USO INDEBIDO DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES. EL SEGUNDO ELEMENTO DEL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 217, FRACCIÓN I, INCISO B), DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, SE ACTUALIZA CUANDO EL SERVIDOR PÚBLICO SUSCRIBE CON DIVERSA PERSONA UN CONVENIO Y AUTORIZA EL PAGO EN PARCIALIDADES POR CONTRIBUCIONES RETENIDAS, RECAUDADAS O TRASLADADAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO, CON SEDE EN HERMOSILLO, SONORA. 13 DE ABRIL DE 2021. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS DAVID SOLÍS PÉREZ, MA. ELISA TEJADA HERNÁNDEZ, RAÚL MARTÍNEZ MARTÍNEZ Y MIGUEL ÁNGEL BETANCOURT VÁZQUEZ. DISIDENTES: ÓSCAR JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ Y GERARDO DOMÍNGUEZ, QUIENES FORMULARON VOTO DE MINORÍA. PONENTE: MIGUEL ÁNGEL BETANCOURT VÁZQUEZ. SECRETARIA: ROCÍO MONTER REYES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Quinto Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, y décimo primero transitorio, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 28 y 29 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; y en sus diversos 21/2020 y 1/2021 del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia quedó prorrogada hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno. Asimismo, con base en lo previsto en el artículo quinto transitorio del Acuerdo General 1/2021 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, y se establecen sus bases, en el que expresamente se dispuso: "Quinto. En tanto entran en funciones los Plenos Regionales del Poder Judicial de la Federación, atendiendo a lo previsto en los artículos transitorios segundo, tercero y quinto del decreto mencionado en el considerando primero de este acuerdo general, la jurisprudencia emitida por aquéllos a la que se refiere en este instrumento normativo será fijada por los Plenos de Circuito."
SEGUNDO.—La resolución de este asunto se lleva a cabo vía videoconferencia, haciendo uso de medios electrónicos, dada la contingencia por la que atraviesa actualmente el país por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19.
Lo anterior, en el entendido de que así fue dispuesto en el mencionado Acuerdo General 1/2021 que prorrogó la vigencia del diverso 21/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, dado que en su artículo 27, fracción III, el segundo de los acuerdos mencionados a la letra establece:
"Artículo 27. Sesiones ordinarias de los Tribunales Colegiados de Circuito y de los Plenos de Circuito. Las sesiones ordinarias de los Tribunales Colegiados y de los Plenos de Circuito se prepararán, celebrarán y registrarán conforme a las siguientes reglas:
"...
"III. Las sesiones se celebrarán, invariablemente, por videoconferencia y sin la presencia del público. La sesión por este medio generará los mismos efectos y alcances jurídicos que las que se realizan con la presencia física."
TERCERO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue planteada por quien figura como quejoso en los juicios de amparo 149/2018, 227/2018, 194/2018, 245/2018 y 254/2018; 258/2018, 259/2018 y 48/2018, los primeros cinco del índice administrativo del Primer Tribunal Colegiado, los dos siguientes de la estadística del Segundo Tribunal Colegiado y el restante con registro en el Tercer Tribunal Colegiado, todos en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito.
CUARTO.—Criterios contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, es conveniente analizar las consideraciones en las que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes basaron sus respectivas resoluciones.
I. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito resolvió los juicios de amparo directo números 149/2018, 194/2018, 227/2018, 245/2018 y 254/2018, cuyos antecedentes se resumen a continuación:
1. En todos estos asuntos los hechos materia de análisis consistieron en que un servidor público suscribió con diversas personas un convenio de pago en parcialidades por contribuciones retenidas, trasladadas o recaudadas.
2. Diversos Jueces de Distrito del Quinto Circuito, así como una Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal Acusatorio en el Estado de Sonora, todos con sede en esta ciudad, declararon penalmente responsable al quejoso por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, previsto en el artículo 217, fracción I, inciso B), y sancionado en el último párrafo del mismo numeral. Inconforme, el condenado interpuso recurso de apelación. Diversos Tribunales Unitarios del Quinto Circuito conocieron de los asuntos y confirmaron la sentencia recurrida. En desacuerdo, el sentenciado promovió juicios de amparo directo.
