PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PREVISTO EN LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA POR EL HECHO DE NO PREVER ALGÚN PLAZO ENTRE LA VISITA DE INSPECCIÓN Y EL ACTO EN QUE LA AUTORIDAD DECRETA ALGUNA MEDIDA CORRECTIVA O DE URGENTE APLICACIÓN Y SEÑALA A LA PERSONA VISITADA EL TÉRMINO PARA OFRECER PRUEBAS Y FORMULAR ALEGATOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 95/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEXTO DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO DEL CUARTO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 7 DE JULIO DE 2021. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: MICHELLE LOWENBERG LÓPEZ.
III. Competencia y legitimación
5. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del asunto de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 expedido por el Pleno de este Alto Tribunal el 13 de mayo de 2013, pues versa sobre la contradicción de tesis sustentada por Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos y es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno. Lo anterior tiene sustento en el criterio emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, contenido en la tesis P. I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(1)
6. Por otro lado, la denuncia proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción II, de la Ley de Amparo, así como por la jurisprudencia 2a./J. 152/2008,(2) emitida por la Segunda Sala de este Alto Tribunal ya que fue formulada por el autorizado de la parte quejosa en el amparo directo 374/2019 del índice del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, asunto que conforma la presente contradicción.
IV. Existencia de la contradicción
7. La mecánica para analizar la existencia de una contradicción de tesis tiene que abordarse desde la necesidad de unificar criterios jurídicos en el país, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los Jueces y justiciables. Dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que para que exista una contradicción de tesis basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron. Sirven de sustento a lo anterior los criterios plenarios de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(3)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."(4)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEAN ERRÓNEOS, DEBE RESOLVERSE EL FONDO A FIN DE PROTEGER LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver una contradicción de tesis existente entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito aunque sean erróneos o inaplicables, pues el objetivo fundamental de ese procedimiento es terminar con la incertidumbre generada para los gobernados y los órganos jurisdiccionales por la existencia de criterios contradictorios, mediante la definición de una jurisprudencia producto de la sentencia dictada en ese procedimiento, que servirá para resolver uniformemente casos similares a los que motivaron la denuncia de contradicción, evitando que se sigan resolviendo diferente e incorrectamente, lo que permitirá preservar la unidad en la interpretación de las normas del orden jurídico nacional con la fijación de su sentido y alcance en protección de la garantía de seguridad jurídica. Además, esa definición jurídica no sería posible realizarla si se declara improcedente la contradicción suscitada respecto de tesis equivocadas o inaplicables de esos tribunales, ya que aunque se dejaran sin efecto, si no existiera pronunciamiento por declararse su improcedencia, lejos de garantizar a los gobernados y a los órganos jurisdiccionales del país la solución de otros asuntos de similar naturaleza, se generaría incertidumbre, por lo cual debe emitirse una sentencia que fije el verdadero sentido y alcance de la solución que deba darse al supuesto o problema jurídico examinado por los Tribunales Colegiados de Circuito que originó la oposición de criterios."(5)
8. Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y el problema radica en los procesos de interpretación –que no en los resultados– adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces, como lo ha sostenido tanto la Primera Sala(6) como el Tribunal Pleno,(7) es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado;
b) Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
9. Es decir, existe una contradicción de tesis cuando dos órganos jurisdiccionales: (I) hayan realizado ejercicios interpretativos; (II) sobre los mismos problemas jurídicos y en virtud de ellos llegaron a soluciones contrarias; y, (III) tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.
10. Por otro lado, no es obstáculo para que esta Segunda Sala se ocupe de la denuncia sobre el presente asunto, el que alguno de los criterios contendientes no constituya jurisprudencia, pues basta que los órganos jurisdiccionales adopten criterios distintos sobre un mismo punto de derecho. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia P./J. 27/2001 del Tribunal Pleno, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES."(8) y la tesis aislada P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(9) de este mismo Tribunal Pleno.
11. En atención a lo anterior, a continuación se procederá a analizar si en el caso se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de tesis.
