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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA SE SURTE CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCA UNA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE (DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS CUATRO POR EL QUE SE REFORMAN DISTINTAS DISPOSICIONES DEL DIVERSO NÚMERO CIENTO NOVENTA Y UNO QUE CREA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DENOMINADO "COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES"). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL NO IMPUGNARSE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 2, FRACCIONES IV, V, VI, VII Y IX, Y 4, FRACCIONES XV Y XVI, DEL DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS CUATRO, POR EL QUE SE REFORMAN DISTINTAS DISPOSICIONES DEL DIVERSO NÚMERO CIENTO NOVENTA Y UNO QUE CREA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DENOMINADO "COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES"). IV. ASENTAMIENTOS HUMANOS. LAS RESERVAS TERRITORIALES DEBEN SER ANALIZADAS COMO ZONAS URBANIZADAS O URBANIZABLES LOCALIZADAS DENTRO DE LOS LÍMITES DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN O ADYACENTES A ELLOS DESTINADOS A LA PREVISIÓN, ORDENACIÓN Y CRECIMIENTO DE AQUÉLLOS, PARA EL DESARROLLO URBANO DEL ESTADO, POR LO QUE, NO SE DIRIGEN A LAS RESERVAS ECOLÓGICAS O ÁREAS PROTEGIDAS (LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS). V. ASENTAMIENTOS HUMANOS. LA EXIGENCIA DE CONGRUENCIA ENTRE EL ORDENAMIENTO Y PLANEACIÓN DE ÉSTOS Y LA PROTECCIÓN Y CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE CONSTITUYE UN MANDATO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. VI. ASENTAMIENTOS HUMANOS. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PUEDEN VÁLIDAMENTE FORMULAR Y EXPEDIR PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REGIONAL, LOS CUALES DEBERÁN CONTENER EL ÁREA O REGIÓN QUE SE PRETENDE ORDENAR, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN DE LOS CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA PARA LA PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES QUE SE LOCALIZAN EN LA REGIÓN DE QUE SE TRATE, Y DE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y LA UBICACIÓN DE AQUÉLLOS (LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE). VII. ASENTAMIENTOS HUMANOS. LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES DEBEN HACER COMPATIBLES EL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE AQUÉLLOS, INCORPORANDO LAS PREVISIONES CORRESPONDIENTES EN LOS PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL, EN LOS PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE APLICABLES (LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS). VIII. ASENTAMIENTOS HUMANOS. EN LA PLANEACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CONFORME A SUS RESPECTIVAS ESFERAS DE COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES, SE DEBEN OBSERVAR LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL QUE ESTABLEZCAN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS CORRESPONDIENTES (LEY DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MORELOS). IX. ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL ESTADO DE MORELOS. LA SOLA PREVISIÓN DE LAS FACULTADES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES, PARA CONSTITUIR Y ENAJENAR RESERVAS TERRITORIALES CON MIRAS AL DESARROLLO HABITACIONAL, INDUSTRIAL, COMERCIAL, DE SERVICIOS PÚBLICOS, PRIVADOS O VIVIENDA, NO IMPLICA UNA VULNERACIÓN AL DERECHO HUMANO AL MEDIO AMBIENTE (ARTÍCULO 4, FRACCIONES V, VI, VII, VIII Y IX, DEL DECRETO MIL OCHOCIENTOS CUATRO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD EL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, POR EL CUAL SE REFORMARON DISTINTAS DISPOSICIONES DEL DIVERSO DECRETO CIENTO NOVENTA Y UNO QUE CREÓ EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DENOMINADO "COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES"). X. ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL ESTADO DE MORELOS. LA SOLA PREVISIÓN DE LAS FACULTADES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES, NO IMPLICA UNA VULNERACIÓN A LA SUSTENTABILIDAD DEL DESARROLLO URBANO, AL EXISTIR MECANISMOS NORMATIVOS QUE BUSCAN LA COMPATIBILIDAD DE ÉSTA CON EL CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE (ARTÍCULO 4, FRACCIONES V, VI, VII, VIII Y IX, DEL DECRETO MIL OCHOCIENTOS CUATRO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD EL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, POR EL CUAL SE REFORMARON DISTINTAS DISPOSICIONES DEL DIVERSO DECRETO CIENTO NOVENTA Y UNO QUE CREÓ EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DENOMINADO "COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES"). XI. ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL ESTADO DE MORELOS. LA REGULACIÓN DE LA ENAJENACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LAS RESERVAS TERRITORIALES, SE ENCUENTRA PREVISTA EN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DE DICHO ESTADO, SIN QUE DEBA PREVERSE EN EL DECRETO DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES (ARTÍCULO 4, FRACCIONES V, VI, VII, VIII Y IX, DEL DECRETO MIL OCHOCIENTOS CUATRO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD EL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, POR

