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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULOS 11, FRACCIÓN V, Y 91 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE RECONOCERSE LA LEGITIMACIÓN PASIVA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, AL TRATARSE DE UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CON PLENA JURISDICCIÓN PARA EMITIR SUS RESOLUCIONES. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL, SI EL ACTOR SOSTIENE QUE ÉSTA IMPLICA UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). VII. DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE, SÍNDICA Y DIVERSOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO ACTOR POR CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS. EL TRIBUNAL RESPECTIVO DEL ESTADO DE MORELOS CARECE DE ATRIBUCIONES PARA ORDENARLA, TODA VEZ QUE ES FACULTAD DEL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS). VIII. DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS. EL TRIBUNAL RESPECTIVO DEL ESTADO DE MORELOS CARECE DE ATRIBUCIONES PARA ORDENARLA, TODA VEZ QUE ES FACULTAD DEL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE ÚNICAMENTE TIENE EFECTOS RESPECTO DEL MUNICIPIO ACTOR (INVALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 11/2020. · Registro digital (IUS): 30354
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-01-28
Promovente: MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Enero de 2022, Tomo II, Pág. 1486.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 11/2020. MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, ESTADO DE MORELOS. 17 DE NOVIEMBRE DE 2021. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: LETICIA GUZMÁN MIRANDA. SECRETARIO ADJUNTO: REYNALDO DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno.

VISTOS los autos para resolver la controversia constitucional 11/2020, promovida por el Municipio de Puente de Ixtla, Estado de Morelos; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación de la demanda. A través de escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Verónica Torres Rebollar, en su carácter de síndica del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los siguientes actos:

"1. Del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos el decreto promulgatorio por el que se ordenó la publicación y observación de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, específicamente en lo que se refiere a los artículos 11, fracción V, y 91, fracción III, de la ley en comento.

"2. Del Congreso del Estado de Morelos, la discusión aprobación y promulgación de los artículos 11, fracción V, y 91, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos ...

"3. Del Magistrado titular de la Tercera Sala de instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se reclama:

"a) El deficiente procedimiento de ejecución llevado a cabo en el expediente TJA/3aS/296/2016.

"b) La resolución de 27 de noviembre de 2019, en la que se ordenó la inmediata destitución e inhabilitación por tres años de los integrantes del Ayuntamiento de Puente de lxtla, Morelos.

"c) El requerimiento hecho al secretario municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, a efecto de materializar la destitución de los integrantes del Ayuntamiento, convocar a Cabildo y llamar a los suplentes de las autoridades municipales cuya destitución se ordenó.

"d) Por ende, la arbitraria aplicación de los artículos 11 fracción VI, y 91 fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos."

2. SEGUNDO.—Antecedentes. El Municipio actor expuso los siguientes antecedentes relevantes:

3. El cuatro de abril de dos mil diecisiete, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos dictó sentencia definitiva en el expediente TJA/3aS/296/2016, en el que se condenó al Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos –demandado–, al pago de diversas prestaciones a un particular.

4. Después de diversos requerimientos de cumplimiento, el once de octubre de dos mil diecinueve la Tercera Sala de instrucción ordenó la apertura del incidente previsto en el artículo 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Esto, con el objeto de que los integrantes del Ayuntamiento de Puente de Ixtla justificaran el incumplimiento de la sentencia.

5. El veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, el Magistrado titular de la Tercera Sala de instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado dictó sentencia interlocutoria con los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO. Es fundado el incidente de justificación del incumplimiento de la sentencia ejecutoria emitida el cuatro de abril de dos mil diecisiete, en autos del expediente TJA/3aS/296/2016; en términos de las aseveraciones expuestas en la presente resolución.

