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Modo: Corpus Pro

SINDICATOS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES. EL ARTÍCULO 358, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL ESTABLECER EL DEBER DE SU DIRECTIVA DE RENDIR CUENTA COMPLETA Y DETALLADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE SU PATRIMONIO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE MAYO DE 2019). SINDICATOS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES. EL ARTÍCULO 358, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL ESTABLECER EL DEBER DE SU DIRECTIVA DE RENDIR CUENTA COMPLETA Y DETALLADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE SU PATRIMONIO, NO VIOLA EL DERECHO DE LIBERTAD SINDICAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE MAYO DE 2019).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 47/2020. · Registro digital (IUS): 29717
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-03-26
Promovente: CONFEDERACIÓN AUTÉNTICA DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo II, Pág. 1559.

AMPARO EN REVISIÓN 47/2020. CONFEDERACIÓN AUTÉNTICA DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ. 3 DE FEBRERO DE 2021. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y PRESIDENTA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: GABRIELA ZAMBRANO MORALES.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al tres de febrero de dos mil veintiuno.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Demanda de amparo. Por escrito presentado el doce de junio de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, María de Jesús Rodríguez Vázquez, en su carácter de secretaria general de la Confederación Auténtica de Trabajadores del Estado de Veracruz, promovió juicio de amparo en el que señaló los siguientes actos reclamados y autoridades responsables:

"IV. ... Autoridades responsables.

"El H. Congreso de la Unión.

"A) La Cámara de Diputados como Cámara de Origen; ...

"B) La Cámara de Senadores.

"C) El presidente de la República.

"D) La Secretaria de Gobernación.

"V. Actos reclamados: del H. Congreso de la Unión, la expedición y aprobación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley General de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en Materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva; la Cámara de Diputados como Cámara Revisora; del C. Presidente de la República y la C. Secretaria de Gobernación, a quienes se les reclama el refrendo, la promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto promulgatorio de la reforma que mediante este acto se combate."

La parte quejosa señaló como violados en su perjuicio los artículos 1o., 5o., 9o., 14, 16, 92, 123, 133 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo.

En sus conceptos de violación, el sindicato quejoso planteó, esencialmente, los siguientes argumentos:

En el primer concepto de violación, el sindicato quejoso señala que los órganos legislativo y ejecutivo, que emitieron y promulgaron el decreto impugnado, violan el principio de progresividad establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al incumplir su obligación de ampliar el alcance y protección de los derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad.

Al respecto, alega que el decreto impugnado genera una afectación grave en la esfera de los gobernados a que está dirigida, debido a que se trata de un acto que desconoce el alcance y protección que en determinado momento se reconoció al derecho de los trabajadores y sindicatos a determinar su forma de organización y administración, actualizándose una intromisión del poder público en su vida interna.

En el segundo concepto de violación manifiesta que las autoridades responsables también contravienen el principio de supremacía constitucional, establecido en el artículo 133 de la Constitución Federal, así como la autonomía y libertad de los sindicatos.

Lo anterior, ya que el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo excede el texto del artículo 123, apartado A, fracción XXII Bis, de la Constitución Federal, al exigir en la elección de las directivas sindicales que el voto de los trabajadores, además de personal, libre y secreto se exprese de manera directa; de ahí que establezca un requisito adicional a los que exige la Norma Constitucional.

En el tercer concepto de violación alega que la adición del segundo párrafo de la fracción VI del artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo es violatoria del artículo 133 constitucional, en relación con los artículos 2 y 3 del Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, así como 1 y 2 del Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, emitidos por la Organización Internacional del Trabajo, además de diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ello al prever la posibilidad de que el trabajador se niegue a que le sea aplicada la cuota sindical, lo que sostiene que contraviene la voluntad colectiva de los miembros de un sindicato contenida en sus estatutos, mediante la cual determinan las reglas y procedimientos que habrán de regirlos, incluida la forma de pago y monto de las cuotas sindicales; de ahí que también vulnere el artículo 371, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo.

