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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN O DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE PRODUZCA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA CUANDO SE LES ATRIBUYA LA EMISIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS PARA PROMOVERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULOS 13, 22, 47 Y 170 BIS DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, REFORMADOS POR EL DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" NÚMERO 5777 DE FECHA VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A QUE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYEN ACTOS DERIVADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS CORRESPONDIENTES (ARTÍCULOS 13, 22, 47 Y 170 BIS DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, REFORMADOS POR EL DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" NÚMERO 5777 DE FECHA VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO (ARTÍCULOS 13, 22 Y 47 DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, REFORMADOS POR EL DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" NÚMERO 5777 DE FECHA VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE). VII. LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA Y AUTONOMÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA GESTIÓN DE RECURSOS. ANÁLISIS DE LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE LOS PORCENTAJES QUE CORRESPONDAN A LA AUTORIDAD FISCAL POR LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL, EJERCICIO Y COBRO COACTIVO DE LAS SANCIONES ECONÓMICAS O MULTAS QUE NO SEAN DE CARÁCTER FISCAL "NO SERÁ MENOR AL 30 POR CIENTO DEL IMPORTE DE CADA MULTA O SANCIÓN" (DESESTIMACIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL RESPECTO DEL ARTÍCULO 170 BIS, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NO SERÁ MENOR AL 30 POR CIENTO DEL IMPORTE DE CADA MULTA O SANCIÓN", DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, ADICIONADO MEDIANTE EL DECRETO SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 43/2020. · Registro digital (IUS): 30133
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-10-01
Promovente: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Octubre de 2021, Tomo II, Pág. 1485.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 43/2020. TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS. 10 DE JUNIO DE 2021. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: BRENDA MONTESINOS SOLANO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual correspondiente al día diez de junio de dos mil veintiuno.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación de la demanda, Poder demandado y acto impugnado. Por escrito presentado el trece de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Manuel García Quintana, ostentándose como presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

Entidad, Poder u órganos demandados:

• Congreso del Estado de Morelos.

• Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

• Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

• Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos.

Actos cuya invalidez se demanda:

"I. La aprobación del Decreto Número Seiscientos Cincuenta y Nueve, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal para el Estado de Morelos, de la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Morelos, y de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, en su artículo primero, ordinales 13, 22, 47, 170 BIS, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ 5777 de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte.

"II. La falta de fundamentación y motivación que dio origen a la reforma tildada de inconstitucional relativa al artículo 170 (sic) del Código Fiscal para el Estado de Morelos, ‘... Las autoridades administrativas o jurisdiccionales que soliciten el auxilio de las autoridades fiscales para hacer efectivo el cobro de sanciones económicas o multas que no sean de carácter fiscal, deberán establecer relaciones de colaboración, mediante la suscripción de los convenios respectivos, en los que se establecerán los lineamientos para el ejercicio del procedimiento económico coactivo; y, en su caso, los porcentajes que correspondan a la autoridad fiscal por la administración, control, ejercicio, cobro coactivo de las mismas no será menor al 30 por ciento del importe de casa multa o sanción ...’ afectándose con ello los artículos 14, 16, 17, 20, 41, 49 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"III. La falta de justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable, de los motivos por los que el legislador y Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado determinó la emisión del acto legislativo de que se trate, en este punto es preciso señalar que el Congreso de Estado de Morelos no determina en el decreto expedido su justificación expresa, objetiva y razonable, pues tal y como es de explorado derecho los actos legislativos también son considerados como actos de autoridad que deben de cumplir con ciertos criterios de racionalidad, así como la fundamentación y motivación que le impone el artículo 16 del Pacto Federal, entendiendo a aquéllos como los requisitos los primeros como los criterios que deben estudiarse, ponderando si el acto, decreto o norma cumple con los objetivos que se plantearon con el iniciador, si persigue un objeto social, si tiene una consecuencia benéfica y sobre todo si con la aprobación de una iniciativa no lesiona un bien jurídico tutelado.

"La imposición, descuento y deducción del 30 por ciento o más de las multas o sanciones que imponga el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, a través y en auxilio de las autoridades fiscales sin establecer los parámetros, disposiciones, reglamentación o lineamientos específicos para su aplicación sin contar con facultades para ello. Por lo que, en cuanto al quehacer legislativo se refiere se han establecido medios de control y catálogos que deben cumplir los Congresos de los Estados y la Federación, es por ello que la autoridad demandada debió realizar un balance cuidadoso entre los diversos requisitos necesarios para la emisión de una determinada norma o acto.