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 24/2017. · Registro digital (IUS): 29950
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-07-09
Promovente: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Julio de 2021, Tomo I, Pág. 1133.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 24/2017. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS. 18 DE MARZO DE 2021. PONENTE: NORMA LUCIA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: EDUARDO ARANDA MARTÍNEZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.

VISTOS los autos para resolver la acción de inconstitucionalidad 24/2017; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecisiete de abril de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) Jorge Arturo Olivares Brito, en su carácter de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la declaración de invalidez de los artículos 2, en sus fracciones IV, V, VI, VII y IX, y 4, fracciones V, VI, VII, VIII, IX, XV y XVI, del Decreto Número Mil Ochocientos Cuatro por el que se reforman distintas disposiciones del diverso Número Ciento Noventa y Uno que crea el organismo descentralizado denominado "Comisión Estatal de Reservas Territoriales", publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 5482, Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos en fecha dieciséis de marzo de dos mil diecisiete.

2. A juicio del organismo de protección de derechos humanos del Estado de Morelos los artículos impugnados violan:

• El derecho a un medio ambiente sano reconocido en los artículos 4o. constitucional, 12.2, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; y 11.1 y 11.2 del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador";

• El derecho a la propiedad reconocido en los artículos 27 de la Constitución Federal, 21.1, 21.2 y 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

3. La Comisión accionante argumenta los siguientes conceptos de invalidez:

• Por cuanto hace al derecho a un medio ambiente sano, sostiene:

a) Que el Decreto Número Mil Ochocientos Cuatro por el que se reforman distintas disposiciones del diverso Número Ciento Noventa y Uno que crea el organismo descentralizado denominado "Comisión Estatal de Reservas Territoriales", violenta el derecho humano a un medio ambiente sano debido a que permite que el Ejecutivo Estatal a través de la "Comisión Estatal de Reservas Territoriales" determine las zonas que serán declaradas como reservas territoriales para asentamientos humanos, pudiéndolas ofertar a empresas inmobiliarias para que con ello se genere un aumento en la construcción de viviendas, lo que redundaría en una disminución de zonas forestales o boscosas, o bien, en la disposición discrecional de las mismas, lo que sin duda implicaría una afectación al medio ambiente.

b) Que en el Estado de Morelos existen 523,231 viviendas particulares, con una densidad poblacional de 390 habitantes por kilómetro cuadrado, ocupando el tercer lugar a nivel nacional, además de contar con un promedio de 3.8 habitantes por vivienda, lo cual hace innecesaria la afectación de zonas forestales o boscosas que tengan como finalidad la construcción de viviendas.

c) Que si bien el daño ambiental es incierto, ello no impide que se puedan implementar acciones tendientes a evitar que se cause un daño irreversible en esa materia, estando esto estrechamente vinculado con el concepto de desarrollo sustentable.

d) Que el hecho de facilitar la venta de los espacios territoriales disponibles en el Estado de Morelos, compromete la sustentabilidad de las generaciones futuras, máxime si dicha disposición se encuentra dentro de un ámbito completamente discrecional.

e) Que, si bien la reforma tiene como objetivo dotar de viviendas a las personas que habitan el Estado de Morelos, lo cierto es que el desarrollo sustentable no se basa solamente en el avance material de ese derecho, sino que al ser los derechos humanos interdependientes, no debe soslayarse el derecho a un medio ambiente sano que permita avanzar hacia el desarrollo sustentable.

