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Modo: Corpus Pro

NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO (SEG). SU RATIFICACIÓN POR DIVERSO ÓRGANO ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DEL PROPIO ENTE EDUCATIVO NO CONSTITUYE UN PRESUPUESTO O REQUISITO PARA CONCEDERLE VALIDEZ.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2019. · Registro digital (IUS): 30078
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-09-10
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, Pág. 2421.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 7 DE JULIO DE 2021. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JORGE EDUARDO ESPINOSA LUNA, JOSÉ ALFREDO GUTIÉRREZ BARBA, JAVIER LEONEL SANTIAGO MARTÍNEZ, JAIME URIEL TORRES HERNÁNDEZ Y RICARDO ALEJANDRO GONZÁLEZ SALAZAR. PONENTE: JOSÉ ALFREDO GUTIÉRREZ BARBA. SECRETARIO: GUSTAVO SALVADOR PARRA SAUCEDO.

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Vigésimo Primer Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atento a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución; 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo establecido en los artículos 3 y 5 del Acuerdo General Número 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, porque la posible contradicción se suscita entre dos Tribunales Colegiados que pertenecen a este Circuito.

En este punto resulta aplicable la jurisprudencia del tenor literal siguiente:(1)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana y, sin modificar su sede territorial, brindan apoyo a los Tribunales Colegiados de Circuito durante un determinado periodo, concluido el cual pueden auxiliar a otros, por lo que su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilie, así como de los expedientes y el lapso en el que brinden su apoyo. Ahora, aun cuando los Tribunales Auxiliares apoyan a órganos de distintos Circuitos y cuentan con una competencia restringida, limitada al dictado de la sentencia, al prestar su ayuda a determinado Tribunal Colegiado de Circuito asumen la jurisdicción de éste, lo que implica que el Auxiliar tenga que interpretar la normatividad estatal aplicable en dicho circuito. En ese sentido, ya que el Constituyente, el legislador ordinario y el Consejo de la Judicatura Federal establecieron una regla de competencia para decidir las contradicciones de tesis en las que participen Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, se considera que éstos pertenecen al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado; por tanto, si los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo Circuito y a una misma especialidad, el competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustenten será el Pleno de Circuito de los Tribunales correspondientes, en el entendido de que si en el Circuito de que se trate no existe integrado Pleno, en términos del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogado por el diverso Acuerdo General 11/2014 del propio órgano, quien debe conocer de la contradicción es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados únicos en un Circuito que fueron apoyados en el dictado de resoluciones por un Tribunal Colegiado Auxiliar que asumió su jurisdicción.

"Contradicción de tesis 269/2014. Entre las sustentadas por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 26 de noviembre de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.

"Tesis y/o criterios contendientes:

"Tesis PC.I.A.1 K (10a.), de título y subtítulo: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y UN TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR QUE RESOLVIÓ EN APOYO DE OTRO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA RESOLVER EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.’, aprobada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de julio de 2014 a las 8:25 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 8, Tomo I, julio de 2014, página 803, y el sustentado por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 5/2014.

"Nota: Los Acuerdos Generales 14/2013 y 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal citados, aparecen publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXI, Tomo 2, junio de 2013, página 1433 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Tomo III, mayo de 2014, página 2421, respectivamente.

"Tesis de jurisprudencia 3/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiuno de enero de dos mil quince.

"Esta tesis se publicó el viernes 13 de febrero de 2015 a las 9:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 16 de febrero de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013."

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, puesto que fue realizada por **********, a través de su apoderado **********, destacando que la primera de los nombrados tiene la calidad de parte quejosa en el juicio de amparo directo laboral 571/2017 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito.