"V. La inobservancia por las autoridades responsables de lo dispuesto en los artículos 40, 44, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, ello en virtud de que el mismo no contempla gastos de ejecución, auxilio, administración, control, ejercicio y cobro de las multas o sanciones impuestas por las autoridades jurisdiccionales.

"VI. La invasión de competencias contraviniendo lo dispuesto por el diverso 116 de la Constitución Federal y 109 Bis de la Constitución Estatal, de la autonomía de funcionamiento y desarrollo de las funciones propias de la actora, lo que podemos denominar una autonomía de integración hacendaria, pues de lo contrario nos encontraríamos con una condicionante por parte de alguno de los Poderes (Ejecutivo o Legislativo), de decisión unilateral para la integración de un presupuesto diferente, concentrando así funciones de diverso Poder en sí mismos."

2. SEGUNDO.—Antecedentes. La parte actora señaló como hechos relevantes los siguientes:

3. El veintinueve de enero de dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el Decreto Número Seiscientos Cincuenta y Nueve, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal para el Estado de Morelos, de la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Morelos y de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. En su artículo primero, establece que reforman el sexto párrafo del artículo 47; último párrafo del artículo 56; y el primer párrafo del artículo 95; y se adicionan un segundo párrafo al artículo 13, un tercer párrafo al artículo 22; así como al artículo 170 BIS; todos del Código Fiscal para el Estado de Morelos.

4. TERCERO.—Conceptos de invalidez.

5. Primero. Sostiene que el artículo 170 BIS del Código Fiscal del Estado de Morelos, al establecer que las autoridades administrativas o jurisdiccionales que soliciten el auxilio de las autoridades fiscales para hacer el cobro de sanciones económicas o multas que no sean de carácter fiscal deberán establecer relaciones de colaboración, no tiene justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable de los motivos por los que el legislador y la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, determinaron la emisión del acto legislativo; además, la imposición, descuento y deducción del treinta por ciento o más de las multas o sanciones que imponga el tribunal, no establece los parámetros, disposiciones, reglamentación o lineamientos específicos para su aplicación y, adicionalmente, sostiene que no cuenta con facultades para ello.

6. Refiere que el contenido del artículo 170 BIS del Código Fiscal para el Estado de Morelos le genera las siguientes afectaciones que limitan el adecuado actuar del tribunal:

• Afecta de manera directa y natural el patrimonio del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

• El aumento natural del costo de los bienes, servicios, obligaciones laborales, así como el cumplimiento de leyes y decretos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, que imposibilita el actuar del tribunal jurisdiccional.

• Limita el ejercicio de ese tribunal jurisdiccional, en grado de subordinación hacia los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

7. Segundo. Manifiesta que le causa perjuicio la reforma al artículo 170 BIS del Código Fiscal del Estado de Morelos, toda vez que existe invasión de la actividad jurisdiccional, ya que contraviene lo dispuesto por los diversos 116 de la Constitución Federal y 109 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y de la autonomía de integración hacendaria, pues de lo contrario nos encontraríamos con una condicionante por parte de alguno de los Poderes (Ejecutivo o Legislativo), de una decisión unilateral para la integración de un presupuesto diferente, concentrando funciones de diverso Poder en sí mismos.

8. Tercero. Sostiene que se vulneran en perjuicio del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y de su integración los artículos 14, 16, 17, 41, 49, 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, de conformidad con los artículos 2 y 3 del Código Fiscal de la Federación, los ingresos que el Estado tiene derecho a percibir son, esencialmente: a) contribuciones, clasificadas a su vez en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos; b) aprovechamientos y c) productos.

9. Refiere que de la definición que de cada uno de estos ingresos otorgan los propios preceptos legales se advierte que solamente las contribuciones y los aprovechamientos son debidos a la calidad de entidad de derecho público del Estado, en tanto que los productos derivan de la actividad del propio Estado, pero como entidad de derecho privado. Por tal razón, solamente respecto a las contribuciones y los aprovechamientos la ley ha establecido la causación de recargos, sanciones, gastos de ejecución e indemnización por falta de pago oportuno, atribuyéndose el carácter de accesorios de aquellos ingresos en que tienen su origen y haciéndoles partícipes de su naturaleza. Por otra parte, el artículo 4 del citado ordenamiento legal, define que son créditos fiscales, "... los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de aprovechamientos o de sus accesorios, ...". En ese orden de ideas, la multa impuesta al quejoso "con motivo del incumplimiento de una obligación fiscal" sólo puede entenderse como accesorio de una contribución o de un aprovechamiento y, por ende, como un crédito fiscal, es decir, al ser en su caso una contribución para el Estado.

10. Por tal motivo, señala que, al reformarse el Código Fiscal del Estado de Morelos, en su artículo 170 BIS, también debió realizarse la reforma a la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, situación que no aconteció.

11. Cuarto. Refiere que el acto impugnado viola los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, toda vez que para que un acto de autoridad surta sus efectos legales debe satisfacer sus formalidades esenciales, entendiéndose como tales aquellos requisitos de forma, fondo, temporalidad y de competencia y, en el caso, como se desprende del primer párrafo del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, el Ejecutivo Federal podrá ejercer las facultades comprendidas en dicho precepto por medio de "resoluciones de carácter general"; sin embargo, como se desprende del propio acto impugnado, en ninguna de sus partes se menciona de qué clase de acto administrativo se trata, solamente se concreta a denominar su documento como "decreto", sin precisar la naturaleza del mismo.

12. Quinto. Manifiesta que le causa agravio la inobservancia por parte de las autoridades demandadas en lo dispuesto en los artículos 40 y 44, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, toda vez que el mismo no contempla gastos de ejecución, que si bien es cierto la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, por conducto de la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, es la autoridad competente para llevar a cabo la ejecución de las multas; también lo es que el cobro de las multas impuestas por las autoridades administrativas locales no fiscales las efectuarán las entidades estatales y en su caso, los Municipios.

13. Sexto. Sostiene que le causa agravio la invasión de competencias contraviniendo lo dispuesto por el diverso 116 de la Constitución Federal y 109 Bis de la Constitución Política del Estado de Morelos, toda vez que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos está dotado de plena jurisdicción, autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones; la suplencia de la normatividad aplicable en materia fiscal; la facultad de las Salas de Instrucción y las Salas Especializadas que integran ese órgano jurisdiccional, para imponer los medios de apremio y medidas disciplinarias para hacer cumplir determinaciones; así como la obligación de los titulares y dependencias del Poder Ejecutivo para prestar auxilio a ese tribunal jurisdiccional para hacer cumplir sus determinaciones y la responsabilidad en caso de negativa.

14. Aduce que el artículo 3, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación establece que los aprovechamientos por concepto de multas impuestas por infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias que no sean de carácter fiscal podrán ser destinados a cubrir gastos de operación e inversión de las dependencias encargadas de aplicar o vigilar el cumplimiento de las disposiciones cuya infracción dio lugar a la imposición de la multa cuando dicho destino específico así lo establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.

15. Así –señala–, la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos debe llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución de la multa y, una vez obtenido el pago atinente, de inmediato debe informar al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos sobre el mismo, debiendo además depositar a la cuenta del fondo auxiliar de ese tribunal el monto del pago obtenido de la multa.

16. CUARTO.—Trámite de la controversia. Mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Ministro presidente de este Alto Tribunal acordó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 43/2020 y ordenó se turnara al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento, ello al corresponderle en razón de turno por conexidad, en virtud de que mediante proveído de presidencia de esa misma fecha, se turnó la diversa controversia constitucional 41/2020, en la cual se impugna el mismo decreto con motivo de su publicación.

17. Mediante diverso proveído dictado el mismo día, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, no así a la Secretarías de Gobierno y de Hacienda, ambas del Estado de Morelos, al considerar que se trata de dependencias subordinadas al segundo Poder mencionado, se ordenó el emplazamiento de las autoridades demandadas para que formularan la contestación correspondiente.

18. Tomando en cuenta la existencia de conexidad entre la presente controversia constitucional y la diversa 41/2020, en tanto que en ambas se solicita la invalidez del mismo decreto, por economía procesal, se estimó innecesario requerir en este asunto las documentales relacionadas con los antecedentes legislativos de éste, pues los que se exhiban en el primer medio de control constitucional se tendrían a la vista al momento de emitir la resolución que corresponda a este asunto.

19. Finalmente, se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que en su caso manifestaran lo que consideraran conducente, además, se dispuso que, en cuanto a la solicitud de suspensión realizada por los promoventes, se formara el cuaderno incidental respectivo, con copia certificada del escrito de cuenta.

20. QUINTO.—Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Por escrito depositado en la oficina de correos de la localidad el veintiséis de junio de dos mil veinte, y recibido el tres de agosto siguiente, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Samuel Sotelo Salgado, quien se ostentó como consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en su carácter de representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda entablada en su contra.

21. Por acuerdo de cinco de agosto siguiente, el Ministro instructor tuvo al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, dando contestación de la demanda.

22. SEXTO.—Contestación de la demanda del Poder Legislativo del Estado de Morelos. Por escrito recibido el uno de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, quien se ostentó como presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos, dio contestación a la demanda entablada en su contra.

23. Por acuerdo de tres de septiembre siguiente, el Ministro instructor tuvo al Poder Legislativo del Estado de Morelos, dando contestación de la demanda.

24. SÉPTIMO.—Opinión del fiscal general de la República. El fiscal general de la República se abstuvo de formular pedimento.

25. OCTAVO.—Audiencia. Agotado el trámite respectivo, el uno de diciembre de dos mil veinte, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, se hizo constar la inasistencia de las partes, se relacionaron los alegatos.

26. Cierre de la instrucción. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el uno de diciembre de dos mil veinte, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria de la materia, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por formulados los alegatos del tribunal actor y se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

27. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente; 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, organismo constitucional autónomo del Estado de Morelos y los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos, en la que se hace necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

28. SEGUNDO.—Precisión de los actos y normas impugnados. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a precisar los actos que son objeto de la controversia constitucional y a valorar las pruebas conducentes para tenerlos por demostrados.

29. Del análisis integral tanto de la demanda como de las constancias que obran en el expediente se desprende que lo efectivamente impugnado es el Decreto Número Seiscientos Cincuenta y Nueve, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5777 de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, específicamente los artículos 13, 22, 47 y 170 BIS, del Código Fiscal para el Estado de Morelos.

30. Ahora bien, este Tribunal Pleno considera necesario precisar el contenido de los artículos impugnados:

Código Fiscal para el Estado de Morelos

"Artículo 13. El crédito fiscal es la obligación determinada en cantidad líquida que tiene derecho a percibir el Estado, los Municipios o sus entidades paraestatales, paramunicipales o intermunicipales, que provengan de contribuciones, de aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado o el Municipio tengan derecho a exigir de sus servidores públicos o de los particulares, así como de aquellos a los que las leyes les den ese carácter y tengan derecho a percibir por cuenta ajena.

(Adicionado, P.O. 29 de enero de 2020)

"Para efectos del párrafo anterior, las autoridades administrativas o judiciales que remitan a la secretaría créditos por concepto de aprovechamientos consistentes en sanciones económicas o multas para su cobro, deberán cumplir con los requisitos de procedencia de los actos administrativos que se establecen en el presente ordenamiento. En el ámbito municipal corresponderá a la Tesorería Municipal llevar a cabo los procedimientos de cobro en los términos del presente ordenamiento."

"Artículo 22. Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado y los Municipios por funciones de derecho público, distintos de las contribuciones y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal.

"Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución, los honorarios de notificación y la indemnización a que se refiere el sexto párrafo del artículo 47 de este código, que se apliquen en relación con aprovechamientos son accesorios de los mismos y participan de su naturaleza.

(Adicionado, P.O. 29 de enero de 2020

"Los aprovechamientos por concepto de multas impuestas por infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias que no sean de carácter fiscal serán destinados a cubrir los gastos de la autoridad fiscal por concepto de operación, administración, control, ejercicio y cobro coactivo, en un porcentaje que no será menor al 30 por ciento del importe de cada multa."

"Artículo 47. Cuando no se cubran las contribuciones en la fecha y dentro del plazo fijado en las disposiciones fiscales, además de actualizar su monto desde el mes que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, deberán pagarse recargos por concepto de indemnización al fisco por la falta de pago oportuno.

"Los recargos se calcularán sobre el total del crédito fiscal y se causarán hasta por cinco años y mientras subsistan las facultades de la autoridad para determinar el crédito fiscal o para obtener su cobro mediante el procedimiento administrativo de ejecución o, en su caso, mientras no se haya extinguido el derecho del particular para solicitar la devolución de cantidades pagadas indebidamente o de saldos a favor. En su cálculo se excluirán los propios recargos, la indemnización a que se refiere el sexto párrafo de este artículo, los gastos de ejecución y las multas.

"Cuando el pago hubiera sido menor al que corresponda, los recargos se computarán sobre la diferencia.

"Los recargos se calcularán aplicando al monto de las contribuciones las tasas que fije anualmente la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el caso de saldos insolutos por cada uno de los meses transcurridos entre el término señalado para el cumplimiento de la obligación y la fecha en que se realice el pago o cuando se trate de prórroga para la realización del pago o en el caso de pagos en parcialidades.

"Los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir de la fecha de exigibilidad hasta que se efectúe el pago o hasta su vencimiento.

"Cuando los recargos determinados por el contribuyente sean inferiores a los que calcule la oficina recaudadora, ésta deberá aceptar el pago y procederá a exigir el remanente. La falta de pago inmediato de un cheque expedido para cubrir un crédito fiscal por parte de la institución a cuyo cargo se hubiere librado, dará derecho a la Secretaría a exigir del librador el pago del importe del mismo, los recargos y una indemnización que será el 20% del valor del cheque, sin perjuicio de que se tenga por no cumplida la obligación y se cobren los créditos, recargos y sanciones que sean procedentes. Esta indemnización y los demás créditos se harán efectivos mediante el procedimiento administrativo de ejecución.

[N. De E. de conformidad con el proceso legislativo del Decreto Número Seiscientos Cincuenta y Nueve publicado en el P.O. de 29 de enero de 2020, la modificación corresponde al presente párrafo]

(Reformado, P.O. 29 de enero de 2020)

"En caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de este artículo. Para el caso de las multas impuestas por infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias que no sean de carácter fiscal, no se causarán recargos."

(Adicionado, P.O. 29 de enero de 2020)

"Artículo 170 BIS. Las autoridades administrativas o jurisdiccionales que soliciten el auxilio de las autoridades fiscales para hacer efectivo el cobro de sanciones económicas o multas que no sean de carácter fiscal, deberán establecer relaciones de colaboración, mediante la suscripción de los convenios respectivos, en los que se establecerán los lineamientos para el ejercicio del procedimiento económico coactivo; y, en su caso, los porcentajes que correspondan a la autoridad fiscal por la administración, control, ejercicio y cobro coactivo de las mismas, no será menor al 30 por ciento del importe de cada multa o sanción; asimismo, las autoridades al solicitar el cobro, deberán indicar como mínimo en la solicitud los datos siguientes:

"I. Nombre completo del infractor;

"II. Domicilio del infractor;

"III. Autoridad sancionadora;

"IV. Fundamento legal aplicable a la sanción económica o multa impuesta;

"V. Monto de la sanción económica o multa impuesta;

"VI. Motivo de la sanción;

"VII. Número de expediente del cual se origina la sanción económica o multa impuesta;

"VIII. Fecha de la determinación o acuerdo con resolución del cual se origina la sanción económica o multa impuesta; y,

"IX. Fecha de notificación al infractor de la sanción económica o multa impuesta.

"En caso de que la autoridad solicitante omita el señalamiento de los datos requeridos para el inicio del procedimiento administrativo de ejecución, se requerirá a ésta los datos para que, en el plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de su solicitud, sean enviados; si transcurrido dicho plazo no son proporcionados, la autoridad exactora emitirá un acuerdo de certificación y se procederá a la devolución de los documentos dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, haciéndolo del conocimiento al superior jerárquico de la autoridad solicitante. La autoridad solicitante podrá presentar de nueva cuenta la solicitud para reiniciar el cobro coactivo de la sanción económica o la multa impuesta.

"La autoridad solicitante deberá anexar copia certificada de la determinación, acuerdo o resolución por la cual se impone la sanción económica o multa al infractor, así como de la notificación de la misma al infractor."

31. TERCERO.—Oportunidad. Procede examinar si la demanda de controversia constitucional se presentó dentro del plazo legal, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente.

32. El artículo 21, fracción II,(1) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el plazo para la interposición de la demanda será, tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

33. En el caso, el Decreto Número Seiscientos Cincuenta y Nueve, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5777, a través del cual se reforma el párrafo sexto del artículo 47; último párrafo del artículo 56; y al primer párrafo del artículo 95; así como la adición del segundo párrafo del artículo 13, el tercer párrafo del artículo 22; así como el artículo 170 BIS, del Código Fiscal para el Estado de Morelos, con fecha veintinueve de enero de dos mil veinte y, por tanto, el plazo de treinta días para impugnarlo inició el treinta de enero de dos mil veinte y concluyó el diecisiete de marzo siguiente; de dicho plazo deben descontarse los días uno, dos, ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés y veintinueve de febrero, uno, siete, ocho, catorce y quince de marzo todos de dos mil veinte, por tratarse de sábados y domingos; así como, el tres y cinco de febrero, nueve y dieciséis de marzo todos de dos mil veinte, por ser inhábiles conforme a lo dispuesto por el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo General Número 18/2013, de diecinueve de noviembre de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

34. Si la demanda de controversia constitucional fue presentada en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el trece de marzo de dos mil veinte, se concluye que su presentación fue oportuna.

35. CUARTO.—Legitimación activa. Por cuanto hace a la legitimación activa, debe tenerse presente que el artículo 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé, literalmente, lo siguiente:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

"...

"k) Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa entidad federativa."

36. Por su parte, los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria(2) señalan que tendrá el carácter de actor, la entidad, Poder u órgano que la promueva, la que deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que, en términos de la norma que lo rige, esté facultado para representarlo.

37. En el sumario que se examina se tiene que la demand

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30133-645163a0/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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