I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES (LEYES DE INGRESOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). III. IMPUESTOS SOBRE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. LA IMPOSICIÓN AL CONTRIBUYENTE DEL DEBER DE PAGAR "DERECHOS" POR ALUMBRADO PÚBLICO CON BASE EN UN PORCENTAJE SOBRE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TORNA ESTA CONTRIBUCIÓN MATERIALMENTE EN AQUEL IMPUESTO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 16 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE IRIMBO; 17 DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE APATZINGÁN, AQUILA, COJUMATLÁN, CONTEPEC, HIDALGO, HUETAMO, IXTLÁN, MARAVATÍO, MARCOS CASTELLANOS, PANINDÍCUARO, SUSUPUATO, TACÁMBARO, TANGAMANDAPIO, TEPALCATEPEC, TLALPUJAHUA, TOCUMBO, TURICATO, TZINTZUNTZAN, VILLAMAR, ZAMORA, ZINÁPARO Y ZITÁCUARO; 18 DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE LÁZARO CÁRDENAS, MORELIA Y URUAPAN; Y 21 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZACAPU, TODOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020). IV. DERECHOS POR ALUMBRADO PÚBLICO. AL ESTABLECERSE COMO SU BASE GRAVABLE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE ADVIERTE QUE EN REALIDAD SE TRATA DE UN IMPUESTO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 16 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE IRIMBO; 17 DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE APATZINGÁN, AQUILA, COJUMATLÁN, CONTEPEC, HIDALGO, HUETAMO, IXTLÁN, MARAVATÍO, MARCOS CASTELLANOS, PANINDÍCUARO, SUSUPUATO, TACÁMBARO, TANGAMANDAPIO, TEPALCATEPEC, TLALPUJAHUA, TOCUMBO, TURICATO, TZINTZUNTZAN, VILLAMAR, ZAMORA, ZINÁPARO Y ZITÁCUARO; 18 DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE LÁZARO CÁRDENAS, MORELIA Y URUAPAN; Y 21 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZACAPU, TODOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). V. ALUMBRADO PÚBLICO. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULAR LOS IMPUESTOS SOBRE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 16 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE IRIMBO; 17 DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE APATZINGÁN, AQUILA, COJUMATLÁN, CONTEPEC, HIDALGO, HUETAMO, IXTLÁN, MARAVATÍO, MARCOS CASTELLANOS, PANINDÍCUARO, SUSUPUATO, TACÁMBARO, TANGAMANDAPIO, TEPALCATEPEC, TLALPUJAHUA, TOCUMBO, TURICATO, TZINTZUNTZAN, VILLAMAR, ZAMORA, ZINÁPARO Y ZITÁCUARO; 18 DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE LÁZARO CÁRDENAS, MORELIA Y URUAPAN; Y 21 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZACAPU, TODOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). VI. SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO. LAS LEGISLATURAS LOCALES PUEDEN GRAVARLO, REALIZAR COBROS Y RECAUDACIONES PARA SEGUIR PRESTÁNDOLO, SIEMPRE Y CUANDO LO HAGAN COMO UN DERECHO Y NO COMO IMPUESTO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 16 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE IRIMBO; 17 DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE APATZINGÁN, AQUILA, COJUMATLÁN, CONTEPEC, HIDALGO, HUETAMO, IXTLÁN, MARAVATÍO, MARCOS CASTELLANOS, PANINDÍCUARO, SUSUPUATO, TACÁMBARO, TANGAMANDAPIO, TEPALCATEPEC, TLALPUJAHUA, TOCUMBO, TURICATO, TZINTZUNTZAN, VILLAMAR, ZAMORA, ZINÁPARO Y ZITÁCUARO; 18 DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE LÁZARO CÁRDENAS, MORELIA Y URUAPAN; Y 21 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZACAPU, TODOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). VII. SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO. PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS CUOTAS PARA EL CASO DE LOS DERECHOS, DEBE IDENTIFICARSE EL TIPO DE SERVICIO DEL QUE SE TRATA, ASÍ COMO EL COSTO QUE SU PRESTACIÓN REPRESENTA PARA EL ESTADO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 16 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE IRIMBO; 17 DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE APATZINGÁN, AQUILA, COJUMATLÁN, CONTEPEC, HIDALGO, HUETAMO, IXTLÁN, MARAVATÍO, MARCOS CASTELLANOS, PANINDÍCUARO, SUSUPUATO, TACÁMBARO, TANGAMANDAPIO, TEPALCATEPEC, TLALPUJAHUA, TOCUMBO, TURICATO, TZINTZUNTZAN, VILLAMAR, ZAMORA, ZINÁPARO Y ZITÁCUARO; 18 DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE LÁZARO CÁRDENAS; MORELIA Y URUAPAN; Y 21 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZACAPU, TODOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). VIII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EL
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 101/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 8 DE OCTUBRE DE 2020. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ. SECRETARIO AUXILIAR: RODRIGO ARTURO CUEVAS Y MEDINA.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al ocho de octubre de dos mil veinte.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Demanda inicial y normas impugnadas. Por oficio presentado el treinta de enero de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su presidenta María del Rosario Piedra Ibarra, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de las disposiciones siguientes:
"a) Alumbrado público:
"1. Artículo 17, fracciones I, II y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Apatzingán, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"2. Artículo 17, fracciones I, II y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Aquila, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"3. Artículo 17, fracciones I, II y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cojumatlán, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"4. Artículo 17, fracciones I, II y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Contepec, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"5. Artículo 17, fracciones I, II y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"6. Artículo 17, fracciones I, II y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Huetamo, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"7. Artículo 16, fracciones I, II y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Irimbo, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"8. Artículo 17, fracciones I, II y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlán, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"9. Artículo 18, fracciones I, II y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"10. Artículo 