• Por cuanto hace al derecho a la propiedad, argumenta:

a) Que las normas aprobadas y publicadas por el Ejecutivo violentan el artículo 27 constitucional, el cual establece los mecanismos para trasferir tierras y aguas propiedad de la nación o del Estado, mecanismos que no son mencionados, quedando soslayados al facultar a la Comisión de Reservas Territoriales de Morelos de forma amplísima para enajenar la reserva territorial.

b) Que el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, plantea el principio de división de poderes, del cual se desprende que las facultades de cada poder no pueden ser delegadas en uno distinto o en un tercero, situación que acontece en la especie al establecerse la enajenación de bienes del dominio público y la posibilidad de contratar compromisos financieros sin autorización de Congreso o la aplicación de la normatividad que sobre deuda pública debe observarse.

c) Que con la modificación aprobada se violenta el principio de seguridad jurídica, apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos establecidos en los artículos 1o., 14, 16, 22 y 27 constitucionales, debido a la incertidumbre generada con las modificaciones aprobadas y la discrecionalidad otorgada al Poder Ejecutivo.

d) Que la facultad que le otorga el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, a través de la Comisión de Reservas Territoriales, implica una atribución expresa de confiscación de bienes propiedad del Estado de Morelos sin más requisito que el criterio que al efecto quiera imponer el mismo Ejecutivo Estatal.

e) Que la Constitución Local prevé en su artículo 40, fracción XIV, como facultad del Congreso Local la autorización para la venta, hipoteca o cualquier gravamen de bienes raíces del Estado, así como todos los actos o contratos que comprometan dichos bienes en uso o concesión en favor de particulares y de organismos públicos, siendo que la misma no puede delegarse a un tercero como lo es la Comisión de Reservas Territoriales del Estado de Morelos, cuya Junta de Gobierno es presidida por el propio gobernador del Estado así como sus secretarios de despacho.

f) Que los preceptos impugnados facultan al Ejecutivo Estatal no sólo a enajenar valores de empresas públicas o privadas para transferir la reserva territorial, sino que lo facultan para regalar dicha reserva, lo que en términos prácticos es mucho más que una confiscación, configurándose una grave violación a la constitucionalidad, a la seguridad jurídica y económica de los habitantes del Estado de Morelos, así como una incongruencia con el artículo 40, fracción X, de la Constitución Local, pues la celebración de contratos a título oneroso para adquirir reserva territorial implica también la posibilidad de generar deuda pública, sin que al efecto medie autorización del Congreso del Estado.

g) Que la norma impugnada es inválida en la medida en que otorga facultades exclusivas pertenecientes al Congreso del Estado y al Congreso de la Unión en materia fiscal, prevista en la fracción VII del artículo 73 constitucional, ya que implica la posibilidad de generación de contribuciones.

h) Que los gobernados probablemente afectados por el decreto que se combate deben conocer de manera clara y precisa los medios y procedimientos a los cuales estará sujeta su propiedad o los derechos que surjan de la misma, sin facultades discrecionales por entes no legitimados constitucional o legalmente para poder realizar afectaciones a aquéllos.

4. SEGUNDO.—Registro, turno y admisión de la demanda. Mediante proveído de diecisiete de abril de dos mil diecisiete,(2) el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 24/2017, turnando el asunto a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para instruir el procedimiento respectivo.

5. Por acuerdo de dieciocho de abril de dos mil diecisiete,(3) la Ministra instructora admitió a trámite la acción y dio vista a los órganos que emitieron y promulgaron la norma impugnada para que rindieran sus respectivos informes. De igual forma, con fundamento en el artículo 68, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requirió al Congreso de Morelos para que al rendir su informe enviara a este Alto Tribunal los antecedentes legislativos de la norma impugnada.

6. TERCERO.—Informe de la autoridad promulgadora. Por oficio presentado el veintidós de mayo de dos mil diecisiete,(4) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Anuar González Pérez, quien se ostentó como consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, actuando en su representación, rindió su informe respectivo, en el cual manifestó lo siguiente:

• Por cuanto hace al derecho a un medio ambiente sano:

a) Que tal y como lo señala el propio organismo actor en su escrito de demanda, el decreto impugnado tiene como finalidad la construcción ordenada de vivienda, considerando que el Estado de Morelos enfrenta una grave problemática relacionada con los asentamientos humanos irregulares, que en parte se debe a que el 71.42% del territorio estatal es tierra social, la cual fue originalmente destinada para el aprovechamiento agropecuario y que hoy está sujeta a procesos de urbanización no regulados; por tanto, contrario a la percepción del actor, los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado consideran que la Comisión Estatal de Reservas Territoriales debe contar con un sustento legal para crear un banco de suelo en cada localidad, a fin de satisfacer de manera ordenada, anticipada y a costos viables, las necesidades de vivienda, equipamiento urbano y desarrollo regional, logrando en un futuro una urbanización ordenada con el aprovechamiento conveniente de espacios para el desarrollo adecuado de las generaciones futuras.

b) Que las reservas territoriales tienen como fundamento y límite el respeto de la sustentabilidad, por lo que no es un concepto que guarde identidad con las reservas ecológicas o áreas naturales protegidas, ya que éstas tienen como objetivo asegurar la protección y preservación de los ecosistemas, sus elementos y biodiversidad, de esa forma, las reservas ecológicas o áreas protegidas son un espacio en el cual se prohíben distintas actividades que pueden ser nocivas para el medio ambiente, mientras que la reserva territorial está concebida para el crecimiento de los asentamientos humanos.

c) Que, si bien ambas figuras guardan relación con la sustentabilidad, éstas no son idénticas, ya que las reservas ecológicas o áreas naturales protegidas, dentro de las cuales se encuentran las "reservas estatales", tienen por esencia evitar o limitar los asentamientos y las actividades humanas en las mismas, mientras que la reserva territorial se constituye justamente para lograr asentamientos humanos ordenados y sustentables.

d) Que el Poder Ejecutivo del Estado debe poner en práctica los mecanismos para salvaguardar la garantía que toda persona tiene para gozar del derecho a una vivienda digna y decorosa, por tanto, las actuaciones realizadas por dicho poder se encuentran ajustadas a lo señalado en el Texto Constitucional en su artículo 4o., ya que, por un lado, se consideran los aspectos legales, ecológicos y sociales para poder decretar el que una zona deba ser utilizada como punto de expansión urbana; y por otro, la implementación de dichas medidas responde a la necesidad de contener el crecimiento desmedido y desordenado que puede generarse en áreas conurbadas de los núcleos urbanos, de ahí que la invalidez solicitada por la Comisión accionante no tenga sustento legal.

• Por cuanto hace al derecho a la propiedad, argumenta:

e) Que la atribución prevista en la fracción VIII del artículo 4o. del Decreto Mil Ochocientos Cuatro, relativa a adquirir, enajenar, arrendar, a afectar en fideicomiso, permutar y, en general, realizar cualquier acto destinado a la constitución de reservas territoriales, así como la administración, financiamiento y promoción del suelo urbano y urbanizable apto para el desarrollo habitacional industrial, comercial, de servicios públicos, privados, turísticos y de vivienda, la regularización de la tenencia de la tierra, planes y desarrollo de la vivienda, deben ser conforme a los Programas de Desarrollo Urbano Sustentable y Estatal del Ordenamiento Territorial, y los que de este deriven, cuidando en todo caso el medio ambiente y las reservas ecológicas del Estado de conformidad con su estatuto orgánico; por tanto, las atribuciones de disposición de estos bienes se encuentran plenamente acotadas a dichos documentos rectores.

f) Que el Congreso del Estado en ejercicio de sus facultades de expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar leyes, decretos y acuerdos para el gobierno y administración interior, llevó a cabo la reforma del decreto hoy impugnado, otorgando a la Comisión Estatal de Reservas Territoriales las atribuciones que se especifican en el artículo 4, fracciones V, VIII, IX, XV y XVI; las cuales se traducen en determinadas acciones como administrar, adquirir, enajenar y ofertar reserva territorial que requiere de procedimientos específicos tales como: i) apegarse al Programa Estatal de Reservas Territoriales; ii) solicitar la autorización de parte de su propia Junta de Gobierno; y, iii) solicitar dictámenes a la Secretaría de Desarrollo Sustentable en materia de uso de suelos, o solicitar autorización del Congreso del Estado; cuestión que a su juicio, corrobora la constitucionalidad y legalidad del decreto impugnado.

g) Que no es verdad que el Poder Legislativo le otorgue una facultad expresa al Ejecutivo Estatal para confiscar bienes propiedad del Estado, toda vez que no constituye confiscación de bienes en el sentido expresado por el Poder Judicial de la Federación en la tesis de rubro: "CONFISCACIÓN. ACTOS QUE NO LA CONSTITUYEN."

h) Que son infundados los argumentos relativos a que con el decreto impugnado se delega a un tercero una facultad exclusiva que pertenece al Congreso del Estado, violándose así el artículo 40, fracción XIV, de la Constitución Local, toda vez que la autoridad que permite la enajenación a cargo de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, es precisamente el Congreso del Estado.

i) Que conforme a lo previsto en el artículo 103 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, vigente desde dos mil nueve, los bienes inmuebles de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales que no puedan ser considerados como reserva territorial o dejen de cumplir con esa expectativa, según dictamen de la secretaría y previa autorización de su Junta de Gobierno, se podrán ofertar a particulares mediante subasta pública, destinándose los recursos que se obtengan al "Fondo para la Reserva Territorial del Estado de Morelos".

j) Que la autorización para que la Comisión Estatal de Reservas Territoriales de mérito pueda enajenar bienes de su propiedad ha sido una previsión legal a su favor por parte del Poder Legislativo desde hace casi veinte años, de ahí que resulta evidente que la supuesta impugnación y la inexacta inconstitucionalidad de la que se duele hoy el organismo actor, en todo caso se está haciendo valer fuera de tiempo.

k) Que el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de nuevo acto legislativo, para efectos de la impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos en una acción de inconstitucionalidad, dicta que debe verificarse que se haya llevado a cabo un proceso legislativo y que la modificación normativa sea sustantiva o material, cuestión que no se satisface en la especie, pues la posibilidad de que la Comisión de Reservas Territoriales pueda enajenar su patrimonio se ha encontrado prevista en el marco jurídico estatal vigente desde mucho tiempo atrás, por lo que dicha facultad no es violatoria de los derechos humanos sino que se encuentra apegada a la constitucionalidad.

l) Que el organismo actor carece de legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad, en razón de que no existe propiamente una violación a los derechos humanos con la emisión del decreto impugnado, ya que es de explorado derecho que los organismos estatales protectores de los derechos humanos solamente pueden promover acción de inconstitucionalidad si se trata de leyes que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal, lo cual, en la especie, no se verifica.

m) Que el Gobierno Federal ha organizado un ejercicio similar en la materia con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto del dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, por el que se reestructuró la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra para transformarse en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, en donde se le otorgó al nuevo instituto atribuciones para desarrollar programas y ejecutar acciones para la promoción de distintas figuras jurídicas e instrumentos que permitan adquirir, enajenar y habilitar suelo en apoyo a la producción social, entre otros objetivos, permitiendo la suscripción de instrumentos en los que se hagan constar los actos de traslación de dominio de los inmuebles que regularice o enajene a favor de las personas de escasos recursos para satisfacer necesidades habitacionales, por lo que, tanto dichas disposiciones como las atacadas por el organismo actor, no resultan contrarias a la Constitución Federal ya que se erigen como vehículos que permiten con agilidad administrativa lograr la consolidación de políticas públicas en beneficio de los mexicanos en general.

7. CUARTO.—Informe de la autoridad emisora. Por oficio presentado el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete,(5) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Beatriz Vicera Alatriste, quien se ostentó como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, rindió su informe respectivo, en el cual manifestó lo siguiente:

a) Que corresponde al Estado emitir la legislación y normatividad que regule la política nacional en torno al derecho a la vivienda adecuada, así como determinar sus características, en el entendido de que dicha normatividad deberá respetar los elementos que constituyen el estándar mínimo de una vivienda adecuada, y que una vez emitida la normatividad correspondiente, su cumplimiento no debe quedar al arbitrio de los órganos del Estado ni de los particulares, sino que corresponde al Estado implementar las medidas adecuadas para que sus órganos y los sectores social y privado den debido cumplimiento a los compromisos adquiridos.

b) Que el Congreso del Estado de Morelos estimó necesario que el gobierno por conducto de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, cuente con el sustento legal para crear un banco de suelo en cada localidad a fin de satisfacer de manera ordenada, anticipada y a costos viables las necesidades de vivienda, equipamiento urbano y desarrollo regional a efecto de abatir la ocupación irregular del suelo.

