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Modo: Corpus Pro

CESACIÓN DE EFECTOS DEL LAUDO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA SI LA INCONGRUENCIA ATRIBUIDA ES CORREGIDA MEDIANTE SU ACLARACIÓN, REPARANDO TOTAL E INCONDICIONALMENTE EL VICIO QUE CONSTITUYÓ LA MATERIA DE IMPUGNACIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 187/2020. · Registro digital (IUS): 30030
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2021-08-20
Promovente: FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO (PENSIONISSSTE).
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo V, Pág. 4815.

AMPARO DIRECTO 187/2020. FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO (PENSIONISSSTE). 22 DE OCTUBRE DE 2020. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ÁNGEL PONCE PEÑA. PONENTE: RAÚL EYDEN PENICHE CALDERÓN, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SECRETARIA: GUADALUPE VÁZQUEZ FIGUEROA.

CONSIDERANDO:

SEXTO.—Estudio. Resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación formulados por el organismo quejoso, en virtud de que en este juicio de amparo es procedente decretar el sobreseimiento.

Al respecto, el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, disponen:

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado."

"Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:

"...

"V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior."

La referida causal ha sido abordada por nuestro Alto Tribunal en diversos criterios en los que ha señalado, destacadamente, que su actualización tiene lugar aun cuando el acto reclamado subsista, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, acorde con los criterios siguientes:

"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.(46)

"Amparo en revisión 3387/97. Gladys Franco Arndt. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván.

"Amparo en revisión 393/98. Unión de Concesionarios de Transportación Colectiva, Ruta Nueve, A.C. 8 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas.

"Amparo en revisión 363/98. Unión de Choferes Taxistas de Transportación Colectiva, A.C. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.

"Amparo en revisión 2685/98. Alejandro Francisco Aupart Espíndola y otros. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero.

"Amparo en revisión 348/99. Raúl Salinas de Gortari. 30 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González.

"Tesis de jurisprudencia 59/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve." (énfasis añadido)

"SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.(47)

"Amparo en revisión 2929/57. Esteban García A. 15 de enero de 1958. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Secretario: Jesús Toral Moreno.

"Revisión fiscal 232/55. Enrique Escalante Patrón y coags. 24 de febrero de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Secretario: Manuel Rodríguez Soto.

"Amparo en revisión 4882/54. Compañía Maderera de Campeche, S.A. 14 de febrero de 1963. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Rafael Matos Escobedo. Secretario: Emilio Canseco Noriega.

"Revisión fiscal 333/55. Óscar Osorio M. y coags. 14 de febrero de 1963. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Rafael Matos Escobedo. Secretario: Emilio Canseco Noriega.

"Amparo en revisión 20/97. Carlos Quevedo Procel. 9 de julio de 1997. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel.

"Tesis de jurisprudencia 9/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de cuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Sergio Salvador Aguirre Anguiano."

Cabe resaltar que si bien los criterios citados se refieren al artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo anterior, resultan aplicables, acorde con lo establecido por el artículo sexto transitorio de la ley de la materia vigente, puesto que la fracción XXI del actual artículo 61 es de idéntica redacción; de ahí la aplicabilidad de las aludidas tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invocadas.

Precisado lo anterior, debe atenderse que los elementos que se han identificado como requisitos para la actualización de la causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos son:

a) Que un acto de autoridad sobrevenga y deje insubsistente, en forma permanente, el acto reclamado o que, aun subsistiendo éste, no pueda surtir efecto alguno como si se hubiera concedido el amparo; y,

b) Una situación de hecho o de derecho que destruya en forma definitiva los efectos del acto reclamado, de modo que se vuelva al estado anterior a la violación.

No obstante, de los criterios anteriores debe subrayarse que para que se surta la improcedencia del juicio de amparo por cesación de efectos del acto reclamado, no es indispensable que la autoridad responsable revoque el acto combatido, sino que, aun sin hacerlo, al emitir uno diverso destruya en forma total e incondicional los efectos que pudiera surtir, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ningún agravio, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la destrucción del acto de autoridad, "... sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal."; así, encontramos que en la configuración de la actualización de la causal de mérito existe un elemento que la origina, y que es definitivo o fundamental, que se refiere a las consecuencias o resultados del acto combatido en la esfera de quien acude a la instancia constitucional.

