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AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÁ EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR QUE SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA QUE LE LLEVE A DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA, CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA O REGLAMENTO QUE CONTIENE LINEAMIENTOS POR LOS QUE SE DISMINUYA ALGUNA PRESTACIÓN DERIVADA DE UNA RELACIÓN LABORAL A LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUES ELLO IMPLICARÍA UN ESTUDIO DE FONDO EN UN MOMENTO PROCESAL NO OPORTUNO PARA ELLO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2020. · Registro digital (IUS): 30027
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-08-20
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO, SEXTO Y DÉCIMO TERCERO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo IV, Pág. 3863.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO, SEXTO Y DÉCIMO TERCERO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 21 DE JUNIO DE 2021. MAYORÍA DE DOCE VOTOS A FAVOR DE LOS MAGISTRADOS HERLINDA FLORES IRENE, JORGE RAFAEL OLIVERA TORO Y ALONSO, ARTURO CEDILLO OROZCO, ROBERTO RUIZ MARTÍNEZ, MARTÍN UBALDO MARISCAL ROJAS, EMILIO GONZÁLEZ SANTANDER, TOMÁS MARTÍNEZ TEJEDA, A´NGEL PONCE PEN~A, FERNANDO SILVA GARCÍA, JUAN ALFONSO PATIN~O CHA´VEZ, ARMANDO ISMAEL MAITRET HERNÁNDEZ Y ALICIA RODRI´GUEZ CRUZ. AUSENTE: NELDA GABRIELA GONZÁLEZ GARCÍA. DISIDENTES: OSIRIS RAMO´N CEDEN~O, MARI´A EUGENIA OLASCUAGA GARCI´A, LAURA SERRANO ALDERETE Y VÍCTOR AUCENCIO ROMERO HERNÁNDEZ. PONENTE: LAURA SERRANO ALDERETE. ENCARGADO DEL ENGROSE DE MAYORÍA: ARMANDO ISMAEL MAITRET HERNÁNDEZ. SECRETARIO: CARLOS SAUCEDO RAMÍREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. El Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito es legalmente competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, séptimo párrafo, 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

De igual manera este Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito es competente para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y a la reanudación de plazos, al regreso escalonado a los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en particular, en su artículo 27, fracción III, que establece la obligación de que las sesiones de los Plenos de Circuito se lleven a cabo, invariablemente, por medio de videoconferencia y sin la presencia de público, así como el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona diversas disposiciones de los similares 8/2015, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; y 16/2009, que regula las sesiones de los Tribunales Colegiados de Circuito y establece los lineamientos para su videograbación y difusión, en relación con las videoconferencias.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que fue presentada por los integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

TERCERO.—En virtud de que por oficio 177/2020 de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, la Magistrada presidenta del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, informó que el criterio sustentado en la queja QT. 41/2020, fue superado al fallar la diversa queja QT. 56/2020, en la que se determinó confirmar la resolución por la cual la Juez Federal desechó la demanda de amparo por una causa de improcedencia diversa a la advertida en el acuerdo impugnado, entonces, no hay punto de discrepancia que resolver en la contradicción de tesis que nos ocupa por tratarse de un criterio abandonado.

En consecuencia, ha quedado sin materia la denuncia de contradicción de tesis exclusivamente por cuanto hace al criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al fallar el recurso de queja QT. 41/2020.

CUARTO.—Criterios contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentos en que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes basaron sus determinaciones.

Para una mayor comprensión, se procede a reseñar las ejecutorias en conflicto conforme nacieron a la vida jurídica.

El Decimotercer (sic) Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en sesión de veintitrés de octubre de dos mil veinte, al conocer del recurso de queja QT. 49/2020, resolvió, en lo conducente, lo siguiente:

"Ciudad de México. Acuerdo del Decimotercer (sic) Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual celebrada el veintitrés de octubre de dos mil veinte.

