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Modo: Corpus Pro

LEGITIMACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO LA TIENE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE) CUANDO SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO EL PAGO ECONÓMICO RESARCITORIO DERIVADO DE UN FALLO DE NULIDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 38/2019. · Registro digital (IUS): 29854
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-06-18
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO TERCERO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, Pág. 4167.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 38/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO TERCERO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 8 DE DICIEMBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE VEINTITRÉS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, ÓSCAR PALOMO CARRASCO, OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ, JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ-LOYOLA PÉREZ, MARCO ANTONIO BELLO SÁNCHEZ, ANTONIO CAMPUZANO RODRÍGUEZ, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, MARÍA DEL PILAR BOLAÑOS REBOLLO, SERGIO URZÚA HERNÁNDEZ, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, FERNANDO ANDRÉS ORTIZ CRUZ, ARTURO CÉSAR MORALES RAMÍREZ, GASPAR PAULÍN CARMONA, EMMA GASPAR SANTANA, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, JUAN CARLOS CRUZ RAZO, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO, GUILLERMINA COUTIÑO MATA, ROSA GONZÁLEZ VALDÉS, JORGE HIGUERA CORONA Y AMANDA ROBERTA GARCÍA GONZÁLEZ. PONENTE: JUAN CARLOS CRUZ RAZO. SECRETARIA: ELIZABETH TREJO GALÁN.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de ocho de diciembre de dos mil veinte.

VISTOS; para resolver la contradicción de tesis 38/2019, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Decimotercero y Octavo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de la contradicción. Por oficio presentando el once de diciembre de dos mil diecinueve en la oficina de la Presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Magistrado José Ángel Mandujano Gordillo, integrante del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denunció la posible contradicción de criterios entre el sustentado por ese órgano jurisdiccional y el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los recursos de queja Q.A. 262/2019-3095 y Q.A. 132/2019 respectivamente.

SEGUNDO.—Trámite de la denuncia. Mediante proveído de doce de diciembre de dos mil diecinueve, el entonces presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió a trámite la denuncia de posible contradicción de tesis, la registró bajo el expediente 38/2019, y solicitó a la presidencia de los tribunales contendientes el envío electrónico de los archivos digitales de las sentencias involucradas, así como el informe en cuanto a la subsistencia de los criterios en ellas sustentados.

En acuerdo de ocho de enero de dos mil veinte, el Magistrado presidente del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, informó que subsistía el criterio objeto de la denuncia de contradicción.

Por su parte, en acuerdo de ocho de enero de dos mil veinte, el Magistrado en funciones de presidente del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, informó que para esa fecha, ese órgano colegiado se componía de una nueva integración de Magistrados y que no habían resuelto otro asunto con el criterio denunciado en contradicción de tesis.

Mediante oficios números SGA/GVP/17/2020 de diez de enero de dos mil veinte y DGCCST/X/44/01/2020, de veinte de enero siguiente, el secretario general de acuerdos y el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informaron que no se encontraba radicada ante ese alto Tribunal alguna contradicción de tesis que se relacionara con el tema materia de la denuncia que aquí nos ocupa.

TERCERO.—Turno. Por acuerdo de cinco de marzo de dos mil veinte, el asunto se turnó al Magistrado Juan Carlos Cruz Razo integrante del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, conforme a lo establecido por los artículos 94, párrafo séptimo, y 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, reformado mediante el diverso 52/2015, publicado en el citado instrumento de difusión oficial el quince de diciembre del mismo año; toda vez que se trata de la posible contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados especializados en la Materia cuyo conocimiento corresponde a este órgano colegiado.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de acuerdo con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el Magistrado José Ángel Mandujano Gordillo, integrante del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios participantes en la contradicción.

TERCERO.—Denuncia de contradicción de criterios. Previo a analizar la existencia de la contradicción de criterios, es preciso conocer la forma en que fue denunciada, al tenor de la transcripción siguiente:

"... Este Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el quince de noviembre de dos mil diecinueve, el recurso de queja 262/2019-3095, sostuvo que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), carece de legitimación para promover el amparo indirecto contra la determinación y orden de pago por concepto de resarcimiento económico pecuniario, emitida por diversa autoridad fiscal del Servicio de Administración Tributaria, pues aun cuando la autoridad quejosa no haya sido parte en el procedimiento del que deriva el resarcimiento económico, el acto reclamado la obliga a actuar -cubrir el monto del resarcimiento- en su calidad de ente de derecho público en ejercicio del imperio del que está investida, en atención a las funciones que tiene asignadas como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, en cuyas funciones se encuentra la de cubrir el monto de los bienes con cargo al fondo correspondiente, respecto de aquellos que exista imposibilidad para devolverlos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 76 y 27 de la citada legislación.

