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Modo: Corpus Pro

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SIAPA). EL RECIBO DE CONSUMO (ELECTRÓNICO O FÍSICO) EXPEDIDO POR DICHO ORGANISMO DESCENTRALIZADO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA SUSCEPTIBLE DE IMPUGNAR A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 22/2020. · Registro digital (IUS): 30282
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-12-10
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, Pág. 1965.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 22/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LA MAGISTRADA GLORIA AVECIA SOLANO, ASÍ COMO DE LOS MAGISTRADOS JORGE HÉCTOR CORTÉS ORTIZ, CÉSAR THOMÉ GONZÁLEZ Y MARIO ALBERTO DOMÍNGUEZ TREJO. DISIDENTES: LUCILA CASTELÁN RUEDA, CLAUDIA MAVEL CURIEL LÓPEZ Y JORGE CRISTÓBAL ARREDONDO GALLEGOS, QUIENES FORMULARON VOTO PARTICULAR DE MANERA CONJUNTA. PONENTE: JORGE HÉCTOR CORTÉS ORTIZ. SECRETARIOS: CARLOS ABRAHAM DOMÍNGUEZ MONTERO Y FRANCISCO ENRIQUE MÉNDEZ CÁZARES.

Zapopan, Jalisco. El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en sesión ordinaria (virtual) correspondiente al veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, emite la siguiente:

1. SENTENCIA, mediante la cual se resuelve la denuncia de contradicción de tesis 22/2020, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los juicios de amparo directo 41/2020 y 255/2019, de sus respectivos índices; y,

RESULTANDO:

2. PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis.

3. Mediante oficio **********,(1) la presidencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito –por conducto de la secretaria de Acuerdos adscrita– remitió la diversa comunicación del Magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, quien, en términos de los artículos 225, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, formuló denuncia de contradicción de tesis, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiado Segundo y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los amparos directos 41/2020 y 255/2019, de sus respectivos índices.

4. SEGUNDO.—Trámite de la contradicción de tesis.

5. Por auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte,(2) la presidencia de este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, registrándose bajo el número de expediente 22/2020, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 13, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

6. En el mismo acuerdo de admisión se solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes la remisión de diversas constancias que integraron los juicios de amparo directo 41/2020 y 255/2020, a saber: demandas de amparo, sentencias reclamadas, así como las ejecutorias que recayeron en esos asuntos. También se solicitó a los órganos contendientes, informaran si el criterio sostenido en dichos asuntos se encontraba vigente o, en su caso, precisara las razones por las cuales se hubiese apartado del mismo.

7. Por último, se ordenó girar oficio a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que informara a este Pleno de Circuito sobre la existencia de algún asunto radicado ante el Alto Tribunal del País que guardara relación con la temática planteada en la presente contradicción de tesis.

8. En proveídos de diez de noviembre de dos mil veinte, doce de enero y cuatro de febrero de dos mil veintiuno(3) se recibieron las constancias solicitadas a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes quienes, asimismo, informaron que el criterio sustentado en los asuntos materia de la denuncia, seguían vigentes.

9. En el mismo acuerdo de doce de enero del año en curso, el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó por oficio DGCCST/X/293/12/2020, que de la consulta realizada por la Secretaría General de Acuerdos, tanto en el sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, como en los acuerdos de admisión dictados por el Ministro presidente durante los últimos seis meses, no se advirtió la existencia de algún asunto que guardara relación con el tema aquí planteado.

10. Finalmente, por acuerdo de doce de julio de dos mil veintiuno(4) se ordenó turnar los autos de la presente contradicción de tesis al Magistrado Jorge Héctor Cortés Ortiz, integrante del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

11. TERCERO.—Esquema de trabajo a distancia derivado de la contingencia de salud generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

12. Cabe destacar que actualmente, en este Pleno de Circuito impera el esquema de trabajo a distancia por la contingencia de salud derivada del virus SARS-CoV2 (COVID-19), de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado el veintiocho de julio de dos mil veinte, con vigencia del tres de agosto de dos mil veinte, al treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, de conformidad con el Acuerdo General 9/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

CONSIDERANDO:

13. PRIMERO.—Competencia.

14. Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sostenida por Tribunales Colegiados de la misma materia y circuito de este Pleno.

15. Además, conforme a lo dispuesto por el punto de acuerdo 26/2021 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las "Consultas sobre el funcionamiento de los Plenos de Circuito en relación con la reforma constitucional en materia de Justicia Federal, publicada el 11 de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación", cuya parte conducente se transcribe a continuación:

"Primera. En acatamiento a los artículos 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y segundo, tercero y quinto transitorios del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2021 y al Acuerdo General 1/2021, de 8 de abril de 2021, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, y se establecen sus bases, los Plenos de Circuito continuarán operando en los términos en que lo venían haciendo. Asimismo, los órganos del Consejo de la Judicatura Federal continuarán ejerciendo sus atribuciones relativas a su integración, funcionamiento y vigilancia, hasta en tanto entran en funciones los Plenos Regionales, en los términos precisados en el AG 8/2015 y la demás normatividad aplicable."(5)

16. SEGUNDO.—Legitimación.

17. La contradicción de tesis fue denunciada por el Magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, quien cuenta con legitimación para tal efecto, conforme a las reglas establecidas en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues en el presente caso le reviste el carácter de autoridad responsable por participar en la emisión de las resoluciones emitidas en los procedimientos contenciosos de origen, que a la postre se reclamaron en los juicios de amparo directo que son materia de la divergencia de criterios.

18. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 77/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dispone:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE SUSTENTÓ UNA DE LAS TESIS, TIENE LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197–A de la Ley de Amparo establecen, en esencia, que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual decidirá la tesis que debe prevalecer. En consecuencia, la autoridad responsable que intervino en el juicio de amparo de donde derivó una de las tesis sustentadas está legitimada para hacer la denuncia respectiva."

19. TERCERO.—Criterios de los tribunales contendientes.

20. A fin de determinar si la denuncia de contradicción de tesis es existente, resulta oportuno hacer alusión a cada uno de los casos que resolvieron los tribunales contendientes.

A. PRIMERA POSTURA: Sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 41/2020.

Juicio contencioso administrativo.

• Una persona, por derecho propio, promovió juicio contencioso administrativo contra el organismo público descentralizado Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), de quien reclamó el estado de cuenta con fecha de emisión de **********, en donde se pretende ejecutar un cobro por la cantidad de ********** (**********), correspondiente al periodo de facturación del ********** al **********.

• El conocimiento de la demanda le correspondió a la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en donde por acuerdo de presidencia de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, el asunto se registró bajo el número de expediente 2414/2019; no obstante, la Sala desechó la demanda, bajo la consideración medular de que el acto impugnado no se ubica en alguno de los supuestos de procedencia del juicio administrativo, previstos en el artículo 65 de la Constitución del Estado de Jalisco, en relación con el diverso numeral 4o. de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, esto es, que no constituye una resolución definitiva, aunado a que no contiene la expresión gráfica de la voluntad de la autoridad que lo emite, en términos del artículo 68 del Código Civil del Estado.

• Inconforme con lo anterior, la propia actora interpuso recurso de revocación, el que por razón de turno le correspondió conocer a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en donde por acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el recurso relativo, registrándose con el número de expediente **********.

• Agotada la instrucción relativa, el once de noviembre de dos mil diecinueve se dictó la sentencia definitiva, en donde se decidió sobreseer el juicio administrativo, porque en concepto de la Sala Superior, se advirtió de manera oficiosa la actualización de las causas de improcedencia previstas en el artículo 29, fracciones II y IX, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en relación con el diverso arábigo 4o., numeral 1, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, por lo siguiente:

"... el acto que señaló la parte actora como impugnado, no constituye el producto final o última manifestación de la voluntad de la autoridad demandada, toda vez que las cantidades que constan en los recibos por concepto de servicios de agua potable sólo constituyen un informe, en el que se detalla el consumo de dicho líquido, pero no conlleva que se resuelva alguna situación jurídica del orden fiscal, en relación a la accionante, o que se resuelva respecto a un procedimiento o instancia, o que se esté constituyendo o negando un derecho a su favor, de ahí que se estime que el acto que se señaló como impugnado en su escrito de demanda, carezca de la definitividad que prescribe el artículo 4, numeral 1, fracción I, inciso a), de la ley orgánica de este tribunal, anteriormente referido."

Amparo directo.

• No conforme con esa decisión, la propia accionante del juicio de nulidad promovió juicio de amparo directo, el que por razón de turno le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de expediente 41/2020.

• Agotados los trámites procesales, el asunto se resolvió en sesión remota de diecinueve de junio de dos mil veinte,(6) en donde se decidió negar la protección constitucional solicitada, con base en las consideraciones jurídicas que a continuación se sintetizan:

Consideraciones esenciales.

• El Tribunal Colegiado de Circuito declaró ineficaces los conceptos de violación, en los cuales se hizo valer que el estado de cuenta del servicio de agua potable y alcantarillado impugnado sí constituye un acto definitivo, pues contiene un crédito fiscal exigible y, por ende, susceptible de combatir en términos del artículo 4o. de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

• Ahora bien, luego de que el Tribunal Colegiado contendiente analizara la integridad de ese estado de cuenta, relató lo siguiente:

"Se observa que contiene el nombre de la quejosa, la ubicación del predio, el tipo de servicio, el periodo y los rubros que conforman el saldo, sin que se observe fundamentación alguna, ni requerimiento o apercibimiento de cobro.

"En esas condiciones, es inexacto que tal documento sea un requerimiento de pago de un crédito fiscal, como lo aduce la quejosa; puesto que del mismo no se desprende que para su emisión se haya seguido el mecanismo contenido en el artículo 252 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco que indica, concerniente a la forma de hacer efectivo un crédito fiscal, mediante la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución."

• Lo anterior se corrobora, según el Tribunal Colegiado, porque no existe fundamento alguno en el documento impugnado; ni tampoco se advierte que se hubiese señalado término o apercibimiento alguno, para que la quejosa realizara el pago de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado o se inconformara en su contra en caso de identificar errores, cobros indebidos o anomalías.

• Que aunque es cierto que la omisión del pago del servicio de trato, trae consecuencias y afectaciones que se pueden traducir en la determinación de un crédito fiscal; de igual forma lo es que el estado de cuenta cuestionado, no constituye un requerimiento de pago exigible en términos de la Ley de Hacienda Municipal.

• Por tanto, el órgano jurisdiccional contendiente refirió que resultó correcta la determinación de la Sala responsable, en el sentido de que el acto impugnado en el juicio de nulidad no reúne los requisitos necesarios para ser susceptible de impugnar a través del juicio contencioso administrativo.

• Bajo esas consideraciones, el Tribunal Colegiado analizó los artículos 4 (sic) Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; 29, fracción (sic) II y IX, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; 1o. y 25 de la Ley que crea al Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo denominado Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado; 92 de la Ley de Agua para el Estado de Jalisco; 42, 43 y 252 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, para establecer lo siguiente:

"Como se aprecia de lo anterior, las obligaciones fiscales nacen cuando se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales, las cuales se determinarán y liquidarán, acorde con las disposiciones vigentes en el momento de su nacimiento, pero le serán aplicables las normas sobre procedimientos que se expidan con posterioridad. Del tal modo que un crédito fiscal es la obligación fiscal determinada en cantidad líquida y que deberá pagarse en la fecha o plazo señalado en las disposiciones respectivas; en caso contrario se exigirá su pago mediante el procedimiento administrativo de ejecución.

"En el caso que nos ocupa, como se precisó, la actora en la demanda de nulidad señaló como acto impugnado el estado de cuenta que aportó al juicio de origen, sin que al efecto se desprenda que existe un requerimiento de pago, menos aún la emisión de algún procedimiento de ejecución por cuanto hace a tal adeudo; luego, si bien es cierto que conforme con el artículo 25 de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo denominado Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, el pago de cuotas, su actualización, los recargos y gastos de cobranza tienen el carácter de crédito fiscal, lo cierto es que si el adeudo por dichos conceptos sólo aparece consignado en un estado de cuenta, pero no en algún recibo oficial a nombre de la actora, es claro que tal impresión no constituye, por sí misma, una determinación fiscal.

"En esas condiciones, si mediante ese documento no se está requiriendo de pago por el adeudo calculado a la ahora quejosa, tal como lo resolvió la Sala, no constituye un acto definitivo que le cause agravio, pues el estado de cuenta tiene carácter meramente informativo que no representa la última voluntad de la autoridad administrativa, pues sólo es un historial a través del cual el contribuyente puede conocer sus adeudos bimestrales, aun cuando reflejen cantidades líquidas; pues éstas, por sí mismas, no son legalmente exigibles hasta que exista una resolución firme y debidamente notificada que determine un crédito fiscal a su cargo.

"Sin que sea suficiente que se realicen operaciones aritméticas y se establezcan los periodos a pagar, ya que el acto debe contener los procedimientos conducentes que definan su situación legal o administrativa."

• Así –concluyó el órgano jurisdiccional contendiente–, los señalados documentos (recibo de cobro), son meramente instrumentales o informativos para facilitar al particular el cumplimiento de su obligación tributaria.

• Al respecto, el tribunal citó, por analogía, las tesis 2a. X/2003 y I.7o.A.644 A, de títulos y subtítulos: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ‘RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS’. ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL."(7) y "CONSUMO DE AGUA. EL ESTADO INFORMATIVO DE CUENTA DE LA TOMA RESPECTIVA Y EL FORMATO UNIVERSAL DE PAGO DE LA TESORERÍA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL OBTENIDOS VÍA INTERNET, RESPECTO DE LOS DERECHOS RELATIVOS, NO CONSTITUYEN RESOLUCIONES DEFINITIVAS PARA EFECTOS DE SU IMPUGNACIÓN EN EL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL."(8)

• Por último, el Tribunal Colegiado estimó que no le reportaba ningún beneficio a la parte quejosa los razonamientos y criterios citados, en el sentido de que la controversia debía analizarse a la luz del principio de mayor beneficio, porque no se observa alguna violación a sus derechos humanos, además de que el principio pro persona no implica que los asuntos deban resolverse conforme a las pretensiones de la parte accionante; y, como sustento de esa consideración, el tribunal citó la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES."(9)

B. SEGUNDA POSTURA: Sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 255/2019.

Juicio contencioso administrativo.

• Una persona, por derecho propio, demandó la nulidad de la resolución y el cobro contenido en el recibo oficial emitido por el Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), con número de clave **********, en el que se determinó un crédito por la cantidad de ********** (**********), con motivo de los servicios de agua potable y alcantarillado prestados por el periodo comprendido del veinte de junio al dieciocho de julio de dos mil dieciocho.

• El conocimiento del asunto le correspondió a la Primera Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en donde por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, la demanda se admitió bajo el número de expediente **********. En el mismo acuerdo admisorio, se otorgó a la parte actora la medida cautelar solicitada, para el efecto de que no se llevara a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, concerniente al adeudo contenido en el recibo ********** y, en términos del artículo 19 Bis de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se fijó garantía para la efectividad de dicha medida, por una cantidad igual a la del adeudo.

• Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación, cuyo conocimiento correspondió a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, bajo el número de expediente 331/2019 y, agotada la instrucción respectiva, la sentencia se dictó el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, en donde se revocó el auto impugnado y sobreseyó en el juicio, al considerar actualizadas las causas de improcedencia previstas en el artículo 29, fracciones II y IX, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

• Para arribar a esa decisión, el tribunal estimó que la resolución impugnada no se ubicaba dentro de las hipótesis previstas en el artículo 4o., numeral 1, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad, que dispone la competencia del propio tribunal para conocer y resolver de las controversias jurisdiccionales en contra de actos o resoluciones de autoridades de la Administración Pública Estatal o Municipal, que dicten, ordenen, ejecuten o se traten de ejecutar en perjuicio de los particulares y se consideren definitivos.

• Lo anterior, porque en concepto de la Sala, el recibo de cobro impugnado no constituye el producto final o última manifestación de la voluntad de la demandada, porque carece del requisito de definitividad, pues sólo constituye un informe de consumo, sin que ello implique que se esté resolviendo alguna situación fiscal de la parte actora, o algún procedimiento, instancia o petición, ni tampoco se limita, transforma o niega un derecho en favor del gobernado.

Amparo directo.

• No conforme con esa decisión, la propia parte actora promovió juicio de amparo directo y el conocimiento de ese asunto, por razón de turno, le correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de expediente 255/2019.

• Agotados los trámites procesales, el asunto se resolvió en sesión de veintinueve de junio de dos mil veinte,(10) en donde se otorgó la protección constitucional solicitada, con base en las consideraciones esenciales que a continuación se reseñan:

Consideraciones esenciales.