"SEGUNDO. Con fundamento en lo previsto por la fracción III del artículo 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos vigente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de once de octubre de dos mil diecinueve, y se declara que Mario Ocampo Ocampo, presidente municipal; Verónica Torres Rebollar, síndico y representante legal; Ramiro Macedo Domínguez, regidor de Coordinación de Organismos Descentralizados, Planificación y Desarrollo y Protección al Patrimonio Cultural; Gilberto Rojas Cárdenas, regidor de Bienestar Social, Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados, Ciencia, (sic) Israel Alemán Cárdenas, regidor de Educación, Cultura, Recreación, Relaciones Públicas y Comunicación Social, Igualdad y Equidad de Género; Rubén Morales Ozaeta, regidor de Asuntos de la Juventud, Protección Ambiental, Desarrollo Sustentable y Desarrollo Económico y Cristóbal Acevedo Aguirre, regidor de Asuntos Migratorios Gobernación y Reglamentos, Turismo y Derechos Humanos; todos de Puente de Ixtla, Morelos, incurrieron en desacato de la ejecutoria cuyo cumplimiento se les reclama por lo que se decreta la inmediata destitución de cada uno de ellos; y la inhabilitación por tres años para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión dentro del servicio público estatal o municipal.

"TERCERO. Se requiere al secretario municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, quien no obstante de que no es autoridad responsable en el presente juicio, se encuentra obligado al cumplimiento de la presente resolución; convoque a sesión de Cabildo, en la que se dé cuenta de la presente determinación y se proceda a llamar a cada uno de los suplentes de las autoridades municipales que han sido destituidas; apercibido que de no hacerlo así se le aplicará una de las medidas de apremio previstas en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

"CUARTO. En el entendido de que los suplentes de cada uno de los miembros integrantes del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, quedan vinculados al cumplimiento de la sentencia dictada por el Pleno de este tribunal el cuatro de abril de dos mil diecisiete; y apercibidos de que en caso de su desacato se les impondrán las medidas de apremio que al efecto señala la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos ..."

6. TERCERO.—Conceptos de invalidez. El Municipio actor plantea, en síntesis, los siguientes argumentos:

Primero

• Los artículos 11, fracción V, y 91, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que permiten al Tribunal de Justicia Administrativa determinar la destitución e inhabilitación de un funcionario de elección popular, contravienen el artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Federal. Esto, porque no se establecen cuáles son las causas graves para su aplicación ni hacen remisión a alguna otra ley local que pudiera contenerlas.

• El Órgano Reformador de la Constitución previó que sólo por las causas graves que las leyes estatales establezcan, el Congreso Local podrá revocar o suspender a los miembros de los Ayuntamientos. En el caso, el Magistrado titular de la Tercera Sala de instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa debió dar cuenta a la Legislatura del Estado para que ésta, respetando la garantía de audiencia y con el voto de las dos terceras partes, determinara si bajo el cobijo de la Constitución Federal y la Estatal, así como de las leyes locales, procede la suspensión de los miembros del Ayuntamiento.

• Los preceptos que se combaten incluso se contraponen entre sí, por lo que se viola el principio de seguridad jurídica.

• Las normas impugnadas no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 115 constitucional, lo que transgrede la integración y continuidad de los miembros del Cabildo en el ejercicio de sus funciones de gobierno municipal.

• El Constituyente Permanente se reservó para su competencia exclusiva el establecimiento de los procedimientos por virtud de los cuales es dable la revocación, destitución y/o separación de los integrantes de los Ayuntamientos. Si bien delegó ciertas potestades a las Legislaturas de los Estados, ello es exclusivamente para reglamentar y, en algunos casos, ejecutar los dos procedimientos reconocidos en la Constitución Federal.

• La supuesta falta de cumplimiento a una sentencia no actualiza ninguna de las hipótesis consideradas como graves por la Constitución Local; por ello, la sanción de destitución contenida en las normas impugnadas es excesiva, ya que implica la afectación al normal funcionamiento de la actividad municipal, de ahí que el incumplimiento temporal y parcial de un laudo no puede considerarse como una causa grave, pues recae sobre derechos individuales.

• Las causales de destitución de los miembros de los Ayuntamientos, conforme a los artículos 134, 137 y 141 de la Constitución Local, se encuentran reguladas en el artículo 10 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que la ampliación legislativa de esas causas, establecida en la ley impugnada, es inconstitucional.

