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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL QUE A SU JUICIO VULNERAN DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA NORMAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO QUE A SU JUICIO VULNERAN DERECHOS HUMANOS. III. PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS EN MATERIA DE DERECHOS. ESTOS PRINCIPIOS EXIGEN QUE EN LA DETERMINACIÓN DE LAS CUOTAS SE TOMEN EN CUENTA EL COSTO QUE REPRESENTA AL ESTADO LA ACTIVIDAD DE QUE SE TRATE Y, ADEMÁS, QUE DICHAS CUOTAS SEAN FIJAS E IGUALES PARA TODOS LOS QUE RECIBAN EL MISMO SERVICIO. IV. ALUMBRADO PÚBLICO. EN LA CUANTIFICACIÓN DE LAS CUOTAS EN EL CASO DE LOS DERECHOS POR ESTE SERVICIO DEBEN IDENTIFICARSE, POR UNA PARTE, EL TIPO DE SERVICIO PÚBLICO DE QUE SE TRATE Y, POR LA OTRA, EL COSTO QUE LE REPRESENTA AL ESTADO PRESTARLO, SIN CONSIDERAR ASPECTOS AJENOS A ÉSTOS, COMO LO SERÍA LA SITUACIÓN PARTICULAR DEL CONTRIBUYENTE O CUALQUIER OTRO ELEMENTO DISTINTO AL COSTO. V. ALUMBRADO PÚBLICO. LA TARIFA QUE CORRESPONDE AL DERECHO POR LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO QUE SE FIJA A PARTIR DE CIRCUNSTANCIAS QUE NO ATIENDEN AL VALOR QUE REPRESENTA AL MUNICIPIO, SINO CON LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL CONTRIBUYENTE QUE SE REFLEJA EN FUNCIÓN DEL DESTINO O DEL TIPO DE PREDIO, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y DE EQUIDAD TRIBUTARIAS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIONES I, II, III, IV Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COALCOMÁN; 17, FRACCIONES I, II, III, IV Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COPÁNDARO; 17, FRACCIONES I, II, III, IV Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS; 17, FRACCIONES I, II, III, IV Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA; 16, FRACCIONES I, II, III, IV Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TUXPAN; 17, FRACCIONES I, II, III, IV Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA; 17, FRACCIONES I, II, III, IV Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZINÁPARO; Y 17, FRACCIONES I, II, III, IV Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, TODAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA MEDIANTE LOS DECRETOS 468, 470, 481, 482, 489, 492, 497 Y 499, RESPECTIVAMENTE, EL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE). VI. ALUMBRADO PÚBLICO. LOS PRECEPTOS QUE PREVÉN LA CUOTA QUE DEBE PAGARSE POR CONCEPTO DE LOS DERECHOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESTE SERVICIO A PARTIR DEL DESTINO DEL INMUEBLE, SON CONTRARIOS AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, AL NO ATENDER AL COSTO REAL DEL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL MUNICIPIO, SINO A LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL CONTRIBUYENTE (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIONES I, II, III, IV Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COALCOMÁN; 17, FRACCIONES I, II, III, IV Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COPÁNDARO; 17, FRACCIONES I, II, III, IV Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS; 17, FRACCIONES I, II, III, IV Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA; 16, FRACCIONES I, II, III, IV Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TUXPAN; 17, FRACCIONES I, II, III, IV Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA; 17, FRACCIONES I, II, III, IV Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZINÁPARO; Y 17, FRACCIONES I, II, III, IV Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, TODAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA MEDIANTE LOS DECRETOS 468, 470, 481, 482, 489, 492, 497 Y 499, RESPECTIVAMENTE, EL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE). VII. ALUMBRADO PÚBLICO. LOS DERECHOS POR ESE SERVICIO QUE DEBEN PAGAR LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES PROPIETARIOS, POSEEDORES, USUFRUCTUARIOS O USUARIOS DE PREDIOS RÚSTICOS O URBANOS QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CON UNA CUOTA ANUAL ATENDIENDO AL TIPO DE PREDIO (RÚSTICO O URBANO), ASÍ COMO A SU SUPERFICIE, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIONES I, II, III, IV Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COALCOMÁN; 17, FRACCIONES I, II, III, IV Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COPÁNDARO; 17, FRACCIONES I, II, III, IV Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS; 17, FRACCIONES I, II, III, IV Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA; 16, FRACCIONES I, II, III, IV Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TUXPAN; 17, FRACCIONES I, II, III, IV Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA; 17, FRACCIONES I, II, III, IV Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZINÁPARO; Y 17, FRACCIONES I, II, III, IV Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, TODAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021, PUBLICADAS EN EL

