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Modo: Corpus Pro

DEDUCIBILIDAD DE LAS RESERVAS TÉCNICAS POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS, CONFORME AL ARTÍCULO 54, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LA ESTRICTA INDISPENSABILIDAD A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN I, DE DICHA LEY, DERIVA DEL OBJETO SOCIAL DE LAS EMPRESAS ASEGURADORAS, POR LO QUE NO SE REQUIERE QUE DEMUESTREN LA VIGENCIA DE LOS CONTRATOS DE SEGURO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/2019. · Registro digital (IUS): 30165
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-10-22
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER, EL DÉCIMO Y EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Octubre de 2021, Tomo II, Pág. 2408.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER, EL DÉCIMO Y EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 27 DE ABRIL DE 2021. MAYORÍA DE TRECE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO, MIGUEL DE JESÚS ALVARADO ESQUIVEL, RICARDO OLVERA GARCÍA, CAROLINA ISABEL ALCALÁ VALENZUELA, OSCAR FERNANDO HERNÁNDEZ BAUTISTA, FERNANDO ANDRÉS ORTIZ CRUZ, JOSÉ ÁNGEL MANDUJANO GORDILLO, JOSÉ EDUARDO ALVARADO RAMÍREZ, ERNESTO MARTÍNEZ ANDREU, GERMÁN EDUARDO BALTAZAR ROBLES, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR, ARMANDO CRUZ ESPINOSA, HUGO GUZMÁN LÓPEZ Y SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. DISIDENTES: JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA, JEAN CLAUDE ANDRÉ TRON PETIT, PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA, CARLOS RONZON SEVILLA, MARCO ANTONIO CEPEDA ANAYA, QUIEN FORMULÓ VOTO DE MINORÍA, J. JESÚS GUTIÉRREZ LEGORRETA, MARTHA LLAMILÉ ORTIZ BRENA, CARLOS ALBERTO ZERPA DURÁN, ROSA ILIANA NORIEGA PÉREZ Y JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN (PRESIDENTE), QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: RICARDO OLVERA GARCÍA. SECRETARIA: PERLA FABIOLA ESTRADA AYALA.

Ciudad de México. Resolución del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de veintisiete de abril de dos mil veintiuno.

Vistos, para resolver los autos de la contradicción de tesis PC01.I.A.23/2019.C, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Décimo y Décimo Segundo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de contradicción. Por oficio recibido el catorce de agosto de dos mil diecinueve, en la presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, la Administradora de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5", de la Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, de la jefa del Servicio de Administración Tributaria y de la Administración Central de Fiscalización al Sector Financiero, informó sobre la posible contradicción de criterios entre los sustentados por el Primero y Décimo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, el resolver, respectivamente, el juicio de amparo directo A.D. 57/2018 y el recurso de revisión fiscal R.F. 423/2018; pues mientras que el primero de ellos concluyó que para la creación de la reserva técnica por obligaciones pendientes por cumplir prevista en la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, es necesario que exista un contrato de seguro vigente, pues de ahí emana la obligación de la institución de seguros para su constitución; el segundo órgano judicial en mención, concluyó que no es necesario un contrato vigente para la creación de la reserva por parte de la institución de seguros, pues la obligación se actualiza con la sola presentación de una reclamación por los asegurados.

SEGUNDO.—Trámite de la denuncia. Por acuerdo de veinte de agosto de dos mil diecinueve, el entonces presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito solicitó al presidente del Primer Tribunal Colegiado de la materia y jurisdicción referidos, informara el carácter con el que se ostentaron las autoridades denunciantes, a fin de determinar si fueron parte en los asuntos mencionados y, a partir de ello, establecer si tenían legitimación para formular la denuncia de contradicción.

TERCERO.—Cumplimiento, admisión y solicitud de informes. En acatamiento a lo anterior, mediante proveído de veintisiete de agosto del año en cita, el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, informó que en el juicio de amparo A.D. 57/2018 del índice del tribunal de su adscripción, la jefa del Servicio de Administración Tributaria, el secretario de Hacienda y Crédito Público, y el administrador central de Fiscalización al Sector Financiero de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria tuvieron el carácter de autoridades terceras interesadas; en consecuencia, por acuerdo de presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 13, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y fundamentación de los Plenos de Circuito, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, se admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, la cual quedó registrada con el expediente PC01.I.A.23/2019.C.

En el mismo acuerdo se solicitó a la presidencia de los Tribunales Primero y Décimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, la remisión vía electrónica del archivo digital que contuviera las ejecutorias dictadas en los asuntos que dieron origen a los criterios contendientes, para la debida integración del expediente; de igual manera, se pidió que informaran si el correspondiente criterio que sustentaron continuaba vigente o, en su caso, que comunicaran la causa para tenerlo por abandonado.

CUARTO.—Informes, remisión de archivos. Por acuerdo de seis de septiembre de dos mil diecinueve, el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ordenó remitir a la presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, la versión digitalizada de la sentencia dictada en el amparo directo A.D. 57/2018; asimismo, informó que el criterio ahí sustentado se encontraba vigente; y, por su parte, mediante correo electrónico, la secretaria de Acuerdos del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, envío el archivo digital de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión fiscal R.F. 423/2018 y, de igual manera, comunicó que subsistía el criterio sustentado en el referido recurso.

QUINTO.—Petición para contender. En posterior acuerdo de presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito de diez de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el cual los integrantes de ese órgano colegiado manifestaron su deseo de contender en la presente contradicción de tesis, habida cuenta que a esa data aún no había sido turnada; por ende, se solicitó a dicho órgano jurisdiccional que vía electrónica remitiera la versión digital de la sentencia del amparo directo D.A. 336/2019, así como el informe expreso relativo a la continuidad o vigencia de su criterio, a fin de colmar las formalidades propias en la tramitación de la contradicción de tesis; exigencia que fue satisfecha a través del oficio I-2627 (BIS), de cuatro de octubre de ese año, suscrito por el actuario judicial adscrito al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al que acompañó el testimonio de la ejecutoria de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el órgano colegiado de su adscripción, en el juicio de amparo directo D.A. 336/2019, promovido por **********.

SEXTO. Turno y returno. En proveído de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 quarter-1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 13, fracción VII, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, turnó el expediente virtual al Magistrado Froylán Borges Aranda, integrante del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

En razón de que concluyó el periodo del Pleno dos mil diecinueve, sin que se contara con el proyecto correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 13, fracción XI, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito,(1) por ulterior acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veinte, se ordenó el returno del asunto al Magistrado Antonio Campuzano Rodríguez, integrante del Tribunal Colegiado de referencia.

En la segunda sesión ordinaria, celebrada el diez de noviembre de dos mil veinte, previa convocatoria, reunidos a través del sistema de videoconferencia CISCO WEBEX, los integrantes del Pleno para el periodo dos mil veinte, una vez que se dio cuenta con la contradicción de tesis 23/2019, y fue tomada la votación, el secretario de Acuerdos informó que hubo cuatro votos a favor del proyecto y diecinueve votos en contra del sentido propuesto; por lo que, al no alcanzar mayoría se ordenó el returno del asunto.

En auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 quarter-1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 13, fracción VII, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, turnó el expediente virtual al Magistrado Francisco García Sandoval, integrante del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

Toda vez que concluyó el periodo del Pleno dos mil veinte, sin que se contara con el proyecto correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 13, fracción XI, del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito,(2) por posterior proveído de cinco de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó el returno del asunto al Magistrado Ricardo Olvera García, integrante del Tribunal Colegiado de referencia; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por plantearse una probable discrepancia entre dos criterios sostenidos por tres Tribunales Colegiados de la materia y sede que tiene asignada como jurisdicción este Pleno de Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitima, pues la revelan el secretario de Hacienda y Crédito Público, la jefa del Servicio de Administración Tributaria y la Administración Central de Fiscalización al Sector Financiero, quienes al ser autoridades terceras interesadas, fueron parte procesal en el juicio de amparo directo A.D. 57/2018, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de conformidad con el artículo 227, fracción III, en relación con el diverso 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.(3)

En tanto que la administradora de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5", de la Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria, tiene legitimación para representar a las autoridades denunciantes, lo cual se desprende de lo dispuesto en los artículos 8, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, 2, apartado B, fracción V, inciso i), y segundo párrafo, 5, primer párrafo, 11, fracción I, 13, fracción I, 28, apartado A, fracciones LVI y LVII, apartado B, fracción I, último párrafo, numeral 9, inciso e), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.(4)

Porciones legales de las que se desprende que la administradora de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5", de la Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes, de la Administración General de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria, tiene legitimación para interponer la denuncia de la contradicción de criterios, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, jefa del Servicio de Administración Tributaria y Administración Central de Fiscalización al Sector Financiero, por lo que, como se adelantó, la denuncia de contradicción se formuló por parte legítima.

TERCERO.—Criterios contendientes. En principio, se estima conveniente destacar las consideraciones que sustentan los criterios que se denuncian como opositores.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo A.D. 57/2018, en sesión de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, dictó sentencia en la que negó el amparo solicitado, bajo las consideraciones siguientes:

"...En otra parte de la sentencia reclamada, la Sala responsable estableció que la autoridad demandada rechazó la deducción por concepto de reserva técnica para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos porque a la fecha en que acontecieron se encontraban amparados con pólizas de seguros que no se encontraban vigentes, pues la quejosa no demostró que el pago de la prima se realizara dentro del plazo establecido en el artículo 40 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, por lo que dichas pólizas debieron ser canceladas.

"La Sala afirmó que la contribuyente no tenía por qué crear o incrementar las reservas técnicas para obligaciones pendientes de cumplir y tampoco deducirlas, porque no son gastos estrictamente indispensables en términos del artículo 31, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

"Explicó que, de conformidad con el artículo 1 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, la aseguradora se obliga mediante el pago de una prima a resarcir el daño o pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato.

"El pago de esa prima puede realizarse en una sola exhibición o en fracciones cuando se trata de pagos en parcialidades, en cuyo caso podrá realizarse en un plazo que no puede ser menor de tres días ni mayor de treinta días naturales siguientes a la fecha de su vencimiento; de no pagarse la prima, los efectos del contrato cesarán automáticamente a las doce horas del último día de dicho plazo, tal como se desprende del artículo 40 de la Ley sobre el Contrato de Seguro.

"Dijo que, en términos de los artículos 46 y 50 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, las instituciones de seguros deben constituir reservas técnicas que permitan a las aseguradoras determinar su capacidad para hacer frente a sus obligaciones actuales o eventuales contraídas en virtud de su actividad y se constituyen como fuente principal para atender su pago.

"Esas reservas técnicas serán, entre otras, reservas para obligaciones pendientes de cumplir que podrán ser por pólizas vencidas por siniestros ocurridos y por repartos periódicos de utilidades, por siniestros ocurridos y no reportados, así como por gastos asignados al siniestro de que se trate, y las previstas en el artículo 34, fracción III, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

"Tratándose de reservas para obligaciones pendientes de cumplir por pólizas vencidas, por siniestros ocurridos y por repartos periódicos de utilidades, la ley de la materia dispone cómo habrán de estimarse cuando se trate de operaciones de vida, de daños y enfermedades, y para seguros de pensiones derivados de leyes de seguridad social, supuestos en los que se deberá constituir inmediatamente después de que se realicen las estimaciones respectivas.

"La Sala del conocimiento expuso que el artículo 54 de la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé que las instituciones de seguro podrán deducir la creación o el incremento de las reservas de riesgos en curso por obligaciones pendientes de cumplir por siniestros y por vencimientos, así como las reservas por riesgos catastróficos.

"Estableció que el hecho de que la demandante constituyera las reservas para obligaciones pendientes de cumplir tan luego como recibió las reclamaciones de los siniestros por parte de los asegurados es insuficiente para hacerlas deducibles, en tanto que no se cercioró de que las pólizas que amparaban los siniestros que cubrió con las reservas que constituyó se encontraban vigentes.

"Dijo que, para que fueran deducibles las reservas para obligaciones pendientes de cumplir, la quejosa debió verificar que las pólizas se encontraran vigentes, lo que no sucedió, puesto que no está demostrado que los asegurados cubrieran el pago de la prima en el plazo establecido en el artículo 40 de la Ley sobre el Contrato de Seguro.

"Agregó que las circulares S-12.2, S-38/08 y S-16-1, así como la regla I.3.3.1.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil diez, contrario a lo aseverado por la parte quejosa, no prevén una ampliación del plazo de treinta a cuarenta y cinco días para que los asegurados paguen la prima o la fracción correspondiente, si se trata de pagos en parcialidades, ya que ese término adicional se refiere a la cancelación contable de las primas, al pago para ingresar los cheques y el numerario que haya recibido por el pago de las primas y a la inversión afecta a las reservas técnicas.

"En otra parte, la Sala reiteró que, de conformidad con el artículo 40 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, si no se paga la prima oportunamente, las pólizas deben cancelarse.

"Estableció que, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, la autoridad fiscal observó que la contribuyente creó o incrementó reservas para obligaciones pendientes de cubrir, entre las que incluyó reservas para destinarse a hacer frente a siniestros que derivaron de contratos cuyos efectos habían cesado, porque los asegurados no pagaron la prima en el plazo establecido en el artículo 40 de la Ley sobre el Contrato de Seguro.

"Por eso la enjuiciada concluyó que la parte actora dedujo indebidamente las reservas que constituyó para hacer frente a siniestros que derivaron de contactos de seguros vencidos, en virtud de que no se realizó el pago de la prima oportunamente.

"Aseguró que son requisitos esenciales verificar el momento en que se efectúa a la aseguradora el pago de la prima y aquel en que se materializan los siniestros, porque de ambos depende que se encuentre obligada a erogar cantidades para constituir las reservas para hacer frente a los siniestros, por lo que carece de toda lógica jurídica que se eroguen cantidades para hacer frente a siniestros cuando tengan su origen en contratos cuyos efectos han cesado.

"Adujo que la creación de reservas para obligaciones pendientes de cumplir para hacer frente a reclamaciones que deriven de contratos que no están vigentes, no es un gasto estrictamente indispensable puesto que, al cancelarse los contratos, cesa la obligación que tiene la actora con los asegurados.

"Agregó que los artículos 46 y 50 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y la regla décima primera de las Reglas sobre los incrementos periódicos de las reservas técnicas de las instituciones y sociedades mutualistas de seguros, no establecen la estricta indispensabilidad de las reservas de obligaciones pendientes de cumplir, sino únicamente señalan el procedimiento para constituirlas sin que el hecho de que se deban constituir inmediatamente implique que sean gastos estrictamente indispensables y, por ende, deducibles.

"Finalmente, expuso que la eventual presunción de validez de los dictámenes de estados financieros por el hecho de que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas no formule observación alguna, tampoco implica la procedencia de la deducción, pues ese órgano desconcentrado únicamente verifica el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y las demás disposiciones en materia de seguros, aunado a que el dictamen solamente refleja el cumplimiento a la legislación aplicable en materia de seguros.