Segundo

• La resolución impugnada, en la que de manera unilateral el Magistrado titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos aplica el artículo 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, viola la Constitución y la propia Ley de Justicia Administrativa, que prevé que la destitución de algún servidor público de elección popular debe ser declarada por el Pleno.

• Es improcedente la destitución ordenada porque el artículo 115 de la Constitución es claro al establecer que sólo la Legislatura Local, a través de sus procedimientos, puede revocar, suspender o destituir a algún miembro del Ayuntamiento.

• La supuesta falta de cumplimiento a una sentencia no actualiza ninguna de las hipótesis consideradas como faltas graves en la Constitución Local; de ahí la inconstitucionalidad del precepto que se combate, ya que la sanción de destitución es excesiva.

• La norma que se reclama da origen a un procedimiento alterno para obtener la destitución de los miembros de los Ayuntamientos, lo que contraviene de manera directa el artículo 108 de la Constitución Federal.

Tercero

• Las normas impugnadas, así como su interpretación y aplicación en el caso concreto, soslayan los derechos de audiencia y debido proceso.

• La medida prevista en los artículos 11, fracción V, y 91, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa no resulta proporcional ni necesaria para el cumplimiento de las determinaciones del Tribunal de Justicia Administrativa. Además, la autoridad demandada no individualizó la sanción.

• Las disposiciones combatidas son inconstitucionales por no prever las causas, motivos, supuestos, parámetros y límites a la facultad de la autoridad, por lo que se contravienen las garantías de legalidad y seguridad jurídica.

• La autoridad aplicó el artículo 91 de la Ley de Justicia Administrativa sin haber requerido previamente el pago de manera personal a cada uno de los integrantes del Cabildo, con lo que se violaron las formalidades esenciales del procedimiento.

Cuarto

• Los artículos 11, fracción V, y 91, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa fueron interpretados de forma incorrecta, pues de ellos no se desprende que sean aplicables a los funcionarios que obtuvieron el cargo a través del voto. Por el contrario, los artículos 115 de la Constitución Federal, 41 de la Constitución del Estado de Morelos, así como 178, 181 y 182 de la Ley Orgánica Municipal ordenan expresamente que para la revocación de mandato, la suspensión definitiva de los servidores públicos de elección popular de los Ayuntamientos o la desaparición de éstos se debe seguir un procedimiento y la resolución corresponde al Poder Legislativo.

• El interpretar las normas impugnadas conforme a la Constitución Federal, la Constitución Local y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, permite considerar que no incluyen a los miembros de los Ayuntamientos.

• Al resultar inaplicable la sanción de destitución en relación con funcionarios de elección popular también resulta inaplicable la inhabilitación, pues constituye una consecuencia de la destitución.

Quinto

• Contrario a lo sostenido por el tribunal demandado, en el caso sí se justificó la falta de suficiencia presupuestal para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio administrativo de origen.

Sexto

• El procedimiento de ejecución fue ilegal porque el Magistrado del tribunal demandado actuó de manera discrecional en cuanto a la prelación de las medidas de apremio que establece el artículo 11 de la Ley de Justicia Administrativa.

7. CUARTO.—Artículos constitucionales señalados como violados. El Municipio actor sostiene que los actos impugnados contravienen los artículos 1o., 14, 16, 17, 108, 109, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

8. QUINTO.—Radicación y admisión de la controversia. Por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veinte, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la controversia constitucional con el número 11/2020; además, al advertir que se impugnaba la norma combatida en las controversias constitucionales 3/2018, 323/2019 y 5/2020, con motivo de un diverso acto de aplicación, la turnó por conexidad al Ministro Luis María Aguilar Morales para que instruyera el procedimiento.

9. El seis de febrero de dos mil veinte el Ministro instructor previno al Municipio promovente para que aclarara ciertos aspectos de la demanda. Una vez desahogado el requerimiento, mediante proveído dictado el veintiuno de febrero siguiente, se desechó la demanda de controversia constitucional por lo que hace a las normas generales impugnadas, al no combatirse con motivo del primer acto de aplicación, sino uno ulterior.

