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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA SEGUNDA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO Y POR EL CONSEJERO JURÍDICO, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE LA PENSIÓN "(...) A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SE SEPARE DE SUS LABORES POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, QUIEN DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE, PRECISADO EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS SESENTA Y UNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 01 DE ENERO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES.") III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. IV. PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS. V. AUTONOMÍA DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA. VI. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. VII. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTICULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE LA PENSIÓN "(...)A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SE SEPARE DE SUS LABORES POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, QUIEN DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE, PRECISADO EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS SESENTA Y UNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 01 DE ENERO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES.") VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO IMPUGNADO AL HABERSE DECLARADO LA INVALIDEZ DEL DIVERSO DECRETO 661 EN EL QUE SE SUSTENTA AQUÉL EN UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE LA PENSIÓN "(...) A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SE SEPARE DE SUS LABORES POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, QUIEN DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE, PRECISADO EN ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS SESENTA Y UNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 01 DE ENERO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES.") IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL LOCAL, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO AL TRABAJADOR PENSIONADO Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDEZ DECRETADA (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE LA PENSIÓN "(...) A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SE SEPARE DE SUS LABORES POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, QUIEN DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE, PRECISADO

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 11/2021. · Registro digital (IUS): 30305
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-01-07
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Enero de 2022, Tomo II, Pág. 1039.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 11/2021. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTOS los autos para resolver la controversia constitucional 11/2021, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos, por conducto del Magistrado presidente, el doctor Rubén Jasso Díaz, en la cual se demandó la invalidez del Decreto Número Dos Mil Trescientos Dieciséis, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5896, de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, a través del cual el Poder Legislativo de dicha entidad federativa determinó otorgar una pensión por jubilación a la C. Lorena Galindo Arizmendi, con cargo al presupuesto del Poder Judicial mencionado, sin transferir efectivamente los recursos necesarios para cumplir con la carga económica que implica el decreto jubilatorio; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Antecedentes del acto impugnado. El veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, la Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos remitió al titular del Ejecutivo Estatal, el anteproyecto de presupuesto de egresos para el Poder Judicial de la entidad, por un monto de $897'907,928.00 (ochocientos noventa y siete millones, novecientos siete mil novecientos veintiocho pesos 00/100 moneda nacional), distribuido de la siguiente manera:

• Una partida presupuestal para el pago de pensiones y jubilaciones por $264'853,242.00 (doscientos sesenta y cuatro millones ochocientos cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y dos pesos 00/100 moneda nacional).

• De los cuales $106'804,144.00 (ciento seis millones ochocientos cuatro mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) se previeron para el pago del concepto: "Trabajadores con posibilidad de jubilarse por años de servicio".(1)

2. El primero de octubre de dos mil diecinueve, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos remitió al Congreso de la entidad el proyecto de presupuesto de egresos para el Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal de 2020.(2)

3. El veintinueve de enero de dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5777, segunda sección, el decreto seiscientos sesenta y uno, por el que se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020. A través del citado decreto se le asignó al Poder Judicial Local un presupuesto de $549'034,000.00 (quinientos cuarenta y nueve millones treinta y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), en el cual fue incluida la partida denominada: "Pago de decretos pensionarios del Tribunal Superior de Justicia".(3)

4. El veintitrés de diciembre de dos mil veinte se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5896, el Decreto Número Dos Mil Trescientos Dieciséis, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos, determinó otorgar una pensión por jubilación a Lorena Galindo Arizmendi, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos.(4) Decreto que es del contenido siguiente:

"Decreto Número Dos Mil Trescientos Dieciséis por el que se concede pensión por jubilación a la C. Lorena Galindo Arizmendi.

"Artículo 1. Se concede pensión por jubilación a la C. Lorena Galindo Arizmendi, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Juez de Primera Instancia Interina adscrita al Juzgado Segundo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado.

"Artículo 2. La pensión decretada deberá cubrirse al 100% del último salario de la solicitante, de conformidad con el inciso a) fracción II del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil, a partir del día siguiente a aquél en que se separe de sus labores por el Poder Judicial del Estado de Morelos, quien deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal correspondiente, precisado en el anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto Número Seiscientos Sesenta y Uno, por el que se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 01 de enero, al 31 de diciembre de 2020, y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes.

"Artículo 3. El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.

Artículos transitorios

"Primero. Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes.

"Segundo. El decreto que se expida entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, órgano de difusión del Gobierno del Estado.

"Recinto Legislativo, en sesión ordinaria de Pleno iniciada el día veintiuno de octubre del año dos mil veinte, continuada el día veintitrés de los mismos y concluida el día cuatro de noviembre de dos mil veinte.

"Diputados integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos. Dip. José Luis Galindo Cortez, diputado vicepresidente. En términos de lo establecido en los artículos 33 y 38 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. Dip. Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, secretaria. Dip. Erika García Zaragoza, Secretaria. Rúbricas.

"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno, en la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos a los siete días del mes de diciembre del dos mil veinte.

"‘Sufragio efectivo. No reelección’ Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos Cuauhtémoc Blanco Bravo secretario de Gobierno Lic. Pablo Héctor Ojeda Cárdenas Rúbricas."

5. SEGUNDO.—Demanda de controversia constitucional. El nueve de febrero de dos mil veintiuno, Rubén Jasso Díaz, en su calidad de Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, promovió una demanda de controversia constitucional ante esta Suprema Corte de Justicia, en la cual planteó la invalidez de:

IV. La norma general o acto cuya invalidez se demanda, así como el medio oficial en que se hubieran publicado:

Se reclama la invalidez por sí y por vicios propios de los artículos 2o. y 3o. del Decreto Número Dos Mil Trescientos Dieciséis, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5896, de fecha veintitrés de diciembre de dos mil veinte, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos, determinó otorgar pensión por jubilación a Lorena Galindo Arizmendi, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin transferir efectivamente los recursos necesarios para cumplir con la carga económica que implica el decreto jubilatorio.

6. En el único concepto de invalidez de la demanda de controversia constitucional, el Poder Judicial actor argumenta que las autoridades demandadas vulneran en su perjuicio los principios de autonomía e independencia en la gestión presupuestal, expresando, esencialmente, lo siguiente:

a) El decreto impugnado contraviene los artículos 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a) y 127 de la Constitución Federal, así como los diversos 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción VI y 131 de la Constitución Local, ya que invade la autonomía en la gestión presupuestal.

b) La autonomía de gestión presupuestaria tiene fundamento en el artículo 17 constitucional, el cual establece la garantía para una administración de justicia expedita, lo que obliga a los Poderes Legislativos Federal y Local a garantizar la independencia judicial, aspecto que no se satisface con el decreto impugnado, pues el Congreso Local se entromete en las decisiones financieras del poder actor al conceder una pensión con cargo a su presupuesto.

c) Mediante resolución de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, el Pleno determinó que conforme a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, en relación con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para el ejercicio fiscal de esa anualidad era viable proponer el aumento o creación de gasto y la realización de erogaciones adicionales a las aprobadas en el presupuesto de egresos, con el propósito de amortizar adeudos de ejercicios anteriores en materia de pensiones por jubilación, derivados de sentencias judiciales.

d) El Congreso del Estado de Morelos contraviene en perjuicio del Poder actor el artículo 49 constitucional, es decir, vulnera el principio de división de poderes en tanto acuerda cubrir una pensión con cargo a una partida presupuestal del Poder Judicial no programada, lo cual rebasa el principio de autonomía presupuestal de que goza la judicatura.

e) El Poder Judicial no capta ningún ingreso extra que le permita hacer frente integral a las cargas impuestas de modo extraordinario.

f) El Congreso del Estado de Morelos transgrede la independencia y autonomía presupuestal del Poder Judicial de dicha entidad, pues mediante el decreto reclamado determinó otorgar una pensión por jubilación a Lorena Galindo Arizmendi, entrometiéndose en la disposición del presupuesto de la Judicatura Local, lo que supone de facto una relación de subordinación, aunado a que no concedió una ampliación presupuestal.

7. TERCERO.—Admisión y trámite. Por acuerdo de diez de febrero de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia ordenó formar el expediente y registrar la controversia constitucional bajo el número 11/2021; y turnarlo a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

8. Por acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda, por lo que tuvo como demandados en este procedimiento constitucional a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos.

9. CUARTO.—Contestación de demanda. El veintinueve de abril de dos mil veintiuno el Poder Ejecutivo Estatal y el secretario de Gobierno Estatal contestaron la demanda,(5) mientras que con fecha diez de mayo dos mil veintiuno contestó el Congreso Local.

10. QUINTO.—Opinión de la Fiscalía General de la República y del consejero jurídico de la presidencia. El fiscal general de la República y el consejero jurídico de la presidencia no emitieron opinión en el presente asunto.

11. SEXTO.—Audiencia y cierre de instrucción. El diecisiete de junio de dos mil veintiuno se celebró la audiencia. Por acuerdo de veintiocho de junio del mismo año, la Ministra instructora declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

12. SÉPTIMO.—Avocamiento. En atención a la solicitud de la Ministra instructora, por acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, la Primera Sala se avocó para conocer el presente asunto.

CONSIDERANDO:

13. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h, de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(6) por tratarse de un conflicto entre el Poder Judicial y los Poderes Legislativo y Ejecutivo, todos del Estado de Morelos, en el que no se estima necesaria la intervención del Tribunal Pleno, en términos de lo dispuesto en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013.

14. SEGUNDO.—Fijación de la litis. A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con el artículo 41, fracción I,(7) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos resulta necesario determinar cuál es el acto concreto y específicamente reclamado por el Poder actor.

15. En el respectivo apartado de la demanda, el Poder Judicial accionante señaló como tal el siguiente:

IV. La norma general o acto cuya invalidez se demanda, así como el medio oficial en que se hubieran publicado:

Se reclama la invalidez por sí y por vicios propios de los artículos 2o. y 3o. del decreto número dos mil trescientos dieciséis, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5896, de fecha veintitrés de diciembre de dos mil veinte, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos, determinó otorgar pensión por jubilación a Lorena Galindo Arizmendi, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin transferir efectivamente los recursos necesarios para cumplir con la carga económica que implica el decreto jubilatorio.

16. No obstante, derivado de la lectura integral y sistemática de la demanda, en específico del único concepto de invalidez que hizo valer el Poder Judicial del Estado de Morelos, se aprecia que de lo que se duele es que se haya otorgado una pensión por jubilación a una persona con cargo al presupuesto del Poder Judicial Local sin haber transferido los recursos económicos necesarios para cumplir tal señalamiento.

17. Tal determinación se encuentra únicamente en el artículo 2o. y no en el artículo 3o. del Decreto 2316 (Dos Mil Trescientos Dieciséis) y es la que constituye la materia de la presente controversia constitucional. En consecuencia, se tiene al artículo 2o. del Decreto 2316 (Dos Mil Trescientos Dieciséis), publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5896, de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, como acto impugnado.

18. TERCERO.—Oportunidad. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal dispone que el plazo para promover una controversia constitucional es de treinta días que se computan de manera distinta, en función del tipo de acto controvertido.(8).

19. En el presente caso, debido a que el poder actor impugna un decreto cuya naturaleza es de acto legislativo, el cómputo debe realizarse tomando en cuenta el día en que fue publicado en el periódico oficial de la entidad, esto es, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, por lo que el plazo de treinta días para presentar la controversia transcurrió del cuatro de enero de dos mil veintiuno al lunes quince de febrero del mismo año.(9)

20. Consecuentemente, dado que la demanda se presentó el nueve de febrero de dos mil veintiuno, es evidente su oportunidad.

21. CUARTO.—Legitimación. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(10) la parte actora deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas respectivas estén facultados para representarla.

22. El Poder Judicial del Estado de Morelos compareció por conducto del presidente del Tribunal Superior de Justicia Estatal, Rubén Jasso Díaz, personalidad que se reconoce en términos de lo dispuesto en el acta de la sesión extraordinaria de Pleno público solemne número 01 (uno) de ese órgano jurisdiccional, de cinco de mayo de dos mil veinte.(11)

23. El Magistrado presidente se encuentra facultado para promover la presente controversia constitucional en representación del Poder Judicial de Morelos, ya que la fracción II del artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos establece que la representación del Tribunal Superior recae, precisamente, en quien detente la presidencia.(12) Luego, si el Poder Judicial de la entidad federativa se deposita en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con el artículo 86 de su Constitución Local,(13) el Magistrado presidente tiene facultades para promover el presente medio de control de constitucionalidad en su representación.

24. Por su parte, en el auto de admisión de diez de febrero de dos mil veintiuno, se reconoció como demandados a los Poderes Legislativo y ejecutivo, así como al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos.

25. De conformidad con la fracción II del artículo 10 de la ley reglamentaria de la materia,(14) tiene el carácter de parte demandada en la controversia constitucional la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia constitucional.

26. Por tanto, de conformidad con lo previsto en la ley reglamentaria, la parte demandada también debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios facultados para representarla, en términos de las normas que lo rigen.

27. Así, el secretario de Gobierno del Estado de Morelos compareció por sí mismo; mientras que en representación del Poder Ejecutivo, acudió el consejero jurídico, lo que acreditaron con copia certificada de sus respectivos nombramientos.(15)

28. Dichos funcionarios están legitimados para comparecer en la presente controversia constitucional, el primero por sí mismo al haber refrendado el decreto impugnado,(16) y el segundo en representación del Poder Ejecutivo, de conformidad con la fracción II del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.(17)

29. Por otra parte, el Poder Legislativo del Estado de Morelos es representado por el vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, con fundamento en el artículo 38 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.(18)

30. Por consiguiente, los funcionarios acreditaron tener facultades para comparecer a la presente controversia constitucional.

31. QUINTO.—Causas de improcedencia. Antes de entrar al estudio de fondo, resulta necesario analizar las causas de improcedencia planteadas por las autoridades demandadas, así como aquellas que de oficio pudiera advertir este Alto Tribunal.

32. Tanto el secretario de Gobierno como el consejero jurídico, en representación del Poder Ejecutivo Local, ambos de Morelos, señalan que debe sobreseerse en la controversia constitucional, porque el poder actor no les atribuye algún acto de forma directa, es decir, no se formularon conceptos de invalidez que controviertan su actuar por vicios propios respecto de la promulgación y publicación del decreto impugnado.

33. Son infundados los motivos de sobreseimiento antes expuestos, en virtud de que las autoridades mencionadas forman parte del proceso de creación del decreto combatido y, por ende, esa participación y la constitucionalidad de su actuación es susceptible de ser analizada por esta Primera Sala, de conformidad con lo previsto en el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia.

34. Por su parte, el Poder Legislativo del Estado de Morelos señala que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia,(19) porque la expedición del decreto impugnado no le provoca afectación alguna al Poder Judicial actor y, por tanto, carece de interés jurídico para promover el presente medio de control de constitucionalidad.

35. Lo anterior debe desestimarse, ya que la determinación de la afectación que genera a la parte actora la expedición del decreto por el cual se otorga una pensión a favor de una trabajadora, es una cuestión que involucra el estudio de fondo del asunto, por lo que no puede ser motivo de análisis en este considerando. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 92/99 de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."(20)

36. SEXTO.—Estudio. Esta Primera Sala advierte que el planteamiento de invalidez desarrollado por el poder accionante es fundado, pues el hecho de que el Congreso Estatal le haya ordenado el pago de una pensión por jubilación a la C. Lorena Galindo Arizmendi sin haber transferido los recursos económicos suficientes para cumplir con dicha obligación, vulnera su autonomía e independencia en la vertiente presupuestaria, pues constituye una forma de subordinación frente al primero de ellos, y, en consecuencia, se configura una afectación en la autonomía de gestión de recursos.

37. Esta Primera Sala en diversos precedentes tales como las controversias constitucionales 241/2016, 225/2016, 240/2016, 175/2017, 244/2016, 164/2017, 299/2017, 304/2017, 315/2017 y 168/2020,(21) y de manera destacada por haber sido resuelta recientemente, la controversia constitucional 102/2019,(22) estableció lineamientos para analizar la validez de decretos emitidos por el Congreso del Estado de Morelos que han tenido como finalidad ordenar al Poder Judicial de dicho Estado el pago de pensiones por jubilación con cargo a su presupuesto público.

38. Al respecto, se ha determinado que el principio de división de poderes dentro de las entidades federativas está previsto en el primer párrafo del artículo 116 de la Constitución Federal,(23) conforme al cual el poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sin que puedan reunirse dos o más en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo, principio que también se encuentra previsto en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.(24)

39. Respecto del principio de división de poderes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado una sólida doctrina judicial, mediante la cual precisó que éste exige un equilibrio entre los distintos poderes de las entidades federativas, que opera a través de un sistema de pesos y contrapesos con la finalidad de evitar la preponderancia de un poder u órgano absoluto, capaz de producir una distorsión que desarmonice el sistema de competencias previsto constitucionalmente y/o afecte el principio democrático o los derechos fundamentales reconocidos en la Norma Fundamental, en términos de la jurisprudencia P./J. 52/2005.(25)

40. En esa tesitura, este Alto Tribunal estableció que para respetar dicho equilibrio, los poderes públicos de las entidades federativas están obligados a acatar tres mandatos prohibitivos de conformidad con las jurisprudencias P./J. 80/2004, P./J. 81/2004 y P./J. 83/2004,(26) a saber:

a) No intromisión

b) No dependencia

c) No subordinación de cualquiera de los poderes con respecto a los otros.

41. Los anteriores elementos resultan de suma importancia para el principio de división de poderes y el pleno respeto de las esferas competenciales que rodean a cada uno de ellos. Sin embargo, la subordinación es el nivel más grave de violación de dicho principio, puesto que no sólo conlleva que un poder público no pueda tomar decisiones con plena autonomía, sino que además supone que debe de someterse a la voluntad del poder subordinante.

42. En primer término, de conformidad con los precedentes citados con anterioridad, esta Primera Sala fijó el criterio de que la intromisión por parte del Poder Legislativo Local en la gestión presupuestal del Poder Judicial actor vulnera de manera directa su independencia, puesto que es entendida como una forma de subordinación frente al primero de ellos, siendo el grado más grave de violación en el ámbito competencial.

43. Ahora bien, es necesario precisar que la autonomía de gestión en el presupuesto del Poder Judicial Local –cuyo fundamento se encuentra en el artículo 17 constitucional– resulta una condición indispensable para garantizar que sus funciones sean realizadas con plena independencia, ya que ese atributo resulta fundamental para salvaguardar la inmutabilidad salarial, el adecuado funcionamiento de la carrera judicial y la inamovilidad de las personas juzgadoras, obligaciones institucionales que difícilmente se podrían cumplir sin la existencia de una plena autonomía presupuestal de conformidad con la jurisprudencia P./J. 83/2004.(27)

44. En ese sentido, la mencionada autonomía no puede ser amenazada por otros poderes públicos, puesto que ello tendría como consecuencia una vulneración al principio de división de poderes previsto en el artículo 116 de la Constitución Federal.(28)

45. En el caso concreto, del análisis al decreto impugnado esta Primera Sala advierte que efectivamente, el Congreso del Estado concede una pensión por jubilación a una persona que prestó sus servicios profesionales al Poder Judicial Local, es decir, fijó las reglas para que este último cubriera determinado monto económico con cargo a la partida presupuestal correspondiente, por lo que nos encontramos ante un intento de manipulación en el destino del erario dedicado a la rama judicial.(29)

46. Consecuentemente, esta Primera Sala considera que como se ha concluido en diversos asuntos, el decreto combatido representa el grado más elevado de violación al principio de división de poderes, dado que vulnera la independencia del Poder Judicial Local, y, por consiguiente, su autonomía en la gestión de recursos, puesto que el Congreso del Estado concedió una pensión por jubilación a una persona que no tuvo relación laboral con él, aunado a que ordenó su pago sin otorgar participación alguna al poder sobre el que ejerció de facto una acción de subordinación.

47. Es relevante dejarle claro a los órganos demandados que el Poder Judicial del Estado de Morelos es el único facultado de administrar, manejar y aplicar el presupuesto que le es asignado, de conformidad con sus funciones y objetivos institucionales, por ese motivo, el hecho de que cualquier otro Poder público pretenda tener injerencia en ello representa una violación a lo previsto por el artículo 116 de la Constitución Federal.

48. Al respecto, al resolver las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008,(30) este Alto Tribunal concluyó que conforme a la fracción VI del artículo 116 constitucional,(31) los Congresos Estatales son los encargados de emitir las leyes que deben regir las relaciones entre las entidades y las personas que trabajan para ellas.

49. Lo anterior representa una obligación para los Congresos Locales de regular todas las cuestiones relativas a la seguridad social, incluidas el pago de pensiones por jubilación, con lo que se da cumplimiento a lo previsto por el artículo 127, fracción IV,(32) de la Constitución Federal, sin que ello permita a los órganos legislativos otorgar de manera directa dicha prestación.

50. En esa tesitura, si bien el mandato constitucional establecido en el artículo 127 de la Ley Fundamental se encuentra encaminado a regular el otorgamiento de determinadas prestaciones en materia de seguridad social, es decir, jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ello no permite que los Congresos Locales puedan interferir de manera directa en la asignación de tales prestaciones cuando se trata de personas que prestaron servicios profesionales en algún poder ajeno a éste.

51. Aunado a ello cabe destacar que si bien la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos prevé el derecho de los trabajadores a obtener este tipo de pensiones, los requisitos que deben cubrirse para ello y la facultad por parte del Congreso del Estado de autorizarla mediante decreto. No obstante, no define cómo deben financiarse esas pensiones, cómo, en su caso, se distribuirán las cargas respectivas entre las distintas instituciones para las cuales haya laborado el servidor público y mucho menos autoriza a éste a imponer la obligación del pago de las pensiones sin haber otorgado previamente los recursos presupuestales suficientes al Poder Judicial o Ejecutivo, para que sean, respectivamente, los que cubran aquellas a los servidores públicos que estén en sus respectivas nóminas al momento de generar el derecho a recibir su pensión.

52. Por tal motivo es que esta Primera Sala considera que es precisamente tal indefinición lo que torna al decreto aquí impugnado inconstitucional. Máxime que de conformidad con los artículos 32 de la Constitución Política del Estado de Morelos y 61, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado,(33) el Congreso Estatal es el órgano encargado de revisar, modificar y aprobar el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado y, por ende, correspondería a dicha Legislatura establecer y autorizar las partidas presupuestarias correspondientes a fin de satisfacer la obligación que tiene el Estado de pagar las pensiones a sus trabajadores, así como de distribuir las cargas financieras dependiendo de qué Poder o Poderes fueron patrones del pensionista y por cuánto tiempo, pues es el propio Congreso quien cuenta con la información necesaria para ello en términos de la Ley del Servicio Civil.

53. En relación con ello, cabe recordar que el acto impugnado en este medio de control constitucional es el Decreto Dos Mil Trescientos Dieciséis, particularmente el artículo 2o. por el que se determinó conceder pensión por jubilación a Lorena Galindo Arizmendi, con cargo a la partida presupuestal correspondiente, precisado en el anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto Número Seiscientos Sesenta y Uno, por el que se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes.

54. Por tanto, es necesario señalar que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos promovió acción de inconstitucionalidad en contra del mismo Decreto Seiscientos Sesenta y Uno que contiene el presupuesto de egresos indicado,(34) la cual quedó registrada con el número 116/2020. En sesión de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, ese medio de control constitucional fue resuelto por el Pleno de este Alto Tribunal en el sentido de declarar su invalidez total, por m

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30305-1e714b72/i-controversia-constitucional-el-presidente-del-tribunal-superior · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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