"En cambio, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el diverso recurso de queja 132/2019, sostuvo que en un supuesto similar el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), sí cuenta con legitimación para promover el amparo indirecto contra la determinación y orden de pago por concepto de resarcimiento económico pecuniario, emitida por diversa autoridad fiscal del Servicio de Administración Tributaria, pues tal obligación le es impuesta al citado organismo sin que se advierta su participación en el juicio contencioso o procedimiento correspondiente, por lo que se trata de una orden unilateral que puede generarle una afectación a su esfera patrimonial.

"Por tanto, se estima que los criterios sustentados por ambos Tribunales Colegiados, son contradictorios respecto de una misma cuestión jurídica que radica en determinar si el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), tiene o no legitimación para promover el amparo indirecto contra la determinación y orden de pago por concepto de resarcimiento económico pecuniario, emitida por diversa autoridad fiscal del Servicio de Administración Tributaria; razón por la cual se hace la denuncia de contradicción de criterios con la finalidad de que el Pleno de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito, si así resulta procedente, determine el criterio que debe prevalecer."

El denunciante de la contradicción de tesis estimó que el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) no tiene legitimación para promover el amparo indirecto contra la determinación y orden de pago por concepto resarcimiento económico pecuniario, emitida por diversa autoridad fiscal del Servicio (sic) Administración Tributaria; mientras que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa sostuvo que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), sí cuenta con tal legitimación.

Al respecto cabe hacer una precisión.

Efectivamente el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, fue contundente en señalar que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) no tiene legitimación para promover el amparo indirecto contra la determinación y orden de pago por concepto resarcimiento económico pecuniario, emitida por diversa autoridad fiscal del Servicio (sic) Administración Tributaria.

El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por su parte, señaló que la causal de improcedencia del juicio de amparo analizada no resultaba manifiesta e indudable, sin embargo, de las consideraciones de su ejecutoria se advierte que sí realizó el análisis de fondo de la legitimación cuestionada.

CUARTO.—Criterios contendientes.

I. Criterio del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 262/2019-3095, en sesión de quince de noviembre de dos mil diecinueve.

A. Antecedentes:

1. El Servicio de Administración Tributaria embargó un vehículo a un particular y éste promovió el juicio de nulidad 4253/11-01-01-2 de la Primera Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde obtuvo la anulación de dicho embargo.

2. Después de la tramitación de un incidente de cumplimiento sustituto, en sentencia de quince de febrero de dos mil diecisiete, la Primera Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ordenó al Titular de la Administración Desconcentrada Jurídica de Baja California "2" con sede en Tijuana, Baja California, que realizara el resarcimiento económico al particular del valor del bien embargado, de conformidad con el artículo 157 de la Ley Aduanera.

3. En cumplimiento a lo ordenado por la Primera Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio de nulidad 4253/11-01-01-2, el subadministrador desconcentrado jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica de Baja California "2" del Servicio de Administración Tributaria, giró oficio al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para que realizara el pago al actor del juicio de nulidad, por concepto (sic) resarcimiento económico pecuniario, de conformidad con los artículos (sic) 35, fracción XL, en relación con el numeral 37 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.

4. El veintinueve de julio de dos mil diecinueve, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), acudió al juicio de amparo indirecto, señalando como actos reclamados:

a) La emisión de los oficios en los que el subadministrador desconcentrado jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica de Baja California "2" del Servicio de Administración Tributaria, le ordenó expedir y pagar al particular, un título de crédito por concepto de resarcimiento económico pecuniario, en acatamiento a la resolución de cumplimiento sustituto derivado del juicio de nulidad 4253/11-01-01-2.

b). La sentencia de quince de febrero de dos mil diecisiete, dictada por la Primera Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del incidente de cumplimiento sustituto del fallo del juicio de nulidad 4253/11-01-01-2.

5. En acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, desechó de plano la demanda de amparo, al considerar que se actualizaba en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5o., fracción I, 6o. y 7o. de la Ley de Amparo, en razón de que aun cuando la parte quejosa pudiera acudir al juicio constitucional a defender su patrimonio, dicha circunstancia no resultaba suficiente para la procedencia del juicio de amparo, dado que las actuaciones que eran materia de la controversia, provenían del ejercicio de las facultades que la ley les otorga en su carácter de ente autoritario, para el cumplimiento de las funciones públicas que le son encomendadas en los ordenamientos legales correspondientes.