10. Por otro lado, se admitió a trámite la demanda por lo que hace a la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente TJA/3aS/296/2016, por la Tercera Sala de instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en la que se ordenó la destitución e inhabilitación del presidente, síndica y diversos regidores del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos. Se ordenó emplazar como demandado al mencionado tribunal y se dio vista tanto a la Fiscalía General de la República como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su esfera competencial correspondiera.

11. SEXTO.—Contestación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Mediante escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Manuel García Quintanar, en su carácter de presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda de controversia constitucional. Dicha autoridad expuso lo siguiente:

• La desaparición de los Ayuntamientos es un procedimiento distinto al previsto en el artículo 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos para las sanciones por desacato por el incumplimiento de una sentencia. Si bien ambos procedimientos tienen como fin separar a los miembros del Ayuntamiento, lo cierto es que tienen causas diversas.

• Existen otros procedimientos que permiten separar a los miembros del Ayuntamiento, como el incidente de inejecución de sentencia en el juicio de amparo o el juicio político.

• Lo previsto en las normas impugnadas no es la desaparición del Ayuntamiento conforme al artículo 115, fracción I, constitucional, sumado a que existe la posibilidad de que las autoridades administrativas removidas sean sustituidas por sus suplentes, quedando incólume la estabilidad del gobierno municipal.

• Las normas impugnadas fueron creadas por el Poder Legislativo de Morelos atendiendo lo previsto en el artículo 17 constitucional, que prevé no sólo el acceso a un juicio, sino también a la eficacia de la resolución emitida. Así, las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa son competentes para destituir a las autoridades, máxime que el desacato provino del incumplimiento de una resolución en la que se explicaron las circunstancias fácticas acontecidas.

• No se violó la garantía de audiencia, pues a la aplicación de las normas impugnadas le precedió un juicio en el que se dio al Municipio actor la oportunidad de contradecir las pretensiones de la parte actora, probar sus hechos y alegar en su beneficio.

• Jurídicamente es imposible que el Poder Legislativo Local invada su propia competencia a través de una ley emitida por ese propio órgano legislativo.

• Respecto a la imposibilidad jurídica y material de cumplir la sentencia y al deficiente procedimiento de ejecución, se trata de argumentos inoperantes porque nada tienen que ver con las hipótesis previstas en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, en relación con la controversia constitucional.

• Debe declararse el sobreseimiento porque no existe agravio a la esfera jurídica del actor, ante la inexistencia de invasión de esferas competenciales.

• También procede el sobreseimiento en términos de lo establecido en la tesis P./J. 16/2008,(1) pues el desacato deriva del incumplimiento de una sentencia administrativa.

12. SÉPTIMO.—Opinión del fiscal general de la República. El fiscal general de la República se abstuvo de formular pedimento.

13. OCTAVO.—Audiencia. Agotado el trámite respectivo, el treinta de octubre de dos mil veinte tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante ley reglamentaria) y se puso el expediente en estado de resolución.

14. NOVENO.—Radicación en la Segunda Sala. Previo dictamen del Ministro instructor, por acuerdo presidencial de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, la Segunda Sala se avocó al conocimiento del asunto.

CONSIDERANDO:

15. PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) y 10, fracción I,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente hasta el seis de junio de dos mil veintiuno,(4) en relación con los puntos segundo, fracción I,(5) y tercero(6) del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que se plantea un conflicto entre el Estado de Morelos, por conducto del Tribunal de Justicia Administrativa y el Municipio de Puente de Ixtla, en el que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

16. SEGUNDO.—Precisión del acto impugnado. De conformidad con el artículo 41, fracción I,(7) de la ley reglamentaria y con la tesis P./J. 98/2009,(8) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es importante precisar que de la lectura integral de la demanda y sus anexos se advierte que el acto impugnado en la presente controversia constitucional es la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por la Tercera Sala de instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos en el expediente TJA/3aS/296/2016, en la que se ordenó la destitución del presidente, síndica y diversos regidores del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, y se les inhabilitó por tres años para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión dentro del servicio público estatal o municipal.