IV.1. Primer requisito: realización de un ejercicio interpretativo
12. Esta Segunda Sala considera que se acredita el primer requisito, toda vez que los Tribunales Colegiados contendientes ejercieron su arbitrio judicial al resolver las cuestiones litigiosas que les fueron presentadas. Esto es así, pues como a continuación se evidenciará, los tribunales realizaron ejercicios interpretativos diversos en las partes considerativas de las sentencias contendientes.
A. Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo directo 374/2019.
13. Dicho asunto tiene como origen los siguientes antecedentes:
a) Una persona promovió juicio de nulidad en contra de la resolución mediante la cual la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente le impuso sanciones ante el incumplimiento de diversas disposiciones en materia ambiental, derivado de las irregularidades advertidas en la visita de inspección.
b) La Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la nulidad lisa y llana de dos de las cuatro multas impuestas, por considerar que se encontraban indebidamente fundadas y motivadas.
c) Inconforme con esa decisión, la quejosa promovió amparo directo en que controvirtió la constitucionalidad del procedimiento previsto en los artículos 161 al 167 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por considerarlo violatorio del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no establece un límite temporal entre la fecha en que la autoridad, una vez que reciba el acta de inspección en la que se hagan constar las irregularidades en la que indique incurrió el particular, deberá requerir al interesado para que adopte las medidas correctivas o de urgente aplicación y abra el periodo probatorio.
14. En la parte que interesa al presente asunto, el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resolvió lo siguiente:
• El procedimiento administrativo de inspección previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente no contempla un plazo para que la autoridad administrativa ordenadora, al recibir el acta de inspección, requiera al interesado para que adopte de inmediato las medidas correctivas o de urgente aplicación que, en su caso, resulten necesarias para cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, así como con los permisos, licencias, autorizaciones o concesiones respectivas.
• Asimismo, en dicho procedimiento administrativo tampoco se establece un plazo para que la autoridad, admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas o habiendo transcurrido el plazo respectivo (cinco días) sin que el interesado haya hecho uso de ese derecho, ponga a disposición del interesado las actuaciones, para que en un plazo tres días hábiles, presente por escrito sus alegatos.
• No obstante, tales omisiones no trasgreden la garantía de seguridad jurídica, en tanto que del procedimiento de inspección referido se advierte que, al finalizar la visita de inspección que realice la autoridad revisora, se levantará acta en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia y concluida la inspección se da oportunidad a la persona con la que se entendió para que en el mismo acto formule observaciones en relación con los hechos u omisiones asentados en el acta respectiva, y para que ofrezca las pruebas que considere convenientes o haga uso de ese derecho en el término de cinco días siguientes a la fecha en que la diligencia se hubiere practicado.
• De esta forma, desde el momento en que finaliza el acto de inspección, se dan a conocer a la persona inspeccionada los hechos y omisiones que advirtió el visitador, etapa en la que, incluso, la visitada puede formular las observaciones que a su interés convenga y ofrecer las pruebas que estime pertinentes en el término de cinco días siguientes a la fecha en que la diligencia se hubiere practicado, lo que revela que desde que finaliza el acto de inspección, la persona revisada no se queda en estado de incertidumbre jurídica, sobre todo porque se le dan a conocer las omisiones que se advirtieron en la revisión, lo que hace patente que la persona visitada tiene pleno conocimiento de las omisiones que, sin duda pueden ser constitutivas de obligaciones, que de no observarse de inmediato o bien ser justificadas o desvirtuadas, pueden dar motivo a la autoridad para que emita una sanción a cargo del revisado.
• En ese sentido, del procedimiento de inspección se advierte que el gobernado no queda en incertidumbre jurídica, pues desde que finaliza el acto de revisión se le hacen de su conocimiento los hechos y omisiones detectados, esto es, la persona revisada no queda en incertidumbre de conocer si durante la inspección se detectaron hechos u omisiones que pueden dar motivo a la autoridad para sancionarla, ya que tal circunstancia se asienta en el acta que se levanta y se le hacen de su conocimiento para que formule las observaciones que a su interés convengan y ofrezca las pruebas que estime pertinentes en el término de cinco días siguientes a la fecha en que la diligencia se hubiere practicado.