Este elemento se refiere a una situación de hecho o de derecho, bien sea que preexista a la promoción del amparo, o bien que sobrevenga durante la tramitación del juicio, que se proyecte sobre el acto reclamado y genere que, independientemente de que tenga existencia jurídica, resulte innecesario abordar su análisis, puesto que en la especie no surtirá consecuencia alguna al gobernado, precisamente porque aquella circunstancia novedosa lo relevó materialmente, como acontece en el presente caso, en el que si bien el laudo no ha sido destruido incondicionalmente, lo cierto es que la condena en él decretada inicialmente contra el impetrante de amparo, se torna sin efectos al haber sido superada en función de lo determinado por una aclaración al propio laudo materia del amparo, interpuesta no por quien acude a la instancia federal, sino por su contraparte, lo que desde luego la convierte en esa circunstancia de hecho y, sobre todo –en este caso– de derecho, que provoca que el emprendimiento del estudio de fondo resulte ocioso.

Se estima de esa manera, puesto que de las constancias que integran el expediente laboral **********, se advierte que la demanda en el juicio laboral fue interpuesta por **********, ********** y **********, quienes reclamaron diversas prestaciones respecto de Afore Pensionissste y del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Luego, en audiencia de ocho de febrero de dos mil diecinueve, la apoderada de la parte actora, en uso de la palabra, manifestó: "Que en este acto me permito desistirme, bajo mi más estricta responsabilidad, de la demanda promovida por la C. **********, ello haciendo uso de las facultades que me fueron conferidas por la citada trabajadora mediante carta poder de fecha 23 de abril de 2018, misma que corre agregada a fojas 22 de autos, solicitando se continúe el procedimiento relativo a los CC. ********** y **********.";(48) sin que la autoridad emitiera pronunciamiento respecto de esa petición.

Posteriormente, el catorce de agosto de dos mil diecinueve, la responsable dictó el laudo reclamado en el que, en lo que interesa, resolvió:

"... Segundo. Se condena a la demandada Afore Pensionissste, S.A. de C.V., a que pague a ********** las aportaciones correspondientes al seguro de retiro, sin perjuicio de los rendimientos que se generen hasta el cumplimiento del laudo, salvo que, como lo dispone el artículo 47 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, al estar invertidas las aportaciones en Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores) no están garantizados los rendimientos y, por ende, tampoco el saldo, al momento del cumplimiento de este laudo, sea igual o mayor a la cantidad condenada, debiéndose abrir el respectivo incidente de liquidación, conforme al artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, en términos de la parte considerativa de la presente resolución.

"Tercero. Se absuelve (sic) la demandada Afore Pensionissste, S.A. de C.V., de la devolución a la parte actora de las aportaciones hechas a los seguros de cesantía en edad avanzada, vejez y cuota social, en términos de la parte considerativa de la presente resolución.

"Cuarto. Se condena al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a que pague los recursos de la subcuenta correspondiente a vivienda 97 $**********, por lo que (sic) a la C. **********; vivienda 97 $**********, por lo que hace al C. **********, que como saldo acumulado se refleja en las subcuentas de las ahorradoras, más los intereses que en su caso se lleguen a generar hasta el cumplimiento del laudo, en términos de la parte considerativa de la presente resolución."(49)

Emitido el referido laudo, el veintiséis de septiembre del año anterior, la apoderada de la parte actora promovió aclaración del laudo, en la que precisó, en lo que interesa, lo siguiente:

"... Al respecto, es de aclararse que en audiencia de 8 de febrero de 2019, visible a foja 145 de autos, la suscrita se desistió, bajó su más estricta responsabilidad, de la demanda promovida por la actora **********, continuándose el procedimiento en relación con los CC. ********** y **********, acordando la Junta tal desistimiento y continuando con el procedimiento, turnándose en la misma fecha el expediente que nos ocupa para proyecto de resolución, motivo por el que solicito sea aclarado el resolutivo segundo del laudo mencionado, omitiendo condena a favor de la parte actora cuyo desistimiento fue acordado."(50)

Así, el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve,(51) la autoridad responsable emitió la resolución de aclaración del laudo, esencialmente conforme a lo siguiente:

"Considerando

"...

"III. Ahora bien, respecto del primer punto, consistente en haberse pronunciado sobre prestaciones de la C. **********, esta Junta considera que, teniendo a la vista las constancias que integran los autos del expediente laboral **********, se desprende que, efectivamente, en la audiencia de ley visible a fojas 145 a 147, la parte actora se desiste respecto de la demanda promovida por la C. **********, por lo cual, juzgando a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia, se considera procedente aclarar la resolución de fecha catorce de agosto de dos mil diecinueve, en el sentido de que no se emite pronunciamiento alguno de fondo, respecto de la C. **********.