3. El Tribunal Colegiado de Circuito estimó fundado uno de los conceptos de violación planteados y resolvió conceder el amparo solicitado. Sus consideraciones, en lo que interesa, fueron las siguientes:
• Declaró fundado uno de los conceptos de violación, toda vez que consideró que la conducta desplegada por el quejoso no actualiza la hipótesis descrita en la norma penal, en tanto que no se demostró el segundo de sus elementos, ya que el actuar del quejoso no constituye algún tipo de "autorizaciones de contenido económico" a las que se refiere el legislador en el inciso B) de la fracción I del artículo 217 del Código Penal Federal.
• Lo anterior, porque de la interpretación literal del tipo, se advierte que prevé como conducta típica el hecho de que un servidor público otorgue de manera ilícita permisos, licencias y autorizaciones de contenido económico y las referidas figuras constituyen elementos normativos del tipo, que por su naturaleza jurídica son propias del derecho administrativo (permisos, licencias, autorizaciones), ajenas a la conducta que se reclama al sujeto activo.
• Luego de hacer referencia al principio de legalidad y exacta aplicación de la ley, razonó que el quejoso, en ejercicio de su función pública otorgó "autorizaciones de contenido económico" en virtud de que celebró convenios de pagos en parcialidades respecto de créditos fiscales provenientes de contribuciones retenidas, en contravención directa a lo dispuesto en el artículo 66-A del Código Fiscal de la Federación y que si bien, este tipo de convenios constituye una autorización para enterar contribuciones; sin embargo, su interpretación tan amplia lesiona el principio de seguridad jurídica del quejoso, pues debe atenderse al orden, estructura, ubicación y especialidad inmersos en la descripción integral del delito para definir su contenido acorde a los citados principios de tipicidad, taxatividad y seguridad jurídica.
• Añadió que la "autorización" imputada no colma el segundo de los elementos del tipo, para lo que destacó que el artículo 217 del Código Penal Federal se encuentra ubicado dentro del título décimo, denominado "Delitos cometidos por servidores públicos", así como en el capítulo V, denominado "Uso indebido de atribuciones y facultades".
• Que en atención al principio de legalidad en materia penal, el legislador dispuso como verbo rector de la conducta reprochable el "otorgamiento" y previó en cada inciso un tipo distinto de actividad de la Administración Pública, lo que se traduce en elementos normativos diversos.
• Refirió que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 246/2008, analizó la figura de la "autorización", y consideró que la doctrina ha sostenido que se está en presencia de licencias, permisos y autorizaciones cuando el particular cuenta con un derecho previo, pero requiere, para su realización, por distintas razones, de un facultamiento específico de la autoridad competente para llevarlas a cabo y que el uso de los vocablos licencias, permisos y autorizaciones, desde la base constitucional ha sido errático e indistinto.
• Además, que el legislador al redactar el tipo penal en estudio fijó como elementos normativos los términos licencia, permiso y autorización, como parte de un bloque de actividades de la Administración Pública con características similares encaminadas a facultar a los particulares a realizar actos o actividades, incluso propias del Estado.
• Aunado a lo anterior, señaló que si bien el legislador precisó que lo sancionable es el otorgamiento indebido de permisos, licencias y autorizaciones, destacó que éstas tendrían que ser de carácter económico, con lo cual, en atención a la finalidad del tipo penal, evidentemente las acotó a aquellas que permitieran un lucro al funcionario público o a la persona favorecida, pues no debe olvidarse que el bien jurídico tutelado es el correcto ejercicio de la función pública, y con ello, el patrimonio del pueblo.
• Que adverso a lo confirmado en la resolución reclamada, tampoco se transgredió el bien jurídico tutelado, que lo es la correcta administración del servicio y de la función pública, pues si bien existe una autorización de pago en parcialidades de impuestos federales, cuando ese pago debió ocurrir en una sola exhibición; sin embargo, dicha conducta no resulta penalmente relevante, ni existe algún otro acto que concretamente ponga en peligro el bien jurídico tutelado.
• Que una interpretación contraria del tipo, en la que se favorezca una conceptualización genérica del término "autorizar", se tornaría amplísima, dejando margen a que las autoridades puedan definir en distintos escenarios qué debe entenderse por dicha locución, aspecto que indefectiblemente daría paso a la arbitrariedad.
• Que el legislador al prever, en el artículo 217, fracción I, inciso B), la figura de las "autorizaciones", no se refiere a ella como verbo ni de forma genérica, sino como una figura calificada, en una acepción propia de la materia regulada por el derecho administrativo, y con ello acota la interpretación del operador jurídico respecto de la norma, en aras de procurar el respeto al principio de exacta aplicación de la ley penal.
