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Modo: Corpus Pro

CONCURSO IDEAL DE DELITOS. LA INAPLICACIÓN DE LA REGLA PREVISTA EXPRESAMENTE POR EL LEGISLADOR PARA SANCIONARLO Y CONFIGURAR JUDICIALMENTE OTRA DISTINTA, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DE DIVISIÓN DE PODERES, YA QUE EL JUZGADOR ÚNICAMENTE PUEDE IMPONER LA PENA PREVISTA EXPRESAMENTE POR LA LEY, DEBIENDO HACERLO EN LOS TÉRMINOS CONTEMPLADOS POR EL PROPIO LEGISLADOR. DELITOS DE COMISIÓN POR OMISIÓN. EL DEBER DE VIGILAR DETERMINADAS FUENTES DE PELIGRO NO DERIVA DE UNA SIMPLE RELACIÓN JERÁRQUICA O DEL LUGAR QUE EL IMPUTADO OCUPE EN UN ORGANIGRAMA O ESCALAFÓN, SINO DE SU POSICIÓN DE GARANTE, DERIVADA DE LA LEY, DE UN CONTRATO O DE SU PROPIO ACTUAR PRECEDENTE. DELITOS DE COMISIÓN POR OMISIÓN. SU REPROCHE PENAL NO DERIVA DE LA REALIZACIÓN DE UNA ACCIÓN QUE PONGA EN MARCHA UNA CADENA CAUSAL DIRIGIDA A LA PRODUCCIÓN DE LOS RESULTADOS MATERIALES PROHIBIDOS POR LA LEY, SINO DE LA INOBSERVANCIA DE UN DEBER ESPECÍFICO DE ACTUAR, A FIN DE IMPEDIR TALES CONSECUENCIAS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 19/2019. · Registro digital (IUS): 30238
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-11-26
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II , Pág. 889.

AMPARO DIRECTO 19/2019. 26 DE MAYO DE 2021. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARÁ CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JORGE VÁZQUEZ AGUILERA.

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual correspondiente al día veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, emite la siguiente:

SENTENCIA

1. Que recae al amparo directo 19/2019, promovido por **********,(1) por propio derecho, contra actos del Tercer Tribunal Unitario del Quinto Circuito, en su carácter de autoridad responsable ordenadora, así como del Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, como ejecutor, consistentes, respectivamente, en la resolución de nueve de junio de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal **********, del índice del mencionado Tribunal Unitario, y su ejecución, al estimarlos violatorios de los derechos humanos reconocidos en los artículos 1o., 14, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(2)

I. ANTECEDENTES

2. A través de la indicada resolución, el Tribunal Unitario responsable modificó la sentencia emitida en primera instancia en la causa penal ********** y sus acumuladas **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********.(3)

3. Esos expedientes derivaron de lo sucedido el cinco de junio de dos mil nueve, en la Guardería ABC, Sociedad Civil (en lo subsecuente Guardería ABC), ubicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, perteneciente al esquema vecinal comunitario del Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante IMSS), donde tras un incendio, iniciado en la bodega contigua, ocupada por la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, lamentablemente perdieron la vida cuarenta y nueve menores de edad y resultaron lesionadas al menos cuarenta y tres personas más, en su mayoría niñas y niños.

4. La demanda de amparo se turnó al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, bajo el número de expediente **********. Una vez recibidas las constancias de emplazamiento de los terceros interesados, el veintiocho de junio de dos mil diecisiete ese escrito inicial se admitió a trámite.(4) El dos de agosto siguiente se ampliaron los conceptos de violación(5) y en sesión de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, el indicado tribunal de amparo solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atracción del caso.(6)

5. Al estimar satisfechos los requisitos de interés y trascendencia para que este Alto Tribunal resolviera el asunto, en sesión de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, esta Primera Sala lo atrajo,(7) ya que su estudio permitiría examinar la regularidad constitucional de la sentencia reclamada, en la cual, tras declararse la inconvencionalidad del primer párrafo del artículo 64 del Código Penal Federal vigente al momento de los hechos, se convalidó la inaplicación de la regla prevista por el legislador ordinario para sancionar el concurso ideal de delitos, configurándose judicialmente otra.