"Para combatir esas consideraciones, la parte quejosa aduce que tanto la Sala responsable como la autoridad demandada confunden la obligación que tienen las instituciones de seguros de crear o incrementar su reserva de obligaciones pendientes de cumplir en términos del artículo 50 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, con la obligación de pagar la indemnización al asegurado en términos de la Ley sobre el Contrato de Seguro.

"Dice que la Sala del conocimiento toma como premisa el hecho de que, para que la estimación de la reserva sea estrictamente indispensable, debe haber necesariamente una obligación vigente de pago, es decir, la obligación de responder por el siniestro mediante el pago de una indemnización al asegurado, lo que es desacertado.

"Agrega que la obligación de pago por parte de la compañía aseguradora no es lo que determina la estricta indispensabilidad de la deducción de la reserva para obligaciones pendientes de cumplir en términos de artículo 54 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

"Plantea que la indispensabilidad de la deducción de la reserva para obligaciones pendientes de cumplir no está vinculada a la procedencia de la obligación de resarcir el daño en favor del asegurado en términos de la Ley sobre el Contrato de Seguro. La estricta indispensabilidad está supeditada a la obligación de constituir dicha reserva conforme a la legislación aplicable: los artículos 46 y 50 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

"La Ley sobre el Contrato de Seguro, dice la demandante, no es el ordenamiento que rige la forma en que deban constituirse las reservas para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos, pues regula la relación directa, derechos y obligaciones, entre la aseguradora y el asegurado.

"Si la institución de seguros creó o incrementó la reserva para obligaciones pendientes de cumplir en cumplimiento a la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, no se podrá desconocer la indispensabilidad del gasto ni el derecho a deducirlo conforme al artículo 54 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

"Alega que el artículo 50 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y la regla décima primera de las Reglas sobre los incrementos periódicos de las reservas técnicas de las instituciones y sociedades mutualistas de seguros, publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de mil novecientos noventa, establecen los lineamientos que las instituciones de seguros deben cumplir para crear o incrementar la reserva de obligaciones pendientes de cumplir sin que impongan la obligación de que, previo a la estimación de la reserva, la aseguradora deba cerciorarse sobre la validez del contrato o del cumplimiento de la Ley sobre el Contrato de Seguro.

"Para crear o incrementar la reserva para obligaciones pendientes de cumplir, la aseguradora debe observar tanto los artículos 46 y 50 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros como la regla décima primera de las Reglas sobre los incrementos periódicos de las reservas técnicas de las instituciones y sociedades mutualistas de seguros, pero no la Ley sobre el Contrato de Seguro.

"Aduce que las reservas para obligaciones pendientes de cumplir no se incrementan en función del pago de primas, sino inmediatamente con base en las estimaciones que procedan de las reclamaciones de los asegurados, con independencia de la procedencia o no del siniestro; de no proceder, se disminuye la reserva (ajuste) para retrotraer el efecto financiero.

"Agrega que no existe un beneficio indebido por el hecho de que las reservas para obligaciones pendientes de cumplir se constituyan en función de las reclamaciones de los asegurados y de que eventualmente sea procedente el pago de la indemnización, pues el artículo 54 de la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé que cuando el pago de la indemnización sea improcedente existirá un ajuste en la reserva (disminución) que será considerado como ingreso acumulable en el ejercicio fiscal siguiente, sin que ese argumento fuera examinado por la Sala responsable.

"Plantea que la Ley sobre el Contrato de Seguro no es aplicable supletoriamente a la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros ni regula la forma cómo habrán de constituirse las reservas técnicas.

"Sostiene que la cancelación automática de la póliza conforme al artículo 40 de la Ley sobre el Contrato de Seguro no tiene relación con la forma en que habrán de constituirse las reservas técnicas y, en todo caso, podrá tener incidencia en la exigibilidad y cumplimiento del contrato, es decir, del pago de la indemnización, pero no, insiste, en la estimación de la reserva.

