismo, el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, Aida Estephany Santiago Fernández, Adriana Díaz Contreras, Karen Quiroga Anguiano, Ángel Clemente Ávila Romero y Fernando Belaunzaran Méndez, integrantes de la Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática, promovieron acción de inconstitucionalidad contra la misma autoridad y por el mismo acto impugnado por el Partido Acción Nacional.
En acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación registró la demanda bajo el expediente acción de inconstitucionalidad 114/2019 y, debido a la identidad respecto del decreto legislativo impugnado y el controvertido en la acción de inconstitucionalidad 112/2019, decretó la acumulación de los expedientes y su turno al Ministro instructor.
De igual forma, el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, promovió acción de inconstitucionalidad contra la misma autoridad y por el mismo acto impugnado por el Partido Acción Nacional.
En acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación registró la demanda bajo el expediente acción de inconstitucionalidad 115/2019 y, debido a la identidad respecto del decreto legislativo impugnado y el controvertido en la acción de inconstitucionalidad 112/2019, decretó la acumulación de los expedientes y su turno al Ministro instructor.
Mediante acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, el Ministro instructor admitió a trámite las acciones promovidas por los Partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California para que rindieran su informe y a la Fiscalía General de la República para que en su caso formulara el pedimento que le corresponde.
Por su parte, el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, Mario Conrad Favela Díaz, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de Baja California, promovió acción de inconstitucionalidad contra la misma autoridad y por el mismo acto impugnado por el Partido Acción Nacional.
En acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación registró la demanda bajo el expediente acción de inconstitucionalidad 119/2019 y, debido a la identidad respecto del decreto legislativo impugnado y el controvertido en la acción de inconstitucionalidad 112/2019, decretó la acumulación de los expedientes y su turno al Ministro instructor.
En acuerdo de treinta de octubre de dos mil diecinueve, el Ministro instructor admitió a trámite la acción promovida por el Partido de Baja California y ordenó registrarla bajo el expediente 119/2019, dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la entidad federativa referida para que rindieran su informe y a la Fiscalía General de la República para que, en su caso, formulara el pedimento que le corresponde.
Posteriormente, el treinta y treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su presidente, y el Instituto Nacional Electoral, por medio de su secretario ejecutivo, promovieron sendas acciones de inconstitucionalidad contra la misma autoridad y por el mismo acto impugnado por el Partido Acción Nacional.
En acuerdos de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación registró la demanda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos bajo el expediente acción de inconstitucionalidad 120/2019 y la demanda del Instituto Nacional Electoral bajo el expediente acción de inconstitucionalidad 124/2019; asimismo, debido a la identidad respecto del decreto legislativo impugnado y el controvertido en la acción de inconstitucionalidad 112/2019, decretó la acumulación de los expedientes y su turno al Ministro instructor.
Mediante acuerdo de la misma fecha, el Ministro instructor admitió a trámite la acción promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California para que rindieran su informe y a la Fiscalía General de la República para que, en su caso, formulara el pedimento correspondiente.
No obstante, en acuerdo de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, el Ministro instructor desechó la acción de inconstitucionalidad 124/2019 debido a que el Instituto Nacional Electoral no es una entidad, poder u órgano enlistado en la fracción II del artículo 105 constitucional, por lo que carece de legitimación activa para promover la acción de inconstitucionalidad; acuerdo que quedó firme en atención a que no fue impugnado por la parte a quien perjudicó dicha determinación.
SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. Los partidos políticos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, de Baja California y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formularon, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
Acción de inconstitucionalidad 112/2019 (Partido Acción Nacional)
Primero. El decreto impugnado es producto de un procedimiento legislativo viciado de origen, pues la iniciativa que le dio origen fue aprobada el mismo día de su presentación en el Congreso Local, sin haberse turnado a la comisión respectiva para la elaboración del dictamen correspondiente, el cual debía darse a conocer oportunamente a todos los legisladores, en términos del artículo 18, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California.(1)
La dispensa del trámite ordinario para aprobar la reforma combatida es ilegal, porque la solicitud correspondiente no fue motivada debidamente, es decir, carece de las razones por las que debió considerarse de urgencia notoria para simplificar el proceso legislativo, en contravención a lo previsto en el artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California y la jurisprudencia P./J. 36/2009, de rubro: "DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA. PARA SU PROCEDENCIA DEBEN MOTIVARSE LAS RAZONES QUE LLEVAN A CALIFICAR UN ASUNTO COMO URGENTE."(2)
En ese sentido, que la reforma impugnada fuera aprobada por mayoría de veintiún votos y una abstención no convalida las violaciones al procedimiento legislativo, en términos de la jurisprudencia P./J. 37/2009, de rubro: "DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA. SU FALTA DE MOTIVACIÓN NO SE CONVALIDA POR LA VOTACIÓN DE LA MAYORÍA O UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA."(3)
Segundo. El decreto impugnado transgrede el principio de certeza electoral, previsto en los artículos 14; 35; 39; 40; 41, párrafo tercero; y, 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución General, ya que, al extender el periodo de gobierno del gobernador, ya llevada a cabo la elección, fueron variadas las reglas del proceso electoral establecidas previamente y vulnerado el derecho al voto libre y directo de los electores.(4)
Asimismo, la reforma impugnada atenta contra el derecho al sufragio como base esencial para el establecimiento de una sociedad democrática y republicana, pues invalidó la decisión tomada por los ciudadanos en la elección del titular del Ejecutivo Local, dado que alteró uno de los elementos que tomaron en consideración para votar de manera libre y previamente informada sobre el candidato que eligieron en los comicios.(5)
También vulnera la estructura jurídica y el régimen político previsto en la Constitución General, en cuanto a que la renovación de poderes debe ser producto de elecciones libres, auténticas y periódicas en las que la ciudadanía ejerza su derecho al voto, como son los cargos y los periodos por los que designa a un funcionario público.
De igual manera, la reforma es contraria al principio de no retroactividad de las normas, en tanto tiene eficacia en un proceso electoral concluido, respecto del cual, los electores emitieron su voto, por lo que es inconstitucional alterar uno de los factores de decisión, como es el periodo de gobierno por el que se eligió al gobernador electo.(6)
Tercero. La reforma infringe la veda electoral de noventa días, prevista en el artículo 105, fracción II, constitucional, pues modificó el plazo para el que fue electo el gobernador una vez celebrada la elección y sin que concluyera el proceso electoral correspondiente.(7)
Acción de inconstitucionalidad 113/2019 (Partido Movimiento Ciudadano)
Primero. El Congreso Local extralimitó sus facultades y contravino el principio de supremacía constitucional, al darle a la disposición impugnada efectos retroactivos y carácter privativo; asimismo, realizó la reforma en un momento en el que estaba impedido para realizar modificaciones fundamentales a la legislación electoral del Estado; y violó los principios que rigen la materia electoral tutelados en los artículos 35, 41 y 116 constitucionales y los derechos al sufragio libre y en condiciones de igualdad.(8)
Segundo. El Congreso Local fundó y motivó indebidamente la dispensa de los trámites del proceso legislativo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de Nación ha señalado que la dispensa es de naturaleza extraordinaria y sólo es aplicable en situaciones de urgencia, para lo cual, deben acreditarse los hechos que la generan.
Conforme al criterio de la Suprema Corte, las reglas del proceso legislativo deben garantizar un conocimiento cierto, completo y adecuado de las iniciativas que permitan a los legisladores actuar con responsabilidad; sin embargo, en el caso, la iniciativa fue considerada con carácter urgente, por lo que fue eximida de debate parlamentario, intervino únicamente el diputado que la presentó y en esos términos fue aprobada por el Congreso.
Es decir, con veintiún votos a favor y una abstención, el Congreso Local dispensó el turno de la iniciativa a comisiones para la elaboración del dictamen, con base en que "de continuar con el periodo de la gubernatura como se encuentra en la actual Constitución, generaría una mayor afectación al erario público del Estado, creando una incertidumbre económica, política y social, impactando de manera inevitable los servicios públicos y el bienestar integral de los ciudadanos de Baja California."
Lo anterior no cumple los requisitos de urgencia y evidente necesidad establecidos en los artículos 31 de la Constitución Local y 119, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California y la jurisprudencia de la Suprema Corte, dado que ese argumento no es un hecho que genere una condición de urgencia por ser un acto futuro de realización incierta, debido a que no es conocido ni demostrable el impacto que conllevaría una nueva elección en el año dos mil veintiuno.
Con ese actuar también fue transgredido el derecho de la comisión competente para estudiar y emitir un dictamen en cumplimiento a sus facultades, así como el de cada uno de los legisladores a recibir un proyecto de dictamen a efecto de conocer lo que sería objeto de discusión y votación.
A juicio del partido político, el artículo 31 de la Constitución Local no permite la dispensa de los trámites de rango constitucional que se le deben dar a las iniciativas de reforma, pues sólo cobra aplicación en los trámites previstos en la ley o en reglamentos, por lo que si el trámite relativo a la elaboración del dictamen por comisiones está regulado expresamente en la Constitución Local, dicha dispensa constituye una violación al procedimiento legislativo con efecto invalidante.
