I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA LEGITIMACIÓN DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA, CORRESPONDE AL SÍNDICO PROCURADOR (ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA). II. LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES. LA PROPUESTA HECHA POR LOS MUNICIPIOS A LAS LEGISLATURAS LOCALES PARA SU ELABORACIÓN GOZA DE VINCULATORIEDAD DIALÉCTICA. III. HACIENDA MUNICIPAL. LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ES UNA POTESTAD TRIBUTARIA COMPARTIDA ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LOS ESTADOS. IV. HACIENDA MUNICIPAL. EL PRINCIPIO DE MOTIVACIÓN OBJETIVA Y RAZONABLE CONSTITUYE UN LÍMITE A LA LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN TRIBUTARIA POR PARTE DEL LEGISLADOR Y UNA CONCRECIÓN DE LA FACULTAD DE INICIATIVA EN MATERIA DE INGRESOS RECONOCIDA A LOS MUNICIPIOS. V. LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES. GRADOS DE DISTANCIAMIENTO DE LA LEY FINALMENTE APROBADA RESPECTO DE LA PROPUESTA ENVIADA POR LOS MUNICIPIOS. VI. IMPUESTO PREDIAL. TRATÁNDOSE DE SU REGULACIÓN LEGAL, LA PROPUESTA DE LOS MUNICIPIOS TIENE UN RANGO CONSTITUCIONAL EQUIVALENTE A LA FACULTAD DECISIVA DE LAS LEGISLATURAS. VII. LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES. DISTANCIAMIENTO DEL CONGRESO DEL ESTADO RESPECTO DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR UN MUNICIPIO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 42 POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA). VIII. LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES. SI EL CONGRESO LOCAL REDUCE LOS VALORES UNITARIOS DE SUELOS Y CONSTRUCCIÓN PROPUESTOS POR EL MUNICIPIO, SIN OBSERVACIÓN O DISCUSIÓN ALGUNA, INCUMPLE CON SU OBLIGACIÓN DE JUSTIFICAR EN FORMA OBJETIVA Y RAZONABLE LA REDUCCIÓN RELATIVA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 42 POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA MODIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE PLANOS Y TABLAS DE VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y CONSTRUCCIÓN PRESENTADA POR UN MUNICIPIO AL CONGRESO DEL ESTADO SURTE EFECTOS RESPECTO DE AQUELLAS CONTRIBUCIONES QUE NO SE HAYAN CAUSADO A LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 42 POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 42 POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 33/2019. MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA. 2 DE DICIEMBRE DE 2019. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: FERNANDO SOSA PASTRANA Y OMAR CRUZ CAMACHO.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día dos de diciembre de dos mil diecinueve emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la presente controversia constitucional 33/2019 promovida por el Municipio de Culiacán del Estado de Sinaloa, por conducto de Sandra Guadalupe Martos Lara, quien ostentándose como síndica procuradora demandó la invalidez del siguiente acto emitido por los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la entidad:
– El Decreto Número 42 por el que se aprobaron las tablas de Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones del Municipio de Culiacán para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, específicamente, el artículo segundo transitorio, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.
I. ANTECEDENTES
1. De las constancias de autos se advierten como antecedentes del caso los siguientes:
El Instituto Catastral del Estado de Sinaloa de conformidad con el artículo 55, inciso a) de la Ley de Catastro del Estado de Sinaloa remitió a la Junta Municipal de Culiacán la propuesta de Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones para su revisión, modificación y/o aprobación, lo cual fue hecho el siete de septiembre de dos mil dieciocho y finalmente, presentada en la sesión de cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Culiacán.
El diecinueve de septiembre siguiente el presidente y el tesorero del Municipio de Culiacán presentaron iniciativa con proyecto de Decreto para establecer los Valores Unitarios del suelo y de las construcciones para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve ante la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso Local. Posteriormente, las autoridades municipales antes referidas procedieron a su ratificación el dos de octubre de dos mil dieciocho.
El doce de diciembre de la misma anualidad la Comisión de Hacienda Pública y Administración del Congreso local, emitió el dictamen en el sentido de aprobar la iniciativa en lo general; y en lo particular se propuso adicionar un artículo segundo transitorio.