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 26/2021. · Registro digital (IUS): 30329
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-01-14
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Enero de 2022, Tomo I, Pág. 7.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 26/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 26 DE AGOSTO DE 2021. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiséis de agosto de dos mil veintiuno.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Demanda inicial y normas impugnadas. Por oficio recibido a través del buzón judicial de este Alto Tribunal el veintiocho de enero de dos mil veintiuno y recibido al día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su presidenta, María del Rosario Piedra Ibarra, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de las disposiciones siguientes:

"1. Artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Coalcomán, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2021.

"2. Artículo 17 de la Ley de ingresos del Municipio de Copándaro, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2021.

"3. Artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Lucas, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2021.

"4. Artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Ana Maya, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2021.

"5. Artículo 16 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tuxpan, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2021.

"6. Artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Vista Hermosa, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2021.

"7. Artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zináparo, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2021.

"8. Artículo 17, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zinapécuaro, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2021.

"Dichos ordenamientos fueron publicados mediante los decretos números 468, 470, 481, 482, 489, 492, 497 y 499, el 29 de diciembre de 2020, en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo."

2. SEGUNDO.—Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La Comisión accionante considera que las normas que impugna son contrarias a los artículos 1o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

3. TERCERO.—Conceptos de invalidez. La Comisión accionante combate las normas impugnadas, en síntesis, con base en los siguientes argumentos:

• Único. Los artículos impugnados establecen las tarifas mediante las cuales se causarán y pagarán los derechos por el servicio de alumbrado público, tomando en consideración el destino o uso de los predios de las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias que se encuentren registradas ante la Comisión Federal de Electricidad, o bien, en función de la naturaleza del predio correspondiente.

Lo anterior significa que, para fijar la cuota respectiva, el legislador tomó en consideración elementos ajenos al costo real de ese servicio, y ello implica que la cuota que deben cubrir los contribuyentes depende del uso o características del predio respectivo, lo cual se traduce en una vulneración a los principios de equidad y proporcionalidad en las contribuciones reconocidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para llegar a la conclusión anterior, el presente argumento se estructura con un primer apartado en el que se exponen las características de las contribuciones en el Estado Mexicano. Posteriormente, se esboza el desarrollo jurisprudencial del principio de proporcionalidad y equidad tributarias aplicable al caso. Finalmente, se esgrimen las razones por las que se considera que las normas impugnadas son inconstitucionales.

A. Naturaleza y características de las contribuciones.

La Constitución Federal regula en su artículo 31, fracción IV, los principios que deben regir las contribuciones, a efecto de garantizar límites al poder público frente a los derechos del gobernado. Dicha disposición consagra los principios constitucionales de índole fiscal consistente en generalidad contributiva, reserva de ley, destino al gasto público, proporcionalidad y equidad, las cuales, además de ser derechos fundamentales inherentes a los gobernados reconocidos por el texto constitucional, enuncian características que pueden llevarnos a construir un concepto jurídico de tributo o contribución.

Así, las contribuciones o tributos se entienden como un ingreso de derecho público destinado al financiamiento de los gastos generales, obtenido por un ente de igual naturaleza –Federación, Ciudad de México, Estados y Municipios–, titular de un derecho de crédito frente al contribuyente, cuya obligación surge de la ley, la cual debe gravar un hecho indicativo de capacidad económica, dando un trato equitativo a todos los contribuyentes.