TERCERO.—Existencia. El presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado,(2) consistentes en que:

A. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

B. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

C. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Al resolver la cuestión litigiosa, los tribunales contendientes, Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo y Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, ambos pertenecientes al Vigésimo Primer Circuito, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un procedimiento interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se advierte en las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales que participan en esta contradicción de tesis, tal como se verá a continuación:

Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito. Al resolver el amparo directo 710/2018 se pronunció sobre la constitucionalidad de un laudo en el aspecto relativo al tema constituido por la necesidad de ratificar un nombramiento expedido por la Secretaría de Educación Guerrero, como condición necesaria para su validez, al tenor de las siguientes consideraciones:

"Destacó el tribunal responsable que las sanciones establecidas en el nombramiento no encuentran fundamento legal alguno, de acuerdo a los artículos 99, 100, 101 y 102 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero 248, y con éste tuvo por acreditada la existencia de la relación laboral.

"En conclusión, condenó a la Secretaría de Educación Guerrero, al cumplimiento y a la ratificación del nombramiento con la clave presupuestal número ********** con efectos a partir del día primero de abril del año dos mil once, asignado en la región Acapulco-Coyuca de Benítez, con adscripción en la escuela secundaria técnica Número 163 ‘Ignacio Manuel Altamirano’, turno matutino con clave C.C.T. 12DST0171G, perteneciente a la zona escolar No. 11 de secundarias técnicas y que se encuentra ubicada en la localidad de San Pedro Las Playas del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.

"Lo determinado por la autoridad responsable en ese sentido, es incorrecto, en virtud de que la ratificación del nombramiento que la secretaría demandada expidió al actor, hoy tercero interesado, sí es una condición necesaria para su validez.

"En efecto, los artículos 2, 3 y 14 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248 y 9o. de la Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, en su orden disponen:

"‘Artículo 2. Para los efectos de esta ley, la relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre los trabajadores de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de Guerrero, y sus Entidades Paraestatales, representados por sus respectivos titulares.’

"‘Artículo 3. Se considera trabajador al servicio del Estado, para la aplicación de esta ley, a toda persona que preste sus servicios intelectuales, físicos, o de ambos géneros, a las dependencias mencionadas mediante designación legal, en virtud de nombramiento o por figurar en las listas de raya o nóminas de pago de los trabajadores temporales.’

"‘Artículo 14. Los nombramientos deberán contener:

"‘I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes;

"‘II. El tipo de nombramiento: de base o supernumerario; así como el carácter del mismo, en tratándose de trabajadores de base: definitivo, interino, provisional, por tiempo fijo o por obra determinada;

"‘III. Los servicios que deben prestarse, los que deberán determinarse con la mayor precisión posible, atendiendo a las labores previstas en la disposición respectiva para la plaza de que se trate o sus análogas;

"‘IV. El lugar en que prestará sus servicios;

"‘V. La duración y características de la jornada de trabajo, y

"‘VI. El salario y demás prestaciones que habrá de percibir el trabajador.’

"‘Artículo 9o. Los trabajadores del Estado prestarán sus servicios siempre, mediante nombramiento expedido por la persona que estuviere facultada legalmente para hacerlo, excepto cuando se trate de trabajadores temporales para obra o por tiempo determinado, en cuyo caso el nombramiento podrá ser substituido por la lista de raya correspondiente.’

"En relación con el tema del vínculo laboral existente entre los trabajadores al servicio del Estado y éste, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia número 2a./J. 20/2005, de rubro y texto siguientes:

"‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL VÍNCULO LABORAL SE DEMUESTRA CUANDO LOS SERVICIOS PRESTADOS REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO, AUNQUE SE HAYA FIRMADO UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. De la tesis de jurisprudencia 2a./J. 76/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, octubre de 1998, página 568, con el rubro: «TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SI DEMUESTRAN QUE HAN VENIDO PRESTANDO SERVICIOS A LA DEPENDENCIA ESTATAL POR DESIGNACIÓN VERBAL DEL TITULAR, TIENEN ACCIÓN PARA DEMANDAR LA EXPEDICIÓN DEL NOMBRAMIENTO O SU INCLUSIÓN EN LAS LISTAS DE RAYA Y, EN SU CASO, TODAS LAS DEMÁS ACCIONES CONSECUENTES.», así como de la ejecutoria dictada en la contradicción de tesis 96/95 de la que derivó, se advierte que aun cuando no se exhiba el nombramiento relativo o se demuestre la inclusión en las listas de raya, la existencia del vínculo laboral entre una dependencia estatal y la persona que le prestó servicios se da cuando se acredita que los servicios prestados reúnen las características propias de una relación laboral. En ese sentido, si se acredita lo anterior, así como que en la prestación del servicio existió continuidad y que el trabajador prestó sus servicios en el lugar y conforme al horario que se le asignó, a cambio de una remuneración económica, se concluye que existe el vínculo de trabajo, sin que sea obstáculo que la prestación de servicios se haya originado con motivo de la firma de un contrato de prestación de servicios profesionales, pues no es la denominación de ese contrato lo que determina la naturaleza de los servicios prestados al Estado, de tal suerte que si éstos reúnen las características propias del vínculo laboral entre el Estado y sus trabajadores, éste debe tenerse por acreditado.’

"De la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 168/2004-SS, que dio origen a la jurisprudencia anteriormente transcrita, destacan las consideraciones siguientes:

"a) Conforme a la evolución constitucional y legislativa de la regulación de la relación entre el Estado y quienes le prestan sus servicios, debe asumirse que ésta, en principio, fue de naturaleza administrativa, pero el derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, transformó la naturaleza de dicha relación, equiparándola a una de carácter laboral, y consideró al Estado como un patrón sui géneris, con la salvedad de lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, respecto de los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como respecto del personal del servicio exterior.

"b) El vínculo entre el Estado y quienes le prestan sus servicios es definido expresamente por el legislador, en los artículos 2o., 3o. y 44, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, como una relación jurídica de trabajo, establecida entre los titulares de las dependencias y los trabajadores a su servicio; asimismo, la actividad desarrollada por el trabajador es un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, que el trabajador debe desempeñar con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la dirección de sus jefes y a las leyes y reglamentos respectivos, características que evidencian la facultad de mando de los titulares de las dependencias estatales y el deber de obediencia de los trabajadores al servicio del Estado.

"c) El artículo 15 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece los elementos que deben contener los nombramientos y que, por tanto, componen la relación de trabajo, entre los cuales destacan, la necesidad de determinar con la mayor precisión posible los servicios que deben prestarse, la temporalidad o duración de éstos según el carácter del nombramiento, la jornada de trabajo, el sueldo y demás prestaciones que deban percibirse, y el lugar de prestación de servicios; elementos que no derivan de la libre voluntad de las partes y su establecimiento en la ley es una garantía para los trabajadores respecto de los términos y condiciones en que deben desarrollar sus labores.

"d) La literalidad de los artículos 3o., 12, 15 y 18 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pone de manifiesto que la relación de trabajo debe acreditarse, en principio, con el nombramiento o por la inclusión en las listas de raya de trabajadores temporales –condición que permite a la persona designada se le aplique automáticamente una serie de disposiciones generales que le atribuyen una determinada situación jurídica fijada de antemano en cuanto al tipo de su puesto o cargo, sus obligaciones y derechos, la forma de su desempeño, la temporalidad de sus funciones, las protecciones de seguridad social y otros conceptos más–; sin embargo, de una verdadera labor de interpretación de las normas legales citadas se desprende que la comprobación de la existencia del vínculo laboral no depende indefectiblemente de eso –la expedición del nombramiento o de la inclusión en las listas de raya de los trabajadores temporales–, porque ello podría conducir a un exceso en perjuicio de los trabajadores al servicio del Estado, al estimarse inexistente la relación laboral, no obstante que los trabajadores desarrollen un trabajo físico, intelectual o de ambos géneros, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, con sujeción a la dirección de sus jefes, a las leyes y reglamentos relativos, respecto de servicios precisados, de temporalidad o duración definidos, bajo una jornada de trabajo prestada en el lugar destinado para ello y a cambio del sueldo y prestaciones necesarias.