c) Que el Decreto Mil Ochocientos Cuatro en nada transgrede los derechos humanos, por el contrario, se estima que la Comisión accionante pasa por alto que lo que se pretende es lograr un proyecto de urbanización ordenado, por lo que se amplían las facultades del Gobierno del Estado para que pueda aportar reservas territoriales, reubicar asentamientos humanos o integrarlos al desarrollo urbano ordenado, así como generar mecanismos para ofrecer tierra regular a la población de bajos ingresos, necesidad que el mercado abierto no puede ofrecer, razón por la cual se requiere de la subsidiariedad gubernamental.

d) Que en atención al criterio sustantivo o material sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es suficiente la mera repetición de la norma en sus términos para poder impugnarla, sino que debe existir un verdadero efecto normativo en el sistema jurídico, de tal forma que la modificación impacte el alcance de la misma, por lo que para poder combatir una norma el cambio normativo debe modificar la trascendencia, contenido o alcance del precepto.

8. QUINTO.—Opinión de la Procuraduría General de la República. A pesar de habérsele dado vista mediante auto de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, el titular de la Procuraduría General de la República no presentó pedimento alguno.

9. SEXTO.—Cierre de instrucción. Recibidos los alegatos, por proveído de veinte de junio de dos mil diecisiete,(6) se cerró la instrucción de este asunto y se envió el expediente a la Ministra instructora para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

10. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 2, en sus fracciones IV, V, VI, VII y IX, y 4, fracciones V, VI, VII, VIII, IX, XV y XVI, del Decreto Número Mil Ochocientos Cuatro por el que se reforman distintas disposiciones del diverso Número Ciento Noventa y Uno que crea el organismo descentralizado denominado "Comisión Estatal de Reservas Territoriales".

11. SEGUNDO.—Oportunidad. De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(7) el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional cuya invalidez se solicita sea publicado en el correspondiente medio oficial. Lo anterior, sin perjuicio de que si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

12. En el caso que nos ocupa la norma general impugnada fue publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete.(8) Por tanto, el plazo transcurrió del viernes diecisiete de marzo al sábado quince de abril de dicha anualidad. Sin embargo, dado que el último día del plazo fue inhábil, debe considerarse que dicho plazo concluyó el lunes diecisiete de abril, de conformidad con el último enunciado del artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia.

13. En este orden de ideas, si la demanda de acción de inconstitucionalidad fue presentada el lunes diecisiete de abril,(9) resulta claro que ésta fue presentada en forma oportuna.

14. TERCERO.—Legitimación. Suscribe la demanda Jorge Arturo Olivares Brito, en su carácter de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, carácter que acredita con copias certificadas de su nombramiento.(10)

15. De conformidad con el artículo 16, fracción I, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos,(11) el titular de dicho organismo podrá actuar como su representante legal; en consecuencia, la presente acción de inconstitucionalidad fue promovida por el funcionario que cuenta con legitimación para ello.

16. En términos del artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(12) los organismos de protección de derechos humanos equivalentes en los Estados podrán ejercer la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes emitidas por las Legislaturas de los Estados que vulneren derechos humanos.

17. En el caso, la acción se promovió en contra de los artículos 2, en sus fracciones IV, V, VI, VII y IX, y 4, en sus fracciones V, VI, VII, VIII, IX, XV y XVI, del Decreto Número Mil Ochocientos Cuatro por el que se reforman distintas disposiciones del diverso Decreto Número Ciento Noventa y Uno que crea el organismo descentralizado denominado "Comisión Estatal de Reservas Territoriales", planteándose la vulneración del derecho a un medio ambiente sano y el derecho de propiedad, por lo que se advierte que la Comisión accionantecuenta con la legitimación necesaria para promover este medio de control constitucional.

18. No pasan inadvertidas para este Tribunal Pleno las manifestaciones hechas por los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos al momento de rendir su informe correspondiente en el sentido de que el organismo actor carece de legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad en razón de que no existe propiamente una violación a los derechos humanos con la emisión del decreto impugnado.