6. Así, se consideró la necesidad de decidir si tal proceder resulta o no compatible con el principio de legalidad en materia penal, consagrado en el párrafo tercero del artículo 14 de nuestra Constitución General, cuya observancia proscribe la posibilidad de imponer penas por analogía o mayoría de razón.(8)

7. Sin embargo, previo a analizar si la citada configuración judicial de una regla sancionatoria distinta a la prevista legalmente se apegó o no a derecho, se debe determinar si la conclusión alcanzada sobre la comisión de los injustos atribuidos y la plena responsabilidad del inconforme en su comisión fue o no correcta, pues tales aspectos constituyen los presupuestos básicos que condicionan la imposición de las penas, cualquiera que sea la regla sancionadora aplicable al referido concurso delictual.

II. COMPETENCIA

8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(9) 40 de la actual Ley de Amparo(10) y 21, fracción III, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(11) esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es constitucional y legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo directo por atracción, pues guarda relación con una materia de su especialidad, sin que se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

III. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA

9. La acción que dio lugar al presente asunto se ejerció dentro del plazo de ocho años a que se refiere el artículo 17, fracción II, de la ley de la materia,(12) toda vez que la sentencia reclamada se notificó al quejoso el nueve de junio de dos mil diecisiete(13) y la demanda la presentó el doce de ese mes y año, ampliando sus conceptos de violación el dos de agosto siguiente.(14)

IV. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO

10. El Tribunal Colegiado de Circuito que previno en el conocimiento del asunto determinó la existencia de la resolución combatida, sin que esta Primera Sala advierta alguna irregularidad al respecto.(15)

V. PROCEDENCIA

11. En el caso no se hicieron valer causales de improcedencia, ni se advierte la posible actualización de alguna.(16)

VI. ELEMENTOS NECESARIOS PARA RESOLVER

12. Hechos. La Guardería ABC se ubicaba en la esquina de las calles Mecánicos y Ferrocarrileros de la colonia Y griega, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Se instaló en una bodega adaptada dentro de una nave industrial, dividida en tres secciones. La sección poniente la ocupaba la citada guardería, mientras las dos restantes conformaban una unidad conocida como bodega "Glosa", arrendada por la Secretaría de Hacienda de esa entidad federativa –ahí había, entre otras cosas, gran cantidad de papel y tres vehículos–. Las secciones compartían un techo de lámina y su muro medianero presentaba algunos orificios. De acuerdo con las constancias allegadas,(17) se tuvo por acreditado que el día de los hechos sucedió lo siguiente:

"Alrededor de las catorce horas con cuarenta minutos, mientras los menores dormían la siesta, hubo un corto circuito en la bodega ‘Glosa’.(18) Las chispas cayeron sobre el papel que ahí se almacenaba y éste comenzó a arder. El calor y las llamas alcanzaron el aislamiento de espuma de poliuretano aplicado por debajo de la plataforma del techo de lámina, lo cual propagó el incendio por toda la sección, cayendo material ardiente sobre el papel restante que estaba en varios anaqueles, intensificándose el incendio.

"Esto forzó el egreso de calor y gases hacia la guardería, a través de los orificios o aperturas que existían en el muro que compartía con la bodega. El fuego dañó la canaleta para agua de lluvia que corría sobre el citado muro, permitiendo que las llamas y los gases cruzaran por debajo hasta llegar a la plataforma del techo de la guardería, lo que produjo la ignición de la espuma de poliuretano, acumulándose el humo y el calor entre la techumbre y los paneles de cielo raso, así como por encima de un toldo plástico tipo carpa que cubría la parte central, utilizada como salón de usos múltiples, sin que los detectores de humo se activaran, pues estaban instalados por debajo del falso plafón. De esta manera, el incendio progresó en condiciones de combustión súbita y las losetas del cielo raso y el toldo plástico cayeron en pedazos. En poco tiempo las instalaciones se llenaron de calor y de humo denso y tóxico –durante el incendio se produjo un apagón que causó una oscuridad casi total–.