Posteriormente, la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa en la sesión pública ordinaria celebrada el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, determinó aprobar en lo general la propuesta; y en lo particular determinó aprobar el artículo segundo transitorio en los términos siguientes:
"TRANSITORIOS
"Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día primero de enero del año 2019, previo su publicación en el Periódico Oficial ‘El Estado de Sinaloa’."
"Artículo segundo. Durante el año 2019, el importe del impuesto predial en los predios urbanos con o sin construcción, no tendrá incremento alguno respecto del monto que correspondió pagar en el año 2018, en apoyo a la economía de los contribuyentes; lo anterior con excepción de los predios con o sin construcción que se integre al padrón catastral, a los cuales se les aplicará la tarifa establecida en el artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado.
"Para los predios que tengan modificación del valor catastral por motivos distintos a la aplicación de la tabla de valores unitarios del suelo y de las construcciones que establece el presente decreto, se considerará lo siguiente:
"Si el valor catastral de un predio para el año 2019 es mayor al valor anterior, a la diferencia entre dichos valores se aplicará la tarifa establecida en el artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado y el impuesto resultante se le sumará al impuesto inmediato anterior determinado.
"Para el caso de que el valor catastral de algún predio resulte menor al del movimiento anterior, el impuesto predial se calculará disminuyendo el importe determinado o pagado en dicho movimiento, en la misma proporción en que haya disminuido el valor catastral.
"En todos los casos antes descritos donde el impuesto determinado resulte mayor que el calculado con la tarifa establecida en el artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado, se deberá aplicar esta última."
Finalmente, el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho se publicó el Decreto Número 42 que establece los Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones del Municipio de Culiacán para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve.
2. Conceptos de invalidez. El Municipio actor señaló que el artículo segundo transitorio del decreto por el cual se aprobaron los valores unitarios del suelo y de las construcciones para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve contraviene el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal, porque el Poder Legislativo Local modificó la propuesta del Municipio actor respecto a las tablas de valores unitarios y construcciones para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, sin que la Constitución autorice que se puede modificar.
3. La propuesta del Municipio que fue modificada por el Poder Legislativo, al instaurar en el primer párrafo del artículo segundo transitorio del decreto impugnado, que durante el año dos mil diecinueve, el importe del impuesto predial en los predios urbanos con o sin construcción, no tendrá incremento alguno respecto del monto que correspondió pagar en el año dos mil dieciocho, vulnera el artículo 115 de la Constitución Federal que establece el régimen de libre administración hacendaria, el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, así como la proscripción de establecer exenciones o subsidios a favor de persona alguna.
4. La inclusión del segundo artículo transitorio impugnado que modifica la propuesta del Municipio resulta inconstitucional, porque equivale a una exención parcial del impuesto predial o a subsidiar a los contribuyentes en base a las condiciones establecidas en el artículo impugnado. Se impide que el Municipio actor reciba de forma integral, completa y ordinaria los recursos provenientes de la contribución cuyo objeto es la propiedad o posesión de los predios rústicos y urbanos.
5. Los Ayuntamientos tienen la atribución constitucional de proponer a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios del suelo y sus construcciones que sirvan de base para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Sin embargo, dicha competencia no se puede estimar como una mera atribución de proponer sin efecto vinculatorio, ya que tiene un efecto superior al de fungir solamente como un elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa.
6. El Congreso Local en caso de que determinara apartarse de la propuesta presentada por los Municipios, y establezca distintas tasas o valores unitarios a los presentados por aquéllos, tiene la carga de demostrar una base objetiva y razonable que proteja en todo momento la integridad de los recursos económicos municipales que, de otra manera, reducirlos sería arbitrario.
7. El Poder Legislativo al añadir el artículo segundo transitorio no se pronunció sobre el establecimiento de los valores unitarios del suelo y de las construcciones, sino de un aspecto distinto. Es decir, la materia de la iniciativa era la aprobación de los valores unitarios del suelo y de sus construcciones para el ejercicio fiscal del dos mil diecinueve, sin embargo, dichos valores no fueron objeto de modificación alguna. Lo único que fue objeto de modificación fue la adición del artículo segundo transitorio con el que materialmente se excluye la aplicación de la tarifa aprobada por el propio legislador para el impuesto predial en términos de los artículos 35 y 36 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sinaloa.