"En segundo término, respecto de la aclaración que se pretende, respecto de que esta Junta se pronunció sobre las subcuentas de cesantía en edad avanzada, vejez y cuota social, esta Junta considera que, teniendo a la vista las constancias que integran los autos del expediente laboral **********, se desprende que, efectivamente, en el escrito inicial de demanda, visible a fojas 1 a 5 de los autos, la parte actora reclama únicamente la subcuenta de retiro, sin que exista modificación o ampliación subsecuentes, por lo cual, juzgando a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia, se considera procedente aclarar la resolución de fecha catorce de agosto de dos mil diecinueve, en el sentido de que no se emite pronunciamiento alguno de fondo, respecto de las subcuentas de cesantía en edad avanzada, vejez y cuota social.

"En tercer término, respecto de la aclaración que se pretende, en cuanto a que esta Junta fue omisa de pronunciarse sobre la subcuenta de retiro de los CC. ********** y **********, se considera que, teniendo las constancias que integran los autos del expediente laboral **********, específicamente la resolución de fecha catorce de agosto de dos mil diecinueve, se desprende que, efectivamente, en la parte considerativa y en el resolutivo segundo, se omite hacer referencia a la condena respeto de los CC. ********** y **********, por lo cual, juzgando a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia, se considera procedente aclarar la resolución de fecha catorce de agosto de dos mil diecinueve, en el sentido de que debe aparecer como inserto a la letra, respecto de la parte considerativa y del resolutivo segundo, la condena a la subcuenta de retiro 97 de los CC. ********** y **********, subsistiendo la apertura del incidente de liquidación."(52)

En ese orden, es evidente que la aclaración precisó los alcances del laudo, puesto que aclaró lo relativo al desistimiento de la actora **********, así como lo concerniente a las prestaciones de los actores restantes.

Entonces, si en la especie el organismo demandado interpuso demanda de amparo directo contra el laudo reclamado el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve (fecha anterior a la emisión de la aclaración del laudo), en donde se duele de que el laudo es incongruente en atención a que, a pesar de que la actora ********** se desistió de la demanda, la responsable emitió condena a favor de ésta, es evidente que, al emitirse con posterioridad la aclaración promovida por su contraparte en los términos expuestos, se ha subsanado la transgresión que el quejoso pretendía hacer valer mediante el presente juicio; de ahí que deba entenderse que este acto jurídico que, en este caso sobrevino –la aclaración–, modificó materialmente el primigenio; de ahí que sea infructuoso su análisis, puesto que con la actuación de la responsable se colmó lo reclamado por el quejoso en esta instancia; de ahí que lo primeramente decidido –la condena impugnada– cesó y, por tanto, quedó privado en forma absoluta e incondicional de toda consecuencia y agravio a su esfera jurídica, lo que constata la improcedencia del presente juicio.

En este punto, es importante enfatizar que la decisión anterior, es decir, la relativa a que el laudo originalmente dictado cesó en sus efectos, repercute únicamente en cuanto al quejoso, puesto que, como se puntualizó, la aclaración promovida por su contraparte –la actora– purgó la incongruencia identificada y combatida en la presente vía; de ahí que lo resuelto, se reitera, se actualice exclusivamente para el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (Pensionissste), lo que debe destacarse entre la pluralidad de demandados en la instancia natural.

En efecto, si bien se atiende que la aclaración del laudo forma parte integrante de éste, en función de que en términos del artículo 847 de la Ley Federal del Trabajo tiene como finalidad aclarar algún concepto o precisar algún punto del mismo, cierto es también que cuando, como en la especie, en esta última se resuelven sustancialmente los vicios o deficiencias que se atribuyen al laudo combatido en los conceptos de violación que se formulan en su contra en la demanda de amparo uniinstancial, la acción constitucional así intentada deviene improcedente, al evidenciarse que la citada aclaración deriva en la insubsistencia material e incondicional para la parte aquí quejosa, del laudo combatido inicialmente, al dejar sin efectos para ella lo primeramente decidido, puesto que la resolución que generará consecuencias en el contexto jurídico es el laudo complementado, por lo que se reitera, el primeramente emitido cesó en sus efectos en beneficio o a favor del quejoso en este asunto, quien quedó restituido en la garantía violada, tal como si se le hubiere concedido el amparo que solicitó, todo ello de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo.