"VISTO, para resolver, el recurso de queja QT. 49/2020, interpuesto por **********, contra el acuerdo de siete de agosto de dos mil veinte, dictado por la Juez Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto 669/2020; y,

"RESULTANDO:

"PRIMERO. Por escrito presentado el tres de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, ********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos del 1. Subsecretario de Capital Humano y Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de **********, 2. El director de (sic) general de Administración de Personal y Uninómina de la Subsecretaría de Capital Humano y Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno **********, 3. Representantes de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de **********, 4. Representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de **********, 5. Representante de la Dirección General de Comisarios de la Secretaría de la Contraloría General de ********** y 6. Director General de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de **********, que hizo consistir en: de las ORDENADORAS, la aprobación a las reformas al Reglamento de Prestaciones de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 17 de junio de 2020, número 367 de la Vigésima Primera Época; y de la EJECUTORA, su publicación.

"SEGUNDO. Por razón de turno conoció del asunto el Juez Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, quien le asignó el expediente 669/2020.

"TERCERO. El siete de agosto de dos mil veinte, se emitió el acuerdo recurrido, en el que se desechó la demanda de amparo por considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1o., fracción I y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario.

"Inconforme con dicha determinación, el recurrente interpuso recurso de queja por el que se formó el presente expediente.

"CUARTO. Este medio de impugnación fue interpuesto dentro del plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, toda vez que el acuerdo fue notificado personalmente a la recurrente el lunes diez y surtió efectos el martes once; por lo cual, el plazo inició el miércoles doce y concluyó el martes dieciocho, de ese lapso se excluyen el quince y dieciséis, por haber sido sábado y domingo, mientras que el recurso se presentó el viernes catorce. Todas las fechas corresponden a agosto de dos mil veinte.

"Por auto de once de septiembre de dos mil veinte, se admitió el recurso de queja y se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien omitió formular pedimento.

"Estando en condiciones de resolverlo, mediante auto de siete de octubre del mismo año, se turnó este expediente al Magistrado José Manuel Hernández Saldaña, para la formulación del proyecto respectivo; y,

"CONSIDERANDO.

"PRIMERO. Este Decimotercer (sic) Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, es competente para conocer y resolver el presente recurso de queja, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se reclama un acuerdo dictado por un Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, con residencia en la jurisdicción de este órgano colegiado.