8. Se acotó la obligación sustantiva sin que existiera un proceso de discusión sobre esos temas y no se reflejara la interacción entre el Municipio y el Congreso Local. Además de que, al haberse aprobado la modificación, el Poder Legislativo debió exponer las razones objetivas que justificaran la modificación del valor por metro cuadrado del suelo y las construcciones en determinada zona o en todo el territorio, lo cual no hizo.
9. Agrega que los créditos fiscales que se causen por concepto del impuesto predial no se determinarán de manera ordinaria con base a la tarifa del impuesto predial establecida en el artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sinaloa, sino que se hará considerando el tope o limitación aritmética establecido por el legislador en el segundo transitorio impugnado, por lo que el impuesto predial que se recaudará para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, es el mismo que correspondía recaudar en el año inmediato anterior. En ese sentido, el impuesto predial que se obtenga al aplicar lo dispuesto en el artículo impugnado, siempre será inferior al que resulte de aplicar la tarifa del artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sinaloa, en virtud de que la tarifa que establece este último provoca en todos los casos la obligación de que éste sea mayor que la calculada con base al artículo segundo transitorio, estableciendo así una exención o subsidio en beneficio de determinados contribuyentes.
10. La adición del artículo segundo transitorio tiene el mismo efecto jurídico que si hubiera modificado las tablas de valores unitarios de suelo, pues aun cuando no haya modificado los artículos ordinarios de la iniciativa, lo cierto es que la adición del artículo impugnado impacta en el monto de los ingresos que el Municipio actor tenía proyectado por recibir de haberse aprobado la iniciativa en los términos que lo propuso, lo que implica un rechazo parcial de las tablas de valores unitarios del suelo y de las construcciones que presentó el Municipio y que servirían de base para el cobro del predio, cuya partida está protegida por el principio de reserva de fuente.
11. El legislador local tenía la obligación de realizar un proceso de reflexión apoyándose en argumentos sustentados de manera objetiva y razonable que justificaran la decisión de separarse de la propuesta del Municipio, lo que en modo alguno hizo, pues solamente señaló que era "en apoyo a la economía de los contribuyentes", transgrediendo así lo contenido en el artículo 16 de la Constitución Federal.
12. Los artículos constitucionales que el Municipio actor señala que fueron violados son los artículos 1o., 3o., 4o., 14, 16, 17, 28, 31 y el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 115, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II. TRÁMITE
13. Radicación y trámite. La demanda de controversia se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el treinta de enero de dos mil diecinueve.(1)
14. El treinta y uno siguiente, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente con el número 33/2019 y lo turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor.(2)
15. El Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional,(3) tuvo por presentada a la síndica procuradora del Municipio actor; y como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado Sinaloa, emplazándolas para que formularan su contestación; finalmente, dio vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.(4)
16. Contestación a la demanda.(5) El Poder Legislativo de la entidad demandado, en su contestación señala lo siguiente:
a) La aprobación de los valores unitarios del suelo y de las construcciones y los términos en que quedó redactado el segundo transitorio impugnado es facultad exclusiva del Congreso Local.
b) Si bien es cierto que los Municipios tienen la facultad de administrar libremente su hacienda pública, también lo es que su hacienda se conforma, entre otras cosas, con las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas le aprueben. De modo que el resultado de la recaudación que realice el Municipio, a consecuencia del artículo segundo transitorio, será el Municipio quien tiene la facultad de administrar libremente. Por lo que en ningún momento el Congreso ha dispuesto para qué fines deba destinarlo o cómo administrarlo, pues esta obligación ya viene contenida en la propia Constitución Federal, es decir, las contribuciones deben destinarse al gasto público en sus respectivos Municipios.
c) El argumento del Municipio actor referente a que se exenta o se subsidia a los ciudadanos del Municipio sobre el pago a la propiedad inmobiliaria carece de fundamento, pues lo único que hizo el Poder Legislativo es llevar a cabo una atribución exclusiva de naturaleza constitucional de aprobar una contribución en los términos que consideró más proporcionales y equitativamente posibles para los contribuyentes del Municipio de Culiacán, esto es, se fijó una cantidad de pago que hizo referencia a un mínimo cobrado con anterioridad, pero no se trata de un subsidio o exención, ya que si fuere el caso ello debe contenerse en una ley conforme al principio de reserva de ley y no en un artículo transitorio.
17. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado.(6) Este Poder al rendir su contestación de demanda, esencialmente, señaló que la promulgación y publicación del decreto impugnado estuvo debidamente fundada y motivada y totalmente apegada a derecho.
18. Opinión del Fiscal General de la República. El fiscal general de la República se abstuvo de emitir su opinión respecto de la presente controversia constitucional.
19. Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró el quince de octubre de dos mil diecinueve la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.(7)
III. COMPETENCIA
20. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de dicho precepto; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de un conflicto entre el Municipio de Culiacán del Estado de Sinaloa y los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la entidad.
IV. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO
21. De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, se precisa que el acto impugnado en la presente controversia constitucional lo constituye el artículo segundo transitorio del Decreto número 42 que establece los Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones del Municipio de Culiacán para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.
V. OPORTUNIDAD
22. Tal y como quedó precisado en el apartado anterior, el Municipio actor demanda la invalidez del artículo segundo transitorio del Decreto Número 42 que establece los Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones para el Municipio de Culiacán, Sinaloa el cual fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.
23. Al impugnarse normas de carácter general, para efectos de determinar lo referente a la oportunidad en la presentación de la demanda, deberá estarse a lo previsto por el artículo 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia,(8) que prevé que cuando en una controversia constitucional se impugnen normas generales, la demanda respectiva puede promoverse en dos momentos, a saber:
a) Dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación; y
b) Dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
24. En el caso, es aplicable la primera hipótesis, ya que el Municipio actor solicita la declaración de invalidez del artículo segundo transitorio impugnado, con motivo de su publicación, por tanto, el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del dos de enero de dos mil diecinueve al catorce de febrero del mismo año.(9)
25. Por consiguiente, si la demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el treinta de enero de dos mil diecinueve, según se desprende del sello asentado al reverso de la foja sesenta y uno del expediente principal, no cabe duda de que su presentación es oportuna.
VI. LEGITIMACIÓN ACTIVA
26. El actor es el Municipio de Culiacán del Estado de Sinaloa y en su representación promueve la demanda Sandra Guadalupe Martos Lara, quien se ostentó como síndica procuradora y acredita dicho carácter con los siguientes documentos:
a) Copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección de presidente Municipal, síndico procurador y regidores electos por el sistema de mayoría relativa el seis de julio de dos mil dieciocho, de la que se advierte que Sandra Guadalupe Martos Lara fue electa como síndica procuradora del Ayuntamiento de Culiacán del Estado de Sinaloa(10) para el periodo del primero de noviembre de dos mil dieciocho al treinta y uno de octubre del dos mil veintiuno.
b) La protocolización del acta de la sesión solemne de los integrantes del Ayuntamiento de Culiacán celebrada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en la cual, se advierte la toma de protesta de los integrantes del Ayuntamiento, entre ellos, el de Sandra Guadalupe Martos Lara como síndica procuradora.(11)
27. Ahora, de conformidad con la fracción II del artículo 39 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, la representación del Ayuntamiento se encomienda al síndico procurador.(12) Por consiguiente, la síndico que signa la demanda cuenta con la representación del Ayuntamiento.
28. Además, el Municipio de Culiacán cuenta con la legitimación procesal activa en la presente controversia constitucional, ya que se trata de uno de los órganos facultados por el inciso i) de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal,(13) para promover el presente medio de control.
VII. LEGITIMACIÓN PASIVA
29. De conformidad con la fracción II del artículo 10 de la ley reglamentaria de la materia, en las controversias constitucionales tienen el carácter de parte demandada la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general que sea objeto de la controversia constitucional.