17. Esto, teniendo presente que por acuerdo dictado por el Ministro instructor el veintiuno de febrero de dos mil veinte se desechó parcialmente la demanda de controversia constitucional por lo que hace a la impugnación de los artículos 11, fracción V, y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

18. TERCERO.—Oportunidad. De acuerdo con el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria,(9) el plazo para la presentación de la demanda, tratándose de actos, es treinta días contados a partir de aquel en que surta efectos su notificación conforme a la ley del propio acto, al que en que se haya tenido conocimiento de él o al en que el actor se ostente sabedor del acto impugnado.

19. En el caso, la resolución impugnada se notificó al Municipio actor el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve; dicha notificación surtió efectos el día siguiente,(10) por lo que el plazo para presentar la demanda transcurrió del tres de diciembre de dos mil diecinueve al treinta de enero de dos mil veinte, en la inteligencia de que los días treinta de noviembre; uno, siete, ocho y del catorce al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, así como uno, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de enero de dos mil veinte, fueron inhábiles en términos de los artículos 2(11) y 3(12) de la ley reglamentaria; 3(13) y 163(14) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del punto primero, inciso m) (sic), del Acuerdo General Número 18/2013,(15) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia y de descanso para su personal.

20. Por tanto, si la demanda de controversia constitucional se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintinueve de enero de dos mil veinte, resulta claro que su promoción fue oportuna.

21. CUARTO.—Legitimación activa. De conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la ley reglamentaria,(16) el Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, tiene reconocido el carácter de parte actora en la presente controversia constitucional.

22. En su representación compareció Verónica Torres Rebollar, quien tiene el carácter de síndica, lo que acreditó con la copia certificada de la constancia de mayoría expedida por el Consejo Municipal del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana el cinco de julio de dos mil dieciocho.

23. En consecuencia, tomando en consideración que los artículos 38, fracción II,(17) y 45, fracción II,(18) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos establecen que los Ayuntamientos están facultados para promover este medio de control constitucional y que los síndicos cuentan con su representación jurídica, se puede concluir que el Municipio actor está legitimado para promover la controversia constitucional y compareció por conducto de la funcionaria facultada para tal efecto. Sirve de apoyo la tesis 2a. XXVIII/2012 (10a.), que establece lo siguiente:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS SÍNDICOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA. El artículo 38, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que faculta a los Ayuntamientos para promover controversias constitucionales, debe interpretarse en concordancia con el diverso 45, fracción II, del propio ordenamiento, que otorga a los síndicos la atribución de procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales y representar jurídicamente a los Ayuntamientos en las controversias administrativas y jurisdiccionales en que éstos sean parte. De esta forma, el Ayuntamiento ejerce su facultad para promover controversias constitucionales por conducto del síndico, a quien la ley confiere la representación jurídica de dicho órgano de gobierno, así como la procuración y defensa de los derechos e intereses municipales, sin que, para ello, sea necesario emitir un acuerdo de Cabildo en el que se le otorgue tal atribución, al ser la propia ley la que lo faculta para hacerlo."(19)

24. QUINTO.—Legitimación pasiva. De conformidad con el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, el Estado de Morelos tiene reconocido el carácter de parte demandada, ya que el acto impugnado le fue atribuido al Tribunal de Justicia Administrativa de esa entidad federativa.

25. La contestación de la demanda fue suscrita por Manuel García Quintanar, quien acreditó ocupar el cargo de Magistrado presidente de dicho órgano jurisdiccional por el periodo comprendido del uno de enero de dos mil diecinueve al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte con la copia certificada del acta de sesión solemne del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos celebrada el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, en la que rindió protesta.

26. Por tanto, si en términos de lo establecido en el artículo 15, fracción I, de la ley orgánica de dicho tribunal,(20) su representación legal está a cargo de su Magistrado presidente, se puede afirmar que la parte demandada compareció a juicio por conducto del funcionario facultado para ello.