Las contribuciones previstas en el Texto Constitucional pueden ser de distinta naturaleza, atendiendo a su configuración estructural compuesta por sus elementos esenciales que, por un lado, permiten mediante su análisis integral y armónico, determinar su naturaleza y, por el otro, constituyen el punto de partida para el análisis de su adecuación al marco jurídico constitucional que los regula, a saber: sujeto, hecho imponible, base imponible, tasa o tarifa y época de pago.

Los componentes referidos son una constante estructural de los tributos, su contenido es variable y se presentan de manera distinta y dependiendo del tipo de contribución que se analice se determina la naturaleza propia de cada una.

En las contribuciones denominadas "derechos", el hecho imponible se refiere a una actuación de los órganos del Estado a través del régimen de servicio público, o bien, el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público. En contraste, en el caso de los impuestos, el hecho imponible está constituido por hechos o actos que, sin tener una relación directa con la actividad del ente público como tal, ponen de manifiesto de manera relevante la capacidad contributiva del sujeto pasivo.

Es así que el hecho imponible de las contribuciones reviste un carácter especial entre los componentes que integran el tributo, toda vez que no sólo constituye un presupuesto para el nacimiento de la obligación tributaria, sino que, además, sirve como elemento de identificación del tributo, pues en una situación de normalidad evidencia e identifica la categoría de la contribución a la que pertenece.

En ese sentido, el hecho imponible otorga efectos jurídicos a la actualización de determinada hipótesis, debido a que la situación, hecho, acto o actividad constituye un reflejo de la capacidad contributiva del sujeto que actualiza la mencionada hipótesis y no una consecuencia jurídica derivada de la voluntad del legislador de manera arbitraria.

Así, resulta lógico concluir que el hecho imponible, al referirse a la capacidad contributiva del sujeto pasivo que lo actualiza, requiere de un elemento adicional para poder concretar el monto de la obligación tributaria, de manera que se respete la garantía de proporcionalidad de las contribuciones en la medida en que exista congruencia entre el hecho imponible y la cuantificación de su magnitud, función esta última que le corresponde al elemento tributario conocido como base imponible.

Asimismo, la exigencia de congruencia entre hecho imponible y base, además de ser un requisito de proporcionalidad, es también una cuestión de lógica interna de los tributos, pues de lo contrario existiría imprecisión en torno a cuál es el aspecto objetivo efectivamente gravado y cuál es la categoría tributaria que efectivamente se regula.

B. Principios de justicia tributaria.

El principio de proporcionalidad tributaria reconocido en el artículo 31, fracción IV, constitucional, entraña una garantía de las personas por virtud de la cual el legislador, al diseñar el objeto de las contribuciones, debe respetar un umbral libre o aminorado de tributación, observando los parámetros constitucionales para la imposición de contribuciones y lo correspondiente a los recursos necesarios para la subsistencia de las personas. De esta manera, sólo las autoridades constitucionalmente habilitadas pueden imponer los tributos, y las personas no deben ser llamadas a contribuir si se ve amenazada su capacidad para salvaguardar sus necesidades elementales.

Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria en las contribuciones rige de manera distinta cuando se trata de derechos o de impuestos, puesto que estos últimos tienen una naturaleza distinta a los primeros, por lo que es necesario establecer un concepto adecuado de proporcionalidad y equidad que les sea aplicable.

En materia fiscal, se entiende por "derechos" a aquellas contraprestaciones que se pagan a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los Poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten, así el principio de proporcionalidad en materia de "derechos" implica que la determinación de las cuotas correspondientes por ese concepto ha de tener en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.

De tal suerte que, al tratarse de "derechos" deben tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se originan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares.

Por otra parte, el principio de equidad en materia tributaria exige que los contribuyentes que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que los regula, lo que a su vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación.

Es así que, el principio de equidad en la imposición establece que las personas, en tanto estén sujetas a cualquier contribución y se encuentren en iguales condiciones relevantes para efectos tributarios, han de recibir el mismo trato en lo que se refiere al tributo respectivo.