17, fracciones I, II y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Maravatío, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"11. Artículo 17, fracciones I, II y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Marcos Castellanos, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"12. Artículo 18, fracciones I, II y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"13. Artículo 17, fracciones I, II y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Panindícuaro, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"14. Artículo 17, fracciones I, II y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Susupuato, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"15. Artículo 17, fracciones I, II y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tacámbaro, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"16. Artículo 17, fracciones I, II y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tangamandapio, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"17. Artículo 17, fracciones I, II y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepalcatepec, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"18. Artículo 17, fracciones I, II y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlalpujahua, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"19. Artículo 17, fracciones I, II y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tocumbo, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"20. Artículo 17, fracciones I, II y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Turicato, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"21. Artículo 17, fracciones I, II y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tzintzuntzan, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"22. Artículo 18, fracciones I, II y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Uruapan, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"23. Artículo 17, fracciones I, II y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Villamar, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"24. Artículo 21, fracciones I, II y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacapu, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"25. Artículo 17, fracciones I, II y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zamora, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"26. Artículo 17, fracciones I, II y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zináparo, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"27. Artículo 17, fracciones I, II y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zitácuaro, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"b) Cobros excesivos y desproporcionales por acceso a la información:
"1. Artículo 60 de la Ley de Ingresos del Municipio de Apatzingán, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"2. Artículo 31 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aquila, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"3. Artículo 31 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cojumatlán, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"4. Artículo 31 de la Ley de Ingresos del Municipio de Contepec, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"5. Artículo 33 de la Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"6. Artículo 32 de la Ley de Ingresos del Municipio de Huetamo, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"7. Artículo 27 de la Ley de Ingresos del Municipio de Irimbo, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"8. Artículo 33 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlán, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"9. Artículo 44 de la Ley de Ingresos del Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"10. Artículo 30 de la Ley de Ingresos del Municipio de Maravatío, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"11. Artículo 29 de la Ley de Ingresos del Municipio de Marcos Castellanos, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"12. Artículo 39 de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"13. Artículo 33 de la Ley de Ingresos del Municipio de Panindícuaro, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"14. Artículo 30 de la Ley de Ingresos del Municipio de Susupuato, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"15. Artículo 29 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tacámbaro, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"16. Artículo 33 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tangamandapio, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"17. Artículo 32 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepalcatepec, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"18. Artículo 29 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlalpujahua, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"19. Artículo 30 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tocumbo, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"20. Artículo 31 de la Ley de Ingresos del Municipio de Turicato, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"21. Artículo 31 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tzintzuntzan, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"22. Artículo 34 de la Ley de Ingresos del Municipio de Uruapan, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"23. Artículo 32 de la Ley de Ingresos del Municipio de Villamar, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"24. Artículo 42 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacapu, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"25. Artículo 33 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zamora, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"26. Artículo 31 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zináparo, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"27. Artículo 31 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zitácuaro, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"c) Por contravenir el principio de legalidad en materia tributaria:
"1. Artículo segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Apatzingán, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"2. Artículo segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aquila, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"3. Artículo segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Cojumatlán, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"4. Artículo segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Contepec, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"5. Artículo segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"6. Artículo segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Huetamo, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"7. Artículo segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Irimbo, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"8. Artículo segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlán, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"9. Artículo segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"10. Artículo segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Maravatío, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"11. Artículo segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Marcos Castellanos, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"12. Artículo segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"13. Artículo segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Panindícuaro, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"14. Artículo segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Susupuato, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"15. Artículo segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Tacámbaro, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"16. Artículo segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Tangamandapio, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"17. Artículo segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepalcatepec, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"18. Artículo segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlalpujahua, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"19. Artículo segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Tocumbo, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"20. Artículo segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Turicato, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"21. Artículo segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Tzintzuntzan, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"22. Artículo segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Uruapan, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"23. Artículo segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Villamar, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"24. Artículo segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacapu, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"25. Artículo segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Zamora, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"26. Artículo segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Zináparo, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"27. Artículo segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Zitácuaro, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.
"Dichos ordenamientos legislativos fueron publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo el día 31 de diciembre de 2019."
SEGUNDO.—Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La Comisión Accionante considera que las normas que impugna son contrarias a los artículos 1o., 6o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 2, 15 y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
TERCERO.—Conceptos de invalidez. La promovente impugna diversas normas contenidas en leyes de ingresos de diversos Municipios del Estado de Michoacán, las cuales fueron publicadas el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve en el Periódico Oficial de la entidad federativa y aduce que, a través de su demanda, tiene por objeto evidenciar la vulneración a derechos fundamentales, así como a precedentes emitidos por este Tribunal Constitucional, conforme a los argumentos que, en síntesis, se describen a continuación:
• Primero. Determinación de los derechos por el servicio de alumbrado público con base en el consumo de energía eléctrica. Los preceptos respectivos establecen una contribución por la prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del Municipio a la que otorga la naturaleza jurídica de "derecho", cuyo objeto o hecho imponible lo constituye consumo de energía eléctrica por parte de los sujetos del derecho por el servicio de alumbrado público, lo cual viola el derecho de seguridad jurídica y los principios de legalidad y proporcionalidad tributaria reconocidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, la base para el cálculo de este derecho es el consumo de energía cuya cuota se determinará a partir del nivel de dicho consumo y que esa cantidad, a su vez, dependerá del destino del predio del que se trate –de su uso doméstico o uso general– o de su falta de registro ante la Comisión Federal de Electricidad.
Al respeto, ese Alto Tribunal al resolver las acciones de inconstitucionalidad 23/2005, 18/2018, 27/208, 15/2019 y 20/2019 ha establecido que el legislador local carece de facultad constitucional para establecer contribuciones sobre el mencionado consumo, pues es una competencia exclusiva del Congreso de la Unión acorde con el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), de la propia Constitución Federal.
Además, en el caso, se advierte que el legislador michoacano consideró como elemento determinante para el establecimiento de la cuota del derecho, además del consumo de energía, del tipo de los predios y su falta de registro ante la Comisión Federal de Electricidad. En esa virtud, las normas controvertidas también son desproporcionadas porque no atienden al costo real del servicio proporcionado por el Municipio, sino al destino de la propiedad y a su extensión territorial.
Al respecto, al resolver la acción de inconstitucionalidad 28/2019, esa Suprema Corte de Justicia declaró la invalidez de disposiciones que establecían el derecho de alumbrado público, no sólo porque el legislador gravó el consumo de energía eléctrica siendo incompetente para ello, sino también, porque el cobro de este derecho se fijó teniendo en cuenta el tamaño, ubicación y destino del predio que se consideró beneficiado, lo cual no atendía a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos ni al costo de servicio, por lo que no cumplió con el contenido de los principios de justicia tributaria.