"Cuando algunas educadoras se percataron del humo, avisaron a otras y activaron la alarma manual de emergencias. Las maestras encargadas de los salones del lado oriente –colindantes con la bodega ‘Glosa’– intentaron despertar a los niños, pero sólo lograron evacuar a unos cuantos debido a la dificultad de cruzar el salón de usos múltiples y a la imposibilidad de regresar para rescatar a más. Las educadoras de las salas del lado poniente, iniciaron la evacuación por la ‘salida de emergencia’ ubicada en el salón de Lactantes C y posteriormente por boquetes en la pared realizados durante las labores de auxilio. La evacuación de los niños que se encontraban en el salón de Maternal A se realizó principalmente a través de un boquete que los vecinos realizaron en la pared orientada hacia la calle Ferrocarrileros. En distintos momentos las maestras y la directora intentaron abrir la puerta de salida al patio, así como la del almacén, pero éstas abrían hacia adentro, lo que dificultó su utilización."

13. Contenido de la sentencia reclamada. De la lectura de la citada resolución se desprende sustancialmente lo siguiente:

13.1 Al estimar por una parte infundados y por otra inoperantes los agravios hechos valer por las víctimas y el Ministerio Público, el Tribunal de Apelación confirmó la absolución de las sentenciadas **********, **********, ********** y **********,(19) quienes en el momento procesal oportuno fueron acusadas de haber cometido el delito de ejercicio in debido del servicio público, previsto por el artículo 214, fracción III, del Código Penal Federal, vigente en la época de los hechos.(20)

La citada acusación se basó en que, en su condición de jefa de departamento –la primera– y coordinadoras zonales de Guarderías del IMSS en la delegación de Hermosillo, Sonora –las restantes–, teniendo conocimiento por razón de su empleo de la posible afectación grave al patrimonio o intereses de ese organismo público descentralizado, no informaron por escrito a su superior jerárquico de esa situación.

Al respecto, el Juez de la causa esencialmente estimó que el agente del Ministerio Público de la Federación no aportó medios de convicción suficientes para acreditar que hubo dolo en la actuación de las imputadas.

13.2 También se confirmó la absolución de los sentenciados **********, ********** y ********** –aquí quejoso–,(21) a quienes se les imputó el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, descrito en el numeral 217, fracciones I, inciso b) y II de ese mismo ordenamiento legal.(22)

De acuerdo con la postura ministerial se dijo que, en su calidad de delegado estatal del IMSS en el Estado de Sonora, presidenta y secretario del Consejo de Administración de la Guardería ABC, respectivamente, de manera indebida otorgaron y solicitaron una "autorización" de contenido económico para el funcionamiento de esa guardería.

En primera instancia se determinó que el convenio modificatorio del contrato de prestación del servicio de guardería de veintinueve de marzo y el contrato de prestación del servicio de guardería de veintinueve de diciembre, ambos de dos mil seis –por los cuales operaba la mencionada Guardería ABC al momento del incendio–, no eran propiamente "autorizaciones", como desacertadamente lo había sostenido el agente del Ministerio Público de la Federación en sus conclusiones acusatorias, sino "conciertos espontáneos de obligaciones y derechos, en un plano de igualdad entre las partes".