Acorde con los criterios de ese Máximo Tribunal, para analizar los principios citados de una disposición normativa que establece un derecho, debe tomarse en cuenta la actividad del Estado que genera su pago, que permitirá decidir si el parámetro de medición seleccionado para cuantificar la base gravable resulta congruente con el costo que representa para la autoridad el servicio relativo, en la que la cuota no puede contener elementos ajenos al servicio prestado, porque daría lugar a que un mismo servicio se contribuya en cantidades diversas.

C. Inconstitucionalidad de las normas impugnadas.

A juicio de esta Comisión Nacional, los artículos impugnados vulneran el principio de proporcionalidad tributaria porque establecen un cobro por el servicio de alumbrado público, pero cuyo monto a pagar dependerá del destino que se le dé a un predio, por ejemplo, si se trata de uso doméstico, o se destina a uso de pequeño, mediano o gran comercio o industria.

Las normas impugnadas, de forma coincidente, establecen que el servicio de alumbrado público causará derecho de conformidad con el título cuarto, capítulo II, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán.

Tales preceptos determinan que el pago de alumbrado público es exigible a las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios que se encuentren registrados ante la Comisión Federal de Electricidad, según el uso del precio, sea doméstico, o de pequeño, mediano o gran comercio o industria, y en el caso de que no estén registrados ante dicha Comisión, dependiendo si se trata de predios rústicos o urbanos.

Así, el legislador consideró como elemento determinante del monto a pagar por la contribución un elemento totalmente ajeno al costo real del servicio prestado por el Municipio.

Al respecto, debe recordarse que el objetivo del servicio de mérito no es beneficiar a una persona en particular, sino en igualdad de circunstancia a toda la población y transeúntes en los territorios de los Municipios.

Es necesario traer a colación lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 28/2019, promovida por esta Comisión Nacional contra diversos artículos de la Ley Número 170 de Ingresos para el Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2019, donde ese Alto Tribunal declaró la inconstitucionalidad de normas de contenido similar a las ahora impugnadas, pues prevén un cobro por el derecho de alumbrado público y se observó que el legislador no sólo gravó el consumo de energía eléctrica siendo incompetente para ello, sino también que el cobro de ese derecho se fijó teniendo en cuenta el tamaño, ubicación y destino del predio que se consideró beneficiado, lo cual no atendía a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos ni al costo del servicio, por lo que no se cumplió con el contenido de los principios de justicia tributaria.

También al resolver la acción de inconstitucionalidad 21/2020, promovida contra diversas normas de leyes de ingresos de Municipios de Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2020, se concluyó que las normas que preveían fórmulas para el cobro del derecho de alumbrado público que consideraban los metros de frente a la vía pública de los predios, resultaban violatorias de los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, así como el de seguridad jurídica porque los elementos que proporcionó el legislador no atendían al costo que representa al Estado la prestación del servicio, ni cobra el mismo monto a todas las personas que reciben el mismo servicio en razón de un parámetro razonable.

En el caso, dada la similitud con los precedentes citados, el legislador michoacano consideró como elemento determinante para el establecimiento de la cuota del derecho el uso o destino de los predios de las personas ello necesariamente se traduce en la desproporcionalidad de la cuota, puesto que no se atiende al costo real del servicio proporcionado por el Municipio.

Ello ocasiona que la individualización en cuanto al monto de ese derecho se diferencie entre cada contribuyente en razón del destino, uso o naturaleza de los predios de las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias, según se encuentren o no registradas ante la Comisión Federal de Electricidad, ocasionando un pago inequitativo y diferenciado para cada uno de los obligados a cubrir ese derecho.

Finalmente, de ser tildadas de inconstitucionales las normas impugnadas, se solicita se extiendan los efectos a todas aquellas que estén relacionadas; asimismo, que se vincule al Congreso de Michoacán a que en lo futuro se abstenga de expedir normas con el mismo vicio alegado.

4. CUARTO.—Registro del expediente y turno del asunto. Por acuerdo de dos de febrero de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 26/2021, y la turnó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento.