"SEGUNDO. El acuerdo recurrido, en la parte conducente, a la letra dice: ‘Ciudad de México, siete de agosto de dos mil veinte. A) RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA.—Vista la demanda de amparo que promueve **********, por propio derecho; contra los actos que reclama del SUBSECRETARIO DE CAPITAL HUMANO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE **********, en su calidad de presidente del Consejo Directivo de la Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de ********** y otras autoridades; por estimar que vulneran los derechos humanos contenidos en los artículos 1o., 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese tanto el expediente impreso como el electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 669/2020.—B) PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS.—Ahora bien, por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis en conjunto de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa.—Así, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: —1) La inconstitucionalidad del Acuerdo que reforma el Reglamento de Prestaciones de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el diecisiete de junio de dos mil veinte, específicamente al artículo 18.—2) La limitación y reducción de su sueldo básico; y por tanto, en la disminución de las aportaciones a la seguridad social, como acto de aplicación de dicho acuerdo.—C) DESECHAMIENTO.—Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo.—Ahora bien, respecto del acto reclamado precisado con el numeral 2), se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1o., fracción I y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo; este último interpretado en sentido contrario, pues éste no constituye un acto de autoridad, sino que es resultado de la relación laboral que existe entre la impetrante de garantías, como trabajadora, y el Gobierno de **********, en específico ********** como patrón, a través de sus dependencias subalternas.—Ahora bien, la conducta de que se duele la parte peticionaria del amparo, evidentemente, no corresponde a una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de carácter laboral, cuya relación es de coordinación.—En efecto, la autoridad para los efectos del juicio de amparo, es todo ente que, con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria.—En ese sentido, es menester destacar que en las relaciones de coordinación entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral.—La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación.—En cambio, las relaciones entabladas entre gobernantes y gobernados, en las que los primeros actúan en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales.—Así pues, cualquier decisión que adopte el Gobierno de la Ciudad de México, en específico **********, a través de sus dependencias subordinadas, respecto de la limitación y reducción del sueldo básico de sus trabajadores; y por tanto, en la disminución de las aportaciones a la seguridad social de éstos, no constituyen actos de autoridad, sino precisamente un hecho derivado de la relación laboral; motivo por el cual, los conflictos que se susciten entre los trabajadores y el patrón, deben ser ventilados ante la autoridad competente y no ante este órgano de control constitucional.—En esa tesitura, debe señalarse que los referidos actos que reclama la promovente, no constituyen, de acuerdo a su naturaleza, un acto de persona de derecho público o de autoridad, sino un acto entre particulares, pues las señaladas como autoridades responsables, no obran con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino como subordinadas del patrón, por lo que es incuestionable que el juicio de amparo en el que se reclaman actos de esta especie resulta improcedente.—Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, abril 2016, Tomo III, Décima Época, que a la letra dice:—«AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN.» (LA TRANSCRIBE).—También, la tesis aislada, sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, octubre de 1991, página 164, correspondiente a la Octava Época, cuyo rubro y texto son:—«DEMANDA DE AMPARO LABORAL, DESECHAMIENTO DE LA. CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS NO PROVIENEN DE UNA AUTORIDAD PROPIAMENTE DICHA.» (LA TRANSCRIBE).