En ese sentido, sostiene que el artículo impugnado rompe con el espíritu de conjuntar voluntades en la defensa común de intereses y objetivos; principio fundamental de toda organización sindical, lo que genera que la disposición aludida sea contraria a los procedimientos y requisitos que la ley establece para asegurar la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de los trabajadores y los patrones.

En el cuarto concepto de violación apunta que el artículo 364 de la Ley Federal del Trabajo, reformado mediante el decreto impugnado, viola los artículos 14, 16 y 123, apartado A, fracción XVI, de la Constitución Federal, al permitir contar dentro de los miembros de un sindicato a los trabajadores que ya no están en activo, no obstante que la ley laboral define al trabajador como la persona física que presta a otra un servicio personal y subordinado.

Asimismo, manifiesta que tal permisión vulnera los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 del Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, así como 1 y 2 del Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, emitidos por la Organización Internacional del Trabajo, los cuales contienen los derechos y obligaciones de los trabajadores, entendidos como aquellos que prestan sus servicios a un empleador.

En el quinto concepto de violación refiere que las autoridades responsables violan el principio de seguridad jurídica, en su manifestación de confianza legítima, el cual implica que cuando la actuación de los poderes haya generado confianza en la estabilidad de sus actos, éstos no pueden modificarse de manera inesperada, salvo que así lo exija el interés público.

De esa manera, alega que el órgano legislativo transgrede el derecho de seguridad jurídica, ya que modifica la confianza legítima en la estabilidad de los actos legales y constitucionales que existían previamente a la emisión del decreto impugnado, en relación con los sindicatos de trabajadores, así como las confederaciones.

Al respecto, cita como aplicable la jurisprudencia 2a./J. 103/2018 (10a.), de título y subtítulo: "CONFIANZA LEGÍTIMA. CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, EN SU FACETA DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD."

Señala que el artículo 245 Bis de la Ley Federal del Trabajo viola la autonomía y libertad sindical reconocidas en los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, al permitir la existencia de otro contrato colectivo de trabajo gremial a pesar de ya haberse celebrado uno por industria (pilotos y sobrecargos).

De igual manera, sostiene que tal disposición pasa por alto el criterio relativo a la falta de legitimación de los sindicatos gremiales para reclamar la titularidad de un contrato colectivo de trabajo celebrado con una sociedad mercantil que integra la totalidad de los trabajadores que le prestan servicios.

Reclama que el artículo 360, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo transgrede el principio de libertad sindical reconocido en el artículo 123 de la Constitución Federal, así como los Convenios 87 y 98, al regular de manera enunciativa la clasificación de los sindicatos, pues el legislador pierde de vista que el derecho de los trabajadores a organizarse en la forma en que determinen está comprendido dentro de la libertad plasmada en sus estatutos.

Por otro lado, sostiene que la sanción prevista en el artículo 369 de la Ley Federal del Trabajo es ilegal y excesiva, pues no obedece a la acción del sindicato en sí sino a la conducta de una persona, de ahí que transgreda los derechos colectivos y sindicales de los beneficiarios de los contratos colectivos de trabajo de otras empresas no involucrados, los cuales quedarían sin representación sindical, de ahí que resulte contraria a la Constitución y a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

Asimismo, refiere que el artículo 371 Bis de la Ley Federal del Trabajo es inconstitucional, ya que configura la intervención de la autoridad sin que medie la solicitud de los agremiados del sindicato, permitiéndose ante la duda razonable sobre la veracidad de los documentos presentados, convocar y organizar un nuevo recuento mediante el voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores.

De esa manera, considera que se viola la autonomía y libertad sindical, así como la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se ha determinado que este tipo de atribuciones puede dar lugar a una falta de delimitación de la actuación de la autoridad laboral, debido a que su aplicación de manera laxa lejos de favorecer la libertad de los sindicatos y garantizar la voluntad de sus agremiados, conlleva un exceso en su actuación dando lugar a una verdadera revisión de tipo electoral.

Reclama que el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo es inconstitucional al exigir la rendición de cuentas de las directivas sindicales no sólo a los trabajadores sino también a la autoridad registral, lo que igualmente transgrede los principios de no intromisión, autonomía y libertad sindical contenidos en el Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.

Sostiene que el artículo 390 Ter de la Ley Federal del Trabajo viola la autonomía e independencia de las organizaciones sindicales en relación con la determinación de su organización, en tanto exige el registro de los contratos colectivos de trabajo; además de requerir de manera inconstitucional el voto directo de los trabajadores.

En cuanto al artículo 399 Ter de la Ley Federal del Trabajo, señala que interfiere en la autonomía sindical al regular la revisión de los contratos colectivos ante la autoridad registral y, por tanto, vulnera la Constitución Federal y los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo.

Ello ya que impide la negociación colectiva en la revisión de los contratos colectivos de trabajo, pues exige cumplir con los requisitos de aprobación por la mayoría de los trabajadores, sin atender a los acuerdos tomados por sus representantes, bien sea por medio de una comisión negociadora, o por el sindicato mismo.

En ese sentido, alega que la existencia de un acuerdo previo, así como la intervención de dicha comisión, pierde toda eficacia en tanto que sus decisiones carecerían de validez al no ser aprobadas por la mayoría de los trabajadores, lo que conllevaría la nulidad de la negociación, además de la limitación de la representación de la organización sindical.

Al respecto, refiere que el Comité de Libertad Sindical ha establecido que las disposiciones que modifican de manera unilateral el contenido de los convenios colectivos firmados o que exijan su renegociación son contrarias a los principios de negociación colectiva, así como a los derechos adquiridos por las partes.

Sostiene que el artículo 400 Bis de la Ley Federal del Trabajo es contrario a la Constitución Federal, así como a los convenios internacionales, ya que interfiere en la vida interna y autonomía de las organizaciones sindicales, al exigir la revisión de los contratos colectivos cada dos años.

Reclama la inconstitucionalidad del artículo 590-D de la Ley Federal del Trabajo, debido a que prevé la designación del titular del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales como representante de la Junta de Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, lo que permite que dicho instituto actúe como Juez y parte al mismo tiempo; además, señala que el legislador debió incorporar a representantes obreros y patronales en igual número, de acuerdo a la representatividad de las propias organizaciones.

Por otro lado, combate el artículo 897-F, fracción I, inciso B), de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece la obligación de las empresas demandadas de proporcionar información a la autoridad judicial, a fin de elaborar un padrón de trabajadores que sirva para el desahogo de la prueba de recuento; al respecto, sostiene que tal obligación, en principio, corresponde a aquel que ejerce la acción, quien deberá precisar dicha información en concordancia con los requisitos de representatividad.

Asimismo, manifiesta que al obligarse al patrón a diferenciar entre trabajadores sindicalizados de los sindicables, así como de los de confianza, imputándole deberes y facultades que no le corresponden, se invade la esfera sindical, en contravención a la libertad sindical protegida por los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo.

Manifiesta que el artículo 923 de la Ley Federal del Trabajo viola la voluntad de las partes que celebran un contrato colectivo de trabajo, al permitir la procedencia del emplazamiento para firma cuando hubieran transcurrido cuatro años de su celebración sin haberse revisado, lo que también contraviene el principio de seguridad jurídica al no respetar la vigencia del contrato; además, reclama la violación al principio de irretroactividad, establecido en la Constitución Federal.

Sostiene que el artículo 927, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo vulnera el derecho a la huelga, ya que admite la posibilidad de que, a criterio de la autoridad laboral, se admitan prórrogas adicionales del periodo de pre huelga, lo que señala interfiere gravemente en la libertad de negociación, al involucrar a la autoridad laboral sin pedimento alguno en una decisión que corresponde exclusivamente al patrón y al sindicato.

Por otro lado, demanda la inconstitucionalidad del artículo décimo primero transitorio, debido a que permite la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de los contratos colectivos celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma impugnada, ordenando su cancelación de no llevarse a cabo su revisión por lo menos una vez en cuatro años, contando con el apoyo mayoritario de los trabajadores.

En ese sentido, señala que se viola el principio de seguridad jurídica, pues existen condiciones previamente establecidas por las partes, tales como la duración del contrato colectivo de trabajo, por lo que si aquéllas acordaron que éste fuera por tiempo indefinido, entonces debe prevalecer tal determinación en atención a la libertad sindical, seguridad jurídica y la propia voluntad de las partes que así lo establecieron.

Reclama que el artículo vigésimo segundo transitorio viola la libertad y la autonomía sindical, ya que decide la manera y el tiempo para establecer y modificar las reglas de los estatutos, al prever para el cumplimiento de lo establecido en los artículos 390 Bis y 390 Ter el plazo máximo de un año, lo que manifiesta desconoce la libertad de los agremiados, por conducto de su asamblea general, de decidir cómo y cuándo modificar o establecer las reglas en sus estatutos.

De igual manera, sostiene que el artículo vigésimo tercero transitorio también transgrede la libertad de las organizaciones sindicales, ya que reitera que es facultad exclusiva de la asamblea decidir la modificación de sus estatutos, así como en función de sus necesidades determinar la manera conforme a la que llevará a cabo su votación, ya sea de manera directa o indirecta.

Asimismo, demanda la inconstitucionalidad del artículo vigésimo séptimo transitorio, al prever la designación por parte del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de los representantes de los trabajadores y de los patrones ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, lo que sostiene otorga a dicha dependencia una facultad que no le corresponde, pues son los sindicatos de los trabajadores y de los patrones quienes deben proponer a sus representantes, de ahí que se vulnere la autonomía y libertad sindical.

En su sexto concepto de violación, manifiesta que el artículo 358, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo viola los principios de autonomía y libertad sindical, así como el contenido del artículo 6o., apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo al derecho de salvaguardar los datos personales de la asociación sindical quejosa, al pretenderse sancionar y tener injerencia absoluta en el patrimonio de las organizaciones sindicales, federaciones y confederaciones, en contravención de los principios de legalidad y seguridad jurídica.

Finalmente, en el séptimo concepto de violación señala que el decreto impugnado viola los artículos 1o., 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Federal, en relación con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, en tanto que la autoridad responsable deja de vigilar la exacta aplicación del Texto Constitucional, al no atender al principio de legalidad lo que a su vez transgrede el derecho de impartición de justicia.

SEGUNDO.—Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, conoció de la demanda de amparo el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, cuya titular, mediante acuerdo de trece de junio de dos mil diecinueve, la registró bajo el expediente 1309/2019 y, admitió a trámite.

TERCERO.—Resolución del juicio de amparo. Una vez desahogados los trámites legales del juicio de amparo, el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia constitucional y, posteriormente, se emitió la sentencia con los puntos resolutivos siguientes:

"PRIMERO.—Se sobresee en el juicio de amparo promovido por la Confederación Auténtica de Trabajadores del Estado de Veracruz, en lo concerniente a los actos reclamados a la secretaria de Gobernación y director del Diario Oficial de la Federación, consistentes en el refrendo y publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre otras, de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve; además por lo que hace a los actos reclamados de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión y del presidente de la República, consistentes en la discusión, aprobación y promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre otras, de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve, específicamente los artículos 110, fracción VI, 245 Bis; 360; 364; 369, fracción III; 371, fracciones IX, IX Bis, IX Ter, X y XIV Bis; 371 Bis, fracción III; 373; 390 Ter; 399 Ter; 400 Bis; 590-D; 897-F, fracción I, inciso b); 923; 927, fracción V; así como los transitorios décimo primero y vigésimo séptimo de la Ley Federal del Trabajo, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia.

"SEGUNDO.—La Justicia de la Unión, no ampara ni protege a la Confederación Auténtica de Trabajadores del Estado de Veracruz, contra los actos reclamados de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión y del presidente de la República, consistentes en la discusión, aprobación y promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre otras, de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve, específicamente los artículos transitorios vigésimo segundo y vigésimo tercero, por las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia.

"TERCERO.—Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo."

Las consideraciones que sustentaron el fallo son las siguientes:

En los considerandos tercero y cuarto, la Juez de Distrito realizó el análisis relativo a la precisión de los actos reclamados, así como a su certeza, la cual tuvo por cumplida al tratarse de una disposición general y, por tanto, ser suficiente que ella estuviera publicada en el Diario Oficial de la Federación para tener por acreditada su existencia.

Posteriormente, en el considerando quinto, realizó el estudio de las causas de improcedencia.

En principio, determinó que eran fundadas las relativas al refrendo y publicación del decreto reclamado a la secretaria de Gobernación y al director del Diario Oficial de la Federación, en tanto que el quejoso no formuló argumento alguno dirigido a evidenciar la inconstitucionalidad de dichos actos por vicios propios.

Respecto al artículo 371, fracciones IX (con excepción del primer párrafo), IX Bis, IX Ter, X y XIV Bis de la Ley Federal del Trabajo, la juzgadora consideró actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, debido a que sostuvo que el quejoso no formuló concepto de violación alguno en su contra.

Por lo que se refiere a los artículos 110, fracción VI, 245 Bis; 360; 364; 369, fracción III; 371, fracción IX, primer párrafo; 371 Bis, fracción III; 373; 390 Ter; 399 Ter; 400 Bis; 590-D; 897-F, fracción I, inciso b); 923; 927, fracción V; así como los transitorios décimo primero y vigésimo séptimo, de la Ley Federal del Trabajo, determinó que se cumplía la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.

Ello al sostener que las disposiciones reclamadas tenían el carácter de heteroaplicativas, por lo que para su impugnación se requería el cumplimiento de ciertas condiciones que las individualizaran en la esfera jurídica del sindicato quejoso, mediante un hecho o acto en particular.

Por otro lado, declaró infundada la causal de improcedencia hecha valer por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y el presidente de la República respecto a que los transitorios vigésimo segundo y vigésimo tercero del decreto impugnado no causaban una afectación al sindicato quejoso, por su sola entrada en vigor, al requerir de un acto posterior de aplicación.

Al respecto, sostuvo que desde el día siguiente a la entrada en vigor del decreto impugnado (dos de mayo de dos mil diecinueve), los artículos transitorios ya obligaban a las organizaciones sindicales a adecuar sus estatutos a las disposiciones previstas en los artículos 371, 390 Bis y 390 Ter de la Ley Federal del Trabajo, relativas al procedimiento para llevar a cabo la elección de las directivas sindicales mediante el voto personal, libre, directo y secreto, así como sobre las reglas para la obtención de la constancia de representatividad y el procedimiento de consulta a los trabajadores para el registro de un contrato colectivo de trabajo inicial o su revisión.

En ese sentido, concluyó que los preceptos transitorios tenían una naturaleza autoaplicativa y, en esa medida, le causaban un perjuicio al sindicato quejoso, sin que su aplicación estuviera sujeta a condición alguna por ser de observancia inmediata para sus destinatarios.

En el sexto considerando la Juez de Distrito analizó la regularidad constitucional de los artículos transitorios vigésimo segundo y vigésimo tercero, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre otras, de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve.

Al respecto, estableció que el hecho de que la autoridad legislativa, en los transitorios vigésimo segundo y vigésimo tercero del decreto impugnado, estableciera plazos fijos y perentorios, para que las organizaciones sindicales adecuaran sus estatutos a las normas contenidas en los preceptos 371, 390 Bis y 390 Ter de la Ley Federal del Trabajo, no vulneraba el principio de progresividad, de ahí que fuera infundado el concepto de violación.

Lo anterior, ya que no se advertía que el establecimiento de tales plazos constituyera una medida regresiva a los derechos fundamentales del sindicato quejoso, como podrían ser los de libertad sindical, democracia sindical y negociación colectiva; por el contrario, consideró que los plazos previstos en los preceptos transitorios (un año para adecuar procedimientos de consulta conforme a las disposiciones establecidas en los artículos 390 Bis y 390 Ter; y doscientos cuarenta días para adecuar en cuanto hace a las reglas o mecanismos para la elección de sus directivas sindicales), garantizaban el funcionamiento democrático de las organizaciones sindicales y la salvaguarda de los derechos de los trabajadores, pues otorgaba certeza a los destinatarios sobre el momento en que debían acatarlas

Asimismo, calificó de infundado el argumento relativo a la violación de los derechos de autonomía y libertad sindical, al sostener que los artículos reclamados no establecían la manera en que los estatutos de las asociaciones sindicales debían ser modificados, en cuanto a las reglas o mecanismos para la elección de sus directivas sindicales y sobre la consulta a sus agremiados respecto de la celebración o revisión de un contrato colectivo de trabajo.

En cambio, señaló que lo que sí prevén los transitorios en cuestión, es la temporalidad que las asociaciones sindicales tienen para adecuar sus normas estatutarias a las contenidas en los preceptos 371, 390 Bis y 390 Ter de la Ley Federal del Trabajo; a saber, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor en relación al mecanismo para la consulta a los trabajadores respecto de la celebración o revisión de un contrato colectivo de trabajo; y, de doscientos cuarenta días, a partir de la entrada en vigor, en cuanto a las reglas para la elección de su directiva sindical.

En ese sentido, sostuvo que si bien el derecho de libertad sindical tutelado tanto a nivel constitucional como convencional agrupa el derecho de los sindicatos para redactar sus estatutos, tal prerrogativa no es absoluta, pues encuentra sus límites en otros derechos que también deben salvaguardarse como son, la democracia sindical y los derechos individuales de los afiliados, como titulares directos de los derechos de índole laboral; de ahí que el legislador estuviera facultado para establecer disposiciones que garantizaran el funcionamiento democrático de las organizaciones y la salvaguarda de los intereses de los trabajadores afiliados.

De esa manera, concluyó que la prerrogativa del legislador de establecer cuándo deben iniciar su vigencia dichas normas no viola los derechos de autonomía y libertad sindical, pues la potestad de crear normas no se puede desvincular de la de señalar su vigencia, sobre todo porque de esa forma se otorga certeza a los destinatarios sobre el momento en que deben ser cumplidas.

Asimismo, precisó que los artículos transitorios impugnados no obligaban a las organizaciones sindicales a modificar sus estatutos en una fecha determinada, en tanto que ellas podían optar, dentro de esos plazos, cuándo hacerlo, lo que incluso les resultaba favorable, porque si el decreto impugnado no contemplara una temporalidad para acatarlo, ello significaría que desde su entrada en vigor los destinatarios de la norma estarían obligados a modificar sus reglas estatutarias.

Además, consideró que del análisis integral de la demanda de amparo no se advertía que el sindicato quejoso expusiera motivos por los cuales, a su juicio, los plazos fijados por las normas reclamadas no fueran aptos para cumplir con las obligaciones que se le imponen, por lo que no podía analizarse si dichos plazos se ajustaban o no a los principios constitucionales y estándares internacionales.

En consecuencia, al declarar infundados los conceptos de violación del quejoso procedió a negarle el amparo respecto a los artículos transitorios vigésimo segundo y vigésimo tercero, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley General de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve.

CUARTO.—Interposición del recurso de revisión. El diez de octubre de dos mil diecinueve, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Mediante auto de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, el presidente del Tribunal lo radicó y admitió a trámite bajo el expediente 146/2019.

En sesión de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, el órgano colegiado emitió la sentencia al tenor de los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO.—Se modifica la sentencia recurrida.

"SEGUNDO.—Queda firme el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo que se revisa, respecto de los artículos 360; 897-F, y artículo transitorio vigésimo séptimo, de la Ley Federal del Trabajo, vigente, y lo relativo al del refrendo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley General de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de justicia

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29717-fb8a5222/sindicatos-federaciones-y-confederaciones-el-articulo-358-fraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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