"De lo anterior se concluye, en síntesis, que la existencia de la relación laboral entre el Estado y sus servidores puede acreditarse, en principio, con el nombramiento o por la inclusión en las listas de raya de trabajadores temporales; sin embargo, también podrá acreditarse con cualquier medio de prueba cuando se omite cumplir con alguna de esas formalidades.

"La misma Segunda Sala del Alto Tribunal del País, reiteró las citadas consideraciones en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 250/2010, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 158/2010, que dice:

"‘TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO. LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA DERIVADA DE LA FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA NO ES SUFICIENTE, POR SÍ MISMA, PARA ACREDITAR EL NEXO LABORAL. La Ley número 51, denominada Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, que regula las relaciones laborales entre los trabajadores y los titulares de las dependencias municipales, no contempla la presunción de la existencia del nexo laboral, pues la calidad de trabajador sólo depende de que exista el nombramiento correspondiente de manera escrita o verbal, o de que el servidor público aparezca en las listas de raya. En esa virtud, la contestación del demandado en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario, prevista en el artículo 86 de la indicada ley, por sí sola es insuficiente para reconocer una relación de trabajo con el municipio, toda vez que si bien es verdad que el efecto jurídico de dicha presunción es que se tengan por ciertos los hechos afirmados por el actor en su demanda como fundatorios de las acciones que deduzca, también lo es que dentro de esa presunción no queda comprendida la existencia del vínculo laboral, interpretación que se corrobora con el diverso artículo 9 del mismo ordenamiento que contempla al nombramiento y a las listas de raya como únicos medios para acreditar la calidad de trabajador, de modo que la falta de contestación de la demanda no debe conducir a presumir la existencia de la relación de trabajo, si no hay prueba del actor con la que se acredite el referido nexo.’

"Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sustentado el criterio de que los nombramientos para los cargos públicos, ostentan una naturaleza que en derecho administrativo se denomina ‘actos condición’, en virtud de que no se concretan mediante un acto unilateral (aunque sea discrecional) emitido por la persona facultada para hacer la designación, pues no puede imponerse obligatoriamente un cargo público a un administrado, sin su aceptación, ni tampoco se trata de un contrato porque el nombramiento no origina situaciones jurídicas individuales.

"Se trata entonces, de un acto diverso en cuya formación concurren las voluntades del Estado y del particular aceptante del nombramiento; cuyos efectos no son el fijar derechos y obligaciones entre Estado y empleado, sino condicionar el cargo a las disposiciones legales preexistentes que fijan, en forma abstracta e impersonal, los derechos y obligaciones correspondientes a los titulares de los diversos órganos del poder público, el cual, por sus caracteres se considera un acto condición. De tal manera, dicho acto representa una expresión de la voluntad de la administración pública mediante resolución, generalmente de forma escrita, caracterizada porque su validez o extinción se relaciona con acontecimientos futuros e inciertos que representan las condiciones a las cuales se subordinan su valor y subsistencia, según corresponda.

Las anteriores consideraciones están contenidas en las tesis aisladas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"‘EMPLEADO PÚBLICO, NATURALEZA DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL, CON RESPECTO A LA ADMINISTRACIÓN. CONSECUENCIAS. Las consecuencias del carácter legal de la naturaleza de la situación jurídica del empleado público con respecto a la administración, son: I) El empleado público tendrá frente a la administración, en cada momento, los deberes y derechos descritos en las leyes que regulan su régimen jurídico; 2) Tales derechos y deberes subsistirán en cuanto no se modifiquen las normas que lo establecen, modificación a la que no pueden oponerse los empleados públicos; 3) El régimen establecido con carácter general en la ley no podrá ser fijado por la administración en beneficio o en perjuicio de alguno de los empleados públicos, en virtud del principio de legalidad; 4) Si la administración desconoce la situación descrita en la ley referida de los empleados públicos, sus actos podrán ser impugnados.’