—En las relatadas circunstancias, es dable colegir que si el juicio de amparo resulta improcedente respecto del acto de aplicación del artículo 18 del mencionado reglamento, consistente en la limitación y reducción de su sueldo básico; y por tanto, en la disminución de las aportaciones a la seguridad social; igualmente deviene improcedente el amparo respecto de la inconstitucionalidad del Acuerdo que reforma el Reglamento de Prestaciones de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el diecisiete de junio de dos mil veinte, específicamente al artículo 18, puesto que la quejosa lo reclama como norma heteroaplicativa, por ende, no puede desvincularse su estudio, del que concierne a su acto de aplicación, ya que éste es precisamente el que causa perjuicio a la promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento.—Es ilustrativa de lo anterior la jurisprudencia número XVI.2o. J/2, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 438, Tomo VII, febrero de 1998, en la Novena Época, cuyo texto (sic) es:—«DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. AMPARO CONTRA LEYES.» (LA TRANSCRIBE).—Igualmente, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 235, Tomo XII, agosto de 2000, de la Novena Época, del tenor siguiente:—«LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.» (LA TRANSCRIBE).—En mérito de lo expuesto, atendiendo a lo dispuesto por el numeral 113 del ordenamiento legal antes indicado, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada.—D) DOMICILIO Y AUTORIZADOS.—Con fundamento en el artículo 305 del citado código procesal, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Asimismo, como autorizadas para los efectos que precisa, a las personas que nombra, en términos del artículo 12 de la ley de la materia.—Respecto a que se reconozca con el carácter de apoderados a los profesionistas que se nombran, una vez que los mismos promuevan y acrediten tal carácter, se acordará lo conducente.—E) REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES.—Se hace del conocimiento a las partes que (sic) conformidad con el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se reanudan los plazos y términos procesales a partir del tres de agosto de dos mil veinte.—F) DEMÁS PROVIDENCIAS.—Toda vez que la parte promovente proporcionó diversos nombres de usuarios (**********, **********, ********** y **********), con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, se les autoriza la consulta del presente expediente vía internet (expediente electrónico); por tanto, háganse los trámites correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); sin embargo, por lo que hace al nombre de usuario «**********», no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que no se (sic) aparece registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.—Se comunica a las partes que pueden imponerse de las actuaciones del presente expediente dentro de las instalaciones de este juzgado, mediante cualquier aparato electrónico o digital; lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.—Para evitar dilaciones innecesarias en la sustanciación del juicio, se habilita al actuario que corresponda para que, de ser necesario, realice cualquier notificación de carácter personal relativa a este expediente, en días y horas inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo.—Se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con los numerales 26, fracción IV y 30, fracción II, de la ley de la materia, podrán solicitar que se les practiquen las notificaciones personales vía electrónica.—Asimismo, de conformidad con el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para que de estimarse necesario, se establezca el contacto respectivo.—G) TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES.—De conformidad con los artículos 7o., 21 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en los diversos numerales 1o., 3o., 9o., 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes, que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, puesto que el público en general tiene derecho a presentar una solicitud de acceso a la información respecto de las resoluciones, pruebas y demás constancias que obren en este expediente; asimismo, que al elaborarse la versión pública de las actuaciones del presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista su consentimiento para permitir el acceso a la misma; sin embargo, no se requiere tal consentimiento, ante la actualización de alguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 117 del ordenamiento citado en segundo término. ...’