13.3 Asimismo, se confirmó la absolución de los sentenciados **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, a quienes se imputó el delito de lesiones cometidas por culpa, previsto por el artículo 289, segunda parte, del Código Penal Federal,(23) perpetrado en agravio de la menor **********. La razón de tal absolución fue que no se presentó la querella correspondiente.(24)

13.4 De igual modo se reiteró la absolución decretada a favor de los sentenciados **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, respecto del delito de lesiones culposas, tipificado conforme a lo dispuesto en los artículos 288 y 289, párrafo primero, primera parte, del Código Penal antes invocado,(25) con relación a las víctimas menores de edad ********** y **********, "por no haberse expresado motivo alguno de inconformidad", así como la absolución, respecto de ese injusto y por idéntico motivo, del sentenciado **********, en torno al injusto cometido contra el menor de edad **********.(26)

13.5 Por esa razón –falta de inconformidad– también se confirmaron las siguientes absoluciones:

• La de los sentenciados ********** y **********, quienes fueron acusados del delito de lesiones culposas, descrito en los numerales 288 y 289, primer párrafo, segunda parte, del indicado código punitivo,(27) con relación a las víctimas **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********.(28)

• La del sentenciado **********, respecto de ese mismo injusto, pero con relación a las víctimas **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********y **********.(29)

• La de los sentenciados ********** y **********, acusados por ese mismo delito, pero por lo que hace a las víctimas **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********.(30)

13.6 Reiteró la condena a los sentenciados **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********y **********, por su plena responsabilidad penal en la comisión de los delitos de lesiones y homicidio, en detrimento, respectivamente, de cuarenta y tres personas, en su mayoría niñas y niños, y cuarenta y nueve menores de edad.

Se determinó que esos injustos fueron cometidos de manera culposa y eran sancionables en términos de los numerales 302, 307, 288, 289, primer párrafo, segunda parte, 290, 291, 292 y 293 del Código Penal Federal vigente en la época de los hechos, con relación a los ordinales 7o., 9o., 13, fracción II, 18, primera parte, y 60 de ese mismo ordenamiento.(31)

Dada la naturaleza del primero de esos delitos, las lesiones sufridas se clasificaron de la siguiente manera:

• Que tardaron en sanar más de quince días y no pusieron en peligro la vida (artículo 289, primer párrafo, segunda parte), en detrimento de: **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********.

• Que causaron cicatriz en la cara, perpetuamente notable (artículo 290), en agravio de: **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********.

• Que perturbaron para siempre la vista, entorpecieron o debilitaron permanentemente una mano, un pie, un brazo, una pierna o cualquier otro órgano (artículo 291), en perjuicio de: **********, **********, **********, **********y **********.

• Que resultaron en la inutilización completa o pérdida de una pierna, un pie o perjudicaron para siempre alguna función orgánica (artículo 292), en detrimento de: **********.

• Que pusieron en peligro la vida (artículo 293), perpetrado en contra de: **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********.

Respecto de los homicidios se determinó que derivado de lo sucedido, fallecieron los siguientes menores de edad: **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********.

Se concluyó que esos injustos de lesiones y homicidio les eran atribuibles a los sentenciados por haberse actualizado la figura jurídica conocida como comisión por omisión, al considerar que si bien los resultados típicos de índole material, identificados como la alteración de la integridad personal y privación de la vida de los sujetos pasivos, fueron materialmente causados por la intoxicación y quemaduras sufridas por las víctimas durante el incendio suscitado el día de los hechos, lo cierto era que pudieron evitarse o disminuirse de haberse adoptado las medidas correspondientes.

Sobre el particular se destacó que la Guardería ABC, al celebrar con el IMSS el contrato de veintinueve de diciembre de dos mil seis, adquirió la obligación de prestar sus servicios "con estricto apego al Reglamento para la Prestación de los Servicios de Guardería" y de conformidad con la "normatividad establecida por el Instituto Mexicano del Seguro Social", correspondiéndole la obligación de "mantener vigentes todas las autorizaciones necesarias para el funcionamiento de la guardería, así como el deber de conservar el inmueble e instalaciones en que se proporcionaría dicho servicio en condiciones adecuadas de utilidad y funcionamiento".(32)