• A pesar de que se actualizara una paralización por parte de la autoridad ordenadora desde que recibe el acta de inspección hasta antes de que señale el término para que el interesado rinda sus alegatos, tal circunstancia no deja en estado de incertidumbre ni afecta la debida defensa de la persona inspeccionada, puesto que, previo a tal hecho, la persona ya tiene conocimiento de los hechos y omisiones detectados en la revisión, lo que evidentemente no actualiza un estado de incertidumbre jurídica.
• Por tanto, las normas controvertidas no transgreden la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se deja en estado de incertidumbre jurídica al gobernado y tampoco le impide ejercer su debida defensa contra los hechos y omisiones detectados en el acto de inspección de que se trata y que pueden ser motivo de las sanciones que en su caso imponga la autoridad administrativa.
B. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al resolver el amparo directo 208/2013.
15. Dicho asunto tiene como origen los siguientes antecedentes:
a) Una persona promovió juicio de nulidad en contra de la resolución mediante la cual la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente le impuso sanciones ante el incumplimiento de diversas disposiciones en materia ambiental, derivado de las irregularidades advertidas en la visita de inspección.
b) La Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declaró la validez de la resolución administrativa impugnada.
c) Inconforme con esa decisión, la quejosa promovió amparo directo en que controvirtió la constitucionalidad del procedimiento previsto en los artículos 161 al 167 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por considerarlo violatorio del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que se deja al libre arbitrio de la autoridad "congelar" el procedimiento cuando le corresponde emitir un acuerdo de admisión de pruebas y uno diverso de alegatos, sin que ello le traiga consecuencia alguna como la caducidad, lo que la deja en estado de incertidumbre al enfrentarse a un procedimiento que sin consecuencia se puede paralizar y reiniciar en cualquier momento, específicamente en el momento posterior a la conclusión del plazo para aportar pruebas (artículo 167), y previo al dictado del acuerdo de apertura de alegatos.
16. En la parte que interesa al presente asunto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito resolvió lo siguiente:
• El procedimiento administrativo de inspección previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente no establece un límite temporal (tiempo máximo que debe transcurrir) entre la fecha en que la autoridad, una vez que reciba el acta de inspección en la que se hagan constar las irregularidades en las que indique incurrió el particular, deberá requerir al interesado para que adopte las medidas correctivas o de urgente aplicación que, en su caso, resulten necesarias para cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, así como con los permisos, licencias, autorizaciones o concesiones respectivas y declare abierto el periodo probatorio.
• La falta de límite temporal deja al arbitrio de las autoridades administrativas determinar el momento en que se notifiquen las irregularidades y con ello dar inicio al periodo probatorio.
• El procedimiento regulado por los artículos 161 al 167 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente no establece plazo para que la autoridad dé a conocer algún resultado de las facultades que en forma unilateral decidió ejercer; lo que conlleva que pueda, sin darle audiencia o noticia alguna al quejoso, dictar en cualquier momento el proveído para darle la garantía de audiencia, o bien, iniciado dicho procedimiento no se prevé un plazo máximo para el trámite del periodo de pruebas, para llamar a rendir alegatos al gobernado.
• No obsta para afirmar lo anterior, el hecho de que el artículo 164 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establezca que en toda visita de inspección se levantará acta en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia y que concluida la inspección se dará oportunidad para formular observaciones y ofrecer pruebas, porque, en ese momento, aún no se analiza por la autoridad administrativa el contenido del acta, ni se requiere como lo determina el artículo 167 del citado ordenamiento cuáles son las medidas correctivas o de urgente aplicación.
• La falta de plazo para que se haga del conocimiento del particular las irregularidades detectadas le deja en estado de inseguridad, más aún que la propia disposición legal no establece con claridad el plazo con el que contará la autoridad para que, ya una vez iniciado el procedimiento administrativo, dicte el acuerdo a través del cual se notificará al particular que cuenta con el plazo de tres días para rendir alegatos.
• El legislador no previó un plazo para que la autoridad emita y notifique el acta de irregularidades al particular, lo que revela que queda a su arbitrio la determinación de ese momento, es decir, no está sujeta a un límite temporal previsto legalmente para hacerlo del conocimiento del gobernado y para que éste, en su caso, pueda preparar adecuadamente su defensa sobre las irregularidades que se le imputan.