5. QUINTO.—Admisión de la demanda. La Ministra instructora admitió a trámite el presente asunto mediante proveído de dos de febrero de dos mil veintiuno, en el cual ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Michoacán para que rindieran sus respectivos informes; asimismo, requirió al órgano legislativo para que remitiera copia certificada del proceso legislativo de las normas impugnadas y al órgano ejecutivo para que exhibiera copia certificada del Periódico Oficial estatal en el que conste su publicación. De igual forma, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que antes del cierre de instrucción manifestaran lo que a su respectiva representación correspondiera.

6. SEXTO.—Acuerdo que tiene por rendidos los informes de las autoridades emisora y promulgadora. Por acuerdo de seis de abril de dos mil veintiuno, la Ministra instructora tuvo por rendidos los informes requeridos a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Michoacán, autoridades a las cuales tuvo dando cumplimiento a los requerimientos ordenados en autos.

7. SÉPTIMO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo. Mediante oficio recibido a través del buzón judicial de este Alto Tribunal el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, recibido el mismo día en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(2) el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán rindió informe, en el que expresión, en esencia, lo siguiente:

• Único. Los derechos humanos de seguridad social no se vulneran al cobrarse el impuesto al consumo de energía eléctrica, ni se transgreden los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues si bien es cierto que el Congreso Local llevó a cabo la aprobación de las normas impugnadas, el artículo 32, inciso c), fracciones I, II y III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo determina que los Ayuntamientos y Concejos Municipales de la entidad federativa, administrarán libremente su hacienda, de conformidad con las normas vigentes y aprobarán el proyecto de ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año que corresponda, mismo que será presentado por el tesorero municipal, y de conformidad con el artículo 123, fracción II Bis, de la Constitución Local, los Ayuntamientos propondrán en su competencia a la Legislatura Estatal la norma jurídica en su competencia y jurisdicción, en lo relativo a las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, aprovechamientos, productos, ingresos derivados de financiamiento y las tablas de valores unitarios que sirvan de base para el cobro de las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora.

Lo anterior es con base, además, en lo establecido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, que determina la obligación constitucional de los mexicanos para contribuir en los gastos públicos de la Federación, Ciudad de México, Estados y Municipios en que residan, en forma proporcional y equitativa que dispongan las leyes, lo cual se relaciona con la fracción IV del artículo 115 de ese Magno Ordenamiento, que regula, entre otros, que los Municipios administrarán libremente su hacienda.

Por ello, no se afecta la seguridad de la ciudadanía al ser regulado el derecho de alumbrado público, sino por el contrario, al estar reglamentado en una norma vigente en su temporalidad, los ciudadanos se encuentran sujetos a su cumplimiento.

Por consiguiente, el Congreso Local, al poseer atribuciones constitucionales para la creación de leyes, previo procedimiento normado por la Constitución del Estado y leyes secundarias que regulan la creación normativa, así como sus efectos establecidos en las mismas; todos los ciudadanos que conforman la sociedad deberán de respetarla para una mejor coexistencia.

Sobre el particular, lo regulado en los artículos 1, 98, 99, 100, 101, 102 y 103 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, vigente, se determina, entre otros, la percepción en cada ejercicio fiscal, con la finalidad de atender y cubrir el gasto público, así como demás obligaciones a su cargo; por consiguiente los ingresos por concepto de derechos municipales que anualmente se establezcan se encuentran regulados para tales efectos, con lo cual no se vulnera la seguridad jurídica, ni el principio de legalidad tributaria.

El Congreso de Michoacán reformó los artículos 11 y 102 de la Ley de Hacienda Municipal referida, en atención a lo determinado en las acciones de inconstitucionalidad 20/2020, 96/2020 y 101/2020, promovidas por la Comisión accionante, la cual demandó la invalidez de diversas disposiciones de leyes de ingresos municipales del Estado, para el ejercicio fiscal 2020.