"Asevera que la reserva de obligaciones pendientes de cumplir debe constituirse inmediatamente después de recibidas las reclamaciones de los asegurados en atención a los principios de inmediatez e inminencia, sin que exista la obligación de las compañías aseguradoras, previo a la constitución de la reserva, de analizar aisladamente si subsiste la obligación contractual con el interesado y, consecuentemente, la obligación de indemnizar, pues dicho examen se efectúa con posterioridad a la constitución de la reserva para determinar si procede el pago de la indemnización.

"Finalmente, alega que de seguir el criterio de la autoridad demandada y de la Sala responsable, las compañías aseguradoras, previo a la constitución de la reserva para obligaciones pendientes de cumplir, deberán analizar aspectos como el plazo de obligación del proponente, verificar las condiciones generales del seguro establecidas en el formulario suministrado por la empresa aseguradora, que conste la declaración de todos los riesgos y de los hechos importantes para apreciarlos, que se contengan los requisitos de la póliza de seguro, entre otros, lo que resulta ilógico.

"La postura de la quejosa radica en que la estricta indispensabilidad de la reserva técnica para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos es que se constituya en términos de los artículos 46 y 50 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, para que sea deducible conforme al diverso 54 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

"Por tanto, es irrelevante verificar que las primas de seguro de las pólizas sean pagadas dentro del plazo previsto en el artículo 40 de la Ley sobre el Contrato de Seguro (el plazo convenido o dentro del plazo de gracia), porque la reserva técnica para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos se constituye inmediatamente con base en las estimaciones que procedan de las reclamaciones de los asegurados, con independencia de la procedencia o no del pago de la indemnización, pero no se incrementa en función del pago de primas o del pago de siniestros que se encuentre amparado con contratos de seguros vigentes.

"A fin de resolver la cuestión planteada es necesario imponerse del contenido de los artículos 31, fracción I, y 54 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigentes en dos mil diez, que establecen:

"‘Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos:

"‘I. Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que se trate de donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en esta ley y en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria y que se otorguen en los siguientes casos:

"‘...’

"‘Artículo 54. Las instituciones de seguros harán las deducciones a que se refiere este título, dentro de las que considerarán la creación o incremento, únicamente de las reservas de riesgos en curso, por obligaciones pendientes de cumplir por siniestros y por vencimientos, así como de las reservas de riesgos catastróficos.

"‘Las instituciones de seguros autorizadas para la venta de seguros de pensiones, derivados de las leyes de seguridad social, además de efectuar las deducciones previstas en el párrafo anterior, podrán deducir la creación o el incremento de la reserva matemática especial vinculada con los seguros antes mencionados, así como las otras reservas previstas en la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros cuando cumplan con la condición de que toda liberación sea destinada al fondo especial de los seguros de pensiones, de conformidad con esta última ley, en el cual el Gobierno Federal participe como fideicomisario.

"‘Cuando al término de un ejercicio proceda disminuir las reservas a que se refiere este artículo en relación con las constituidas en el ejercicio inmediato anterior, la diferencia se acumulará como ingreso en el ejercicio en el que proceda la disminución. Para determinar la disminución de las reservas, no se considerará la liberación de dichas reservas destinadas al fondo especial de los seguros de pensiones a que se refiere el párrafo anterior.

"‘También serán deducibles los llamados dividendos o intereses que como procedimiento de ajuste de primas paguen o compensen las instituciones a sus asegurados, de conformidad con las pólizas respectivas.’

"Los dispositivos legales transcritos disponen como requisito para que sean procedentes las deducciones que sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente.

"Las instituciones de seguros podrán deducir la creación o incremento de las reservas de riesgos en curso, por obligaciones pendientes de cumplir por siniestros y por vencimientos, así como de las reservas de riesgos catastróficos.

"Las instituciones de seguro autorizadas para la venta de seguros de pensiones, deriv

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30165-bae0bdbc/deducibilidad-de-las-reservas-tecnicas-por-obligaciones-pendientes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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