"TERCERO. La recurrente hizo valer los siguientes agravios: ‘PRIMERO.—El DESECHAMIENTO declarado por el órgano jurisdiccional causa agravio a la hoy quejosa ya que al decidir y calificar la naturaleza del acto reclamado como un simple hecho derivado de una «relación» omite observar puntualmente lo establecido en el artículo 107, fracción I, incisos f) y g) de la Ley de Amparo, y por ende viola el derecho consagrado en el mismo el cual indica:—«LEY DE AMPARO.—Sección Primera. Procedencia y Demanda.—Artículo 107. El amparo indirecto procede:—I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.—Para los efectos de esta ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes:—a)...—b)...—f) Los reglamentos locales; y—g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general;—...»—Como se podrá observar, la ley es clara y expresamente indica en qué casos procede el amparo indirecto, razón por la cual existe una evidente violación a mis derechos como quejosa al no admitir para su estudio y sustanciación, la demanda de amparo interpuesta para salvaguardar a su vez mis derechos humanos y sus correspondientes garantías, los cuales han sido violentados por la simple entrada en vigor del «Acuerdo por el que el H. Consejo Directivo, autoriza la reforma al Capítulo I ‹Disposiciones Generales› y Capítulo XIX ‹Del Fondo de Vivienda› artículos 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 37, 50, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152 y 153 de su Reglamento de Prestaciones de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México.»—Por tanto, la valoración inicial que realiza el Juez de Distrito en materia laboral es errónea y por ende, debe declararse equívoca e inaplicable al caso concreto, ya que no se está promoviendo el juicio de garantías en un plano de subordinación laboral, se interpone el juicio de amparo desde el plano y legitimación de ciudadano que es molestado en su esfera jurídica de manera personal, directa y concreta al entrar en vigor el acto de autoridad que consiste en la aprobación y publicación de las reformas al Reglamento de Prestaciones de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, el cual es un reglamento local, que evidentemente constituye una norma general que por su sola entrada en vigor causa un perjuicio a la hoy quejosa.—Por consiguiente, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1o., fracción I y 50, fracción II, todos de la Ley de Amparo, no es aplicable y deberá de emitirse resolución que ordene la inmediata admisión de (sic) demanda de garantías, la correspondiente suspensión del acto reclamado y la continuación y sustanciación del juicio de amparo hasta su total resolución.—Aunado a lo anterior, al realizar el juzgador valoraciones de fondo, éste va más allá de alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, ya que su criterio y calificación se encuentra equivocado y extralimitado al indicar que el ACTO DE AUTORIDAD reclamado en mi demanda de amparo es resultado de la relación laboral que tiene la parte quejosa como parte trabajadora y el Gobierno **********, en específico ********** como patrón.—En este momento de declaración de admisión o desechamiento de la demanda de amparo, al H. órgano jurisdiccional no le corresponde calificar la relación entre las partes en un plano de carácter laboral, sólo porque se ha manifestado que las reformas al Reglamento de Prestaciones de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México (y que constituyen al acto de autoridad) limitan y reducen el sueldo básico de los trabajadores del **********, en específico **********, y por tanto, imponen la disminución de las aportaciones a la seguridad social; mucho menos es materia de estudio que se recomiende a la hoy quejosa que los conflictos que (sic) susciten entre los trabajadores y el patrón, deben ser ventilados ante la autoridad competente y no ante los órganos de control constitucional.—Es importante resaltar que, se debe calificar el ACTO DE AUTORIDAD de acuerdo al impacto y aplicación general del mismo, así como la afectación a la esfera jurídica de la impetrante del juicio de garantías, lo que conlleva una remisión a las razones sustantivas que se exponen en la demanda de amparo que necesariamente deberá abrir y sustanciarse de manera adecuada en cuanto al fondo durante el proceso de amparo, para que las partes tengan amplia oportunidad de defensa dentro del proceso de control constitucional.—De manera que el actuar y el criterio del juzgador en turno, priva a la hoy quejosa del derecho de continuar con el juicio de garantías contra un ACTO DE AUTORIDAD que me causa perjuicio; sirve para respaldar el presente AGRAVIO el criterio contenido en la siguiente jurisprudencia que por analogía se invoca:—«DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN ‹MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA›». De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los ‹adjetivos manifiesto›, significa claro, evidente y el ‹indudable›, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, (sic) una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.» (Cita datos de localización y precedentes).—En este orden de ideas, el Juez de Distrito realizó un estudio sobre cuestiones que deben ser dilucidadas al entrar al fondo del asunto y en el momento procesal oportuno, es decir, durante la secuela del juicio de garantías y al momento de dictar sentencia sobre el fondo del juicio de amparo accionado por la parte quejosa y hoy recurrente.—No obstante, apartándose de lo anterior el a quo emitió proveído en la que sostiene una supuesta improcedencia que se deriva de la calificación de la relación entre las partes involucradas en un plano de carácter laboral, razón por la (sic) que deberá determinarse la procedencia de la presente QUEJA y en consecuencia se determine la admisión de la demanda de amparo.—Sirve para robustecer las manifestaciones anteriores el criterio contenido en la siguiente jurisprudencia que también por analogía resulta aplicable:—«AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, SI PARA ESTABLECER LA NATURALEZA HETEROAPLICATIVA O AUTOAPLICATIVA DE AQUÉLLAS EL JUEZ DE DISTRITO REQUIERE HACER CONSIDERACIONES INTERPRETATIVAS, PROPIAS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA. Del artículo 145 de la Ley de Amparo se advierte que es del propio escrito de demanda o de las pruebas anexas de donde puede desprenderse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. La improcedencia constituye una excepción a la regla general, que es la procedencia del juicio de amparo como medio de control de los actos de autoridad que vulneren las garantías individuales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha entendido en el sentido de que las causales de improcedencia deben probarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, pues sólo por excepción, en los precisos casos que marca el artículo 73 de la ley en cita, puede vedarse el acceso a dicho medio de control constitucional, y por lo mismo, de más estricta aplicación es lo dispuesto en el artículo 145 para desechar de plano una demanda. En ese tenor, la circunstancia de que la improcedencia derive del análisis que se hace de la naturaleza de las normas autoaplicativas y heteroaplicativas conforme a criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o del estudio e interpretación tanto de las normas generales reclamadas como de los conceptos de violación en que se plantea una afectación inmediata por su sola vigencia, impide considerar que el motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, ya que no puede ser evidente

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30027-9d0d21f4/auto-inicial-de-tramite-de-la-demanda-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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