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Modo: Corpus Pro

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN CONSIGNADOS EN LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO. DEBEN AGOTARSE CONFORME A LA NORMA VIGENTE AL MOMENTO DE SU INTERPOSICIÓN, TRATÁNDOSE DE UN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INICIADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY ABROGADA. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO QUE ESTABLECE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE AL MOMENTO DE SU INTERPOSICIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2020. · Registro digital (IUS): 29839
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-06-11
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN VILLAHERMOSA, TABASCO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR D
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, Pág. 4273.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN VILLAHERMOSA, TABASCO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ, EN APOYO AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ. 29 DE MARZO DE 2021. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS HORACIO ORTIZ GONZÁLEZ, CUAUHTÉMOC CÁRLOCK SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS GÓMEZ MARTÍNEZ, MARGARITA NAHUATT JAVIER Y ÁNGEL RODRÍGUEZ MALDONADO. AUSENTE: GUSTAVO ALCARAZ NÚÑEZ. DISIDENTE: JOSÉ LUIS GÓMEZ MARTÍNEZ. PONENTE: ÁNGEL RODRÍGUEZ MALDONADO. SECRETARIO: RAMÓN SOSA OLIVIER.

Villahermosa, Tabasco, acuerdo del Pleno del Décimo Circuito sin especialización, correspondiente a la sesión de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno.

VISTOS para resolver los autos de la contradicción de tesis 1/2020, entre los criterios sustentados por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, y el Segundo Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa de Enríquez, Veracruz, en auxilio a ese órgano jurisdiccional, al resolver el primero de los tribunales citados, el juicio de amparo directo 214/2019 y el segundo de los órganos referidos el diverso 391/2019; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de criterios. Mediante oficio ********** recibido el veintiocho de febrero de dos mil veinte, el Magistrado Cuauhtémoc Cárlock Sánchez, presidente del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, denunció la posible contradicción de tesis, entre las sustentadas por el tribunal de su adscripción, y el Segundo Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa de Enríquez, Veracruz, en auxilio a ese órgano jurisdiccional, al resolver el primero de los tribunales citados, el juicio de amparo directo 214/2019 y el segundo de los órganos referidos el diverso 391/2019.

SEGUNDO.—Trámite del asunto. Por auto de dos de marzo de dos mil veinte, el presidente del Pleno del Décimo Circuito admitió a trámite la posible contradicción de tesis; se tuvieron por recibidas las copias certificadas de las ejecutorias mencionadas; se solicitó a los Magistrados presidentes de los tribunales contendientes que informaran si los criterios sustentados en los asuntos que motivan esta contradicción se encuentran vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados.

Por acuerdo de trece de marzo siguiente, se tuvo al Magistrado presidente del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, informando que el criterio sustentado en el amparo directo 214/2019, se encuentra vigente, y remitió los archivos electrónicos de los diversos amparos directos 604/2018, 1341/2018, 46/2019, 68/2019 y 281/2019, en los que se sostuvo el mismo criterio.

En proveído de diez de agosto de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio **********, por el cual el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó el contenido del diverso oficio **********, signado por el secretario general de Acuerdos del referido Alto Tribunal, en el que comunicó que durante los últimos seis meses no se encontró radicada contradicción de tesis que guarde relación con el tema a dilucidar en la presente.

Por auto de diecinueve de noviembre pasado, se tuvo al Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa de Enríquez, Veracruz, informando que el criterio utilizado en el amparo directo 391/2019 se encuentra vigente.

TERCERO.—Turno del asunto. Mediante oficio **********, suscrito el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, por el secretario de Acuerdos del Pleno del Décimo Circuito, recibido el dos de diciembre siguiente, comunicó al Magistrado Domingo Romero Morales, integrante de dicho Pleno, el acuerdo dictado en la referida fecha, por el Magistrado presidente de dicho Pleno, del que se obtiene que en razón de que el asunto se integró con los criterios que la motivan, con fundamento en los artículos 41 Quáter 1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 13, fracción VII, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, por ello se disponía turnar los autos originales del presente expediente al Magistrado Domingo Romero Morales, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

CUARTO.—Returno del asunto. Por acuerdo de tres de febrero de dos mil veintiuno se certificó que mediante sesión protocolaria de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento que el Pleno del Décimo Circuito en el año dos mil veintiuno se conformará por los órganos jurisdiccionales y los Magistrados [1] Magistrado Gustavo Alcaraz Núñez adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil; [2] Magistrada Margarita Nahuatt Javier adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal; [3] Magistrado Cuauhtémoc Cárlock Sánchez adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa; [4] Magistrado Ángel Rodríguez Maldonado adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo; [5] Magistrado Horacio Ortiz González adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, todos del Décimo Circuito con sede en Villahermosa Tabasco; [6] Magistrado J. Martín Rangel Cervantes adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito; y, [7] Magistrado José Luis Gómez Martínez adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, los dos últimos con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz.