Al respecto, sostiene que la Suprema Corte ha determinado como una exigencia esencial del procedimiento legislativo que sea respetado el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación en un Congreso Local en condiciones de libertad e igualdad.
En el caso, la indebida calificación de urgente y obvia resolución de la iniciativa implicó que su lectura, discusión y aprobación fueran realizadas en una misma sesión, en contravención al estándar establecido por la Suprema Corte y a la Ley Orgánica del Congreso de Baja California, en la cual fue establecido que los legisladores deben conocer el material legislativo con tres días de anticipación a su discusión y aprobación, aunado a que la votación fue realizada mediante cédula; de tal manera que no se pudo conocer el sentido de la votación de los integrantes del Congreso, en contravención a los deberes de máxima publicidad y rendición de cuentas.
Asimismo, el legislador local estaba impedido para legislar en materia electoral durante el transcurso del proceso, pues así fue establecido en el artículo 105, fracción II, de la Constitución.
Conforme a lo determinado por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 29/2005, el decreto impugnado debe considerarse una modificación legal fundamental a la normativa electoral, porque trasciende al resultado de la elección, en tanto el producto de la jornada electoral sería una gubernatura con un periodo de cinco años y no de dos, como fue establecido en un principio.
En ese sentido, sostiene el partido político que el proceso electoral inicia con la declaración de la autoridad administrativa electoral y culmina hasta que se resuelven las impugnaciones relativas a la validez de la elección; de tal manera que no necesariamente puede considerarse finalizado el proceso con la declaratoria de validez y entrega de constancia de mayoría.
Aunado a lo anterior, existió una dilación injustificada en la publicación del decreto de reforma con motivo de la consulta ciudadana, pues en términos normativos, la declaratoria de validez de la reforma actualizaba la obligación del Congreso Local de remitir el decreto al Ejecutivo, quien debía tenerla por promulgada y ordenar sin mayor trámite su publicación en el Periódico Oficial del Estado; sin embargo, al respecto, fue afirmado que el proyecto se extravió, por lo que no se actuó conforme a la Constitución Local.
En efecto, treinta días después de la declaratoria de validez, el Pleno del Congreso realizó una consulta ciudadana, cuyo objeto fue la aprobación de un mandato de cinco o dos años y cuyos resultados serían vinculantes en el proceso legislativo de la reforma; de tal manera que se instauró una etapa adicional al proceso de reforma constitucional, sujetando la aprobación del decreto al resultado de una consulta directa ciudadana cuya publicación en el Periódico Oficial del Estado no tiene fundamento constitucional ni legal.
Aunado a lo anterior, a juicio del partido político, el Congreso no tiene competencia para realizar dicha consulta, en tanto corresponde al Instituto Estatal Electoral de Baja California convocar a la ciudadanía al ejercicio de participación directa, aunado a que solo el Poder Ejecutivo local y los Ayuntamientos están legitimados para llevar a cabo el referéndum. Así, el Congreso desplazó su responsabilidad como creador de la disposición y la justificó en una voluntad ciudadana recabada mediante una consulta en la que participó sólo el 2% de la ciudadanía en condiciones de dudosa autenticidad.(9)
Tercero. La prohibición de dar efecto retroactivo a una ley, conforme al criterio que sostiene la Suprema Corte, está dirigido tanto al legislador en la expedición de leyes, como a las autoridades que las aplican; al respecto, se han emitido las teorías de los derechos adquiridos y la de los componentes de la norma.
En ese sentido, como fue sostenido en la acción de inconstitucionalidad 47/2006, la prolongación del mandato de una autoridad elegida por sufragio popular actualiza el supuesto en el que se modifican las consecuencias jurídicas de una disposición que no surtió efectos por encontrarse diferida en el tiempo.
En el caso, la disposición fue creada en el año dos mil catorce, su realización fue diferida hasta la elección de dos mil diecinueve y sus consecuencias se consumarían en los próximos dos años, por lo que el legislador estaba impedido para suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas.
Lo anterior es complementado con la doctrina de los derechos adquiridos, pues desde la entrada en vigor del Decreto 112 surgieron derechos adquiridos para el electorado, para los interesados en participar en la elección del año dos mil veintiuno y para los partidos políticos.
Por otra parte, el artículo 13 de la Constitución establece la prohibición de emitir leyes privativas debido a que atentan contra el principio de igualdad jurídica. En el caso, la modificación realizada al decreto impugnado es de carácter privativo, porque está dirigida a personas nominalmente designadas, pues al aprobarse ya eran conocidos los resultados electorales, por lo que el Congreso tenía pleno conocimiento de que el único destinatario de la norma era Jaime Bonilla Valdez.