Sustenta lo que antecede, por identidad jurídica esencial, la tesis de jurisprudencia I.6o.T. J/63, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, mayo de 2004, página 1544, con número de registro digital: 181534, que se comparte y que, en lo conducente, señala:

"LAUDO, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, CUANDO LAS VIOLACIONES QUE SE LE ATRIBUYEN FUERON SUBSANADAS EN LA ACLARACIÓN DEL MISMO (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DEL RUBRO: ‘ACLARACIÓN DEL LAUDO. VIOLACIÓN INEXISTENTE POR.’, PUBLICADA EN LA PÁGINA 245, TOMO I, JUNIO DE 1995, NOVENA ÉPOCA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA). Una nueva reflexión sobre el tema jurídico relativo a la procedencia del juicio de garantías contra el laudo, cuyos vicios han sido subsanados en la aclaración del laudo pronunciada por la autoridad responsable, conduce a este tribunal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 194, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, a interrumpir su tesis jurisprudencial I.6o.T. J/3, publicada en la página 245, Tomo I, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y cinco y a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, para establecer que cuando en la aclaración del laudo el quejoso obtiene todas aquellas pretensiones que reclama a través del juicio de amparo directo que promueve en contra del propio laudo, no debe negarse la protección de la Justicia Federal, por estimarse inexistentes las violaciones alegadas, ya que lo que procede es sobreseer en el juicio, por actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVI, de la aludida Ley de Amparo, partiendo de la premisa de que la aclaración del laudo forma parte integral del mismo, y si con aquélla el peticionario de garantías obtuvo o vio satisfechas o corregidas las violaciones que atribuyó a este último en el amparo, los efectos de dicho laudo cesaron, no existiendo materia ni motivo para examinarlas.

"Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

"Amparo directo 14466/98. Concepción Silva Medina. 15 de enero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Arturo Baizábal Maldonado. Secretario: Jorge Sebastián Martínez García.

"Amparo directo 6036/2001. María Guadalupe Tapia Gómez. 4 de julio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos.

"Amparo directo 20006/2001.(sic) Raúl Rodríguez García. 25 de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Bazán Castañeda, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada.

"Amparo directo 2036/2004. Ferrocarriles Nacionales de México. 25 de marzo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretario. Augusto Santiago Lira.

"Amparo directo 2716/2004. Isabel Melchor Hernández. 15 de abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretario: Bernabé Vázquez Pérez."

Finalmente, en atención a que como se ha puntualizado en el presente estudio, quien promovió la aclaración de laudo que produjo que el primeramente emitido cesara en sus efectos, fue la parte actora en el juicio natural, tercero interesada en la presente vía, es que se actualizó la obligación a que refiere el artículo 64 de la Ley de Amparo, en el sentido de que se debe dar vista a la peticionaria de amparo para que en el plazo de tres días manifieste lo que en derecho convenga; sin embargo, tal como se anotó en el resolutivo octavo de este proyecto, no emitió manifestación alguna en el término que le fue concedido, por lo que, se reitera, en el presente asunto procede decretar el sobreseimiento.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución General de la República, 74, 75, 63, 185, 186, 188 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.—Se sobresee en el juicio de amparo promovido por el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (Pensionissste), por conducto de su apoderada, contra el acto de la Junta Especial Número Diez de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en el laudo de catorce de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral **********.

Notifíquese; de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; con testimonio de la presente resolución devuélvanse los autos a la autoridad responsable; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió este Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, por mayoría de votos del Magistrado Héctor Pérez Pérez y del secretario en funciones de Magistrado Raúl Eyden Peniche Calderón, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal CCJ/ST/620/2020, de dieciocho de febrero de dos mil veinte, contra el voto particular que emite el Magistrado presidente Ángel Ponce Peña; siendo ponente el segundo de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 66, 118, 120 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: El Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 citado en esta sentencia, aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de agosto de 2020 a las 10:15 horas y la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 77, Tomo VII, agosto de 2020, página 6715, con número de registro digital: 5481.

________________

46. Relativa a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, página 38, con número de registro digital: 193758.

47. Relativa a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, página 210, con número de registro digital: 196820.

48. Foja 145.

49. Foja 155 frente y vuelta.

50. Foja 158.

51. Fojas 160 y 161 del expediente laboral.

52. Foja 160 vuelta del expediente laboral.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30030-1602da13/cesacion-de-efectos-del-laudo-reclamado-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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