AYUDA DE DESPENSA. NO SE ACTUALIZA EL FACTOR "GENERALIDAD" NECESARIO PARA SU INCREMENTO, EN TÉRMINOS DE LOS MANUALES DE PERCEPCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, VIGENTES PARA 2015, 2016 Y 2017, EN APLICACIÓN DEL CRITERIO INTERPRETATIVO CONTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 13/2017 (10a.).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SÉPTIMO, NOVENO, DÉCIMO TERCERO, DÉCIMO QUINTO, VIGÉSIMO Y DÉCIMO OCTAVO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, ASÍ COMO OCTAVO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 20 DE OCTUBRE DE 2020. MAYORÍA DE VEINTIÚN VOTOS DE LOS MAGISTRADOS AMANDA ROBERTA GARCÍA GONZÁLEZ (PRESIDENTA), JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, ÓSCAR PALOMO CARRASCO, OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ, JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ-LOYOLA PÉREZ, MARCO ANTONIO BELLO SÁNCHEZ, ANTONIO CAMPUZANO RODRÍGUEZ, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, MARÍA DEL PILAR BOLAÑOS REBOLLO, SERGIO URZÚA HERNÁNDEZ, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, FERNANDO ANDRÉS ORTIZ CRUZ, ARTURO CÉSAR MORALES RAMÍREZ, GASPAR PAULÍN CARMONA, EMMA GASPAR SANTANA, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO, GUILLERMINA COUTIÑO MATA, ROSA GONZÁLEZ VALDÉS Y JORGE HIGUERA CORONA. AUSENTE: JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA. DISIDENTE: JUAN CARLOS CRUZ RAZO. PONENTE: MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS. SECRETARIA: MÓNICA IVETTE MACÍAS LAM.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión celebrada vía remota de veinte de octubre de dos mil veinte.
VISTO para resolver en la contradicción de tesis 14/2019, suscitada entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados del Primer Circuito: Primero, Séptimo, Noveno, Décimo Tercero, Décimo Quinto y Vigésimo, así como Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez; contra el criterio sustentado por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; y
RESULTANDO:
PRIMERO.—Mediante oficio 001, recibido el catorce de junio del dos mil diecinueve, en la Presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, la Magistrada María Amparo Hernández Chong Cuy, integrante del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados del Primer Circuito: Primero, Séptimo, Noveno, Décimo Tercero, Décimo Quinto y Vigésimo, así como Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez; contra el criterio sustentado por el Sexto y Décimo Octavo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.
SEGUNDO.—Por auto de dieciocho de junio del dos mil diecinueve, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis.
TERCERO.—En acuerdo de veinte de junio del dos mil diecinueve, el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito remitió al Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, el archivo electrónico de la ejecutoria dictada por unanimidad de votos, el ocho de mayo de dos mil diecinueve en el amparo directo 121/2019 e informó que se encontraba vigente el criterio sostenido.
CUARTO.—Por correo electrónico enviado al Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito el veintiuno de junio del dos mil diecinueve, la secretaria del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito remitió el archivo electrónico de la ejecutoria dictada, por unanimidad de votos, el once de abril del dos mil diecinueve en el amparo directo 42/2019 relacionado con la revisión fiscal 30/2019 e informó que se encontraba vigente el criterio sostenido.
QUINTO.—En proveído de veinte de junio de dos mil diecinueve, el Magistrado presidente del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito remitió al Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito el archivo electrónico de la ejecutoria dictada, por unanimidad de votos, el dos de mayo del dos mil diecinueve en el amparo directo 159/2019, relacionado con la revisión fiscal 109/2019 e informó que se encontraba vigente el criterio sostenido.
SEXTO.—En proveído de veinte de junio de dos mil diecinueve, el Magistrado presidente del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito remitió al Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito el archivo electrónico de la ejecutoria dictada, por unanimidad de votos, el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve en el amparo directo 52/2019 e informó que se encontraba vigente el criterio sostenido.
SÉPTIMO.—A través del oficio 11666/2019 del veinte de junio del dos mil diecinueve, la Magistrada presidente del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito remitió al Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito el archivo electrónico de la ejecutoria dictada, por unanimidad de votos, el dos de mayo del dos mil diecinueve en el amparo directo 114/2019, relacionado con la revisión fiscal 97/2019 e informó que el criterio adoptado se encontraba vigente.