Asimismo, que el Magistrado Horacio Ortiz González resultó electo presidente del Pleno del Décimo Circuito.

En esa misma determinación se hizo returno de la presente contradicción al Magistrado Ángel Rodríguez Maldonado, para que se sirva formular el proyecto de resolución correspondiente o, en su caso, para manifestar su conformidad en todas sus partes; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. El Pleno sin especialización del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco, es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente con anterioridad a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis, 41 Ter, fracción I, y 41 Quáter 1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 13, fracciones VI y VII, 28 y 46 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del uno de marzo de dos mil quince.

Lo anterior, aun cuando uno de los contendientes es el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz, porque emitió el criterio que dio lugar a la denuncia de contradicción, en apoyo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Décimo Circuito, con lo que asumió la jurisdicción de éste, por lo que se considera que pertenece al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.) que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, materias constitucional y común, página 1656, con número de registro digital: 2008428, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana y, sin modificar su sede territorial, brindan apoyo a los Tribunales Colegiados de Circuito durante un determinado periodo, concluido el cual pueden auxiliar a otros, por lo que su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilie, así como de los expedientes y el lapso en el que brinden su apoyo. Ahora, aun cuando los Tribunales Auxiliares apoyan a órganos de distintos Circuitos y cuentan con una competencia restringida, limitada al dictado de la sentencia, al prestar su ayuda a determinado Tribunal Colegiado de Circuito asumen la jurisdicción de éste, lo que implica que el auxiliar tenga que interpretar la normatividad estatal aplicable en dicho Circuito. En ese sentido, ya que el Constituyente, el legislador ordinario y el Consejo de la Judicatura Federal establecieron una regla de competencia para decidir las contradicciones de tesis en las que participen Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, se considera que éstos pertenecen al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado; por tanto, si los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo Circuito y a una misma especialidad, el competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustenten será el Pleno de Circuito de los Tribunales correspondientes, en el entendido de que si en el Circuito de que se trate no existe integrado Pleno, en términos del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogado por el diverso Acuerdo General 11/2014 del propio órgano, quien debe conocer de la contradicción es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados únicos en un Circuito que fueron apoyados en el dictado de resoluciones por un Tribunal Colegiado Auxiliar que asumió su jurisdicción."

No se desatiende la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual, en lo que interesa, en el artículo 94(1) se estableció la creación de los Plenos Regionales en sustitución de los Plenos de Circuito, a quienes se les otorgó la facultad de resolver las contradicciones de criterios que se generen por distintos Circuitos que conforman determinados territorios, y así, se defina un solo criterio obligatorio en varios Circuitos de una misma región.

Órganos de los cuales se puntualizó que su competencia, integración y funcionamiento se regiría conforme a las leyes y los acuerdos generales que se emitirán en términos de las bases que la propia Carta Magna establece; y para ello, en el artículo segundo transitorio(2) de esa reforma se estableció que dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de ese decreto el Congreso de la Unión debe aprobar la legislación secundaria a fin de reglamentar las disposiciones de dicha reforma, como lo es, lo inherente a los ahora Plenos Regionales.

Plazo que se encuentra transcurriendo sin que a la fecha se hubiese emitido esa legislación secundaria.

Por lo tanto, se considera que la regulación y el inicio de funciones de los Plenos Regionales no tuvo vigencia a partir de la publicación de la reforma y tampoco se advierte disposición alguna (sic) que se hubiera ordenado la extinción inmediata de los Plenos de Circuito a partir de la publicación de dicha reforma.