• En mérito de lo así razonado, consideró que en autos no quedaron acreditados los elementos del ilícito de uso indebido de atribuciones y facultades, previsto por el artículo 217, fracción I, inciso B), y sancionado por el último párrafo del mismo numeral, así como del diverso 212, ambos del Código Penal Federal, y cometido en términos del precepto 13, fracción II, de la propia codificación punitiva federal, por lo que no se demostró el citado antijurídico y, como consecuencia, tampoco la responsabilidad penal del quejoso.
II. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito resolvió los juicios de amparo directo 258/2018 y 259/2018. Los antecedentes en estos casos son los siguientes:
1. En ambos asuntos los hechos materia de análisis consistieron en que un servidor público suscribió con diversas personas un convenio de pago en parcialidades por contribuciones retenidas, trasladadas o recaudadas.
2. Diversos Jueces de Distrito del Quinto Circuito, todos con sede en esta ciudad, declararon penalmente responsable al quejoso por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, previsto en el artículo 217, fracción I, inciso B), y sancionado en el último párrafo del mismo numeral. Inconforme, el condenado interpuso recurso de apelación. Diversos Tribunales Unitarios del Quinto Circuito conocieron de los asuntos y confirmaron la sentencia recurrida. En desacuerdo, el sentenciado promovió juicios de amparo directo.
3. El referido Tribunal Colegiado de Circuito estimó fundado uno de los conceptos de violación planteados y resolvió conceder el amparo solicitado. Sus consideraciones, en lo que interesa, fueron las siguientes:
• Estimó que la conducta desplegada por el quejoso, no actualiza la hipótesis descrita en la norma penal, pues no se demostró el segundo de sus elementos, en tanto que la conducta del quejoso no encuadra en el tipo de "autorizaciones de contenido económico" a las que se refiere el legislador en el inciso B) de la fracción I del artículo 217 del Código Penal Federal.
• Precisó que el quejoso, en ejercicio de su función pública, otorgó "autorizaciones de contenido económico" en virtud de que celebró convenios de pagos en parcialidades respecto de créditos fiscales provenientes de contribuciones retenidas, en contravención directa a lo dispuesto en el artículo 66-A del Código Fiscal de la Federación.
• Que si bien este tipo de convenios constituye una autorización para enterar contribuciones, sin embargo, su interpretación tan amplia lesiona el principio de seguridad jurídica del quejoso, pues debe atenderse al orden, estructura, ubicación y especialidad inmersos en la descripción integral del delito para definir su contenido acorde a los citados principios de tipicidad, taxatividad y seguridad jurídica.
• A fin de evidenciar que dicha conducta no encuadra en el tipo propuesto, destacó que el artículo 217 del Código Penal Federal, se encuentra ubicado dentro del título décimo, denominado "Delitos cometidos por servidores públicos", así como en el capítulo V, denominado "Uso indebido de atribuciones y facultades".
• Que en atención al principio de legalidad en materia penal, el legislador dispuso como verbo rector de la conducta reprochable el "otorgamiento" y previó en cada inciso un tipo distinto de actividad de la Administración Pública, lo que se traduce en elementos normativos diversos.
• Refirió que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 246/2008, analizó la figura de la "autorización", y consideró que la doctrina ha sostenido que se está en presencia de licencias, permisos y autorizaciones cuando el particular cuenta con un derecho previo pero requiere para su realización, por distintas razones, de un facultamiento específico de la autoridad competente para llevarlas a cabo y que el uso de los vocablos licencias, permisos y autorizaciones, desde la base constitucional ha sido errático e indistinto.
• Que en la especie, el legislador, al redactar el tipo penal en estudio, fijó como elementos normativos los términos licencia, permiso y autorización, como parte de un bloque de actividades de la Administración Pública con características similares encaminadas a facultar a los particulares a realizar actos o actividades, incluso propias del Estado.
• Además, señaló que si bien el legislador precisó que lo sancionable es el otorgamiento indebido de permisos, licencias y autorizaciones, también destacó que éstas tendrían que ser de carácter económico, con lo cual, en atención a la finalidad del tipo penal, evidentemente las acotó a aquellas que permitieran un lucro al funcionario público o a la persona favorecida, pues no debe olvidarse que el bien jurídico tutelado es el correcto ejercicio de la función pública, y con ello, el patrimonio del pueblo.