Además, la reforma atiende a criterios subjetivos porque la disposición beneficia a un único destinatario favorecido en las urnas, que representa un determinado proyecto de gobierno y agota su vigencia por aplicación al caso previsto en el momento en que Jaime Bonilla Valdez culmine el periodo del cargo, porque será la única gubernatura con una duración de cinco años.(10)
Cuarto. Conforme al principio de certeza electoral, el proceso electoral se entiende como un contexto de contienda leal en el que se desconocen los resultados, el cual es dirigido mediante reglas preestablecidas con consecuencias previsibles que vinculan a los contendientes y a las autoridades organizadoras con un deber de imparcialidad y neutralidad, sin ofrecer ventajas indebidas a las partes.
Mediante el principio de certeza electoral, la ciudadanía, las partes contendientes y las autoridades electorales pueden planear sus acciones y exigir que las acciones de terceros se ajusten a las reglas preestablecidas. Esta exigencia es recurrente a nivel internacional.
En el caso, el periodo por el cual será ocupado un cargo de elección popular es un dato que configura la decisión de quien ejerce el derecho al voto; de tal manera que para tutelar la certeza electoral y el derecho de acceso a la información para una elección libre, en términos del artículo 6o. constitucional, el periodo de duración del cargo constituye una regla que debe ser previamente establecida y no puede modificarse en el transcurso ni una vez concluida la jornada.
La regla establecida en el artículo octavo transitorio del Decreto de reforma 112 fue ampliamente divulgada y confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo cual robusteció su conocimiento general, por lo que existen elementos para afirmar que la ciudadanía acudió a las urnas consiente de que su voto en la elección a la gubernatura era para ocupar el cargo hasta el año dos mil veintiuno.
Así, la prolongación del periodo posterior a la realización de la jornada electoral contraviene la certeza electoral y la soberanía popular, porque la voluntad colectiva, manifestada mediante el sufragio, fue tergiversada materialmente por el acto legislativo impugnado. Si bien las Legislaturas Locales tienen la facultad de extender o acortar los mandatos de los gobernantes locales, deben ser como una previsión a futuro.(11)
Quinto. La libertad para votar fue afectada, porque la reforma tergiversó el efecto de la votación emitida por la ciudadanía y, con ello, la voluntad manifestada, por lo que no puede considerarse como una elección libre y auténtica, debido a que de manera unilateral fueron modificados sustancialmente los efectos del acto y, además, cancelado el derecho de la ciudadanía a renovar la gubernatura del Estado en el año dos mil veintiuno, en violación del carácter periódico de la elección.
En ese sentido, al arrogarse la facultad de prolongar el periodo de la gubernatura, el Congreso Local actuó como intermediario y sustituyó la voluntad del electorado, con lo cual restó total libertad y autenticidad a la decisión ciudadana.(12)
Sexto. La equidad electoral obliga a las autoridades públicas a guardar una actitud neutral frente a la contienda electoral sin favorecer o desfavorecer a candidatura alguna y con el cuidado de no distorsionar las condiciones propias de equidad; sin embargo, el decreto impugnado favorece al gobernador sin que alguna otra candidatura hubiera tenido posibilidad de acceso a ese beneficio, pues fue aprobada con posterioridad a la jornada electoral cuando ya se conocían los resultados de la elección.
De esta manera, a juicio del partido político, el Congreso Local incumplió con su deber de guardar una actitud neutral al asumir una posición favorecedora de la candidatura vencedora al hacer propia la pretensión del vencedor de prolongar el periodo de la gubernatura, en beneficio también del partido político que lo postuló.(13)
Séptimo. El decreto impugnado constituye una reelección implícita que puede incluirse dentro de los alcances de la prohibición de no reelección, porque sin justificación democrática fue extendido el periodo del cargo más allá de los límites temporales que al momento de la jornada electoral establecía la Constitución Local.(14)
Octavo. En el artículo 105, fracción II, de la Constitución General fue establecida una prohibición para la emisión de nuevas disposiciones normativas electorales o la modificación de las existentes de carácter electoral a menos de noventa días del inicio del proceso en el que pretenden aplicarse, lo que se traduce en una limitación temporal a la esfera competencial del Poder Legislativo.