6. En contra de tal determinación el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) interpuso el recurso de queja que se registró con el número Q.A. 262/2019-3095 del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que fue declarado infundado en ejecutoria de quince (sic) noviembre de dos mil diecinueve, al considerar que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), carece de legitimación para promover el juicio de amparo indirecto contra la determinación y orden de pago por concepto de resarcimiento económico pecuniario, emitida por diversa autoridad fiscal del Servicio de Administración Tributaria.

B. Ejecutoria

Lo anterior se desprende de las consideraciones medulares, que enseguida se reproducen:

"CUARTO. La resolución recurrida es del tenor literal siguiente:

"Ciudad de México, a treinta y uno de julio de dos mil diecinueve.—Con la demanda de amparo presentada por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), por conducto de ********** con el carácter que ostenta, contra actos del subadministrador desconcentrado jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica de Baja California ‘2’ del Servicio de Administración Tributaria y otra autoridad; fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 1130/2019 y dese de alta en el sistema correspondiente.—Con el objeto de proveer lo conducente, es preciso señalar que el artículo 62 de la Ley de Amparo establece que las causas de improcedencia, deben ser examinadas de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.—El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de garantías, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechara de plano.—En cumplimiento de lo anterior, se procede a estudiar la demanda de amparo, de la cual se advierte que la promovente de amparo, señala como acto reclamado el siguiente: ‘(se inserta imagen)’.—Asimismo, narró, en lo que interesa, los siguientes antecedentes: ‘(se inserta imagen)’.—De igual manera de los anexos que se acompañaron a la demanda se advierte lo siguiente:‘(se insertan imágenes)’.—De lo inserto se desprende que los actos que se reclaman constituyen: •La resolución de cumplimiento sustituto de quince de febrero de dos mil diecisiete dictada por la Primera Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con domicilio en Avenida Paseo de los Héroes número 10105-302, Fraccionamiento Desarrollo Urbano del Río Tijuana, Tijuana, Baja California, en el expediente 4253/11-01-01-2.—•La emisión (sic) los oficios ********** y **********, de treinta y uno de octubre y seis de noviembre, ambos de dos mil dieciocho en los que el subadministrador desconcentrado jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica de Baja California ‘2’ del Servicio de Administración Tributaria resolvió que la moral oficial quejosa debe expedir y pagar al aquí señalado como tercero interesado **********, un título de crédito por la cantidad de **********, por concepto de resarcimiento económico pecuniario (en acatamiento a la resolución del cumplimiento sustituto del fallo de nulidad).—•La emisión del oficio ********** de veintiuno de junio de dos mil diecinueve en el que el subadministrador desconcentrado jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica de Baja California ‘2’ del Servicio de Administración Tributaria da repuesta a los diversos de nueve de enero y catorce de marzo del mismo año de la quejosa y le informa que las determinaciones contenidas en los oficios antes citados fueron emitidos en estricto cumplimiento a la resolución de cumplimiento sustituto del fallo anulatorio.—En relación con los actos en cita se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5o., fracción I, 6o. y 7o. de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: ‘(se transcriben)’.—En primer término, la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna. Conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal y el artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.—El artículo 6o. de la ley de la materia establece que el juicio de amparo puede promoverse por el propio quejoso o por su representante o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley citada.—Asimismo, el numeral 7o. de la Ley de Amparo dispone que la Federación, los Estados, Municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con las particulares.—En efecto, tratándose de personas morales públicas, la única posibilidad de que puedan promover juicio de amparo es cuando lo hagan en defensa, de sus intereses patrimoniales respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, toda vez que lo que les otorga legitimación en el juicio de amparo es el perjuicio que les ocasione el acto o la ley que reclamen.—Es decir, lo único que les otorga la potestad de acudir al juicio de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, ya que en este supuesto no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado.—Lo anterior se explica en virtud de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para proteger a los individuos contra la acción del Estado que sea lesiva de los derechos fundamentales, creó el juicio de amparo.