• Agregó que tampoco se transgredió el bien jurídico tutelado, que lo es la correcta administración del servicio y de la función pública, pues si bien existe una autorización de pago en parcialidades de impuestos federales, cuando ese pago debió ocurrir en una sola exhibición; sin embargo, dicha conducta no resulta relevante penalmente, ni existe algún otro acto que concretamente ponga en peligro el bien jurídico tutelado, pues no se observa dispensa en el pago del tributo sino tan sólo un margen temporal acordado para que en determinados plazos se realizaran abonos hasta su liquidación.
• La figura de "autorizaciones" contemplada en el referido inciso, es propia del derecho administrativo general, rama que no guarda vinculación con los hechos investigados, los cuales se inscriben, en todo caso, dentro de la materia tributaria.
• El legislador al prever en el artículo 217, fracción I, inciso B), la figura de las "autorizaciones", no se refiere a ella como verbo ni de forma genérica, sino como una figura calificada, en una acepción propia de la materia regulada por el derecho administrativo, y con ello acota la interpretación del operador jurídico respecto de la norma, en aras de procurar el respeto al principio de exacta aplicación de la ley penal.
• En este tenor, concluyó que en autos no quedó acreditado el ilícito de uso indebido de atribuciones y facultades, previsto por el artículo 217, fracción I, inciso B), del Código Penal Federal, y sancionado por el último párrafo del mismo numeral y, como consecuencia, tampoco la responsabilidad del quejoso.
III. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito resolvió el juicio de amparo directo 48/2018, cuyos antecedentes se resumen a continuación:
1. Los hechos materia de análisis consistieron en que un servidor público suscribió con diversas personas un convenio de pago en parcialidades por contribuciones retenidas, trasladadas o recaudadas.
2. Un Juez de Enjuiciamiento del sistema procesal penal acusatorio en esta ciudad declaró penalmente responsable al quejoso por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. Inconforme, el condenado interpuso recurso de apelación. El Sexto Tribunal Unitario del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, conoció del asunto y confirmó la sentencia recurrida. En desacuerdo, el sentenciado promovió juicio de amparo directo.
3. El referido Tribunal Colegiado de Circuito desestimó los conceptos de violación planteados y resolvió negar el amparo solicitado. Sus consideraciones, en lo que interesa, fueron las siguientes:
• Previamente a analizar los conceptos de violación, se pronunció respecto de la acreditación de los elementos del tipo penal de uso indebido de atribuciones y facultades, previsto en el artículo 217, fracción I, inciso B), del Código Penal Federal y sancionado en el último párrafo del citado numeral, así como la responsabilidad del quejoso en su comisión.
• Declaró infundado el argumento consistente en que el artículo 217 del Código Penal Federal, era contrario al principio de taxatividad, en el sentido de que asimilaba el concepto "autorización de contenido económico" a "autorizar convenio de pago en parcialidades de contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas".
• Lo anterior, en atención a que el tipo penal precisa con claridad suficiente que comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, el servidor público que indebidamente otorgue permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico.
• Además, precisó que el propio tipo penal define la calidad específica del sujeto activo, en el sentido de que debe ser un servidor público, y para determinar qué debe entenderse por "autorización de contenido económico" y cuál es el bien jurídico tutelado, el Tribunal Colegiado de Circuito hizo referencia a la exposición de motivos que dio origen al artículo 217, fracción I, del Código Penal Federal, así como a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 1604/2006.
• Al respecto, consideró que el bien jurídico tutelado o protegido es la correcta administración del servicio y de la función pública o la correcta observancia de la normatividad que regula el acto específico; en tanto que el objeto material sobre el que recaen las diversas conductas descritas en el tipo penal, son los recursos económicos públicos.
• Además, trajo a colación que esa Primera Sala al resolver el amparo en revisión 6489/2016, estableció que el término o vocablo "autorizar" para definir una de las hipótesis alternativas de comisión del delito de ejercicio abusivo de funciones, no vulnera el principio de taxatividad.
• En ese tenor, concluyó que el concepto de "autorización de contenido económico" puede entenderse de manera clara como las que versan sobre recursos económicos públicos, por lo que alcanza un grado suficiente de determinación, lo que revela que no asiste razón al quejoso cuando afirma que la inconstitucionalidad del artículo 217, fracción I, del Código Penal Federal, se da por violación al principio de taxatividad.
QUINTO.—Existencia de la contradicción de criterios. Existe la contradicción de tesis denunciada, dado que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados se ocuparon esencialmente de la misma cuestión jurídica y sostuvieron posturas opuestas.
En efecto, el propósito para el que fue creada la figura de la contradicción de tesis es salvaguardar la seguridad jurídica ante criterios opuestos y realizar la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se precisa de la reunión de los siguientes supuestos, para que exista contradicción de tesis:
a) La presencia de dos o más ejecutorias en las que se adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, y
b) Que la diferencia de criterios emitidos en esas ejecutorias se presente en las consideraciones, razonamientos o respectivas interpretaciones jurídicas.
Sustenta lo así razonado, la jurisprudencia P./J. 72/2010,(1) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
Para corroborar lo anterior, deben tenerse presentes los elementos fácticos y jurídicos que, en el caso, fueron considerados en las decisiones materia de esta contradicción de tesis, a saber:
A) En los juicios de amparo directo números 149/2018, 227/2018, 194/2018, 245/2018, 254/2018, 258/2018 y 259/2018, fallados los primeros cinco por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito y los dos restantes por el Segundo Tribunal Colegiado en las propias materias y circunscripción territorial, ambos órganos colegiados determinaron conceder el amparo solicitado, al considerar que no se acreditaba el segundo de los elementos del ilícito de uso indebido de atribuciones y facultades, previsto en el artículo 217, fracción I, inciso B), del Código Penal Federal.
Ello, al estimar, en principio, que la interpretación tan amplia del vocablo "autorizar" contenido en el tipo penal lesiona el principio de seguridad jurídica del quejoso, ya que debe atenderse al orden, estructura, ubicación y especialidad inmersos en la descripción integral del delito para definir su contenido acorde a los principios de tipicidad, taxatividad y seguridad jurídica. Por ello, atendiendo a que el legislador al redactar el tipo penal fijó como elementos normativos los términos licencia, permiso y autorización, como parte de un bloque de actividades de la Administración Pública con características similares encaminadas a facultar a los particulares a realizar actos o actividades, incluso propias del Estado, debía entenderse que al preverse en el artículo 217, fracción I, inciso B), la figura de las "autorizaciones", no se refiere a ella como verbo ni de forma genérica, sino como una figura calificada, en una acepción propia de la materia regulada por el derecho administrativo, y con ello se acota la interpretación del operador jurídico respecto de la norma, en aras de procurar el respeto al principio de exacta aplicación de la ley penal.
Además, se precisó que al señalar el legislador que las autorizaciones de trato tendrían que ser de carácter económico, entonces en atención a la finalidad del tipo penal, evidentemente se acotaron a aquellas que permitieran un lucro al funcionario público o a la persona favorecida, pues no debe olvidarse que el bien jurídico tutelado es el correcto ejercicio de la función pública, y con ello, el patrimonio del pueblo.
En este tenor, los Tribunales Colegiados Primero y Segundo antes mencionados, concluyeron que en autos no quedó acreditado el ilícito de uso indebido de atribuciones y facultades, previsto por el artículo 217, fracción I, inciso B), del Código Penal Federal, y sancionado por el último párrafo del mismo numeral y, como consecuencia, tampoco la responsabilidad del quejoso, porque el hecho de que este último en su calidad de servidor público celebrara con diversas personas un convenio de pago en parcialidades de contribuciones retenidas o trasladadas, no actualizaba una "autorización de contenido económico", dado que el vocablo "autorizaciones" contemplado en la norma en comento, es propio del derecho administrativo, mismo que no guarda relación con los hechos, los cuales se inscriben, en todo caso, en la materia tributaria, además de que tendrían que ser de carácter económico, acotándolas a aquellas que permitieran un lucro al funcionario público o a la persona favorecida.
Mientras que el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito sostuvo que debía negarse el amparo, al haberse acreditado los elementos del delito de uso indebido de atribuciones y facultades, previsto en el artículo 217, fracción I, inciso B), del Código Penal Federal.
Así lo concluyó, al desestimar el concepto de violación vertido en el sentido de que el artículo 217 del Código Penal Federal, era contrario al principio de taxatividad, porque al parecer del quejoso, asimilaba el concepto "autorización de contenido económico" a "autorizar convenio de pago en parcialidades de contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas", lo que en criterio del Tribunal Colegiado de Circuito resulta desacertado, dado que el tipo penal precisa con claridad suficiente que comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, el servidor público que indebidamente otorgue permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico, precisando el propio tipo la calidad específica del sujeto activo, en cuanto a que debe ser un servidor público.
En tanto que para determinar qué debe entenderse por "autorización de contenido económico" y cuál es el bien jurídico tutelado, este ú
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29842-da0f5a7d/uso-indebido-de-atribuciones-y-facultades-el-segundo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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