En ese sentido, el partido político considera que la reforma realizada por el Congreso Local, además de realizarse fuera de sus competencias por restricción temporal, tuvo como efecto la modificación sustancial de los resultados de una elección organizada y calificada por el Instituto Electoral del Estado de Baja California, en ejercicio de sus competencias constitucionales y obligó a modificar la constancia de mayoría entregada al vencedor, para señalar su elección para ocupar el cargo hasta el año dos mil veinticuatro, cuando las reglas de la contienda ya no podían modificarse.(15)
Acción de inconstitucionalidad 114/2019 (Partido de la Revolución Democrática)
Antes de realizar argumentos formalmente en el apartado de conceptos de invalidez de su demanda, en primer lugar, en el apartado denominado procedencia de la acción de inconstitucionalidad, el partido político precisa que el decreto combatido implica una reforma prohibida en la Constitución General, que dispone la condición de no reformar el contenido del artículo octavo transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
Además, en su contenido original, publicado en dos mil catorce, ese artículo transitorio cumplió su objeto y fin de manera cierta, objetiva, legal y mediante el ejercicio del voto de manera libre y secreta de parte de los ciudadanos, dado que el proceso electoral culminó el dos de junio de dos mil diecinueve cuando fue realizada la jornada electoral bajo la disposición normativa vigente en ese momento, conforme a la cual, se emitió la convocatoria por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California.
El decreto impugnado es una ley privativa, porque infringe el principio de que toda ley debe ser impersonal, general y abstracta. Contrario al bien jurídico tutelado en el artículo 13 de la Constitución General, la reforma combatida tiene un destinatario concreto que es Jaime Bonilla Valdez, quien por sí y por interpósitas personas ha intentado ampliar su mandato, pero a nivel federal se han revocado las resoluciones del tribunal local que lo han permitido.
Asimismo, el decreto impugnado carece de fundamentación y motivación legislativa, pues en el proceso electoral local ordinario fue convocado para la elección del titular del Ejecutivo por un periodo específico, el cual, una vez finalizado, de ninguna manera pudo ser reducido ni ampliado.
En ese sentido, la pretensión de la reforma es como si se tratara de una elección propia para un nuevo periodo, del cual fueron excluidos para esos efectos a prácticamente toda la comunidad del territorio de la entidad federativa y privado de manera implícita a los ciudadanos de la libertad para elegir a sus representantes en condiciones de igualdad, en contravención a los principios rectores de las elecciones libres, auténticas y periódicas mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, así como los derechos fundamentales de participación política a votar y ser votado.
Por otra parte, el partido político solicita que sea declarada la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad respecto del Decreto 351, emitido por el Poder Reformador de la Constitución Local del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, por el que se reformó el artículo octavo transitorio de la Constitución Política de ese Estado, aprobado mediante Decreto 112 de once de septiembre de dos mil catorce; dado que en el artículo 19, fracción V, de la ley de la materia fue dispuesto que son improcedentes las controversias cuando cesaron los efectos de la disposición general o acto y, en el caso, el artículo octavo transitorio modificado dejó de existir desde el momento en que cumplió el objeto para el que fue creado.
Además, alega que el decreto impugnado vulnera el principio de irretroactividad de la ley, ya que conlleva una interferencia con los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas.(16)
Primero. El decreto impugnado tiene como finalidad aumentar el periodo del cargo de la gubernatura de dos a cinco años, lo que beneficia a un sujeto específico.
Asimismo, el decreto impugnado no guarda conformidad con los artículos 1o., 35, fracciones I y II, 39, 40, 41, fracción I; 116, fracción IV, incisos b) y n); y, 133 de la Constitución General, ya que en el año dos mil catorce fue llevada a cabo una reforma en cumplimiento al artículo 116, fracción IV, inciso n), constitucional, en la que fue ordenado a las Legislaturas Locales que ajustaran sus Constituciones con el fin de empatar la fecha de realización de cualquiera de las elecciones locales en el Estado con las elecciones federales.
Por otra parte, al modificar la disposición emitida en el año dos mil catorce y después de haberse emitido la convocatoria al proceso electoral ordinario de 2018-2019, la disposición impugnada transgrede los artículos 35, fracciones I y II; 39, 40 y 41, fracción I, constitucionales, en los cuales fueron previstos los derechos de los ciudadanos de votar, ser votados y los principios democráticos contenidos en esos preceptos constitucionales.
Lo anterior, porque el Poder Reformador de la Constitución Local hizo caso omiso de esas bases constitucionales, además de cometer un claro fraude a la voluntad popular por transgredir lo dispuesto en la Constitución, en el sentido de que la elección de los gobernadores debe realizarse mediante sufragio universal, libre, secreto y
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29688-b5115974/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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