"‘EMPLEADOS PÚBLICOS, NOMBRAMIENTO DE LOS. ES UN ACTO CONDICIÓN. El acto de nombramiento o de investidura para un cargo público no es ni un acto unilateral, ya que no se puede imponer obligatoriamente, ni un contrato, porque no origina situaciones jurídicas individuales. Se trata de un acto diverso cuyas características son: las de estar formado por la concurrencia de las voluntades del Estado que nombra y del particular que acepta el nombramiento, y por el efecto jurídico que origina dicho concurso de voluntades, que es, no el de fijar los derechos y obligaciones del Estado y del empleado, sino el de condicionar la aplicación a un caso individual (el del particular que ingresa al servicio) de las disposiciones legales preexistentes que fijan en forma abstracta e impersonal los derechos y obligaciones que corresponden a los titulares de los diversos órganos del poder público. Ese acto que condiciona la aplicación del estatuto legal; que no puede crear ni variar la situación que establece dicho estatuto, y que además permite la modificación de éste en cualquier momento sin necesidad del consentimiento del empleado, es el acto condición.’

"En el caso particular, los artículos 6, 15, fracción VI, 43, fracciones IV y V, y 41, fracciones I, V y X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Guerrero, disponen lo siguiente:

"‘Artículo 6. Para el estudio, programación y despacho de los asuntos que le competen, la Secretaría contará con las unidades administrativas siguientes:

"‘A. Secretaría de Educación Guerrero:

"‘I. Unidad de Asuntos Jurídicos;

"‘II. Contraloría Interna;

"‘III. Unidad de Publicaciones y Difusión Educativa; y

"‘IV. Dirección General de Servicios Regionales.

"‘B. Subsecretaría de Planeación Educativa:

"‘I. Dirección General de Planeación y Evaluación:

"‘a) Dirección de Planeación y Programación; y

"‘b) Dirección de Evaluación.

"‘II. Dirección General de Control Escolar y Fomento Educativo:

"‘a) Dirección de Control Escolar; y

"‘b) Dirección de Fomento Educativo.

"‘III. Dirección General de Investigación Educativa.

"‘C. Subsecretaría de Educación Básica:

"‘I. Dirección General de Educación Inicial y Preescolar;

"‘II. Dirección General de Educación Primaria;

"‘III. Dirección de Educación Indígena;

"‘IV. Dirección General de Educación Secundaria;

"‘V. Dirección de Educación Especial;

"‘VI. Dirección de Educación Física;

"‘VII. Dirección General de Desarrollo Educativo; y

"‘VIII. Dirección de Carrera Magisterial.

"‘D. Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior:

"‘I. Dirección General de Operación de Servicios de Educación Media Superior y Superior; y

"‘II. Dirección General de Vinculación Interinstitucional.

"‘E. Subsecretaría de Administración y Finanzas:

"‘I. Unidad de Organización, Innovación y Calidad;

"‘II. Dirección General de Administración de Personal;

"‘III. Dirección de Registro y Control de Plazas;

"‘IV. Dirección General de Recursos Financieros;

"‘V. Dirección de Recursos Materiales; y

"‘VI. Dirección de Tecnologías de la Información.

"‘F. Órganos Administrativos Desconcentrados:

"‘I. Delegaciones Regionales de Servicios Educativos; y

"‘II. Dirección de Bibliotecas Públicas del Estado.’

"‘Artículo 15. Corresponde a las Direcciones Generales, las atribuciones genéricas siguientes:

"‘...

"‘VI. Proponer la contratación de personal de nuevo ingreso, de acuerdo a las necesidades del servicio de las unidades administrativas a su cargo, así como las licencias, promociones y remociones en coordinación con la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría.’