—Luego, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, que salvaguardan derechos fundamentales del individuo, queda al margen de toda discusión que el Estado no goza de derechos humanos y, por lo mismo, que no puede promover juicio de amparo.—A esta regla general se le opone la excepción marcada por el artículo 7o. de la Ley de Amparo y el porqué de esta excepción radica en que el Estado, por conducto de las personas morales puede obrar con un doble carácter: como entidad pública y como persona moral de derecho privado.—En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de las facultades de que se haya investido como poder público; en la segunda situación, obra en las mismas condiciones que los particulares, esto es, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos.—Se sigue de lo anterior que la excepción se refiere exclusivamente a la hipótesis de cuando las autoridades no actúan como tales, es decir, cuando defienden intereses patrimoniales.—En otras palabras, cuando las autoridades acuden al juicio de amparo a defender esta clase de intereses, lo hacen en un plano de igualdad con los particulares, pero no como personas morales oficiales.—A efecto de corroborar la causa de improcedencia en estudio, resulta conveniente transcribir los artículo 35, primer párrafo, fracciones XIV y XL; 37, primer párrafo, fracción II, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, que son del tenor siguiente: Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.—‘Artículo 35. Compete a la Administración General Jurídica: ...—XIV. Resolver las solicitudes de autorización previstas en las disposiciones fiscales y aduaneras, que no sean competencia de otras unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, así como revocarlas, no renovarlas o dejarlas sin efectos; ...—XL. Ordenar el pago al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, ya sea en dinero o los bienes equivalentes del valor de las mercancías embargadas por las autoridades aduaneras o depositadas en recintos fiscales y bajo la custodia de dichas autoridades, que transferidas o no al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, no se puedan entregar, por existir imposibilidad para su devolución...’.—‘Artículo 37. Compete a las administraciones y subadministraciones desconcentradas jurídicas, ejercer las atribuciones que a continuación se señalan: ... .—I. A las subadministraciones desconcentradas jurídicas, las señaladas en las fracciones ...XIV ...XL del artículo 35 de este Reglamento.’.—Puntualizado lo anterior, en este juicio de amparo el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) acude a reclamar la resolución de cumplimiento sustituto de quince de febrero de dos mil diecisiete, dictada por la Primera Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el expediente 4253/11-01-01-2, los oficios 600-10-00-02-00-2018-12738 y 600-10-00-02-00-2018-12913, de treinta y uno de octubre y seis de noviembre, ambos de dos mil dieciocho; así como el diverso 600-10-00-02-00-2019-07419 de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, en su carácter de autoridad vinculada al cumplimiento de la propia sentencia de nulidad y de cumplimiento sustituto.—Con lo establecido en el precepto en cita y lo destacado se advierte que en este asunto no se afectan intereses patrimoniales de la quejosa Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, ya que el artículo 7o. en estudio establece que las personas morales oficiales podrán solicitar amparo únicamente cuando la norma general, un acto u omisión los afecte en su patrimonio respecto de las relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, extremo que en el caso, no se cumple, puesto que no hay razón jurídica para considerar que lo controvertido le permita a la autoridad quejosa adquirir la calidad de particular y con ello ser titular de los derechos humanos para su defensa conforme al arábigo 107, fracción I, de la Carta Magna.—En efecto, el juicio de amparo es un medio de control constitucional creado en la Carta Magna para proteger a los individuos contra la acción del Estado que sea lesiva de sus derechos fundamentales, y en esencia, constituyen restricciones al poder público en relación con el individuo; luego, queda al margen de toda discusión que el Estado no goza de éstos y, por lo mismo, no lo puede promover.—En este asunto el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes reclama de la Primera Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa la resolución de cumplimiento sustituto dictada en el expediente 4253/11-01-01-2 y del subadministrador desconcentrado jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica de Baja California ‘2’ del Servicio de Administración Tributaria los oficios 600-10-00-02-00-2018-12738 y 600-10-00-02-00-2018-12913, de treinta y uno de octubre y seis de noviembre, ambos de dos mil dieciocho en los que el subadministrador desconcentrado jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica de Baja California ‘2’ del Servicio de Administración Tributaria resolvió que la moral oficial quejosa debe expedir y pagar al aquí señalado como tercero interesado Marco Antonio Velázquez Hernández, un título de crédito por la cantidad de $107,329.60 (ciento siete mil trescientos veintinueve pesos 60/100 moneda nacional), por concepto de resarcimiento económico pecuniario (en acatamiento a la resolución de cumplimiento sustituto del fallo de nulidad, así como el oficio 600-10-00-02-00-2019-07419 de veintiuno de junio de dos mil diecinueve en el que dio respuesta a los diversos de nueve de enero y catorce de marzo del mismo año de la quejosa y le informa que las determinaciones contenidas en los oficios antes citados fueron emitidas en estricto cumplimiento a la resolución de cumplimiento sustituto del fallo anulatorio, como se acredita con las documentales certificadas que la parte quejosa agregó a la demanda de amparo.