• El órgano jurisdiccional contendiente consideró fundado y suficiente uno de los conceptos de violación, en el que se planteó que el acto impugnado en el juicio contencioso de origen, sí resulta susceptible de combatir en términos del artículo 67, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

• Previo a realizar el estudio correspondiente, el Tribunal Colegiado aclaró lo siguiente:

"... que el artículo 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco no es aplicable al caso, por disposición expresa de su artículo 2 que indica: ‘En materia hacendaria, esta ley es aplicable únicamente en las disposiciones del procedimiento administrativo de ejecución’.

"De igual forma, el artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (a que se refiere el quejoso) fue derogado por Decreto Número 26433/LXI/17, de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se expidió la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; sin embargo, con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo, este tribunal corrige el error en la cita de ese precepto y se precisa que esa disposición está contenida en el artículo 4, numeral 1, fracción I, inciso f), de la ley orgánica de dicho tribunal ..."

• En ese contexto, el Tribunal Colegiado precisó la litis del caso, en los términos siguientes:

"... determinar si el recibo de pago impugnado constituye o no una resolución definitiva, para los efectos del juicio contencioso."

• Sobre el particular, el órgano jurisdiccional contendiente señaló que ambas partes en el juicio de origen, reconocieron que las resoluciones definitivas son aquellas que constituyen la última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, o bien, que son una manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le antecede para poder reflejar la última voluntad oficial, de conformidad con la tesis 2a. X/2003, de título y subtítulo: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ‘RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS’. ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL."(11)

• En ese sentido, el órgano de control constitucional convino con el disconforme, en cuanto a que el acto impugnado, consistente en un recibo emitido por el SIAPA constituye una resolución definitiva, pues fija en cantidad líquida un crédito fiscal y no requiere de un procedimiento que le antecede para poder reflejar la última voluntad oficial.

• El tribunal añadió que del análisis del artículo 56 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2018 (según el tribunal, aplicable al caso por corresponder al año que consta en el recibo impugnado), así como del diverso numeral 20, fracción VI, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, se advierte lo siguiente:

"... el organismo público demandado en el juicio contencioso es una autoridad fiscal y está facultado para, mensualmente, emitir los recibos oficiales que contienen las ‘cuotas de consumo o uso, instalación o sustitución de tomas domiciliarias y conexión de alcantarillado, así como en su caso los recargos, multas y demás ingresos relacionados con los servicios que presta el SIAPA’ los cuales ‘tendrán el carácter de créditos fiscales’ y deben cubrirse ‘dentro del plazo establecido en el recibo oficial’, por tanto, como lo alega la quejosa, el recibo oficial impugnado que contiene, entre otros conceptos, montos de consumo, gastos de ejecución, infracciones y recargos, sí constituye una resolución definitiva impugnable ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, ya que constituye una manifestación aislada de ese ente, que no requiere ningún otro acto para reflejar su última voluntad e imponer obligaciones a los particulares."

• Que, por tanto, el recibo impugnado se ubica en el supuesto contemplado en el artículo 4, numeral 1, fracción I, inciso g), de la ley orgánica del tribunal administrativo estatal, pues determina de manera definitiva la existencia de una obligación fiscal y fue emitida por una autoridad fiscal; y, por ende, contrario a lo resuelto por la Sala responsable, no se actualiza la causal de improcedencia advertida.

• Consecuentemente, el Tribunal Colegiado del conocimiento otorgó la protección constitucional solicitada, para el efecto de que: "... la Sala responsable deje insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, dicte otra, en que prescinda de considerar improcedente el juicio por los motivos aquí examinados, conservando libertad de jurisdicción en las cuestiones que no fueron dilucidadas en esta sentencia."

• Por último, refirió que resultaba innecesario estudiar el diverso motivo de disenso relacionado con la inconstitucionalidad del artículo 29, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa, pues, al concederse el amparo y ordenar dejar sin efectos el acto de aplicación, no se obtendría un mayor beneficio al ya obtenido, en términos del artículo 189 de la Ley de Amparo.

21. CUARTO.—Contradicción de tesis.

22. Este Pleno de Circuito advierte que la contradicción denunciada es existente.

23. Para sustentar la anterior consideración, en principio, es importante mencionar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado jurisprudencialmente(12) los requisitos para la existencia de una contradicción de tesis, los cuales son:

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

24. Procede ahora verificar la actualización de los requisitos para la existencia de la contradicción de tesis.

25. El prime

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30282-9de362f3/sistema-intermunicipal-de-los-servicios-de-agua-potable · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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