• Segundo. Las normas impugnadas establecen cobros excesivos desproporcionados e injustificados por la reproducción de información púbica en copias simples, impresiones, discos compactos y por digitalización en dispositivos magnéticos. El legislador michoacano estableció cobros distintos e injustificados por copias e impresiones, sin justificar el costo de los materiales empleados para su producción, en violación al derecho de acceso a la información, así como los principios de gratuidad en el acceso a la información y proporcionalidad en las contribuciones, reconocidos en los artículos 6o., apartado A, fracción III, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Además, conforme al artículo 134 de la Constitución Federal, en relación con el diverso 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la adquisición de los materiales por parte de los Municipios, para la reproducción de información derivada del derecho de acceso a la información pública, debe hacerse a las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, entre otras.
En esos términos, se observa que en las leyes combatidas no se justificó ni se hizo referencia a los elementos que sirvieron de base al legislador para determinar dichas cuotas, esto es, el precio de las hojas de papel, de la tinta para las impresiones y copias, entre otros.
En relación con las normas que establecen cobros diferenciados por la entrega de información en copias simples e impresiones, se estima que no hay justificación para hacer una distinción entre el monto por ambos conceptos, puesto que la cuota debe responder al costo de los materiales empleados para ello, por tanto, se observa que en ambos casos se utilizan los mismos insumos para reproducir la información solicitada.
Por otra parte, en las Leyes de Ingresos Municipales impugnados se establecieron cobros por cada hoja digitalizada, respecto de lo cual, a juicio de este organismo autónomo, además de que el legislador no ofreció justificación respecto a establecer esas tarifas con base en elementos objetivos y razonables que atienden al costo de los materiales en que se reproduce la información solicitada, las normas también resultan inconstitucionales porque el cobro por la simple digitalización de cualquier archivo no implica una erogación de materiales para la reproducción de la información, de manera que en realidad se cobra por la búsqueda de información, lo cual es violatorio del principio de gratuidad, pues deviene en un obstáculo para el ejercicio efectivo de ese derecho.
Adicionalmente, esta comisión advierte que los preceptos impugnados vulneran el principio de proporcionalidad tributaria que rige a las contribuciones, el cual se constituye como un auténtico derecho fundamental contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Norma Suprema. Lo anterior, dado que, al tratarse de derechos por la expedición de copias simples, impresiones, digitalización de documentos y almacenamiento en medios magnéticos, CD y DVD, el pago de los correspondientes derechos implica para la autoridad la concreta obligación de que la tarifa establecida sea acorde o proporcional al costo de los servicios prestados y ser igual para todos aquellos que reciban el mismo servicio.
Finalmente, se destaca que las normas impugnadas tienen un impacto desproporcionado sobre un sector de la población: el gremio periodístico, ya que al realizar cobros por la búsqueda de documentos, toda vez que, unos de los sujetos destinatarios de la norma podrían ser los periodistas, quienes tienen como función social la de buscar información sobre temas de interés público a fin de ponerla en la mesa de debate público, por lo que las normas terminan teniendo no sólo un efecto inhibidor de la tarea periodística, sino el efecto de hacer ilícita la profesión en ese ámbito específico.
• Tercero. El artículo segundo transitorio de las leyes de ingresos municipales impugnadas violan el principio de legalidad en las contribuciones que exige que los elementos de los tributos se encuentren determinados en una ley en sentido formal y material. Los preceptos referidos vulneran dicho principio, pues posibilitan la arbitrariedad y discrecionalidad de la autoridad en la imposición de las contribuciones, ya que el legislador michoacano deja abierta la posibilidad de que sea cualquier autoridad administrativa la que genere la configuración de los gravámenes, lo cual redundará en perjuicio de los gobernados, a quienes podría exigirse el cumplimiento de la obligación impositiva que pudiera encontrarse prevista en cualquier norma expedida por una autoridad diversa a la legislativa.
La indeterminación de la contribución y de sus elementos esenciales propicia la discrecionalidad o arbitrariedad en la imposición de tributos y del cobro de la tarifa correspondiente contenido en cualquier ordenamiento e incluso una sanción por el cumplimiento de la misma, por desconocimiento, del sujeto pasivo de la existencia de la obligación, como acontece en el caso concreto, lo cual redunda en una transgresión del derecho de seguridad jurídica de los gobernados.