Por el contrario, de la lectura realizada al proceso de la reforma en cuestión, precisamente, del dictamen(3) anunciado en la Gaceta LXIV/3PPO-64/114321, de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, emitida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión (Cámara de Origen), se aprecia que los legisladores sí contemplaron de manera expresa el diferimiento de la entrada en vigor de los Tribunales Colegiados de Apelación y de los Plenos Regionales, a partir de la entrada en vigor de la legislación secundaria.

Lo cual fue reiterado por la Cámara de Diputados (Cámara Revisora) mediante dictamen(4) publicado en la Gaceta 5672-II, de catorce de diciembre de dos mil veinte, en la cual también se destacó que sería a partir de la entrada en vigor de la legislación secundaria cuando iniciarían a funcionar los Tribunales Colegiales de Apelación y los Plenos Regionales en comento.

Motivos por los cuales se considera la subsistencia de los Plenos de Circuito hasta en tanto se emita la legislación correspondiente que regule y surja la creación de los Plenos Regionales; por tanto, se sostiene que este Pleno del Décimo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional, en su texto vigente con anterioridad a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por el Magistrado presidente del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Circuito, con sede en esta ciudad; por tanto, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación establecido en los referidos preceptos.

TERCERO.—Criterios denunciados como contradictorios. A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es necesario tener presentes las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, atendiendo a su orden cronológico.

a) El Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, resolvió por unanimidad de votos, en sesión de veintinueve de enero de dos mil veinte, el juicio de amparo directo 214/2019, promovido por **********, por derecho propio, contra la sentencia definitiva de trece de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el expediente administrativo **********, por la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, promovido con motivo de la demanda de nulidad planteada contra el ********** y su titular, por no habérsele otorgado la pensión jubilatoria al cien por ciento (100%).

En esa resolución, el citado Tribunal Colegiado decretó actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII,(5) de la Ley de Amparo, que hizo valer la autoridad responsable al rendir su informe justificado, debido a que no se agotó el principio de definitividad, habida cuenta que previo al juicio de amparo directo no se interpuso el recurso ordinario de defensa (apelación) que prevé el artículo 111, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, que inició vigencia el dieciséis de julio de dos mil diecisiete; al considerar que la oportunidad de recurrir la sentencia aludida ocurrió a partir del catorce de mayo de dos mil diecinueve, cuando se le notificó la misma, esto es, cuando ya se encontraba vigente esa legislación.

En el estudio transcribió el segundo transitorio de ese ordenamiento y sustentó que el legislador local introdujo una conjunción "disyuntiva" en el sentido que de forma indistinta los juicios contenciosos administrativos y los medios de impugnación iniciados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley, continuarían tramitándose en el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, hasta su resolución final, conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio.

Que, a su juicio, ello significa que –por exclusión– cuando se actualiza el momento de recurrir una resolución y ya se encuentra en vigor la nueva Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, son sus preceptos y sus recursos los que deben aplicarse.

Que la norma aplicable para determinar la procedencia del recurso, debe ser la vigente al momento en que se actualiza el supuesto respectivo por ser de carácter procesal; esto es, cuando llegue el momento de recurrir la resolución que cause perjuicio.

Precisó que esa postura está orientada por la ejecutoria emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 246/2013, en la cual, a la luz de las teorías de derechos adquiridos y componentes de la norma, determinó que por regla general cuando se trata de una norma procesal, por su naturaleza, se actualiza conforme se van sucediendo las distintas etapas o estadios del procedimiento, con tal que no se afecten derechos adquiridos o cuando el legislador expresamente establece una situación distinta.

Concluyó que si el trece de marzo de dos mil diecinueve se dictó sentencia definitiva en el expediente de origen, que entonces en su contra procedía el recurso de apelación que prevé el artículo 111, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, que inició vigencia el dieciséis de julio de dos mil diecisiete, puesto que la oportunidad de recurrir la sentencia aludida ocurrió a partir del catorce de mayo de dos mil diecinueve, cuando se le notificó la misma, esto es, cuando ya se encontraba vigente ese ordenamiento.

Por lo anterior, consideró actualizada la causa de improcedencia de mérito, y sobreseyó en el juicio con apoyo en lo dispuesto en el arábigo 63, fracción V, de la Ley de Amparo.

La citada ejecutoria de veintinueve de enero de dos mil veinte, en la que se resolvió el juicio de amparo directo en materia administrativa 214/2019, en la parte que interesa, para efectos de esta contradicción de tesis, contiene las consideraciones siguientes:

"En principio, se cita el marco normativo aplicable al caso concreto.

"• Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco abrogada, cuya vigencia inició el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y siete, y concluyó el quince de julio de dos mil diecisiete.

"De dicha normatividad, se colige la creación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, integrado orgánicamente por el Pleno, la presidencia, cuatro Salas Unitarias que funcionan separadamente, un secretario general de Acuerdos.

"• Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco actual, cuya vigencia inició el dieciséis de julio de dos mil diecisiete, y su objeto es regular la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, integrado por la Sala Superior, las Salas Unitarias y la presidencia.

"En este sentido, es preciso transcribir el segundo transitorio de la Ley de Justicia Administrativa que inició vigencia el dieciséis de julio de dos mil diecisiete, que prevé:

"‘Segundo. Se abroga la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el 19 de febrero de 1997 y se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a la nueva Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. Todas las referencias que en las leyes se haga al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, se entenderán referidas al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco.

"‘Los juicios contenciosos administrativos y medios de impugnación iniciados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, continuarán tramitándose en el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio.

"‘Asimismo, conforme a lo establecido en el Decreto por el que se expiden la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado el 18 de julio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación y a lo dispuesto en el presente decreto, los procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados por autoridades del Estado de Tabasco y sus Municipios con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables en la materia vigentes al momento de su inicio.

"‘Los recursos que deben resolverse por el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, deberán remitirse a la presidencia del nuevo tribunal por los Magistrados de Salas Unitarias a quienes se había designado como ponentes, para efectos de que se reasignen entre los Magistrados que formarán la nueva Sala Superior, una vez que sea integrada.

"‘Los juicios contenciosos administrativos en trámite, cuyo acto reclamado lo constituya un acto o resolución dictados dentro de un procedimiento de responsabilidad administrativa, deberán remitirse a la presidencia por las Salas Unitarias a las que se les habían turnado, para efectos de que se reasignen a la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas.’

"Por la importancia en el caso que se analiza, de los párrafos primero y segundo de dicho dispositivo se advierte lo siguiente:

"1) Se abroga la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco, cuya vigencia inició el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y siete, y se derogan las disposiciones legales que se opongan a la nueva Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco.

"2) Las referencias que se hagan al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, se entenderán referidas al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco.

"3) Los juicios contenciosos administrativos y medios de impugnación iniciados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con anterioridad a la entrada en vigor de la ley actual, continuarán tramitándose en el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, hasta su resolución final, conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio.

"De ello se obtiene que en dicha porción normativa, el legislador local introdujo una conjunción disyuntiva en el sentido que de forma indistinta los juicios contenciosos administrativos y los medios de impugnación, iniciados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley, continuarían tramitándose en el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, hasta su resolución final, conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio.

"En relación a este supuesto, debe tomarse en cuenta que se trata de un aspecto de carácter procedimental, en mérito de lo cual es necesario ubicar la situación procesal en que se encontraban las partes cuando se actualizó el supuesto del medio de impugnación.

"Siguiendo este orden, es de suma importancia señalar que el momento en que se actualiza la necesidad de utilizar el medio de impugnación, es la pauta para establecer el régimen normativo que debe invocarse como sustento del recurso.

"De consiguiente, si al momento de recurrir ya se encuentra en vigor la nueva ley, en este caso, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco vigente a partir del dieciséis de julio de dos mil diecisiete, es inconcuso que, contra lo que aduce la quejosa, el fundamento idóneo es el previsto en la ley en vigor.

"Tal como lo establece el segundo transitorio señalado con antelación, en el que el legislador previó que los medios de impugnación iniciados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con anterioridad a la entrada en vigor de la ley vigente, continuarían tramitándose en el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio.

"Lo que significa –por exclusión– que cuando se actualiza el momento de recurrir una resolución, y ya se encuentra en vigor la nueva Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, son sus preceptos y sus recursos los que deben aplicarse.

"Dicho de otra manera, el legislador local en el transitorio segundo, previó que a todo medio de impugnación admitido antes del dieciséis de julio de dos mil diecisiete, le serían aplicables las reglas señaladas en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco abrogada.

"Se sostiene lo anterior porque la norma aplicable para determinar la procedencia del recurso, debe ser la vigente al momento de actualizarse el supuesto respectivo, al ser de carácter procesal, es decir, cuando llegue el momento de recurrir la resolución que cause perjuicio.

"La determinación que antecede está orientada por la ejecutoria emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 246/2013, en la que a la luz de las teorías de derechos adquiridos y componentes de la norma, determinó que por regla general cuando se trata de una norma procesal, por su naturaleza, se actualiza conforme se van sucediendo las distintas etapas o estadios del procedimiento, con tal que no se afecten derechos adquiridos o cuando el legislador expresamente establece una situación distinta.

"En la ejecutoria referida, la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País estableció lo siguiente:

"‘22. Esta Primera Sala considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la tesis de que, por regla general, la norma que determina la procedencia del recurso de apelación conforme a la cuantía del juicio en los procedimientos mercantiles, debe ser la vigente al momento en que se genera el derecho a apelar, en virtud de que se trata de una norma procesal que, por su naturaleza, se actualiza conforme se van sucediendo las distintas etapas o estadios del procedimiento, la cual admite como excepción la afectación a derechos adquiridos o cuando el legislador ordena en forma expresa una aplicación distinta, como se demuestra enseguida.

"‘23. El artículo 14 constitucional establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, fórmula en la cual se recoge el principio de irretroactividad de las leyes que vincula a toda autoridad, incluido al legislador.

"‘24. La retroactividad de la ley atañe al problema de la validez de las normas en el tiempo y descansa sobre la idea general de que las leyes sólo rigen durante su vigencia y no respecto a hechos o situaciones ocurridas en el pasado. Así, el precepto constitucional prohíbe la retroactividad, que tiene lugar con la aplicación de la norma nueva a hechos o situaciones anteriores que tuvieron su origen bajo el imperio de la norma antigua.

"‘25. Para definir el paso de una ley a otra y, por tanto, la ley que debe regir los actos o los hechos jurídicos, se han elaborado diversas teorías, entre las que destaca, la de los derechos adquiridos, que a pesar de las dificultades para lograr un consenso en la doctrina sobre su definición, sigue manteniéndose como referente en la jurisprudencia de esta Suprema Corte, en la cual se ha identificado que, cuando el acto realizado introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y el hecho efectuado no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por una disposición legal en contrario; a diferencia de lo que ocurre con las expectativas de derecho, donde sólo se tiene una esperanza para que se realice una situación jurídica concreta y la cual no forma parte del patrimonio.(4) También se ha recurrido a la teoría de los componentes de la norma: su supuesto y su consecuencia; según la cual, si el primero se realiza conforme a cierta norma, la segunda debe producirse igualmente con ella misma para generar los derechos y obligaciones correspondientes.(5)

"‘26. Tratándose de las reglas o leyes procesales, en armonía con lo anterior, se ha establecido en la jurisprudencia de esta Suprema Corte, que con la iniciación de un juicio bajo cierta ley, no se adquiere el derecho a que tal procedimiento continúe rigiéndose en todas sus etapas conforme a las reglas de esa misma ley, y esto se explica porque las facultades y cargas procesales de las partes se concretan en la etapa para la cual están previstas, de suerte que mientras no se actualice el supuesto normativo, el derecho no se ha adquirido sino sólo constituye una expectativa de derecho, y si la norma cambia antes de llegar a la etapa correspondiente, una vez actualizada ésta, debe regir la nueva norma. Y lo mismo puede sostenerse bajo la teoría de los componentes de la norma, porque hasta que el procedimiento llega a cierta etapa, tiene lugar el supuesto y, por tanto, también su consecuencia.

"‘27. Así, si antes de llegar a cierta etapa entra en vigor una nueva ley por la cual se modifica un plazo, se suprime alguna carga procesal, se confiere una nueva facultad, etcétera, llegado el momento debe aplicarse esta nueva norma, porque hasta entonces se adquiere el derecho o se actualiza el supuesto respectivo.

"‘28. Este criterio ha sido sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en varias ejecutorias, de las cuales se citan los siguientes ejemplos:

"‘«RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL. Una ley procesal está formada, entre otras cosas, por normas que otorgan facultades que dan la posibilidad jurídica a una persona de participar en cada una de las etapas que conforman el procedimiento y al estar regidas esas etapas por las disposiciones vigentes en la época en que van naciendo, no puede existir retroactividad mientras no se prive de alguna facultad con que ya se contab

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29839-0aca7249/medios-de-impugnacion-consignados-en-la-ley-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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