OCTAVO.—Mediante acuerdo de siete de agosto de dos mil diecinueve, el Magistrado presidente del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, remitió al Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito el archivo electrónico de la ejecutoria dictada, por unanimidad de votos, el veintiocho de marzo dos mil diecinueve en el amparo directo 663/2018 (cuaderno auxiliar 225/2019, dictada en apoyo al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito) e informó que se encontraba vigente el criterio sostenido.
NOVENO.—Por oficio sin número, de dos de agosto del dos mil diecinueve, el Magistrado presidente del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, informó que el tribunal seguía sosteniendo el criterio adoptado en el amparo directo 178/2018 y en el amparo directo 240/2018, resueltos por mayoría (contra el voto de la Magistrada María Amparo Hernández Chong Chuy), en sesión de dieciséis de mayo del dos mil diecinueve.
Abundó en el sentido de que dicho criterio también había sido adoptado en los amparos directos 220/2018 y 665/2018, resueltos por mayoría de votos (voto en contra de la Magistrada María Amparo Hernández Chong Chuy) en sesión de catorce de febrero y trece de junio de dos mil diecinueve, respectivamente, que contenían mayores fundamentos y razones para sostenerlo.
Asimismo, remitió al Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito el archivo electrónico de las ejecutorias referidas.
DÉCIMO.—En acuerdo de veinte de junio de dos mil diecinueve, el Magistrado presidente del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito remitió al Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, envió (sic) el archivo electrónico de la ejecutoria dictada, por unanimidad de votos, el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve en el amparo directo 340/2018 e informó que no había sido superado el criterio adoptado.
DÉCIMO PRIMERO.—Mediante oficio DGCCST/X/301/08/2019, el director general de Sistema (sic) de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, manifestó que en el Alto Tribunal no se encuentra radicada contradicción de tesis, en la que el tema a dilucidar guarde relación con el problema jurídico que ocupa en la presente contradicción de tesis 14/2019.
DÉCIMO SEGUNDO.—Mediante proveído de treinta de septiembre del dos mil diecinueve, se turnó el asunto al Magistrado Ernesto Martínez Andreu, integrante del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito para que formulara el proyecto de resolución.
DÉCIMO TERCERO.—En proveído de dieciocho de octubre del dos mil diecinueve, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito dejó sin efectos el turno y solicitó al Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa informara sobre la vigencia del criterio sustentado en el amparo directo 116/2019 de su índice.
De igual forma, solicitó al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito manifestara si era su deseo o no que los criterios sustentados en los amparos directos 220/2018 y 665/2018, formaran parte de la contradicción de tesis y, de ser el caso, informara sobre su vigencia y remitiera los archivos electrónicos correspondientes.
DÉCIMO CUARTO.—En acuerdo de veinticinco de octubre del dos mil diecinueve, la Magistrada presidenta del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito remitió al Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito el archivo electrónico de la ejecutoria dictada, por unanimidad de votos, el veintitrés de abril del dos mil diecinueve, en el amparo directo 116/2019 (relacionado con la revisión fiscal 78/2019) e informó que continuaba vigente el criterio sostenido en ese asunto.
DÉCIMO QUINTO.—Mediante proveído de veinticinco de octubre del dos mil diecinueve, el Magistrado presidente del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que el criterio sostenido en los amparos directos 220/2018 y 665/2018, había sido abandonado, dada la nueva integración de ese órgano jurisdiccional.
DÉCIMO SEXTO.—Dado que el expediente se encontraba debidamente integrado, en proveído de cinco de noviembre del dos mil diecinueve, fue turnada la contradicción de tesis al Magistrado Ernesto Martínez Andreu, integrante del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución.
DÉCIMO SÉPTIMO.—En proveído de cuatro de febrero del dos mil veinte, una vez que se celebró la sesión protocolaria de instalación y elección de presidente a que se refiere la fracción IV del artículo 11 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, para el año dos mil veinte, la Magistrada Amanda Roberta García González, presidenta del Pleno de Circuito, returnó el asunto para la elaboración del proyecto a la Magistrada María Guadalupe Molina Covarrubias.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, séptimo párrafo, 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General Número 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de dieciocho de febrero de dos mil quince, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete siguiente, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Circuito, cuya especialidad corresponde a este Pleno de Circuito.
SEGUNDO.—Consideración especial. Según se ha hecho notar en los antecedentes, la posible contradicción de tesis fue denunciada por la Magistrada María Amparo Hernández Chong Cuy, integrante del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por estimar que el criterio sostenido por dicho órgano colegiado, así como por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, era contradictorio con la decisión jurídica adoptada por los Tribunales Colegiados del Primer Circuito: Primero, Séptimo, Noveno, Décimo Tercero, Décimo Quinto y Vigésimo, así como Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez.
En dicha denuncia, la Magistrada promovente especificó que en los amparos directos 178/2019 y 240/2018 del índice del Sexto Tribunal Colegiado del cual formaba parte, se resolvió que los aumentos a la prestación denominada "ayuda de despensa" otorgada en los Manuales de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para los años dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, cumplía con los requisitos de compatibilidad, generalidad y proporcionalidad, por lo que debían ser pagados a los pensionados.
Posteriormente, por oficio de dos de agosto de dos mil diecinueve, el Magistrado Salvador González Baltierra, presidente del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a solicitud del Magistrado presidente del Pleno de Circuito, informó que el criterio adoptado en los amparos directos 178/2018 y 240/2018, resueltos por mayoría de votos (contra el voto de la Magistrada María Amparo Hernández Chong Chuy), en sesión de dieciséis de mayo del dos mil diecinueve, se encontraba vigente.
En ese mismo informe, el Magistrado presidente del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, abundó en el sentido de que dicho criterio también había sido adoptado en los amparos directos 220/2018 y 665/2018, resueltos por mayoría de votos (voto en contra de la Magistrada María Amparo Hernández Chong Chuy) en sesiones de catorce de febrero y trece de junio de dos mil diecinueve, respectivamente, que contenían mayores fundamentos jurídicos y razones para sostenerlo.
Finalmente, el presidente del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa referido, al desahogar la solicitud formulada por el Magistrado presidente del Pleno de Circuito, a fin de que expresara si era su deseo integrar a la contradicción de tesis los criterios sustentados en los amparos directos 178/2018 y 240/2018, informó que el criterio adoptado en tales ejecutorias y que coincide con el adoptado en los amparos directos 220/2018 y 665/2018, había sido abandonado, dada la nueva integración de ese órgano jurisdiccional.
No obstante, tal situación no da a lugar declarar sin materia la contradicción de tesis motivo del presente estudio, pues dados los términos en que fue planteada, se deberán analizar los criterios sustentados por el resto de los Tribunales Colegiados, a fin de conocer si todavía existe la necesidad de unificar el criterio que debe prevalecer en los asuntos donde se discuta la procedencia del pago del incremento al concepto "ayuda de despensa" referido.
TERCERO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por un Tribunal Colegiado de Circuito.
No obsta a lo considerado el hecho de que –según se ha informado– el Tribunal Colegiado denunciante haya abandonado el criterio sostenido, pues se debe privilegiar la seguridad jurídica y la unificación de criterios, sobre algún criterio restrictivo sobre la legitimación.
Ilustra sobre la legitimación de los tribunales:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA, INCLUSO CUANDO PERTENEZCAN A ÓRGANOS DISTINTOS DE LOS CONTENDIENTES. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes que hayan sustentado las tesis discrepantes, el Fiscal General de la República, antes Procurador General de la República, los Magistrados de los Tribunales Unitarios de Circuito, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron están legitimados para denunciar las contradicciones de tesis a que se refiere el artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y si bien la fracción II del artículo 227 de esa ley confiere a los Magistrados de los Tribunales que sostuvieron los criterios discrepantes legitimación para denunciarlas, también establece que los Jueces de Distrito y los Magistrados de Tribunal Unitario de Circuito pueden hacerlo, sin distinguir o señalar algún límite a su legitimación; luego, por mayoría de razón, los Magistrados que pertenezcan a Tribunales Colegiados de Circuito distintos de los contendientes están legitimados para denunciarlas, en aras de garantizar la seguridad jurídica y la unificación de criterios." [Décima Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, 2a. LXXI/2019 (10a.)].
CUARTO.—Consideraciones en las que los tribunales contendientes basaron sus resoluciones. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la existencia de la divergencia de criterios denunciada y, en su caso, establecer el criterio que debe prevalecer, conviene tener presentes las consideraciones en las que los Tribunales Colegiados de Circuito basaron sus resoluciones.
1. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Resolución dictada en el amparo directo 121/2019, aprobada por unanimidad de votos en la sesión de ocho de mayo de dos mil diecinueve, que en la parte que interesa dice lo siguiente:
"QUINTO.—Después de justificar la actualización de la resolución negativa ficta impugnada, en el considerando cuarto del fallo reclamado, la Sala responsable declaró fundada la causal de improcedencia y sobreseimiento hecha valer por la autoridad en su contestación de demanda, sobre la base de que el acto impugnado por ********** ya fue materia de la sentencia pronunciada en el diverso juicio **********, del índice de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por cuyo motivo concluyó que se surte lo previsto en los artículos 8, fracción III, y 9, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y, en consecuencia, se actualiza la institución de cosa juzgada, por lo que se encontraba impedida para pronunciarse de nuevo sobre la legalidad de la resolución impugnada en relación con las personas mencionadas.—Por otra parte, en relación con el resto de los promoventes del juicio contencioso, en el considerando quinto del fallo reclamado, la Sala explicó que los pensionados tendrán derecho a las prestaciones en dinero que les sean aumentadas de manera general a los trabajadores en activo siempre y cuando resulten compatibles.—Sostuvo que de los oficios emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se advierte que la prestación de ayuda de despensa se otorga únicamente al personal operativo, de mando y de enlace, excluyendo al rango denominado categorías, de modo que los incrementos concedidos no fueron otorgados de manera general a todos los trabajadores.—Apoyó su afirmación en la jurisprudencia PC.IV.A. J/31 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro (sic): ‘BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE. LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS CONFORME AL ARTÍCULO 57 DE LA ABROGADA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, NO TIENEN DERECHO AL INCREMENTO DE ESAS PRESTACIONES, EN LA MISMA PROPORCIÓN EN LO (SIC) QUE LO RECIBAN LOS TRABAJADORES OPERATIVOS EN ACTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.’.—Con apoyo en tales consideraciones, reconoció la legalidad de la resolución negativa ficta impugnada respecto de algunos promoventes y decretó el sobreseimiento en el juicio en relación con otros.—Para combatir la primera decisión, los quejosos alegan que la Sala no valoró de manera adecuada las pruebas con que acreditaron que los incrementos al concepto denominado bono de despensa se aplicaron de manera general y las plazas que ocuparon al momento de causar baja se consideran operativas.—Señalan que el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, en la jurisprudencia XXX.1o. J/1 (10a.), reconoció el derecho que tienen los pensionados a percibir dicho incremento, sin necesidad de que demuestren algún hecho.—Para dar el tratamiento que corresponde al planteamiento sintetizado, conviene reproducir el texto de la tesis de jurisprudencia XXX.1o. J/1 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 20, Tomo II, julio de 2015, página 1499: ‘BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE. REQUISITOS PARA QUE LOS PENSIONADOS CONFORME A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, TENGAN DERECHO AL INCREMENTO ANUAL DE ESAS PRESTACIONES EN LA MISMA PROPORCIÓN EN QUE SE AUMENTEN A LOS TRABAJADORES EN ACTIVO. El tercer párrafo del artículo 43 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuya redacción coincide con la del último párrafo del artículo 57 de la ley de ese organismo, vigente hasta el 31 de marzo de 2007, señala que los pensionados tendrán derecho, en su proporción, a las prestaciones en dinero que les sean aumentadas de manera general a los trabajadores en activo, siempre y cuando les resulten compatibles; de lo que se advierte que los requisitos para que aquéllos tengan derecho al aumento proporcional del monto de las prestaciones de bono de despensa y previsión social múltiple son: que éstas hayan sido aumentadas de manera general a los trabajadores en activo, y que resulten compatibles con los pensionados. Por tanto, si se demuestra que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal el pago de las prestaciones referidas a los trabajadores del mismo nivel que, en su momento, tuvo el pensionado, es decir, operativo, y el propio ISSSTE las reconoció como parte de la pensión, aquél tiene derecho a su incremento anual en la misma proporción en que se aumenten a los trabajadores en activo.’.—Como se advierte de su lectura, en el criterio transcrito se estableció que, conforme al artículo 43 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, correlativo al diverso 57 de la ley de ese organismo descentralizado vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, los pensionados tienen derecho, en su proporción, a las prestaciones en dinero que les sean aumentadas de manera general a los trabajadores en activo, siempre y cuando les resulten compatibles.—Por ende, si se demuestra que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal el pago de las prestaciones denominadas bono de despensa y previsión social múltiple a los trabajadores del mismo nivel que, en su momento, tuvieron los pensionados, es decir, operativo, y el propio instituto las reconoció como parte de la pensión, tienen derecho a su incremento anual en la misma proporción en que se aumenten a los trabajadores en activo.—Esa jurisprudencia contendió en la contradicción de tesis 205/2016, en que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dilucidó lo relativo a si los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tienen derecho al pago de las diferencias derivadas del incremento anual de las prestaciones llamadas bono de despensa y previsión social múltiple que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorga a los trabajadores en activo a través de diversos oficios circulares.—En esa resolución, la Segunda Sala explicó que, acorde con el artículo 57 de la ley del instituto enjuiciado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, así como el 43, último párrafo, del reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los pensionados tendrán derecho, en su proporción, a las prestaciones en dinero que les sean aumentadas de manera general a los trabajadores en activo, siempre que les resulten compatibles.—Determinó que cuando un pensionado reclame el pago del incremento a los conceptos denominados bono de despensa y previsión social múltiple, que se otorgan a los trabajadores en activo, estará sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos, concretamente: a) que hayan sido aumentados de manera general a los trabajadores en activo; b) que resulten compatibles con los pensionados; y, c) que sean proporcionales.—Señaló que la compatibilidad se relaciona con el hecho de que exista una disposición legal que prevea que los derechohabientes tienen derecho a percibir, además de su pensión, otras prestaciones en dinero que también recibe el personal en activo.—Indicó que la generalidad consiste en que el incremento beneficie a todos los servidores públicos adscritos a los órganos de la Administración Pública Federal.—Destacó que la proporcionalidad implica que los aumentos que reciban los pensionados deben corresponder, en concepto y cantidad, a los que se paguen a los trabajadores en activo.—Concluyó su exposición diciendo que un jubilado o pensionado por el instituto demandado sólo tendrá derecho al incremento de las prestaciones que se cubren en forma adicional a su pensión cuando se otorguen a la totalidad de trabajadores en activo, esto es, a los trabajadores del servicio civil de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los que, de acuerdo con el Manual de Percepciones relativo comprenden: a) al personal operativo; b) a las categorías relativas a los puestos de los niveles salariales que requieren un tratamiento particular; y, c) a los de mando y de enlace.—Luego de reproducir el contenido de diversos oficios circulares emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destacó que el incremento al pago de sueldos y salarios, así como otras prestaciones a los trabajadores de la Administración Pública Federal, entre las cuales están la previsión social múltiple y el bono de despensa, se autorizó únicamente para el personal operativo.—En ese orden de ideas, concluyó que si tales rubros no fueron otorgados de manera general a la totalidad de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, es evidente que no se actualiza la hipótesis contenida en los artículos 57 de la legislación abrogada y 43 del reglamento vigente para el otorgamiento del incremento de las prestaciones mencionadas, ante el incumplimiento del requisito de generalidad.—De las explicaciones que anteceden derivó la jurisprudencia 2a./J. 13/2017 «(10a.)», publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 40, marzo de 2017, Tomo II, página 1036, que establece: ‘BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE. LOS PENSIONADOS CONFORME A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO NO TIENEN DERECHO AL INCREMENTO DE ESAS PRESTACIONES OTORGADO MEDIANTE LOS OFICIOS CIRCULARES 307-A.-2942, DE 28 DE JUNIO DE 2011, 307-A.-3796, DE 1 DE AGOSTO DE 2012 Y 307-A.-2468, DE 24 DE JULIO DE 2013, EMITIDOS POR LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. De los oficios citados se advierte que se comunicó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la autorización del incremento de diversas prestaciones, entre las cuales se encontraban las etiquetadas como «previsión social múltiple» y «bono de despensa», destinadas única y exclusivamente al personal operativo de la Administración Pública Federal con curva del sector central, excluyéndose, por tanto, a los servidores públicos de mando y de enlace, con lo cual se justifica que el otorgamiento de los referidos incrementos no es general. Ahora bien, los artículos 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada y 43 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la ley de dicho instituto, en términos generales disponen que los pensionados y jubilados tendrán derecho, en su proporción, a las prestaciones en dinero que sean aumentadas de manera general a los trabajadores en activo, siempre y cuando les resulten compatibles. Consecuentemente, si los incrementos referidos no se autorizaron para todos los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, sino únicamente para el personal operativo, es evidente que los incrementos a las prestaciones denominadas «previsión social múltiple» y «bono de despensa», no se otorgaron de manera general a los trabajadores en activo y, por ello, no procede su reclamo por parte de los pensionados.’.—Con la resolución de la que derivó el criterio transcrito quedó superada la tesis de jurisprudencia XXX.1o. J/1 del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, en que los quejosos basan su pretensión, por lo que la Sala responsable no estaba obligada a tomarla en cuenta al resolver.—No pasa inadvertido que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza diversos oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los que se otorga el incremento y que los quejosos fundan su petición en los Manuales de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal del dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete.—Por ende, insisten en la idea de que la autorización de incremento al c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29757-d76885f3/ayuda-de-despensa-no-se-actualiza-el-factor · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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