Tal indeterminación provoca incertidumbre, ya que las personas no tendrán certeza sobre las obligaciones impositivas que le impone el Estado, al habilitar a las autoridades municipales para establecer el hecho imponible generador de la obligación el sujeto pasivo, la base imponible, la tasa o tarifa y la época de pago, ya que las disposiciones normativas permiten que su determinación se realice sin que esté contemplado en la ley.
CUARTO.—Registro del expediente y turno del asunto. Por acuerdo de seis de febrero de dos mil veinte, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 101/2020, y la turnó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento.
QUINTO.—Admisión de la demanda. La Ministra instructora admitió a trámite el presente asunto mediante proveído de fecha seis de febrero de dos mil veinte, en el cual ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Michoacán para que rindieran sus respectivos informes; asimismo, requirió al órgano legislativo para que remitiera copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas y al órgano ejecutivo para que exhibiera un ejemplar del Periódico Oficial Estatal en el que conste su publicación. De igual forma dio vista a la Fiscalía General de la República para que antes del cierre de instrucción manifieste lo que a su respectiva representación corresponda.
SEXTO.—Acuerdo que tiene por rendidos los informes de las autoridades emisora y promulgadora. Por acuerdo de diez de junio de dos mil veinte, la Ministra instructora tuvo por rendidos los informes requeridos a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Michoacán; se requirió nuevamente al órgano legislativo para que remitiera completos los antecedentes de las diversas normas cuya invalidez se solicita en este asunto; finalmente, se tuvieron por exhibidos los periódicos oficiales del Gobierno de la entidad federativa en el que se publicaron las normas impugnadas, los cuales fueron remitidos por el órgano ejecutivo.
SÉPTIMO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo. Mediante oficio recibido el cinco de marzo de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán rindió informe, en el que expresión, en esencia, lo siguiente:
• Primero. En relación con los argumentos dirigidos a combatir la constitucionalidad de las normas que establecen cobros por derechos la prestación del servicio de alumbrado público, carece de razón la accionante pues no se transgrede el derecho humano de seguridad jurídica, ni los principios de legalidad y proporcionalidad tributaria en las contribuciones.
Los artículos 1, 98, 99,100, 101, 102 y 103 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán determinan, entre otros, la percepción en cada ejercicio fiscal, con la finalidad de atender y cubrir el gasto público, de manera que los ingresos por concepto de derechos que anualmente se establezcan en leyes de ingresos municipales se encuentran reguladas para tales efectos, con lo cual no se vulnera ni la seguridad jurídica ni el principio de legalidad tributaria.
De los artículos 9, 10 y 11 del Código Fiscal Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, se desprende que las personas físicas y morales que causen contribuciones conforme a su riqueza, están obligadas a contribuir al gasto público de los Municipios, de conformidad con la Ley de Hacienda Municipal y el Código Municipal de la entidad, además de la Ley de Ingresos Municipal respectiva, ordenamientos que reúnen los rectores normativos contenidos en el principio de legalidad, respecto a la recaudación de la contribución que se destinará al gasto público específico.
Los derechos o contribuciones especiales de alumbrado público que se reclaman determinan el pago de los propietarios o poseedores de predios que se aprovechen de las instalaciones de unidades de luz mercurial o fluorescente correspondiente al alumbrado público y, resulta innegable que las contraprestaciones que exige el poder público por el servicio son una contribución que beneficia directamente tanto al Municipio como a los gobernados, porque la base imponible, así como la tasa relativa, se encuentran relacionadas con el hecho imponible que responde a una actividad del ente público por concepto del servicio de alumbrado público.
Además, las leyes de ingresos municipales impugnadas, al establecer el cobro al alumbrado público, no las convierten en leyes privativas; por el contrario, son leyes generales y abstractas, no señala individuos en particular, sino que los causantes serán los que aprovechen el servicio, por cuya razón, no son inconstitucionales. Los derechos o contribuciones especiales de que se trata son contraprestaciones que exige el poder público y constituyen una contribución legal, en virtud de que su objeto esencial es la de contribuir al gasto público.
El legislador local tiene facultades para establecer derechos especiales sobre aprovechamiento del servicio de alumbrado público y si bien impropiamente la ley identifica como "derechos", no existe duda de que se trata de una "contribución especial", puesto que la causa de la extracción no es la prestación del servicio público de alumbrado, sino la circunstancia de que el Municipio lleve a cabo ciertas actividades encaminadas a satisfacer con mayor eficacia el servicio en cuestión.