Desprendiéndose del material probatorio allegado que, al momento de los hechos "... en la guardería no había puertas de emergencia que tuvieran abatimiento hacia fuera del inmueble, con las dimensiones reglamentarias y con un mecanismo de fácil apertura, que además, condujeran directamente al exterior, sin cruzar por cocinas, bodegas o áreas similares; en tanto que en la infraestructura del plantel se utilizaron materiales inflamables; sin que funcionaran óptimamente los detectores de humo, de lo que se entiende que no había un dictamen de seguridad realmente expedido en términos de las disposiciones reglamentarias aplicables".(33)

Aspectos que "conformaron los factores de riesgo que produjeron los resultados típicos, porque se retardó la evacuación del inmueble y se potenció el fuego iniciado en la bodega contigua".(34)

Respecto del quejoso, específicamente, se concluyó que tenía a su cargo los siguientes deberes:

• La colocación de puertas de emergencia independientes de las de uso normal, con abatimiento hacia fuera, dimensiones reglamentarias, mecanismos de fácil apertura y que condujeran directamente al exterior, a fin de no tener que cruzar por cocinas, bodegas o áreas similares.

• Que la puerta normal de salida tuviese las dimensiones reglamentarias, abrir hacia afuera, con un mecanismo para cerrarla y otro para abrirla –desde dentro–, mediante una operación simple de empuje.

• Utilizar únicamente materiales ignífugos en la construcción del inmueble, lo cual implicaba no utilizar telones, carpas, plafones y poliuretano que produjeran gases y humos tóxicos.

• Contar con detectores de humo en óptimas condiciones de funcionamiento.

• Implementar medidas tendentes a "impedir la fácil y rápida propagación de un incendio, así como una aletargada evacuación".(35)

En el entendido que el inconforme también debía "cuidar" que la Guardería ABC contara con "un dictamen favorable de seguridad, pero verdaderamente expedido en términos de las disposiciones reglamentarias aplicables".(36)

Se desestimó que el peticionario de garantías sólo tuviera como actividad "firmar los cheques para los pagos correspondientes" –como declaró durante el procedimiento penal de origen–, al haberse acreditado que contaba con "facultades de representación como apoderado general para pleitos y cobranzas, para actos de administración y de riguroso dominio"; pero además, en unión de otra persona, "acudió al jefe delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en ciudad Obregón, Sonora, pretendiendo prestar un servicio subrogado de guardería a hijos de trabajadores afiliados al instituto", siendo "quien ubicó el inmueble que serviría para ello",(37) de tal modo que estuvo "al tanto de la licencia de uso de suelo", "continuó con la gestión para la instalación del plantel subrogado, estando consciente de las áreas que lo conformarían", actuando como "un administrador activo en la operación material de la Guardería ABC", teniendo "el compromiso de constatar la normatividad que le incumbía a su representada en materia de protección civil, a fin de cumplirla", estando "consciente del número de infantes y del personal que acudían a la Guardería ABC, Sociedad Civil, como también de las circunstancias notorias tales como la existencia de la bodega aledaña, las particularidades de las puertas de salida del inmueble que ocupaba la guardería y los materiales con que estaba acondicionada ésta, sin que gestionara las adecuaciones necesarias".(38)

Así, aunque el siniestro no inició en la guardería, sino en la bodega contigua –se dijo que por razones imputables a otras personas–, esa situación no impedía considerar que el solicitante del amparo no hubiera estado en posibilidad de evitar los resultados típicos imputados mediante las acciones omitidas, pues tratándose de delitos culposos, "no existe la compensación de culpas".(39)

Respecto a las sanciones impuestas al solicitante de la protección constitucional, se resolvió lo siguiente:

En interés superior de los menores afectados y con base en el principio de proporcionalidad, en un control de convencionalidad ex officio, se inaplicó la regla sancionadora del concurso ideal de delitos, prevista en el primer párrafo del artículo 64 del Código Penal Federal vigente al momento de los hechos.(40)

Así, tras fijar la gravedad de la culpa en un punto equidistante entre la mínima y la media, y a fin de sancionar eficazmente la conducta omisiva del justiciable, se le impusieron las siguientes consecuencias jurídicas:

• La pena individualizada del injusto que merecía la mayor, esto es, la de uno de los homicidios, así como una porción de las penas individualizadas del resto de los injustos sujetos a concurso, arrojando un total de veintiocho años, once meses y cuatro días de prisión.