30. En auto de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, el Ministro instructor reconoció el carácter de demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sinaloa, toda vez que el primero emitió el decreto que contiene el artículo impugnado, mientras que el segundo lo promulgó, por lo que a continuación se analiza si las personas que comparecen en su representación gozan de facultades legales para actuar en la presente controversia constitucional.
a) Legitimación pasiva del Poder Legislativo
31. En su representación comparece el diputado Marco César Almaral Rodríguez con el carácter de presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sinaloa, personalidad que acreditó con copia certificada del acuerdo número 1o. celebrado en la sesión del primero de octubre de dos mil dieciocho, por el cual se eligió a la Mesa Directiva que funcionaría durante el primer año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso Local.
32. El artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa(14) establece que es atribución del presidente de la Mesa Directiva representar jurídicamente al Poder Legislativo del Estado, por lo que dicho diputado, al desempeñar este cargo, se encuentra legitimado para comparecer en la presente controversia constitucional en representación de dicho Poder.
33. Por consiguiente, el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa cuenta con legitimación pasiva en el presente juicio, al atribuírsele la emisión del Decreto Número 42, y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado que signó la contestación de demanda está facultado para representarlo.
b) Legitimación pasiva del Poder Ejecutivo
34. En su representación comparece Jesús Navarro Aispuro, quien se ostentó como director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, personalidad que acreditó con copias certificadas de su nombramiento, expedido por el secretario general de Gobierno, que consta en la foja 522 del expediente en que se actúa.
35. El artículo 44, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno,(15) establece que el Poder Ejecutivo local puede ser representado en los juicios en los que sea parte por la Secretaría General de Gobierno, la cual cuenta con una Dirección de Asuntos Jurídicos para representar los intereses del Poder Ejecutivo del Estado en toda clase de procedimientos judiciales y administrativos, por lo que dicho servidor público que signó la contestación de demanda, cuenta con las facultades para representar a dicho Poder en la presente controversia constitucional, al atribuírsele la promulgación del decreto impugnado.
VIII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
36. En este apartado se señala que las partes no hicieron valer causas de improcedencia y tampoco se advierte de oficio alguna otra. En consecuencia, procede entrar al estudio de los conceptos de invalidez planteados por el Municipio actor.
IX. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
37. El Municipio actor plantea en su demanda que el artículo segundo transitorio del Decreto Número 42 que establece los valores unitarios del suelo y de las construcciones del Municipio de Culiacán Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, contraviene los principios de libre administración hacendaria, reserva de fuentes de ingresos y la proscripción de establecer exenciones o subsidios a favor de persona alguna contenidos en el artículo 115 de la Constitución Federal, al instaurar que el importe del impuesto predial no tendrá aumento que el que correspondió enterar para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho respecto de los predios con o sin construcciones que no se hayan integrado al padrón catastral ni sufrido modificaciones.
38. Lo anterior, al impedir que el Municipio reciba en forma íntegra y completa los recursos provenientes del impuesto predial, cuya contribución tiene como objeto los predios rústicos y urbanos, esto es, que las contribuciones que se causen por concepto del impuesto predial ya no se determinarán, ordinariamente, con base a la tarifa del impuesto predial establecida en el artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sinaloa, sino que se hará tomando en cuenta el tope establecido en el artículo segundo transitorio impugnado, esto es, el impuesto predial que se recaude para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve será el mismo que el que correspondió recaudar en el año inmediato anterior –dos mil dieciocho– de acuerdo a las condiciones establecidas por el mencionado artículo segundo transitorio combatido.
39. En consecuencia, agrega, que el impuesto predial que se obtenga al aplicar lo dispuesto en el artículo impugnado, siempre será inferior al que resulte de aplicar la tarifa del artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sinaloa, lo que se traduce en una exención o subsidio en beneficio de determinados contribuyentes.
40. A juicio del Municipio actor, la adición del artículo segundo transitorio tuvo el mismo efecto que si se hubieran modificado las tablas de valores unitarios de suelo y de las construcciones, pues aun cuando éstas no se modificaron, la adición del artículo impugnado impacta en el monto de los ingresos que el Municipio actor tenía proyectado de haberse aprobado la iniciativa en los términos que éste la propuso, lo que implica un rechazo parcial a las tablas de valores unitarios del suelo y de las construcciones que presentó el Municipio y que servirían de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, cuya partida se encuentra protegida por el principio de reserva de fuentes de ingresos.