Así, el Congreso Local, en competencia de los integrantes de las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda y Deuda Pública, consideraron la necesidad de otorgar a los Municipios lo siguiente: "la certeza jurídica desde la legislación que rige su vida financiera, para que tengan recursos económicos necesarias para que puedan afrontar sus obligaciones para el pago del costo de los servicios de alumbrado público, no solamente en el alumbrado público, sino también en todos los servicios que los Ayuntamientos otorgan a la ciudadanía, que es traducido en el bombeo de agua potable, en algunos casos saneamiento de aguas residuales, entre otros.".

Con lo anterior, se acredita la sensibilidad en el cumplimiento por parte del Congreso Local; asimismo, el compromiso que los integrantes de esa autoridad legislativa asumen con la sociedad michoacana.

De tal forma, al ser prestado este servicio público municipal a la comunidad, son sujetos de este derecho, las personas propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de alumbrado público que éste presta; por ello la base gravable de este derecho corresponde al gasto en sus conceptos que regula la Ley de Hacienda Municipal, por consiguiente su pago, es la contraprestación del derecho de alumbrado público, conforme a las tarifas y forma que señalen las leyes de ingresos de los Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo; y, en su competencia, los Municipios tienen a su cargo la recaudación del derecho respectivo y podrán celebrar convenios con la Comisión Federal de Electricidad para que ésta realice la correspondiente recaudación.

Es importante señalar lo regulado en los artículos 9, 10 y 11 del Código Fiscal Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, en este orden, las personas físicas y las morales que causen contribuciones conforme a su riqueza están obligadas a contribuir al gasto público del Municipio, de conformidad con la Ley de Hacienda Municipal del Estado, el Código Municipal de la entidad federativa y la Ley de Ingresos Municipal del año fiscal correspondiente, normas que en su conjunto se encuentran armonizadas con la Constitución Federal y la Local, las cuales reúnen los rectores normativos y contenidos en el principio de legalidad, para el caso que se atiende corresponden a recaudar la contribución, misma que, se destinará al gasto público respectivo, por lo que deberán ser enterados éstos derechos de alumbrado público por las personas que, de conformidad con la ley, estén obligadas a ello.

Así, el principio de proporcionalidad tributaria consiste, entre otros, en que los sujetos pasivos, personas físicas o morales, que se encuentran obligadas de conformidad con las contribuciones que así les sea aplicable, para efectos de su causación, deberán contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva, por ello se encuentran sujetas a la aportación de una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos o la manifestación de riqueza gravada.

En ese sentido, los gravámenes tendrán que determinarse con la capacidad de cada sujeto obligado, de conformidad con la potencialidad para contribuir a los gastos públicos.

Por consiguiente, las personas que poseen y cuenten con mayor riqueza sujeta a gravamen, deberán tributar o contribuir en forma diferenciada y superior a aquellos que la tengan en menor proporción, ello atendiendo al contenido estricto de la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal.

Luego entonces, carece de sustento la impugnación de la accionante, al decir que el legislador local no se encuentra constitucionalmente habilitado para establecer las contribuciones por el consumo de energía eléctrica y, por consiguiente, no se vulnera el derecho de seguridad jurídica, con relación al principio de proporcionalidad de los tributos, dado que, la autoridad legislativa que impone las contribuciones cuenta con el sustento constitucional para llevar a cabo el hecho y la base imponible, estableciendo así un derecho sujeto a recaudación municipal, pues los componentes de la estructura en el tributo "derecho" no se afecta con las normas impugnadas, las cuales reúnen sus elementos como son el sujeto, hecho imponible, base imponible, tasa o tarifa y el momento de pago.

Ahora, es del todo inexacto que al establecer el Congreso Local la obligación de pago de derechos o contribuciones especiales por concepto de alumbrado público se contravenga lo dispuesto en los preceptos legales invocados por la accionante.

En primer término, se debe destacar que en la legislación combatida existen dos sistemas de pago de derechos reclamados, el primero aplicable a quienes tengan celebrado un contrato con la Comisión Federal de Electricidad, y el segundo, aplicable a quienes no cuenten con él.