• La obligación de reparar de manera integral, proporcional y mancomunada el daño sufrido por las víctimas y ofendidos, cuyo monto deberá determinarse en ejecución de sentencia; y,

• La suspensión de sus derechos políticos y civiles por el tiempo que dure la sanción carcelaria impuesta.

Por otro lado, también ordenó su amonestación pública para prevenir su reincidencia y le negó los sustitutivos de la sanción privativa de libertad, así como el beneficio de la condena condicional.

14. Conceptos de violación expresados en la demanda y su ampliación. El quejoso sostiene que la sentencia reclamada infringe lo dispuesto en los artículos 1o., 14, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, 8, 9, 13, 15, 17, 29, 30, 31, 35, 38, 42, 45, 46, 52, 60, 64, 220, 223, 234, 235, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 302, 307 y 320 del Código Penal Federal, así como 141, 280, 284, 285, 288 y 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, pues desde su perspectiva, el Tribunal Unitario responsable debió revocar la sentencia apelada y absolverlo de los delitos materia de la condena, al ser evidente la existencia de diversas violaciones a sus derechos humanos y a las garantías previstas para su protección. Al respecto, sustancialmente aduce:

14.1 Ninguna de las pruebas allegadas a la causa acredita que hubiera tenido el deber jurídico de evitar los resultados materiales atribuidos.

La normatividad aplicable, la jurisprudencia y la doctrina en la materia señalan que la responsabilidad penal en la comisión de esa clase de injustos deriva del incumplimiento de una obligación fundada en una ley, en un contrato o en el propio actuar precedente.

Bajo esa óptica, su simple nombramiento como miembro del Consejo de Administración de la Guardería ABC y secretario de ésta, no le generaron un deber en ese sentido.

De acuerdo con lo determinado por la propia autoridad responsable ordenadora, el citado deber se infringió por la utilización de materiales inflamables en la construcción del inmueble y por el indebido diseño de las salidas de emergencia.

En principio, para arribar a esa conclusión era menester señalar, con absoluta precisión, la ley, el contrato o el actuar precedente del quejoso por el cual se estimó le correspondía supervisar las decisiones tomadas sobre el uso de los mencionados materiales y el diseño de las indicadas salidas de emergencia.

Por otro lado, la responsabilidad penal exige no sólo la posibilidad física de actuar, sino primordialmente la constatación del deber jurídico de evitación, el cual, en el caso concreto, se tuvo por demostrado mediante afirmaciones genéricas, carentes de sustento.

En efecto, en la especie, se concluyó que dicho deber derivó del contrato celebrado entre la Guardería ABC y el IMSS, pero se omitió señalar la cláusula o sección correspondiente del citado acuerdo de voluntades que así lo estableciera –lo cual implica oscuridad en la decisión, dejándolo en estado de indefensión–.

Con relación a ello, en la sentencia reclamada se atribuyó al inconforme la condición de "autorizado" por el IMSS para prestar el servicio de guardería, pero se soslayó que el contrato respectivo no lo celebró él en lo personal, sino la Guardería ABC, cuya personalidad jurídica es totalmente distinta a la suya.

Tampoco hay evidencia de que el peticionario del amparo se encargara de supervisar las decisiones sobre los materiales a usar y el diseño de las salidas de emergencia, a fin de desprender su deber de evitación de su propio actuar precedente.