—Asimismo, no se actualiza el caso de excepción del artículo 7o. en cita, toda vez que los actos reclamados derivan del cumplimiento de un juicio contencioso administrativo, cuya naturaleza es de orden público y de interés social, en el cual está involucrada la autoridad quejosa, al tratarse de un ente de derecho público en ejercicio de imperio del que está revestida; por tanto, no es jurídicamente posible que con tal carácter promueva juicio de amparo, ya que el objeto de éste es proteger los derechos fundamentales de los gobernados contra los actos de autoridad.—En esa tesitura, cuando las personas morales oficiales pretenden reclamar cualquier acto de diversa autoridad, aun cuando éste pudiera afectar su patrimonio, dicha circunstancia no resulta suficiente para la procedencia del juicio de amparo, dado que las actuaciones que son materia de la controversia, provienen precisamente del ejercicio de las facultades que la ley les otorga en su carácter de entes autoritarios, para el cumplimiento de las funciones públicas que le son encomendadas en los ordenamientos legales correspondientes.—Así, para acreditar la legitimación de las personas morales oficiales en el juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado afecte sus derechos patrimoniales y que éste provenga de una relación jurídica en la que dichas personas morales actúen en un plano de igualdad como cualquier gobernado; por tanto, la afectación a los intereses patrimoniales de la persona moral oficial, debe derivar de los actos jurídicos que realizan como particular o gobernado, bajo un plano de igualdad en una relación de coordinación frente a otro gobernado, con lo que se diferencia la actuación con la que realiza sus atribuciones propias como sujeto de gobierno, ya que al realizar estas últimas, el organismo publica, crea, modifica o revoca, unilateralmente, una situación que afecta la esfera legal del particular.—Efectivamente, en este expediente la persona moral oficial, ahora quejosa, no solicitó la protección constitucional respecto de actos que afecten su interés patrimonial propio, derivado de una relación jurídica en la que actúe en un plano de igualdad, puesto que su intervención en el juicio contencioso federal de mérito es con el carácter de autoridad dotada de soberanía por el Estado; de ahí que no se ubique en el supuesto de procedencia previsto en el artículo 7o. de la Ley de Amparo, pues en todo caso, las violaciones que reclama se vinculan con derechos meramente procesales o adjetivos relacionados con el cumplimiento del fallo anulatorio en relación con las funciones que le son encomendadas como ente de derecho público.—De ahí que resulte que los actos que reclama la quejosa en la demanda de amparo no afectan sus intereses patrimoniales en una relación jurídica en que se encuentre en un plano de igualdad frente a particulares, quedando demostrada la improcedencia de la demanda, en razón de que el objeto del juicio de amparo lo constituye la protección de los derechos humanos fundamentales, cuya titularidad recae en las personas físicas y morales, mas no así, un juicio que permita a ninguna autoridad solicitar la protección constitucional respecto de una atribución legal vinculada con el desempeño de la función pública que le fue conferida a través de un ordenamiento jurídico.—Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de la jurisprudencia 2a./J. 128/2017, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, de rubro (sic) y texto siguientes: ‘PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN.’(se transcribe).—Así como por identidad de razón la tesis aislada 1a. CXIII/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe: ‘PERSONAS MORALES OFICIALES. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA AL NEGARLE LEGITIMACIÓN A AQUÉLLAS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO SI ACUDEN A UN PROCESO EN DEFENSA DE UN ACTO EMITIDO CON POTESTAD PÚBLICA.’ (se transcribe).—No es inadvertido que la promovente manifieste que no ha sido llamada a juicio, ya que en su carácter de autoridad tendrá que acatar y cumplimentar en sus términos lo determinado en el fallo de nulidad; con lo que se demuestra plenamente que carece de legitimación para acudir al juicio de amparo en cuestión, dado que la pretensión de la quejosa deriva de la intervención que tiene en el cumplimiento de la sentencia del juicio contencioso de origen como un ente autoritario dotado de imperio, ya que en su carácter de autoridad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29854-f0204b88/legitimacion-en-el-juicio-de-amparo-indirecto-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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