41. En tal sentido, señala el Municipio actor, que el legislador local tenía la obligación de realizar un proceso de reflexión, apoyado en argumentos sustentados en una base objetiva y razonable que justificaran la decisión de separarse de la propuesta municipal, lo que no hizo, pues solamente señaló –en el artículo segundo transitorio impugnado– que no habría incremento: "en apoyo a la economía de los contribuyentes", lo que transgrede la Constitución Federal.
42. Este Tribunal Pleno estima conveniente señalar lo que hemos sostenido en diversos precedentes, en los que hemos abordado problemáticas similares a la propuesta por el Municipio actor. Esto es, en este tipo de asuntos el estudio se ha centrado en determinar los alcances de cada una de las atribuciones competenciales compartidas entre el Municipio y la Legislatura Estatal en torno al nivel de motivación que le era exigible a esta última para modificar la propuesta del Municipio actor.(16)
43. De este modo, en el análisis del caso se aplican las consideraciones y directrices que este Alto Tribunal ha aprobado en relación con el modo en que deben articularse los párrafos tercero y cuarto de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución General, conforme a lo siguiente:
44. A) Análisis de validez de las modificaciones realizadas por una Legislatura Local respecto de la propuesta de tablas de valores unitarios de suelo y construcción presentada por un Municipio.
45. El precedente original en el que el Pleno de esta Suprema Corte sentó las bases de este tema fue la controversia constitucional 14/2004. Si bien en ese caso concreto no se trataba de tablas de valores unitarios de suelo y construcción, sino de la impugnación de la Ley de Ingresos del Municipio, se interpretó y precisó de qué modo debían articularse las previsiones de los párrafos tercero y cuarto de la fracción IV del artículo 115 constitucional.
46. Arribó a la conclusión de que tales previsiones constitucionales otorgan a los Ayuntamientos la competencia para proponer a las Legislaturas Estatales tanto las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos y contribuciones de mejoras, como las tablas de valores unitarios del suelo y construcciones que deben servir de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, y a las Legislaturas Estatales la competencia para aprobar las leyes de ingresos de los Municipios. En dicho precedente el Pleno resolvió, en síntesis, lo siguiente:
• El principio de libre administración de la hacienda municipal asegura a los Municipios la posibilidad de manejar, aplicar y priorizar libremente los recursos que integran la hacienda municipal, sin que tengan que sufrir la injerencia de intereses ajenos.
• El principio de reserva de fuentes de ingresos, asegura a los Municipios la disposición de ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de sus necesidades y responsabilidades públicas.
• Los Municipios tienen derecho a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.
• El principio de integridad de los recursos económicos municipales asegura a los Municipios la percepción efectiva y puntual de los recursos que constitucionalmente deben recibir –con independencia de que sólo algunos de ellos entren en el régimen de libre administración municipal– y que obliga a las entidades federativas a pagar los intereses correspondientes cuando retarden la entrega de recursos federales a los Municipios.
• Es facultad de los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, proponer a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
• Las Legislaturas Estatales deben decidir siempre sobre la base de una propuesta de los Municipios en la que conste la propuesta referida.
• Las Legislaturas Estatales sólo pueden alejarse de las propuestas de los Ayuntamientos si proveen para ello los argumentos necesarios para construir una justificación objetiva y razonable.
• En el caso del impuesto predial, la confluencia de competencias que la Constitución establece, exige un proceso de discusión y decisión que refleje una interacción sustantiva entre los Ayuntamientos proponentes y las Legislaturas que toman la decisión final.
47. De las premisas anteriores se concluyó que la propuesta de los Ayuntamientos goza de "vinculatoriedad dialéctica"; es decir, la propuesta no es vinculante si por ella entendemos la imposibilidad de que la Legislatura haga cambio alguno, pero sí lo es en cuanto implica la imposibilidad de que ésta introduzca cambios por motivos diversos a los provenientes de argumentos objetivos, razonables y públicamente expuestos en al
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29925-46213f5a/i-controversia-constitucional-la-legitimacion-del-municipio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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