Además, en ninguno de los dictámenes periciales allegados se menciona específicamente la ley, el contrato o actuar precedente del cual derivó su deber de evitación –situación similar ocurre tratándose de las declaraciones de los testigos y coimputados, pues nada dijeron al respecto–.

Suponiendo sin conceder que alguien cometió una conducta punible al amparo de la representación de la Guardería ABC, se debió considerar que el inconforme no era su director, gerente o representante legal y, por consiguiente, no debía responder jurídicamente de tales injustos.

Con relación al tema se debió estar a lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, el cual, al resolver el amparo en revisión 169/2010, con apoyo en el manual relativo al procedimiento de seguridad e higiene para las guarderías del esquema vecinal comunitario del IMSS, concluyó que la directora de la Guardería ABC era la única responsable de verificar y participar en la aplicación del programa de protección civil, así como la obligada a observar y coordinar las medidas de seguridad para evacuar el inmueble en caso necesario, conforme a las normas oficiales NOM-093-1994 y NOM-167-1997.

Postura que también sostuvieron el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora (amparo indirecto 1286/2009) y el Primer Tribunal Unitario del Quinto Circuito (amparo indirecto 21/2012).

La responsabilidad de la directora de la Guardería ABC se corrobora con el oficio 0990013200000/DRECSG/2013/0146, de nueve de julio de dos mil trece, suscrito por el titular de la División de Regulación y Esquemas de Contratación del Servicio de Guarderías del IMSS, donde se dice que esa responsabilidad deriva de los siguientes ordenamientos:

• Artículos 3.4, 3.5, 3.6 y 5 del procedimiento para el ingreso del niño a guardería del esquema vecinal comunitario.

• Preceptos 3, 4, 7.1.8, 7.4.2 y 7.4.14 de la norma que establece las disposiciones para la operación del servicio de guarderías.

• Numerales 3 y 5 del procedimiento para la inscripción del niño en guarderías del esquema vecinal comunitario.

• Ordinales 3 y 5 del procedimiento para el registro de asistencia de los niños e informe estadístico mensual en las guarderías del esquema vecinal comunitario.

• Artículos 3 y 5 del procedimiento para la dotación, control y desarrollo de los recursos humanos en guarderías de los esquemas madres IMSS, ordinario, vecinal comunitario único y guardería integradora.

• Numerales 3 y 5 del manual de organización de la jefatura delegacional de servicios de prestaciones económicas y sociales.

• Guía y criterios de supervisión del servicio de administración.

• Directrices 38 y 39 para la supervisión-asesoría en guarderías.

• Preceptos 4.48 y actividades 28, 29, 32, 37 a 42 del procedimiento para la supervisión-asesoría de la operación del servicio de guarderías.

• Numerales 3 y 4 de la norma que establece las disposiciones para la coordinación entre las guarderías y las unidades de medicina familiar, a fin de proporcionar a los niños usuarios atención médica, acciones de prevención, control y vigilancia epidemiológica.

• Artículos 2, 3 y 5 del procedimiento para la inscripción, ingreso y control de la población infantil en guarderías de los esquemas madres IMSS, ordinario, vecinal comunitario único y guardería integradora.

• Ordinales 3.1, 3.4, 3.5 y 5 del procedimiento de conservación, mantenimiento y servicios generales en guarderías del esquema vecinal comunitario.

• Numerales 3.2 a 3.6 y 5 del procedimiento para la supervisión-asesoría interna y externa en las guarderías del esquema vecinal comunitario.

• Precepto 8.1.3.4 de la norma que establece las disposiciones para la aplicación de la vigilancia epidemiológica en el IMSS.

• Artículos 3.1, 3.2, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10 y 5 del procedimiento de seguridad e higiene en las guarderías del esquema vecinal comunitario.

• Ordinales 2, 3 y 5 del procedimiento para la mejora continua en el servicio de guarderías de los esquemas madre

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30238-2c2ae760/concurso-ideal-de-delitos-la-inaplicacion-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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