IV.2. Segundo requisito: punto de toque y diferendo en los criterios interpretativos
17. Esta Segunda Sala considera que el segundo requisito también queda cumplido en el presente caso, pues los Tribunales Colegiados contendientes utilizaron su arbitrio judicial sobre los mismos problemas jurídicos. Así, los Tribunales Colegiados examinaron si el procedimiento de inspección y vigilancia previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente transgrede o no la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no prever plazo alguno entre la visita de inspección y el acto en que la autoridad decreta alguna medida correctiva o de urgente aplicación y le señala al gobernado el término para ofrecer pruebas.
18. En efecto, ambos Tribunales Colegiados reconocieron que el procedimiento de inspección y vigilancia previsto en el citado ordenamiento legal no establece un plazo entre la visita de inspección y el acto en que la autoridad decreta alguna medida correctiva o de urgente aplicación y le señala al gobernado el término para ofrecer pruebas y rendir alegatos.
19. Sin embargo, el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró que esa omisión no transgrede la garantía de seguridad jurídica, pues en el momento en que finaliza la inspección se levanta un acta circunstanciada en que se da a conocer a la persona inspeccionada los hechos y omisiones que advirtió el visitador y puede formular las observaciones que a su interés convenga y ofrecer las pruebas que estime pertinentes.
20. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito sostuvo que esa omisión sí es violatoria de la garantía de seguridad jurídica, toda vez que la falta de límite temporal deja al arbitrio de las autoridades administrativas determinar el momento en que se notifiquen las irregularidades y con ello dar inicio al periodo probatorio.
21. Agregó que no era obstáculo a lo anterior, el hecho de que se levantara un acta en la que se hicieran constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia y se permitiera formular observaciones y ofrecer pruebas, porque, en ese momento, aun no se analiza por la autoridad administrativa el contenido del acta, ni se determinan cuáles son las medidas correctivas o de urgente aplicación.
22. Bajo tal entendimiento, es claro que los Tribunales Colegiados contendientes no sólo analizaron las mismas cuestiones o problemas jurídicos sino que sus ejercicios interpretativos y conclusiones resultaron opuestos; por tanto, se acredita el segundo requisito para la existencia de la contradicción de tesis y, por ende, se hace necesario que esta Segunda Sala determine, en definitiva, la cuestión en aras de garantizar la seguridad jurídica.
IV.3. Tercer requisito: elementos constitutivos de la hipótesis y surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción.
23. De lo hasta aquí expuesto, es posible concluir que los criterios de los Tribunales Colegiados contendientes reflejan una discrepancia relacionada con si el procedimiento de inspección y vigilancia previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente transgrede o no la garantía de seguridad jurídica, al no prever plazo alguno entre la visita de inspección y el acto en que la autoridad decreta alguna medida correctiva o de urgente aplicación y le señala al gobernado el término para ofrecer pruebas y formular alegatos.
24. En virtud de lo anterior, el cuestionamiento a resolver para solucionar la presente contradicción es: ¿El procedimiento de inspección y vigilancia previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente transgrede la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no prever plazo alguno entre la visita de inspección y el acto en que la autoridad decreta alguna medida correctiva o de urgente aplicación y le señala al gobernado el término para ofrecer pruebas y formular alegatos?
V. Criterio que debe prevalecer
25. Para determinar el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia resulta conveniente precisar lo que esta Segunda Sala ha sostenido en relación con la garantía de seguridad jurídica.
26. Este Alto Tribunal ha señalado que la garantía de seguridad jurídica no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de establecer de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que sobre el particular, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que fácilmente explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad, sencillez o irrelevancia, no requieren de que la ley pormenorice un procedimiento detallado para ejercitar el derecho correlativo.
27. Lo anterior, tal como se desprende de la siguiente jurisprudencia 2a./J. 144/2006, de rubro y texto siguientes:
"GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES. La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así com
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30113-2458858c/procedimiento-de-inspeccion-y-vigilancia-previsto-en-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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