Es necesario reconocer que gran parte de los Municipios que hay en el país no viven ni con mucho en la autonomía financiera que nuestra Carta Magna establece, los ingresos propios son exiguos respecto de las participaciones federales que reciben y no obstante esta pobreza financiera, los Ayuntamientos tienen que prestar servicios públicos. Así, como los Municipios tienen esa obligación, resulta lógico que tengan expresa facultad para cobrar los derechos correspondientes.

En el caso particular, los Municipios deben prestar el servicio de alumbrado público, consecuentemente a esta obligación es que se impone la natural facultad de cobrar el derecho o contribución especial correspondiente, previsto por la Legislatura en la ley de ingresos municipal respectiva.

Al respecto, al establecer la Legislatura Local los derechos o contribuciones especiales reclamadas, no desbordó el marco de atribuciones y, en consecuencia, no invade la esfera de competencia exclusiva del Congreso de la Unión establecida en el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5, inciso a), de la Constitución Federal.

El Constituyente de 1917 estableció en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal las bases generales de la facultad impositiva del Estado para el logro de los fines que le son encomendados, pero dejó al legislador ordinario la facultad de determinar en cada época de la historia la forma y medida en que los individuos y grupos que integran la sociedad deben contribuir.

Los derechos o contribuciones especiales de alumbrado público que se reclaman establecen el pago a los propietarios o poseedores de predios que se aprovechen de las instalaciones de unidades de luz mercurial o fluorescente correspondiente al alumbrado público y, resulta innegable, que las contraprestaciones que exige el poder público por el servicio citado son una contribución que beneficia directamente tanto al Municipio como a los gobernados, porque la base imponible, así como la tasa relativa, se encuentran relacionadas con el hecho imponible que responde a una actividad del ente público por concepto del servicio de alumbrado público.

Además, las leyes de ingresos impugnadas al establecer el cobro del alumbrado público, no las convierten en una ley privativa, por el contrario, es una ley general y abstracta, que no señala individuos en lo particular, sino que los causantes serán los que aprovechen el mismo, por cuya razón, no son inconstitucionales.

Los derechos o contribuciones especiales de que se trata son contraprestaciones que exige el poder público y constituyen una contribución legal, en virtud de que su objeto esencial es el de contribuir a los gastos públicos.

La doctrina jurídica ha denominado "tributo especial", "contribución de mejoras", "contribución especial", a aquellas que se establecen a cargo de las personas que se beneficien de manera especial con alguna obra o servicio público y que sean destinadas a cubrir los gastos que requiera la propia obra o servicio.

Así, los derechos o contribuciones especiales son de cooperación por concepto del aprovechamiento de las instalaciones de luz mercurial o fluorescente de alumbrado público que realizan los propietarios o poseedores de predios y, por ende, no conculcan garantías individuales, al señalar como sujetos obligados al pago de los mencionados derechos de cooperación por alumbrado público, a los que aprovechan dicho servicio.

Cabe mencionar que los derechos o contribuciones especiales reclamados son un servicio público que presta el Ayuntamiento; que éstos tienen facultades para establecer contraprestaciones por los servicios públicos que presten; y que los derechos referidos recaen únicamente sobre los propietarios o poseedores de predios y gozan de los atributos de generalidad y abstracción, toda vez que se aplicarán por igual a todos los individuos que se encuentren o puedan encontrarse en la hipótesis plasmada en la ley.

Así, el Congreso Local no legisló sobre materia de energía eléctrica, la cual indudablemente es reservada a la Federación, sino que lo hizo con base en la facultad impositiva que el Estado tiene para el logro de las funciones que le son encomendadas para establecer las contraprestaciones que estime convenientes sobre los servicios públicos que presta, en el caso, la prestación y aprovechamiento del servicio de alumbrado público.

Contrario a lo señalado por la Comisión accionante, el legislador consideró el elemento determinando el monto a pagar por la contribución, dado que, al estar registradas, su destino prestado por el Municipio, causará de conformidad con el título cuarto, capítulo II, de la Ley de Hacienda, con las cuotas determinadas en las leyes de ingresos municipales que se pretenden invalidar.

Cons

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30329-b69a16d8/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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