27. SEXTO.—Causas de improcedencia. Al contestar la demanda, el tribunal demandado argumentó que debe sobreseerse en el juicio porque no existe agravio a la esfera jurídica del Municipio actor y, además, porque la controversia constitucional es improcedente en contra de resoluciones jurisdiccionales.

28. A juicio de esta Segunda Sala, tales planteamientos deben desestimarse.

29. En efecto, por un lado, el Municipio actor cuenta con interés legítimo para impugnar la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por la Tercera Sala de instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos en el expediente TJA/3aS/296/2016, toda vez que se trata de un acto que involucra una afectación a la integración del Ayuntamiento, ya que a través de ella se ordenó la destitución del presidente, síndica y diversos regidores, además, se les inhabilitó por tres años para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión dentro del servicio público estatal o municipal. Refuerza esta postura la tesis del Tribunal Pleno P./J. 84/2001, que establece:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE ACTUALIZA EL INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO PARA ACUDIR A ESTA VÍA CUANDO SE EMITAN ACTOS DE AUTORIDAD QUE VULNEREN SU INTEGRACIÓN. De la teleología de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contenida en la exposición de motivos de la reforma promulgada el dos de febrero de mil novecientos ochenta y tres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día siguiente, se desprende que el Poder Reformador de la Constitución Federal estableció como prerrogativa principal de los Ayuntamientos la salvaguarda de su integración, debido a que ésta tiene lugar con motivo de un proceso de elección popular directa por el que la comunidad municipal otorga un mandato político a determinado plazo, el cual por disposición fundamental debe ser respetado, excepto en casos extraordinarios previstos en la legislación local. Asimismo, se estableció que la integración de los Ayuntamientos tiene como fin preservar a las instituciones municipales frente a injerencias o intervenciones ajenas, en aras de un principio de seguridad jurídica que permita hacer efectiva su autonomía política. Con lo anterior, queda de manifiesto que si por disposición fundamental la integración de los Ayuntamientos constituye una prerrogativa para el buen funcionamiento de los Municipios, es claro que las resoluciones dictadas por autoridades estatales que determinen la separación del presidente municipal de su cargo con motivo de conductas relativas a su función pública, afectan su integración y como consecuencia su orden administrativo y político, con lo cual se actualiza el interés legítimo del Ayuntamiento para acudir en vía de controversia constitucional a deducir los derechos derivados de su integración."(21)

30. Por otro lado, determinar si el acto impugnado invade la esfera de competencias del Municipio actor involucra un estudio que corresponde al fondo del asunto y, por ende, se trata de un planteamiento que no es apto para decretar el sobreseimiento en el juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de esta Suprema Corte P./J. 92/99, que señala:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. En reiteradas tesis este Alto Tribunal ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una controversia constitucional se hace valer una causal donde se involucra una argumentación en íntima relación con el fondo del negocio, debe desestimarse y declararse la procedencia, y, si no se surte otro motivo de improcedencia hacer el estudio de los conceptos de invalidez relativos a las cuestiones constitucionales propuestas."(22)

31. Tampoco asiste la razón a la parte demandada cuando afirma que la controversia constitucional es improcedente porque se combate una resolución jurisdiccional.

32. Al respecto, es cierto que este Tribunal Constitucional ha sostenido que, por regla general, la controversia constitucional es improcedente cuando se pretende impugnar las consideraciones de fondo que sustentan una resolución jurisdiccional, ya que no se trata de un recurso a través del cual pueda someterse a revisión la litis debatida en el procedimiento natural.(23) Sin embargo, el Tribunal Pleno ha precisado que ese motivo de improcedencia no se actualiza cuando la cuestión que se plantea atañe a la presunta invasión de la esfera competencial de un órgano originario del Estado en aras de preservar su ámbito de facultades. Esto se desprende de la jurisprudencia P./J. 16/2008, citada por el tribunal demandado, que establece:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO. El objeto principal de la controversia constitucional es tutelar el ámbit

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30354-00b0ce9e/i-controversia-constitucional-es-improcedente-contra-un-segundo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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