"‘Artículo 43. La Dirección General de Administración de Personal, tendrá las atribuciones siguientes:

"‘...

"‘IV. Autorizar la contratación del personal docente, técnico y de apoyo de acuerdo a las necesidades educativas;

"‘V. Efectuar la asignación del personal a los planteles educativos de acuerdo a las necesidades y perfiles definidos para cada plaza y con estricto apego a la programación detallada.’

"‘Artículo 41. La Subsecretaría de Administración y Finanzas, tendrá las atribuciones siguientes:

"‘I. Establecer, con aprobación del secretario, las normas, lineamientos, políticas, procedimientos y sistemas para la adecuada administración de los recursos humanos, materiales, financieros y de servicios generales de las unidades administrativas centrales y regionales de la secretaría;

"‘...

"‘V. Establecer mecanismos para el registro y control de plazas de la secretaría;

"‘...

"‘X. Dirigir y resolver los asuntos relativos a la administración del personal de la secretaría y autorizar los movimientos que se generen, con base en la normatividad establecida y las instrucciones del secretario.’

"Del análisis de los preceptos indicados, se advierte el marco legal que rige la relación burocrática de la Secretaría de Educación Guerrero con sus trabajadores, así como la realización de sus funciones y cumplimiento de sus objetivos.

"Así, se tiene que los órganos o unidades administrativas, entre los que se encuentran la Dirección General de Administración de Personal, de conformidad con los numerales 15, fracción VI y 43, fracciones IV y V, del citado ordenamiento, tienen la atribución de proponer la contratación de personal de nuevo ingreso; autorizar la contratación de personal docente; asignar al personal en los centros educativos, en coordinación con la Subsecretaría de Administración y Finanzas, a la que corresponde, de acuerdo con el artículo 41, fracciones I, V y X, del propio reglamento, la administración de los recursos humanos, materiales, financieros y de servicios generales de las unidades administrativas centrales y regionales de la secretaría; el registro y control de plazas; resolver los asuntos relativos a la administración del personal; así como autorizar los movimientos que de éstos se generen.

"De igual forma, la secretaría cuenta con órganos administrativos desconcentrados, jerárquicamente subordinados a ella, como son las delegaciones regionales de servicios educativos ubicadas en las ocho regiones de esta entidad federativa, y entre sus facultades está la de acordar con la Dirección General la resolución de asuntos, cuya tramitación se encuentre dentro de la competencia de la región a su cargo, como se observa del artículo 48, fracción VI, del reglamento interior citado, que dice:

"‘Artículo 48. Para su mejor operación y funcionamiento la secretaría, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Número 433, cuenta con órganos administrativos desconcentrados que están jerárquicamente subordinados a la misma, denominados Delegaciones Regionales de Servicios Educativos, ubicadas en las ocho regiones del Estado, y tendrán las atribuciones siguientes:

"‘...

"‘VI. Acordar con la Dirección General de Servicios Regionales, la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre dentro de la competencia de la región a su cargo.’

"Lo expuesto evidencia que, ciertamente, una de las facultades del director de Personal de la Secretaría de Educación Guerrero es la de proponer la contratación del personal; sin embargo, la eficacia de esa propuesta radica en su convalidación por parte de otros órganos pertenecientes a la propia secretaría, como son la Subsecretaría de Administración y Finanzas y, en su caso, la Delegación Regional de Servicios Educativos, correspondiente.

"Por consiguiente, como lo aduce la quejosa en los conceptos de violación, la propuesta o nombramiento del personal hecha por el director de personal de la Secretaría de Educación Guerrero, se perfecciona con la convalidación o ratificación que al respecto realicen otros órganos de dicha dependencia.

"Así, por las consideraciones expuestas, es dable sostener que el nombramiento o la propuesta de contratación de personal docente adquiere eficacia con el acto de su ratificación o convalidación y, por tanto, la pe

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30078-daea8c0a/nombramiento-expedido-por-la-secretaria-de-educacion-guerrero · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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