19. Al respecto, debe señalarse, en primer lugar, que este Tribunal Pleno, al resolver las diversas acciones de inconstitucionalidad 22/2009,(13) 49/2009(14) y 42/2013,(15) estableció que para tener por satisfecho el requisito de legitimación no es necesario que se realice un análisis preliminar sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, ni hacer un pronunciamiento sobre si se afectan o no derecho humanos, puesto que ello constituye una cuestión que atañe al fondo del asunto; por lo que lo único que debe analizarse en este punto es si la impugnación que se realiza está dirigida precisamente a la salvaguarda de esos derechos fundamentales, pues de no ser así, se actualizaría su falta de legitimación para iniciar este medio de control, pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o en su caso las estatales, tienen una limitación constitucional en materia de legitimación que se verifica en atención al tipo de violación constitucional que pretende impugnar, al señalar específicamente el Texto Constitucional que sólo podrá interponer acción cuando se aleguen violaciones de leyes o tratados internacionales a derechos humanos y no de otro tipo.

20. A partir de estos razonamientos, en el caso se evidencia que la Comisión accionante expone los motivos por los cuales considera que las fracciones impugnadas contenidas en el artículo 2 y 4 del Decreto Número Mil Ochocientos Cuatro violan derechos fundamentales; por tanto, tiene legitimación activa para promover el presente medio de defensa constitucional. Ello con independencia de si las normas controvertidas efectivamente vulneran o no los derechos humanos aludidos, pues esa determinación no es propia del pronunciamiento sobre la legitimación activa, sino que atañe al estudio de fondo del presente asunto.

21. CUARTO.—Causas de improcedencia. Además de la causa de improcedencia ya analizada en el apartado anterior, los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, al rendir sus informes respectivos, señalaron que las normas impugnadas no podían considerarse como un nuevo acto legislativo de conformidad con el criterio sustentado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que la demanda presentada resultaba extemporánea.

22. En ese sentido, ambas autoridades argumentaron que en materia de nuevo acto legislativo, para efectos de la impugnación en una acción de inconstitucionalidad, debe verificarse que se haya llevado a cabo un proceso legislativo y que la modificación normativa sea sustantiva o material, cuestión que a su parecer no se actualiza, pues la facultad que tiene la Comisión de Reservas Territoriales para poder enajenar su patrimonio se encuentra prevista en el marco jurídico estatal vigente desde tiempo atrás, por lo que la mera repetición de la norma en sus términos, no resulta suficiente para poder impugnarla al no haber una modificación trascendente respecto de su contenido y alcance.

23. En atención a dichos argumentos cabe precisar que la Comisión accionante impugna los artículos 2, fracciones IV, V, VI, VII y IX, y 4, fracciones V, VI, VII, VIII, IX, XV y XVI, del Decreto Mil Ochocientos Cuatro. En ese sentido, con el objeto de poder darles contestación, resulta conveniente realizar una comparación del texto normativo de cada una de dichas fracciones en relación con su texto anterior a la reforma, a fin de verificar los términos de las modificaciones realizadas, en virtud del decreto impugnado, lo que se procede a realizar en los siguientes términos:

Ver cuadro comparativo

24. En relación con el artículo 2 del cuadro comparativo es posible advertir que la modificación sufrida consistió únicamente en adicionar la fracción III (misma que no se controvierte), con lo cual el resto de las fracciones únicamente se recorrieron en cuanto a su numeración. En esa tesitura, las fracciones IV, V, VI, VI (sic) y IX que se impugnan no sufrieron un cambio en sentido normativo en términos del criterio prevaleciente de este Tribunal Pleno, pues su texto es exactamente el mismo, reiterándose de manera íntegra, de tal suerte que lo único que cambió fue la numeración.

25. En consecuencia, tal y como lo sostienen los Poderes demandados, dicha modificación no puede considerarse como un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación a través del presente medio de control constitucional, pues se reitera, la reforma que ahora se analiza no imprimió modificación alguna al texto legal de las fracciones que la Comisión accionante pretende controvertir.

26. Por tanto, lo procedente es sobreseer en la presente acción de inconstitucionalidad en lo referente al artículo 2, fracciones IV, V, VI, VII y IX, pues al no constituir el decreto combatido un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, en relación con el artículo 20, fracción II, ambos de la ley

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29950-d3f152bc/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-legitimacion-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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