El Congreso del Estado no legisló en materia de energía eléctrica, sino que lo hizo con base en la facultad impositiva que el Estado tiene para el logro de las funciones que le son encomendadas para establecer las contraprestaciones que estime convenientes sobre los servicios públicos que presta, en el caso, la prestación y aprovechamiento del servicio de alumbrado público.
Por tanto, al tratarse de una "contribución especial", aunque la ley le llame "derecho", se desprende que la causa de esa extracción no es la prestación del servicio de alumbrado público, sino la circunstancia de que el Municipio lleve a cabo ciertas actividades encaminadas a satisfacer con mayor eficacia aquel servicio, mediante la instalación de unidades de luz mercurial o fluorescente, con lo cual los propietarios de predios frontales a esas obras inequívocamente obtienen un beneficio.
• Segundo. En relación con los alegados cobros injustificados por la reproducción pública en copias simples, impresiones, discos compactos y por digitalización en dispositivos magnéticos, se debe mencionar que cada Ayuntamiento en la entidad proyecta, aprueba y propone al Congreso Local su iniciativa de Ley de Ingresos, por lo que, al formar de manera individual sus respectivas iniciativas, tienen derecho a proponer lo que a su derecho así consideren pertinente.
No se vulneran los principios de equidad y proporcionalidad tributarias, en lo concerniente a la acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, entre otros, pues ello varía en las tarifas tributarias respectivas, el que llegado su momento serán aplicables conforme a la capacidad económica de cada contribuyente.
Tampoco se vulneran los derechos de acceso a la información y seguridad jurídica, ni los principios de gratuidad en el acceso a la información y proporcionalidad en las contribuciones, pues no existe viabilidad, ni presunción de que las leyes de ingresos municipales que se impugnan afecten el marco constitucional o convencional en la materia. Ello, pues la regulación de esta contribución, en su modalidad de "derecho", correspondiente a la contraprestación solicitada por un interesado, por ello y de conformidad al ejercicio del derecho de acceso a la información el cual es gratuito, en este caso lo que se cobra es la relativa a la modalidad de reproducción y entrega solicitada, como lo señala el artículo 17 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.
Además, no se vulnera el artículo 134 de la Constitución Federal, pues los servicios prestados conforme a las leyes vigentes, formarán parte de la hacienda pública municipal, y con ello, en forma posterior, se administrarán libremente por el Ayuntamiento; por consiguiente, no afecta la aplicación del gasto con lo que pretende invalidar la accionante y se justifica el cobro por la reproducción de la información solicitada.
El legislador michoacano, en lo que respecta a sus atribuciones, determinó los gastos materiales en diversas modalidades para utilizarse, y se definieron conforme a las propuestas de los Municipios los costos por la reproducción de la información, justificándolos en sus efectos; de manera que no se vulnera el derecho humano que se alega. Al respecto, los cobros se determinaron con base en lo sustentado por cada Ayuntamiento.
La gratuidad no se afecta, pues si bien es cierto que se justifica el cobro de la digitalización de documentos, es de precisar que todo tributo rige en su regulación en la Ley de Ingresos municipal respectiva y este derecho también se encuentra regulado en la Ley de Hacienda Municipal del Estado.
El principio de proporcionalidad tributaria cuya afectación se alega carece de sustento, habida cuenta que este principio corresponde a los impuestos que deberán de pagar los ciudadanos precisamente por la solicitud de prestación de un derecho cuya contribución será destinada al gasto p
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30008-1b994e52/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. I (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. I (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUM (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUM (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- DERECHOS. EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO AUTORIZADO PARA RETENERLOS, CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA LA REVISIÓN CUANDO SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY (LEY DE INGRESOS (891)
- ALUMBRADO PÚBLICO. LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE ZACATECAS NO LESIONA LOS INTERESES JURÍDICOS DE LA COMPAÑÍA FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- (190)
- DERECHOS. EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO AUTORIZADO PARA RETENERLOS, CARECE DE INTERES JURIDICO PARA LA REVISION CUANDO SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY (LEY DE INGRESOS (s/clave)
- ALUMBRADO PUBLICO. LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE ZACATECAS NO LESIONA LOS INTERESES JURIDICOS DE LA COMPAÑIA FEDERAL DE ELECTRICIDAD. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis